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NÚMERO 185 / SEPTIEMBRE / 2015

PONEN EN ENTREDICHO EL DICTAMEN SOBRE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

Emily O’Reilly, Defensora del Pueblo Europeo, ha decidido investigar la aprobación por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) de un dictamen que niega los efectos negativos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud así como la existencia de la hipersensibilidad electromagnética. Y es que tal conclusión ¡contradice el propio informe del grupo de trabajo que se constituyó en el seno del organismo para investigarlo! Al parecer la maniobra manipuladora la coordinó Richard Adams, consejero británico que ocultó sus relaciones con la industria. Un escándalo más que demuestra de nuevo el inmenso poder de las industrias de electricidad y telefonía.

Cada día más personas electrosensibles acuden a las consultas médicas padeciendo síntomas claramente relacionados con las radiaciones electromagnéticas; bastando a veces estar expuesto a cualquier Wi-Fi del entorno, a un simple móvil o a un ordenador para experimentar un profundo malestar. Una relación obvia que demuestra el hecho de que las molestias disminuyen o cesan en cuanto la persona se aleja de la fuente de emisión. La causa-efecto es pues evidente aunque oficialmente siga negándose y se obvie que quienes las sufren pueden terminar contrayendo patologías graves, cáncer incluido. Lo hemos denunciado de forma amplia y documentada en numerosos artículos que el lector tiene agrupados en nuestra web -www.dsalud.com- en el apartado El peligro de las radiaciones y le invitamos a leer.

En cuanto a los síntomas más comunes que presentan las personas electrosensibles son dolor de cabeza, sensación de quemazón, dificultad de concentración, dolor en músculos y articulaciones, pérdida de memoria, confusión mental, insomnio, palpitaciones, arritmias, mareos, nauseas, irritabilidad, hormigueos, hiperactividad, alteración de reflejos, depresión, ansiedad, confusión y desorientación espacial y/o temporal, fatiga, debilidad/flojera, aceleración o disminución del ritmo cardiaco, dolores en el pecho, temblores, espasmos musculares y dolores constantes en piernas y pies... entre otros. No puede pues extrañar que la electrosensibilidad forme ya parte del grupo de "enfermedades medioambientales" junto a la fibromialgia, la fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple entre otras muchas de tipo tóxico que alteran el organismo de forma crónica y a nivel sistémico y deben tratarse por tanto de forma holística y no agresiva.

Para no tomar medidas la mayor parte de los médicos y políticos se amparan en la existencia de una supuesta controversia científica sobre si los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud son o no reales pero son ya tantos los estudios que lo demuestran que es inexplicable que aún no se hayan reconocido; es obvio que hay otros intereses en juego. Además si realmente hubiera dudas debería aplicarse el Principio de Precaución y tampoco se hace.

De hecho buena muestra de lo sospechosa que resulta la constante negación de los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas fue la aprobación el pasado 21 de enero por el Comité Económico y Social Europeo -institución encargada de asesorar a las instituciones legislativas y ejecutivas europeas sobre distintos problemas económicos y sociales- de un dictamen -no vinculante pero que sirve de orientación a instituciones y gobiernos- según el cual la relación entre las radiaciones electromagnéticas y la electrosensibilidad "no está suficientemente demostrada". Cuando lo está de forma irrefutable. Y algo anómalo ha debido apreciar en su aprobación la irlandesa Emily O’Reilly, Defensora del Pueblo Europeo, porque ha decidido abrir una investigación tras recibir denuncias de irregularidades durante la aprobación del dictamen de varias organizaciones europeas -entre ellas la española Electrosensibles por el derecho a la salud- a fin de estudiar lo acaecido.

