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NÚMERO 105 / MAYO / 2008

ABSUELTAS LAS PERSONAS DEMANDADAS POR ROBAR EL BIO-BAC QUE INCAUTÓ LA GUARDIA CIVIL

 

El Juzgado de lo Penal nº 6 de Madrid ha absuelto a los acusados de sustraer del chalet de Rafael Chacón mediante robo con fuerza envases de Bio-Bac bajo precinto policial y distribuirlos gratuitamente entre los afectados al aplicarles la eximente completa de necesidad. En su sentencia la Magistrado Juez reconoce los hechos pero da por válidos los testimonios de los acusados que manifestaron en sus declaraciones los beneficios que sus familiares enfermos estaban obteniendo con el consumo del Bio-Bac y la situación de angustia y desesperación en la que quedaron tras la denominada Operación Brujo. La jueza entiende por tanto en su fallo que el robo lo realizaron en defensa de un bien mayor: el derecho a la vida.

El 24 de octubre del 2002 más de 300 guardias civiles, policías, funcionarios, inspectores y altos cargos del Ministerio de Sanidad y Consumo ejecutaron la llamada Operación Brujo que culminó con la vergonzosa detención de 23 personas -trece de ellas médicos- apresadas en sus consultas y domicilios delante de sus pacientes o familiares. Su “delito” fue recomendar el consumo de Bio-Bac a los enfermos que trataban aun cuando hablamos de un producto enzimático que ha sido consumido a lo largo de décadas por decenas de miles de enfermos –incluso con cargo a la Seguridad Social- muchos de los cuales obtuvieron notables mejorías en graves patologías, cáncer incluido. Hoy, tras conseguir su autorización en la Unión Europea con el nombre de Renoven –en principio como producto alimenticio y como producto dietético- puede ya conseguirse fácilmente –está en muchos herbolarios- y, sin embargo, de forma incomprensible, la persecución administrativa y judicial continúa.

Lo cierto es que la intervención de la Guardia Civil auspiciada por Ana Pastor -entonces Ministra de Sanidad y Consumo y actualmente vicepresidenta del Congreso de los Diputados- provocó hace más de cinco años su retirada del mercado condenando así a los enfermos a interrumpir sus tratamientos. Y eso a pesar de que apenas unas horas después de la intervención la propia Ana Pastor, desdiciendo todo lo dicho por su ministerio y colaboradores hasta ese momento, declaraba públicamente ante los medios de comunicación que el producto era inocuo, es decir, carente de riesgo alguno. Bueno, pues aún así todas las gestiones realizadas por los pacientes a través de la asociación de afectados que constituyeron de inmediato para tratar de conseguir que el producto fuera distribuido al menos entre los enfermos que lo estaban tomando fueron inútiles. Con lo que a los pocos días el estado de muchos de ellos empezó a empeorar mientras miles de frascos de Bio-Bac permanecían almacenados bajo precinto judicial, muchos de ellos en la finca Los Fresnos situada en el municipio de El Escorial (Madrid) y propiedad de Rafael Chacón, dueño de la patente nacional e internacional del producto.

El caso es que ante los reiterados e infructuosos intentos de conseguir por vía legal el producto David Chamón, Manuel Sánchez Harguindey, Amalio Ángel, Ana Isabel Pastrana y José Luis García decidieron sustraerlo directamente de la finca de Chacón y distribuirlo entre sus familiares y amigos enfermos. La propia Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 6 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, considera probado en el texto de la sentencia que en la noche del 27 de noviembre del 2002 los seis acusados se dirigieron a la finca Los Fresnos donde se encontraba incautado el Bio-Bac y tras romper el precinto judicial y la puerta con un pico “entraron y se apoderaron de numerosos frascos del citado producto acudiendo al día siguiente al centro comercial La Dehesa de la localidad de Alcalá de Henares para repartirlo allí gratuitamente entre los enfermos y familiares que acudieran al lugar". En ese lugar precisamente sería detenido por la policía el séptimo acusado, Vicente García, cuando estaba en posesión de 122 envases destinados al consumo tanto de su hija enferma de cáncer como de otros vecinos y conocidos suyos que padecían la misma enfermedad.

Detenidos los seis autores del robo y la persona que les ayudó a la distribución de lo robado el Ministerio Fiscal calificó los hechos de delito de robo con fuerza, delito de desobediencia a la autoridad y delito de receptación (recepción de objeto robado) pidiendo para los seis acusados del robo la pena de ocho meses de prisión –al reconocerles la atenuante de “arrebato u obcecación”- y para el séptimo acusado cuatro meses de prisión.
Hoy se encuentran en libertad y libres de cargos.

