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| EDITORIAL
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NÚMERO
53 / SEPTIEMBRE / 2003
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| "EN
EL NOMBRE DE..." |
La sociedad no puede seguir consintiendo que los cargos
políticos y los funcionarios públicos sigan creyendo
que pueden actuar con total impunidad cuando ejercen
sus funciones amparándose en la falacia de que no adquieren
responsabilidades cuando actúan atendiendo a su obligación
de velar por los ciudadanos. Obviamente, no nos referimos
ya a las acciones claramente ilegales o irregulares
que pudieran cometer porque todo delito tiene la vía
jurídica adecuada para ser perseguido -aunque en la
práctica esto sea mentira porque el simple hecho de
que un juicio se eternice supone ya una injusticia-
sino a las acciones que perpetran abusando de sus cargos.
Claro que esto sucede incluso en las más altas instancias.
Cualquier juez puede dictar una sentencia sabiendo que
es injusta porque podrá alegar que actuó de buena fe
y en conciencia. Incluso hasta podrá adornarse con un
discurso demagógico de su labor en defensa de los derechos
de los ciudadanos, la libertad, la justicia y la democracia.
Porque sabe que de lo máximo que podrán acusarle es
de que se ha "equivocado" o de que es un juez poco preparado.
A fin de cuentas, es su "opinión" la que prevalece.
¿O no es la valoración de un caso algo subjetivo? Lo
demuestran claramente las innumerables sentencias revocadas
de unos jueces y tribunales por otros. No, los jueces
saben que gozan de una casi completa impunidad. Y como
ellos, buena parte de los cargos políticos y de los
funcionarios. ¿O conoce usted el caso de algún letrado
de institución pública que haya sido siquiera procesado?
Sin embargo, es bien sabido que los informes y actuaciones
de los gabinetes jurídicos de muchos organismos oficiales
obedecen muchas veces a criterios políticos, no jurídicos.
Son muchos los letrados y juristas que prestan su conocimiento
de la ley y del sistema judicial a quienes lo requieren
a cambio de una compensación -un buen sueldo, un cargo,
una prebenda, un favor, dinero...- y manipulan y retuercen
la ley para conseguir lo que se les pide. Y lo que es
más grave, que no tienen reparo alguno en mentir o en
manipular los hechos. Les bastará con alegar mansamente
que cumplen con su "deber". Incluso si alguna vez se
demuestra que defendían lo indefendible, que sus argumentaciones
no se sostenían se limitarán a manifestar que lo hicieron
lo mejor que sabían; saben que nunca terminarán siendo
inculpados de cargo alguno. Y es que es difícil demostrar
algunas cosas... pero eso no impide que la sociedad
no sepa que pasan.
Pues bien, eso también está ocurriendo en el ámbito
de la Sanidad. Con la excusa de velar por nuestra salud
se están violentando hoy derechos fundamentales. De
los empresarios del sector, de los laboratorios, de
los médicos, de los farmacéuticos, de los naturópatas
y de todos los españoles de a pie, potenciales enfermos.
Y así, si para que uno de los fármacos oficialmente
bendecidos venda lo esperado por la multinacional de
turno hay que meter en la cárcel a cualquiera -para
que sirva de aviso a navegantes- por fabricar, distribuir,
vender o recetar cualquier otro que se use para lo mismo,
se hace. Con frecuencia basta la excusa de que son productos
que no han pasado ensayos clínicos para que sean perseguidos.
Como si fuera cierta la falacia de que la eficacia de
un producto sólo puede testarse haciendo ensayos clínicos.
Una mentira que hasta se tragan muchos médicos. Hablaremos
de todo esto próximamente en profundidad.
José Antonio Campoy
Director
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