 

EL INFILTRADO

 

Fue el 10 de julio de 2014 cuando el pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) acordó a instancias de un grupo de consejeros encabezado por el español Bernardo Hernández Bataller -Secretario General de la Asociación de Usuarios de la Comunicación- que la Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la información (TEN)- investigase y propusiese un dictamen sobre la sensibilidad electromagnética para lo cual se acordó constituir un grupo de trabajo que durante los siguientes seis meses examinó multitud de informes -entre ellos el de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) cuyas desfasadas recomendaciones de 1999 siguen siendo las que alegan en España los gobiernos de turno, tanto socialistas como conservadores, para justificar su irresponsable inacción- pero también los argumentos de científicos y médicos independientes así como de las asociaciones europeas de electrosensibles. De hecho el 4 de noviembre tuvo lugar en Bruselas una audiencia pública en la que intervinieron todas las partes involucradas.

¿El resultado? Sería el español Bernardo Hernández Bataller quien terminaría elaborando el dictamen que el 7 de enero de 2015 aprobaría la sección del TEN para su presentación en el pleno del CESE. Un texto que básicamente alertaba del potencial peligro de las radiaciones electromagnéticas y reconocía la electrosensibilidad y los derechos a ser tratados de quienes padecen la enfermedad. Solo que ese mismo día un consejero británico, Richard Adams, anunciaba que él presentaría un dictamen alternativo. Lo que finalmente hizo solo un día antes del pleno del 21 de enero cuando ya nadie lo esperaba.

¿Y quién es Richard Adams? Pues alguien nombrado por el Consejo de Ministros de la Unión a propuesta del Gobierno del Reino Unido como “Consultor de asuntos éticos, sociales y medioambientales” e inscrito en el grupo III del CESE (organizaciones que defienden intereses varios) en la categoría de “Consumidores y medio ambiente”. Y, en efecto, presentó otra propuesta de dictamen al plenario que venía apoyada por otros 17 miembros del CESE... todos ellos vinculados a sectores económicos, comerciales o industriales. Adams y sus colegas actuaron pues como testaferros de la industria.

Pues bien, en su 504ª sesión -celebrada el 21 de enero de 2015- el Comité Económico y Social Europeo rechazó el proyecto de dictamen preparado por la Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información y aprobó la enmienda a la totalidad de Adams por 136 votos a favor, 110 en contra y 19 abstenciones. Siendo la primera vez en el presente mandato del CESE (2010-2015) que ocurría algo similar. ¿Cómo fue posible? Hernández Bataller fue claro y conciso cuando le entrevistamos al respecto: “Obviamente debió haber presiones por parte de la industria. La capacidad de contactar a tanta gente en menos de 24 horas no la tiene un miembro aislado y allí se movilizaron varios consejeros que aparentemente no tenían nada que ver entre sí. Para mí resultó evidente que habían sido tocados por diferentes empresas”.

 

DICTAMEN Y CONTRADICTAMEN

 

¿Y qué dice el contradictamen de Adams finalmente aprobado? Pues en él se recogen los principales "argumentos" de la industria:

-Niega el daño fisiológico de las radiaciones electromagnéticas: “En términos generales –se dice- los datos disponibles indican que la exposición a los campos de radiofrecuencia no conlleva la aparición de síntomas ni altera las funciones cognitivas de los seres humanos”.

-Niega la existencia de la hipersensibilidad electromagnética: “Lamentablemente, en lo que respecta a estas personas la gran mayoría de médicos y científicos opina que no existe ninguna prueba concluyente que permita establecer un vínculo entre los numerosos síntomas atribuidos a la hipersensibilidad electromagnética y la exposición a los campos electromagnéticos o de radiofrecuencia”.

-Niega que haya que revisar las medidas en vigor: “Hasta la fecha estos dictámenes científicos no han aportado una justificación científica de que sea necesaria una revisión de los límites de exposición (restricciones básicas y niveles de referencia) contemplados en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo”.

-Y deja a las personas afectadas en su actual situación de indefensión considerándolas básicamente como enfermos mentales: “La gran mayoría de los ensayos independientes realizados hasta la fecha han constatado que las personas que dicen padecer este síndrome no pueden distinguir entre la exposición a campos electromagnéticos verdaderos y falsos (es decir, los equivalentes a cero)”.

