La inocuidad de los teléfonos móviles cuando se usan de forma habitual no está científicamente demostrada. Y punto. Antes bien, hay numerosas evidencias de su potencial peligrosidad, muy especialmente en el caso de niños y adolescentes. Se arguye que los teléfonos móviles cumplen la normativa internacional pero lo que no se dice es que esa normativa recoge sólo los efectos térmicos y no los efectos atérmicos porque está elaborada a la medida de las empresas y no pensada para proteger la salud de los ciudadanos. Hace ya casi tres años lo denunciaba públicamente un centenar de investigadores, catedráticos y expertos en temas biológicos y médicos en un amplio documento -nada menos que 60 folios- denominado Declaración de Alcalá que fue presentado en mayo del 2002 en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Documento apoyado en cerca de 600 comunicaciones científicas y en el que ya entonces se afirmaba que, según los numerosos estudios realizados en laboratorios independientes, los efectos atérmicos de las radiofrecuencias de baja intensidad de los teléfonos móviles -que no se quieren reconocer oficialmente- pueden:
    Alterar las características dinámico-funcionales de la membrana celular.
    Alterar la transducción de señales fisico-químicas.
    Provocar respuestas celulares proliferativas (cáncer). Y,
    Provocar un incremento de marcadores de la presencia de células tumorales.
Más aún, se explicitaba que parecen afectar "a numerosas funciones cerebrales y al sistema endocrino", que la sintomatología de las personas expuestas a campos electromagnéticos es "fundamentalmente neurológica" -cefaleas, migrañas y alteraciones del sueño- y que se han constatado además "perturbaciones en la audición y en el comportamiento" (aumento del estrés). Sus firmantes, tras hacer un llamamiento "para evitar en lo posible cometer los errores del pasado", instaban a reexaminar incluso los trabajos sobre salud y exposición a radiofrecuencias provenientes de emisoras de radio y televisión así como las de los radares pues los estudios epidemiológicos sobre exposición a esas ondas incluyen "incrementos de patología tumoral así como alteraciones cardiacas, neurológicas y reproductivas".
"Si se conviene en que es necesario colocar la protección de la salud de los ciudadanos por encima de otras consideraciones de desarrollo o económicas -se alertaba en el manifiesto- entonces las normativas adoptadas por la Unión Europea deberían revisarse hasta los límites donde hoy encontramos posibles efectos a nivel celular". Apostillando en lo que a España se refiere: "Si estudios científicos y normativas de otros países, aplicando el principio de cautela, establecen niveles de protección 0.1 W/cm2 (o incluso inferiores) es una grave negligencia que en nuestro país la población siga expuesta a niveles que pueden llegar hasta 450 ó 900 W/cm2 esperando a que la evidencia firme establezca plenamente los efectos nocivos de los campos electromagnéticos débiles en exposiciones a largo plazo".
Pues bien, en estos tres últimos años el número de estudios que resaltan los daños que provocan las radiaciones de los teléfonos móviles -térmicos y atérmicos- ha aumentado espectacularmente. A pesar de lo cual los gobiernos, a fin de proteger a las empresas del sector, se niegan tanto a cambiar la legislación como a financiar ensayos que prueben o desmientan las advertencias de los científicos independientes. Los responsables gubernamentales, junto a las compañías telefónicas, han decidido seguir la misma estrategia hipócrita y criminal que en su día adoptaron las empresas tabacaleras: negar todo y decir que "no está científicamente demostrado". Latiguillo al que, dada la cantidad de estudios que empiezan a aflorar, han añadido últimamente la expresión "directamente". Es decir, como ya no pueden afirmar tal cosa porque sí hay evidencias científicas ahora la estrategia es decir que no hay evidencias de que afecten "directamente". Una falacia que el reciente experimento realizado por el profesor José Luis Bardasano del que hablamos en este número -entre otros- hecha por tierra.
Es hora pues de denunciar con rotundidad la estrategia de las empresas de telefonía, copiada de las tabacaleras. Hay innumerables datos que indican claramente que los teléfonos móviles -y otro tanto cabe decir de las antenas repetidoras de señal y de las torres de alta tensión- parecen ser los responsables directos de numerosas dolencias, especialmente patologías cerebrales, endocrinas y cáncer. No se trata ya pues de demostrar que los teléfonos móviles son peligrosos, se trata de que sean las empresas que los comercializan las que demuestren científicamente que son inocuas. Porque, sencillamente, no pueden. Por tanto, nos reiteramos: los teléfonos móviles son peligrosos. Y los móviles UMTS de nueva generación mucho más. Y ahora haga usted lo que le plazca. Pero no diga luego que nadie la advirtió.


José Antonio Campoy
Director