Que hayan transcurrido cuatro años desde que se ejecutara la Operación Brujo para retirar del mercado el famoso Bio-Bac y ni siquiera haya concluido la instrucción del caso demuestra más allá de cualquier duda lo que de verdad hay detrás de este asunto. Claro que en tan escaso tiempo han estado a cargo del Juzgado de El Escorial que lleva el tema varios jueces, entre titulares y sustitutos. ¿Casualidad o una calculada estrategia para evitar que tuvieran tiempo siquiera de leerse el gigantesco sumario acumulado? Que el tema no gusta nada lo demuestra que en dos ocasiones el Juzgado ha intentado ya quitarse el caso de encima y pasárselo a la Audiencia Nacional. Claro que esta historia ha olido muy mal desde el principio. Ya fue vergonzosa la imagen distorsionada y absolutamente falsa que se dio de Rafael Chacón durante los días siguientes al operativo al presentarle interesadamente como el jefe de una banda armada que vendía un producto clandestino fabricado de forma chapucera y que se distribuía a través de una red de sinvergüenzas que se aprovechaban de la desesperación de enfermos desahuciados para enriquecerse... cuando en realidad se trataba de alguien que había invertido millones de euros en estudios científicos para legalizar el producto, éste se fabricaba en laboratorios autorizados, legales y controlados por Sanidad, contaba con todas las garantías sanitarias, carecía de efectos secundarios, había sido sufragado por la Seguridad Social durante 10 años y contaba desde hacía años con decenas de estudios sobre su seguridad y eficacia. Increíble fue también que tras un operativo que contó con más de 300 guardias civiles, policías, funcionarios e inspectores del Ministerio de Sanidad para detener simultáneamente en varias provincias a 23 personas -13 de ellas médicos- con la excusa de que había alto riesgo para la salud al consumirlo apareciera sólo tres días después la entonces ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, para reconocer en rueda de prensa que el producto era ¡inocuo!, es decir, carente de riesgo para la salud... sin ser a continuación fulminantemente cesada. Incalificable fue igualmente que miembros de la Guardia Civil -cumpliendo órdenes por supuesto- llamaran a centenares de consumidores y les animaran a demandar a Rafael Chacón sin lograrlo (¿por qué nadie abre una investigación sobre un hecho tan escandaloso?). Igualmente incomprensible fue que la Fiscalía General del Estado no quisiera admitir en mayo el 2003 una denuncia contra la mencionada Ana Pastor, Pablo Vázquez -Subsecretario y presidente de la Agencia Española del Medicamento-, Fernando García Alonso -Director General en ese momento de la misma agencia- y Ramón Palop -Subdirector General de Seguridad del Medicamento- por sus actuaciones en el caso cuando en ella se explicitaba claramente la posible comisión de varios delitos -entre ellos los de imprudencia, prevaricación y falsedad documental- alegándose que el asunto estaba sub iudice. Como inadmisible es que el Ministerio de Sanidad y Consumo se niegue a pronunciarse sobre los ensayos que del Bio-Bac obran en su poder aunque el juzgado se lo haya pedido reiteradamente. Resulta asimismo grotesco que el PSOE propusiera legalizar el Bio-Bac cuando estaba en la oposición presentando para ello una moción en el Congreso de los Diputados el año 2003 a fin de que al menos se autorizase como complemento dietético y cuando llega al poder se niegue a hacerlo. Intolerable es también que Esperanza Aguirre estampara su firma en un documento en el que se pedía la legalización del Bio-Bac cuando hacía campaña a la presidencia de la Comunidad de Madrid y una vez lograda ésta su Consejero de Sanidad se niegue luego a autorizarlo. Y es inaudito -por no usar un calificativo mucho más duro- que el Juzgado de El Escorial pidiera que se analizaran los botes de Bio-Bac incautados... una vez que habían caducado y era ya imposible. Y eso que el propio dueño del producto había solicitado ese análisis varias veces a lo largo del tiempo. ¿Cómo se explica lo que está pasando? De una sola manera: como bien manifiesta el propio Rafael Chacón en la entrevista que le hemos hecho y aparece en este mismo número, "Está claro que no quieren que haya juicio. Saldría tanta porquería y se conocerían tantas arbitrariedades y actos de prevaricación que no pueden consentirlo"
¿Usted qué opina?