En suma, este dictamen negacionista presuntamente elaborado por un único consejero sin audiencias públicas y sin haber escuchado a ningún tipo de organización, asociación de afectados o investigadores independientes fue el que finalmente se aprobó en lugar del informe del grupo de trabajo -15 miembros- tras seis meses intensos de trabajo, abierto a las partes discrepantes y transparente en su elaboración. Dictamen cuyas conclusiones eran bien distintas:

“1.1 A causa de la expansión de las tecnologías en los últimos años la exposición a los campos electromagnéticos es cada vez mayor lo que provoca, además de problemas de salud, limitaciones en el acceso a muchos lugares públicos y privados (bibliotecas, hospitales e incluso transporte público); en especial a edificios en los que se han instalado aparatos para la difusión de la tecnología por vía inalámbrica.

1.2 Estas personas, en ocasiones, pueden sufrir la incomprensión o el escepticismo de facultativos que no tratan profesionalmente este síndrome y, en consecuencia, no abordan debidamente el diagnóstico y tratamiento oportunos; sin olvidar, además, a todas aquellas otras personas que desconocen los posibles motivos de sus actuales problemas de salud.

1.3 Las divergencias serias en el contenido de los dictámenes científicos hacen necesario reforzar la independencia de los organismos que intervienen en la determinación de los niveles máximos de exposición.

1.4 El síndrome de hipersensibilidad electromagnética es un problema complejo cuya resolución necesita una combinación de medidas, tanto legislativas como de otro tipo. El CESE es partidario de la adopción de una normativa protectora y vinculante que contenga una reducción y atenuación de la exposición de las personas a los campos electromagnéticos de forma proporcional a lo expuesto en el presente dictamen, en lo relativo a etiquetado, seguros, materia publicitaria, mejora de los riesgos laborales, registro de productos, divulgación e información de los riesgos e, incluso, de ordenación territorial y medioambiental.

1.5 La Unión deberá ayudar a los grupos actualmente afectados y atenuar los campos de exposición teniendo en cuenta las propuestas realizadas en este dictamen; en especial que dicha exposición sea reconocida como causa de discapacidad funcional y enfermedad ambiental. También deberá evitarse que en el futuro estos grupos no crezcan gradualmente como consecuencia de la expansión de los instrumentos que utilizan estas tecnologías.

1.6 El CESE insiste en la necesidad de impulsar la aplicación del principio ALARA teniendo en cuenta los riesgos de efectos biológicos no térmicos de las emisiones de los campos electromagnéticos. El CESE es partidario de asegurar un nivel elevado de protección de la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las mejoras disponibles a unos costes económicamente aceptables debiéndose incluir dicho principio en la normativa europea".

En suma, un dictamen que dice todo lo contrario del de Adams.

 

RICHARD ADAMS, EL TESTAFERRO

 

Dos meses después de que el Comité Económico y Social Europeo aprobara el dictamen de Adams la organización española Electrosensibles por el derecho a la salud y la Plataforma estatal contra la contaminación electromagnética enviaron conjuntamente un escrito -el 21 de marzo de 2015- a la Defensora del Pueblo Europeo en el que se denunciaba la anormalidad del proceso por el que se aprobó el dictamen definitivo y, sobre todo, los conflictos de interés de Richard Adams. Y es que según han denunciado organizaciones nacionales y europeas éste...

...es miembro del consejo de administración de Sustainability First, organización benéfica británica que promueve las redes eléctricas inteligentes (Smart Grid) y los contadores digitales (Smart Meters) que utilizan radiofrecuencias/microondas para la transmisión de datos. Organización "benéfica" que está patrocinada por BEAMA (entidad que representa a 300 empresas de electrotecnología), Cable & Wireless, Consumer Futures, British Gas, EDF Energy, Elexon E-Meter (Siemens), EON Reino Unido, National Grid, Northern Powergrid, Ofgem (el regulador del sector eléctrico británico), Scottish Power Energy Networks y UK Power Networks (redes eléctricas británicas).