PREVALENCIA DEL DERECHO A LA SALUD Y LA VIDA

Creo que el resultado de la sentencia ha sido muy positivo –nos diría Manuel Sánchez Harguindey, presidente de la Asociación de Consumidores de Bio-Bac y uno de los encausados- y aunque sea un tema independiente a mi juicio se tiene que contemplar en relación con todo lo que es el Caso Bio-Bac. Personalmente estoy muy contento pero me lo esperaba, confiaba en la Justicia porque era un caso muy claro consecuencia de la aberrante situación a la que nos condujeron”.

"Los acusados, angustiados y desesperados por la retirada del producto Bio-Bac -establece la sentencia en el apartado segundo de los Hechos Probados-, cometieron los hechos convencidos de que sus familiares y muchas personas que habían experimentado una considerable mejoría habían empeorado al verse privados del mismo; situación de angustia que aumentó al tener conocimiento a través de los medios de comunicación del fallecimiento de una persona consumidora del Bio-Bac en Granada por lo que una vez agotadas todas las vías legítimas y totalmente convencidos de que era el único camino o medio para ayudar a soportar la enfermedad e incluso salvar la vida de sus seres queridos y otras muchas personas enfermas de cáncer que conocían decidieron conseguir el producto".

La magistrada, al desarrollar los Fundamentos de Derecho, reconoce por ello en el apartado sexto de la sentencia que "se aprecia en las infracciones la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal eximente de estado de necesidad del art 20-5º del Código Penal. Dicho precepto establece que está exento de responsabilidad criminal ‘El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber siempre que concurran los siguientes requisitos:

1º) Que el mal causado no sea mayor que el que trate de evitar.
2º) Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
3º) Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse’".

Aún recuerdo todo aquello –nos diría Manuel Sánchez Harguindey- como la situación más angustiosa para mí antes de la muerte de mi padre. Mi padre había entrado en coma y no sabíamos qué hacer. Comencé a dar palos de ciego y junto con otros enfermos vimos un poco de luz en la decisión que tomamos. Era una situación angustiosa y así hay que entenderla porque si no uno no comete una infracción del tipo de la que cometimos. Lo hicimos de manera obligada”.

Y así lo ha entendido la magistrada al absolver a los acusados recogiendo en la sentencia que todos los requisitos modificativos de la responsabilidad criminal se dieron entre los acusados, sobre todo a la vista de los testimonios y el material recogido en la causa.

La sentencia se ha recibido entre nosotros con gran satisfacción –nos diría por su parte Carmen Morán, Vicepresidenta de la Asociación de Consumidores de Bio-Bac- porque ha dejado claro que el derecho a la vida está por encima de cualquier consideración. Los tribunales nos van dando la razón y la resolución nos permite seguir creyendo en la Justicia. Debo reconocer que gracias al altruismo y al valor que tuvieron todos esos amigos que entraron y levantaron el precinto porque veían que la gente, lejos de mantenerse iba cada día peor, la vida de muchas personas se prolongó, entre ellas la mía. Lo único que queríamos -y queremos- es que se nos garantice la presencia normal del producto en el mercado”.

LA EFICACIA DEL BIO-BAC

De la prueba practicada –señala asimismo la jueza- ha quedado acreditado que todos los acusados tenían familiares enfermos de cáncer que tomaban Bio-Bac y que al dejar de hacerlo habían empeorado; que estaban angustiados y que fue decisiva la publicación del fallecimiento de la primera persona que había dejado de tomar Bio-Bac”.
Cabe destacar que en ningún momento a lo largo de la sentencia la magistrada pone en duda los beneficios obtenidos con el consumo del Bio-Bac explicados por los acusados en sus declaraciones y que han quedado reflejados en el texto de la sentencia. Así, Vicente García ratificó ante la sala que a su hija de ocho años le habían diagnosticado un tumor en la médula y que cuando comenzó a tomar el Bio-Bac dejó de tener movimientos en las piernas. “A los cuatro o cinco meses de tomarlo –dice el testimonio recogido en la sentencia- se movía perfectamente haciendo una vida normal”.