...es miembro del Consejo de Partes Interesadas, asesor del Consejo Ejecutivo de RWE AG sobre asuntos relacionados con la responsabilidad corporativa (estructuración y formulación de su estrategia, política, operaciones comerciales, comunicaciones de las partes interesadas). RWE AG es una de las cinco compañías de electricidad y gas más importantes de Europa y está también promoviendo las redes Smart Grid y Smart Meters que utilizan radiofrecuencias para la transmisión de datos.

En su escrito a la Defensora del Pueblo Europeo los denunciantes dejan claro que "no se cuestiona el derecho de cada persona a expresar sus ideas u opiniones sino que la actuación del Sr. Adams es una conducta ajena a la buena administración de un órgano de la Unión Europea ya que prevaliéndose de un cargo en un órgano consultivo de la Unión para la defensa de los intereses medioambientales y de causas sociales promueve un contradictamen con los intereses que representa la industria perjudicando así los intereses que legítimamente representaba en el Comité Económico y Social Europeo”. Añadiendo: “El Sr. Adams debería al menos haberse abstenido de participar en el debate por tener interés económico directo en el tema dado su papel de consultor de la industria a la que podía afectar el contenido del dictamen. También debería haber hecho constar que tenía dichos intereses a través de su declaración pública de intereses que publica el CESE. Escondió al órgano institucional de la Unión Europea, al resto de los miembros y a todos los ciudadanos europeos los intereses que tenía en esos sectores económicos”.

La oficina de la Defensora del Pueblo Europeo daría por recibida la denuncia el 12 de mayo informando de que la unían a otras 6 anteriores y adelantando que llevarían a cabo una inspección a fondo.

Lo singular es que apenas un día antes -el 11 de mayo- 190 científicos y expertos en bioelectromagnetismo de todo el mundo hacían un llamamiento a los responsables de la ONU y la OMS advirtiendo por enésima vez del riesgo que para la salud supone la proliferación de las radiaciones electromagnéticas de telefonía y otros sistemas inalámbricos.

 

UN ESFUERZO VALDÍO PERO CLARIFICADOR

 

Pues bien, de todo esto hemos tenido oportunidad de hablar con Bernardo Hernández Bataller, la persona encargada de redactar el dictamen que de haber sido aprobado por el CESE hubiera permitido reconocer a nivel institucional el grave problema de la sensibilidad electromagnética.

-Tenemos entendido que fue usted concretamente quien solicitó en la CESE la elaboración de un dictamen sobre la sensibilidad electromagnética y los efectos de las radiaciones electromagnéticas. ¿Es así?

-Es correcto. Solicité a la mesa del comité que se abordará este tema ante la evidencia de que la gente está cada día más expuesta a las ondas electromagnéticas. El Wi-Fi crece y se impone en todos los sitios y sus emisiones están causando múltiples alteraciones en la salud sin que pueda determinarse aún muy bien científicamente cómo. Los casos del tabaco y el amianto se iniciaron de forma similar y tardamos décadas en desarrollar normas prohibitivas que protegieran la salud de los ciudadanos así que entendí que era un tema prioritario que debía abordarse por las instituciones de la Unión Europea.

-¿Y cómo consiguieron que se formara un grupo de trabajo sobre el problema cuando la industria ha conseguido instalar en la opinión pública la falsa creencia de que las radiaciones nos son peligrosas a los actuales límites?

-Cambiando el enfoque para no acabar como siempre bloqueados por discusiones científicas sin fin. Sabemos que existe un problema del que desconocemos su origen -sea el que sea, ya se determinará- y es que hay un colectivo cada vez más numeroso de ciudadanos que sufre por las emisiones electromagnéticas, que tiene problemas de salud. Y nuestra obligación es trabajar para mejorar la calidad de vida de ese colectivo y evitar que sean conducidos a la exclusión social, a que ni siquiera puedan ir por la calle o viajar en transporte público, a que no puedan ir a una biblioteca... Y para abordar este problema no necesitábamos argumentos científicos. Es una cuestión de sentido común; se trata de defender los derechos fundamentales de la Unión Europea, reconocidos en todas las constituciones nacionales. Además el segundo enfoque de nuestro trabajo era el de procurar que el número de personas en riesgo de exclusión no siga creciendo o, al menos, sea lo más reducido posible a fin de evitar que cuando queramos darnos cuenta haya más de un millón de europeos afectados.

-Luego para ustedes la hipersensibilidad electromagnética es un problema real...

-Naturalmente. Y las personas que padecen este síndrome, provocado por la sobreexposición a las emisiones electromagnéticas de su entorno, tienen derecho a la integridad física, a la seguridad y a una calidad de vida digna. Porque afectan a su trabajo, a su libertad, a su salud y a su vida. Y estos derechos deben ser compatibles con el derecho a la libre comunicación, al derecho a la información y a la libertad de empresa. Deben compatibilizarse. Se nos acusa de que hacer eso es ir contra el desarrollo tecnológico pero es que éste no puede hacerse a costa de la salud, la integridad física, la seguridad y la dignidad de las personas. ¡No pueden violentarse los derechos humanos fundamentales en nombre del progreso! Y mucho menos llevarse a una parte de la población por delante. El desarrollo tecnológico y una adecuada regulación de las emisiones son compatibles y hay pues que adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para lograrlo. La evolución tecnológica tiene que llevar a la mejora de todos los ciudadanos y no a crear problemas sociales de segregación.

-¿Cómo se explica el constante blanco o negro de los dictámenes científicos sobre este problema?

-Uno de los asuntos que el comité valoró más a fondo es la existencia de serias divergencias entre los dictámenes científicos. Los hay totalmente divergentes. Pero debo decir que el comité ya tuvo los mismos problemas a la hora de tratar el tema de la protección de los trabajadores y los riesgos para la salud. Ya entonces algunos comités científicos fueron duramente criticados... por su falta de independencia. Además la posibilidad de conflictos de intereses no está bien regulada. Y no existe transparencia en su funcionamiento. Hay incluso constancia de que los autores de los dictámenes contrarios a los efectos de las radiaciones electromagnéticas terminaron luego siendo contratados por las empresas de telecomunicaciones...

-A diferencia de Adams ustedes dedicaron 6 meses de trabajo a escuchar a todas las partes y sus conclusiones no dejan lugar a dudas: estamos ante un grave problema.

-Cierto. Lo investigamos a fondo. Y por eso decidimos trasladar al CESE la necesidad de una normativa protectora, vinculante e imperativa que deje bien claro que hay que reducir todos los niveles de emisión, que hay que atenuar la exposición de las personas a las radiaciones electromagnéticas. Todo ello suponía un conjunto de medidas -etiquetado, seguros, publicidad, riesgos laborales, registro de emisiones- y la inserción en los planes urbanísticos de las denominadas zonas blancas, áreas en las que pudieran edificarse viviendas donde la gente voluntariamente aceptara vivir sin Wi-Fi ni ningún otro tipo de instalación que pudiera afectarles la salud.

Respecto a los afectados intentamos que se redujeran los límites de exposición y se les reconociera como afectados por discapacidad funcional y enfermedad ambiental copiando el modelo sueco a fin de que al menos se pudieran aplicar mínimamente los derechos de Naciones Unidas para personas con discapacidad.

Y, por último, quisimos transmitir a las administraciones que deben trabajar con dos principios. El Principio ALARA -según el cual siempre que exista riesgo de contaminación electromagnética deben aplicarse los niveles más bajos posibles- y el Principio de Precaución... que existe a nivel teórico pero en este ámbito nunca se aplica.

 

CON LA INDUSTRIA HEMOS TOPADO

 

-¿Se esperaban ustedes que 24 horas antes del pleno que debía aprobar su documento apareciera el contradictamen de Richard Adams?

-No. Y de hecho no tuvimos ni tiempo ni medios para reaccionar. Se presentó en el último instante vendiendo un mensaje muy simple: ¡que estábamos contra el desarrollo tecnológico! Una auténtica falacia. Pero no había tiempo para abrir un debate y desmentirlo ni de reunirnos con quienes iban a votar a fin de explicarles la verdad. Téngase en cuenta que el pleno lo componen 350 personas de diferentes estados con los que hay que contactar por teléfono, por email o verlos personalmente el día del pleno. E intentar hablar con todos en tan poco tiempo era muy complicado.