Otro de los acusados, Manuel Sánchez Harguindey -hijo de Luis Sánchez Harguindey, jefe de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Secretario de Estado del Ministerio de Sanidad durante el último gobierno de Adolfo Suárez y Jefe del Gobierno interino durante el intento golpista del 23-F y que en aquel momento consumía Bio-Bac porque padecía un tumor cerebral agresivo- relató también sus vivencias personales. "El testigo –puede leerse en el texto judicial-afirma que su padre estaba postrado en una silla de ruedas, sin hablar y con el uso del producto la mejoría fue clara y que cuando cometió los hechos estaba ingresado en el hospital en coma y al borde de la muerte, por lo que al conocer el fallecimiento de una persona en Granada tuvo miedo, que su situación era angustiosa y que en su opinión lo que hacía estaba justificado”. La sentencia recuerda además que antes de llegar al robo Manuel Sánchez Harguindey había intentado todo tipo de medidas, incluida la presentación de una querella contra el Director de la Agencia Española del Medicamento, la formación de una Asociación de Afectados y una conversación con altos cargos del Ministerio siendo todo ello inútil.
Amalio Ángel recordó por su parte en el juicio que su desesperación era absoluta ante la situación de su hijo de diez años, que tenía un tumor cerebral, porque siguiendo los consejos de su médico había dejado de darle Bio-Bac sufriendo éste entonces una infección “desde la boca hasta el ano”. Manifestando ante la sala “que no estaba de acuerdo con la retirada del producto porque tenía pruebas (de su eficacia)ya que su hijo mejoró muchísimo y que estaba curado por el Bio Bac”.

Ana Isabel Pastrana recordó asimismo que su padre tenía cáncer de colon y cuando tomaba el producto se encontraba mucho mejor mientras al dejar de tomarlo empeoraba y se sentía más cansado.

David Chamón relataría el caso de su madre a la que la diagnosticaron cáncer y cómo el Bio-Bac la había ayudado: “Hacía una vida normal pero al bajar la dosis sentía malestar, dolores y vómitos”. Tras recordar que él pidió ante las cámaras de televisión que les permitieran acceder al producto declaró ante la magistrada que a su juicio gracias a aquellos botes que entregó tras el asalto a la finca hoy hay personas que siguen vivas.

La sentencia también recoge el testimonio de Carmen Morán quien desde su condición de afectada por un tumor cerebral que ha combatido durante más de siete años tomando sólo Bio-Bac se encontró –y así lo manifestó durante el juicio- con el bloqueo sistemático de las autoridades sanitarias a la obtención del producto y a estudiar las investigaciones científicas que avalan sus propiedades. “Creo que lo más importante aquí –nos diría tras conocer la sentencia- es que se ha demostrado con montones de documentos que el producto existía antes de que nosotros lo tomáramos y lo consumieron miles de españoles antes que nosotros. Se han entregado en los tribunales cientos de recetas con los nombres y apellidos de los médicos que lo recetaron durante muchos años a costa de la Seguridad Social. El producto existía. Y el producto es eficaz. Se trata de una verdad científica. Lo que ocurre es que usaron muy bien sus bazas y desde la Agencia Española del Medicamentohicieron creer a la sociedad a través de los medios que era una estafa. Ellos lo tienen todo: los medios de comunicación, los abogados del Estado... Tienen muchísimas herramientas a su disposición. Darle la vuelta a todo esto, demostrar poco a poco que todo fue una gran mentira y que las personas que nos vimos envueltas en aquella situación además de tener que enfrentarnos con el cáncer tuvimos que enfrentarnos a un sistema sanitario que debía de protegernos justo cuando encontramos un tratamiento que funcionaba, está siendo un proceso lento y costoso. Hemos presentado en los tribunales decenas de informes médicos que indican que los pacientes evolucionaban claramente y todas las pruebas diagnósticas presentadas avalando nuestra mejoría están ahí, como lo está nuestra propia existencia”.

En suma, la magistrada, dando por válidos los testimonios escuchados y aportados en la vista, señala en la sentencia: “Todos los testimonios ponen de manifiesto que los acusados actuaron totalmente convencidos de que el producto era efectivo, que curaba y al comprobar cómo sus seres queridos y muchas otras personas que conocían empeoraban al suspender el tratamiento, ante el temor de que les ocurriese lo mismo que al primer enfermo que falleció al dejar de tomar Bio-Bac decidieron actuar en la forma en que lo hicieron. Concurre pues el primer elemento exigido, estado de necesidad, ya que el peligro para el bien jurídico protegido existía, era posible o inminente”. Y realiza después la jueza una matización muy importante que pone en valor la postura de los consumidores del Bio-Bac como personas responsables que actuaron guiados por los resultados y no por engaños o palabrerías. “Y no debe olvidarse -señala la jueza- que uno de ellos, Luis Sánchez Harguindey, médico de profesión que había sido Secretario de Estado de Sanidad con el último gobierno de UCD, afirmó ante las cámaras de televisión que era una de las personas que había presentado una denuncia contra la Agencia del Medicamento por denegación de auxilio y que no tenía la más mínima duda de la eficacia del Bio-Bac por haberlo constatado en su propia persona, manifestando: “Hace un año yo estaba en una silla de ruedas sin poder siquiera moverme a causa de un tumor cerebral. Pues bien, hace sólo unos días me he incorporado a mi puesto de Jefe de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos y no tengo duda alguna de que el Bio-Bac ha tenido mucho que ver en ello” (folio 262 autos)”