-¿Fue obvia la presión de la industria?

-Es evidente. La capacidad de contactar con tanta gente en menos de 24 horas no la tiene un miembro aislado. Y allí se movilizaron unos cuantos consejeros que aparentemente no tenían que ver entre sí pero que evidentemente tenían que haber sido "tocados" por diferentes empresas.

-Sabemos que en el CESE es obligatorio declarar posibles conflictos de interés. ¡En la propia web del organismo! ¿Cumplió Adams con esa obligación?

-No. Tenía su página en blanco. Lo justificó diciendo que no incurría en ningún conflicto de interés pero en cuanto la Defensora del Pueblo Europeo inició su investigación se demostró que sí tenía relaciones con la industria. Y entonces alegó que en realidad se le había "olvidado". Los ha declarado ahora... cuatro meses después del pleno.

-Si la investigación demuestra que Adams no cumplió con su deber y la CESE con el suyo de supervisión, ¿qué puede pasar? ¿Se anularía el dictamen aprobado de forma tan irregular?

-Se demostraría que Adams ocultó datos importantes, esenciales y relevantes que debían haber sido de público conocimiento y que, por tanto, debería haberse abstenido de presentar un contrainforme. Que la decisión adoptada se anule es otra cosa porque habría que demostrar que los votantes fueron engañados y eso es algo que ni ellos mismos asumirían reconocer. Lo que sí podría impulsar es un nuevo dictamen que se vote en el futuro dado que existe malestar en el comité al saberse que no se ha actuado correctamente. El candidato favorito a la presidencia de la sección en las próximas elecciones me ha dicho personalmente que quiere retomar los trabajos.

-Dígame, ¿a su juicio el Gobierno británico nombró a Adams sin saber que no era independiente... o a propósito, sabiéndolo y para asegurarse de tener a alguien dentro que apoye los intereses de la industria en casos como éste?

-Mi impresión personal es que fue nombrado para defender los intereses de la industria aunque el gobierno británico diga que iba como representante de las asociaciones sin ánimo de lucro. Si no ¿cómo se explica que un representante de las organizaciones sin ánimo de lucro favorezca y actúe conjuntamente con las asociaciones con ánimo de lucro?

 

PROBLEMA MÉDICO, SOLUCIÓN POLÍTICA

 

-¿Cómo es posible que nuestros representantes políticos -y los periodistas- asuman aún que existe una supuesta "controversia científica" sobre la peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas cuando en TODAS las reuniones internacionales de expertos sus miembros advierten del problema cada vez que se reúnen? Es más, ¿cómo son capaces de asumir que no está demostrada la electrosensibilidad cuando basta monitorizar a cualquier enfermo y someterle a radiaciones para constatarlo? Se tarda cinco minutos en demostrarlo. ¿Hasta tal punto de falta de ética se ha llegado?

-Que hay un colectivo de personas con este problema cada vez numeroso no es discutible. Y debemos ocuparnos de ellos de inmediato. Sin perder ni un día más. Es prioritario. Y luego hablemos de las causas. Hay ante todo que tomar medidas políticas y sociales.

-Un problema especialmente preocupante en el caso de los niños; sobre todo porque los más jóvenes están hoy acumulando radiaciones casi desde que nacen.

-Cierto. Y nadie puede asegurar cómo van a acabar en diez, quinces o veinte años.

-Lo que no se entiende tampoco es por qué los gobiernos europeos no toman medidas por su cuenta, independientemente de que lo hagan o no los organismos europeos. ¿Usted se lo explica?

-La indiferencia de nuestros gobiernos viene de muy atrás y además se retroalimenta. Hoy día cuando en Bruselas se adopta una resolución que no le gusta o interesa a un gobierno, éste alega que no es vinculante; y, acto seguido, si en su propio país le piden cuentas sobre el asunto responden que la decisión depende de Bruselas. En el ámbito que hoy nos ocupa la competencia es aún de los estados miembros y de hecho cada uno legisla lo que le place y como le place. Por eso mientras en unos países los límites de radiación autorizados son muy bajos en otros, como en España, son muy altos.

-¿Pero cómo se explica que los partidos españoles apoyen en los organismos europeos normas más restrictivas sobre las radiaciones electromagnéticas y en España se callen?

-Porque se trata de sectores con una importancia económica enorme y una capacidad de presión muy grande. En todos los ámbitos. Incluidos los grandes medios de comunicación porque están entre sus principales anunciantes. Eso explica su "silencio" y que si alguna vez tratan el tema lo hagan de forma anecdótica y en espacios de poca audiencia.

-Una última pregunta: ¿cómo podría a su juicio acabarse con esta esperpéntica situación?

-Es complicado. Primero hay que lograr que la gente conozca la importancia del problema y después que las asociaciones de todo tipo -consumidores, ecologistas, afectados, vecinos, etc.- presionen a los políticos. Y, por supuesto, esperar que algún juez independiente interprete alguna vez las normas de manera más favorable a los afectados y no siempre de la industria.

 

NI LA PRIMERA NI LA ÚLTIMA VEZ

 

Debemos agregar que no es la primera vez -ni será la última- que se aprecia la mano de la industria tras las resoluciones que tienen que ver con los daños causados por las radiaciones electromagnéticas. El pasado mes de marzo la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) – integrada por confederaciones y federaciones de asociaciones vecinales (CEAV, FRAVM, CAVA...), colectivos ecologistas (entre ellos los más de 300 grupos de Ecologistas en Acción), asociaciones de consumidores, padres y madres, asociaciones de personas electrosensibles y otros colectivos preocupados por los efectos de la creciente contaminación electromagnética- se dirigió también a la Defensora del Pueblo Europeo para denunciar el informe que sobre los posibles efectos para la salud de las radiaciones electromagnéticas elaboró el Comité Científico de Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI). En su denuncia explicaban: “Para conseguir la proeza de realizar un informe favorable a la ausencia de riesgos mientras se acumulan los estudios que muestra efectos se usa una receta bien sencilla: basta con seleccionar un grupo de expertos donde domine la posición favorable a la ausencia de riesgos al tiempo que se sofoca cualquier disidencia”.

Y es que el grupo de expertos designado por la Comisión Europea era cualquier cosa menos ecuánime, imparcial e independiente. Basta saber que en él se hallaban personajes como su presidente Theodoros Samaras -exasesor de Vodafone-, Matts-Olof Mattsson y Hans K Mild -miembros del comité científico de la empresa de telefonía TeliaSonera-, Zenon Sienkiewicz -consultor de Japan EMF Information Center- y Anssi Auvinen -miembro del ICNIRP regularmente financiado por Mobile Manufacturers’ Forum (MMF).

De ahí que en la queja formal ante la Defensora Europea del Pueblo se solicitara que...

...se abra una investigación exhaustiva sobre la designación, composición y dirección de los grupos de trabajo del SCENHIR y se analice su pluralismo y transparencia así como la influencia corporativa y por qué no se han tenido en cuenta las opiniones de sectores contrarios a las tesis oficiales y no ha habido en ella participación de las ONGs y organizaciones sociales implicadas, entre otras cosas.

...se anulen las conclusiones del informe del SCENHIR por manifiesta violación de las normativas.

...se designe a un nuevo grupo de expertos sin conflictos de interés que realmente represente la controversia científica existente hoy sobre la materia.

...se proceda a hacer una nueva evaluación equilibrada e independiente; y,

...se establezca en la Dirección General de Salud y Protección al Consumidor de la Unión Europea un comité de diálogo permanente a fin de que los puntos de vista de todas las partes interesadas puedan ser expuestos y considerados antes de tomar decisiones sobre cualquier directriz en el ámbito de las radiaciones electromagnéticas.

Una petición que sigue sin ser atendida.

 

Elena Santos
 



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