Después la jueza reconoce que los acusados y los afectados hicieron todo tipo de gestiones -incluyendo la solicitud como medida cautelar de la distribución del producto- y todas ellas les fueron denegadas. "Ninguna duda existe –añade a renglón seguido-en cuanto a la concurrencia del requisito de que el mal o daño causado no sea mayor que el que pretende evitar, al ser claramente prevalente el derecho a la vida y a la salud, al derecho de propiedad y al respeto al principio de autoridad".

Y en la recta final de la argumentación la magistrada asume lo que para todos menos para la Fiscalía desde el mismo día de los hechos era evidente. “Por lo expuesto –afirma- ha de apreciarse la eximente completa de estado de necesidad pues los acusados cometieron los hechos convencidos de que era el único camino o medio de ayudar a soportar la enfermedad, e incluso de salvar la vida, de sus seres queridos y de otras muchas personas que padecían la terrible enfermedad del cáncer a las que habían conocido tras la intervención y depósito del Bio-Bac por orden Judicial”. Concluyendo: “Apreciada dicha eximente procede absolver a los acusados de las infracciones penales que se les imputan declarando de oficio las costas causadas”.

En la actualidad el bufete de Enrique Sánchez de León -que ha dirigido la defensa de los acusados del robo en Los Fresnos y dirige también la defensa de Rafael Chacón- está a la espera de que un nuevo juez termine de valorar el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que rechazó el nuevo intento del Juzgado nº 2 de El Escorial de pasar la causa a la Audiencia Nacional –algo de lo que ya informamos en el nº 103- a fin de pedir que el llamado Caso Bio-Bac sea definitivamente sobreseído.

Recordemos que esta segunda sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso –la primera que de alguna forma ha entrado a valorar las pruebas recogidas en la causa durante la instrucción- señala en su argumentación que en el llamado Caso Bio-Bac no existen ni efectos, ni afectados. Es decir, que el Bio-Bac es inocuo y su ingesta no causa daños y que no hay personas que hayan sido perjudicadas por tomar el Bio-Bac o por abandonar los tratamientos convencionales como se pretendió argüir.

La Audiencia Provincial de Madrid ya había dejado claroel año 2003 en un auto que por no haber ni siquiera hay indicios de que el Bio-Bac sea “perjudicial para la salud o la vida". Y en esta segunda ocasión ha ido aún más lejos ya que ha desmontado uno de los argumentos preferidos por la Administración para tratar de llevar a la cárcel a los profesionales que aconsejaban el consumo de Bio-Bac: la supuesta recomendación de los médicos a los pacientes para que abandonasen “los tratamientos convencionales”. Así, señalan los magistrados: “Acogiendo el informe del Ministerio Fiscal se dice por la Juez de Instrucción, con cita de la ST1 de abril del 2003, que en el presente caso existen indicios de que un gran número de pacientes abandonó el tratamiento de quimioterapia y radioterapia por consumir Bio-Bacponiendo en peligro el agravamiento de su enfermedad y falleciendo en un número importante de casos. Sin embargo, tras la lectura de las declaraciones de los consumidores del Bio-Bacninguno manifiesta que se le prescribiera u obligara al abandono de los tratamientos convencionales siendo que la mayoría siguió con ellos pese a consumir Bio- Bacmientras que otros los abandonaron por decisión propia sin que se tengan, por ahora, elementos que lleven a afirmar, como dice la Juzgadora, que el abandono de los tratamientos convencionales se debiera al consumo del Bio Bac" .

En fin, esperemos que al igual que ahora la magistrada del Juzgado de lo Penal nº 6 de Madrid ha reconocido que la Administración dificultó todos los intentos de los afectados por acceder al producto se reconozca algún día también que desde las distintas administraciones públicas se ha hecho todo lo posible -y se sigue haciendo- para evitar que el Bio-Bac pueda llegar a los consumidores.

 

Helena Santos
 



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