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NÚMERO 103 / MARZO / 2008

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DEVUELVE POR SEGUNDA VEZ EL CASO BIO-BAC AL JUZGADO DE EL ESCORIAL

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado por segunda vez -con rapapolvo incluido- el intento del Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial de remitir de nuevo el Caso Bio-Bac a la Audiencia Nacional lo que deja el asunto en una vía muerta de difícil salida para el pequeño juzgado madrileño. La comercialización del producto como complemento alimenticio en Europa, el reiterado pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la “falta de efectos y afectados” así como de la inexistencia de “banda organizada” y la deficiente instrucción -que ha permitido incluso que los frascos de prueba caduquen sin ser examinados pericialmente- parecen haber vaciado de contenido penal la farsa que constituyó la denominada Operación Brujo. A la espera de lo que decida ahora el juzgado escurialense que lleva el caso están no sólo los afectados directos sino un amplio grupo de miembros del Ministerio de Sanidad y Consumo -con la ex ministra Ana Pastor a la cabeza- que fueron acusados en su día de diversos delitos, denuncia que no se admitió a trámite porque el asunto estaba sub iudice.

La última estación –por el momento- en la que se ha detenido el lento expreso de la Justicia en el Caso Bio-Bac ha sido la Audiencia Provincial de Madrid. Lo curioso, paradójico o lamentable es que era la segunda vez que el Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial intentaba desembarazarse del caso y enviárselo a la Audiencia Nacional en una clara demostración de incapacidad para tragarse el bocado envenenado que le preparó la Agencia Española del Medicamento con las denuncias de marzo y mayo del 2002 que acabaron desembocando en la Operación Brujo del 24 de octubre de ese año.

La primera vez llegó muy pronto. Apenas seis días después de la Operación Brujo el juzgado pareció darse cuenta del lío en el que se había metido y trató de inhibirse de inmediato a favor de la Audiencia Nacional. El proceso abierto de recursos contra la decisión terminaría con la ratificación del Juzgado en marzo del 2003 de su deseo de enviar el asunto a la Audiencia Nacional y librarse definitivamente de él. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17, por resolución de 28 de julio del 2003, revocaría el auto y cerraría la salida que habían buscado tanto el Juzgado de Instrucción como los fiscales adscritos a dicho partido judicial. Y lo hizo además poniendo de manifiesto en el primer pronunciamiento jurídico relativo al Bio-Bac la ausencia de efectos y de afectados: “No se ha acreditado en el testimonio que se nos ha remitido –señalaría el auto- el que haya habido efectos del delito en cuanto ni se han esclarecido situaciones abstractas de riesgo y, por supuesto, afectados concretos en vida o salud (...) En todo caso no se pueden confundir las posibles prescripciones que se hayan podido llevar a cabo en determinadas clínicas médicas y por determinados doctores de las sustancias en cuestión como efectos del delito cuando ni tan siquiera se han determinado ni efectos, ni afectados” (la negrita es nuestra). Además la Audiencia Provincial rebatía ya en el 2003 la teoría de la Fiscalía y del Gobierno sobre la existencia de una presunta “banda armada”: “No hay datos específicos –dictaminó rotundamente- que indiquen un organigrama asociativo”.

Por primera vez se ponía negro sobre blanco que se trataba de un producto inocuo, que no había causado ningún efecto negativo, que no había afectados y, desde luego, que no había sido movido por nada parecido a una “banda armada”.

La instrucción a partir de ese momento pareció estancarse. Y no debió mejorar mucho el ánimo de la Fiscalía saber –así lo publicó la prensa- que el Subsecretario de Sanidad y Consumo, Pablo Vázquez, les había reconocido a finales de julio de ese mismo año a los representantes de la Asociación de Consumidores de Bio-Bac durante la reunión que mantuvo con Manuel Sánchez-Harguindey –presidente de la asociación- y Carmen Morán -vicepresidenta de la misma, consumidora del producto y enferma de cáncer- que quizás en el caso Bio-Bacse habían equivocado” pero “no iban a dar marcha atrás” y esperarían a que fueran los jueces los que decidieran.Ni tampoco que en septiembre de ese mismo año se aireara el fallo de la Audiencia Provincial en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. La diputada socialista Rodríguez Díaz lo dijo entonces alto y claro:“Tenemos constancia de que ese producto ha sido examinado por el Departamento de Química y Microbiología en un centro de análisis homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el que se hace constar que la muestra analizada cumple el Real Decreto 2685/1976, de reglamentación técnico-sanitaria sobre preparados alimenticios para regímenes dietéticos y especiales listos para el consumo (de nuevo la negrita es nuestra). Es decir, que ya las propias investigaciones –añadió- ven que puede ser y puede servir como producto alimenticio, que es inocuo y que no es peligroso. También tenemos constancia de que un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 28 de julio de este año no ve indicios de delito ni de riesgo para la salud de afectados por su consumo. Dicho auto hace constar que no se ha acreditado en el testimonio que les ha sido remitido el que haya habido efectos de delito en cuanto que no se han esclarecido situaciones abstractas de riesgo y afectados en concreto en su vida o en su salud. Es decir, no se han determinado ni efectos ni afectados y no lo han considerado como un delito contra la salud pública… ¿Es pues un tema político? También nos lo preguntamos”. Pregunta a la que a día de hoy esa diputada socialista debería responderse que sí... con algo de vergüenza. Porque sí, efectivamente había -y hay- mucho de política en el tema Bio-Bac. Lo demuestra que la llegada al poder de los socialistas no cambió nada.

En los dos años siguientes la instrucción avanzó muy poco. Tan poco que el juzgado hasta se “olvidó” de reclamar las pruebas sobre el producto incautado a pesar de que por parte de la defensa de Rafael Chacón -detentador de la patente internacional del Bio-Bac- se solicitaron. Pruebas de inocuidad y de eficacia. Y eso que lo pidió reiteradamente en escritos de fecha 14 de enero de 2003, 11 de febrero de 2003, 16 y 18 de junio de 2003, 19 de septiembre de 2003, 10 de marzo de 2004, 7 de septiembre de 2004 y, por último, en escrito de fecha 29 de diciembre de 2005. En este último, en su apartado tercero correspondiente a la finalidad de los estudios solicitados, puede ya leerse: “Resulta exasperante comprobar una y otra vez, en este proceso penal, cómo tiene que ser el imputado quien tenga que demostrar su inocencia en vez de demostrar su imputación la acusación que, en este caso, únicamente la representa el Ministerio Público, el cual no ha hecho el menor esfuerzo por probar nada. En este sentido, en un procedimiento penal tendría que ser la acusación quien demostrara que el producto Bio-Baces lesivo para la integridad de las personas. Por tanto, tendría que ser el Ministerio Público, y antes de él la Administración correspondiente (Ministerio de Sanidad y Consumo), quienes se hubieran preocupado de realizar los ensayos y análisis pertinentes para comprobar o acreditar la lesividad de Bio–Bac. No lo han hecho”.

Y para cuando “quiso” hacerlo el juzgado ya era tarde. Total, sólo se lo habían pedido por escrito ¡ocho veces! En septiembre del 2006 la empresa RCC CID.S.A., a la que se solicitó por fin la peritación, comunicaría al Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial que su solicitud –¡hecha, insistimos, casi cuatro años después de la incautación!- de realizar pruebas sobre el producto era ya imposible. El documento de la empresa al juzgado explica que “esta semana pasada caducaron las últimas muestras que nos fueron entregadas en su día por lo que la realización de los trabajos ha devenido objetivamente imposible si se quiere que los mismos estén amparados dentro de los protocolos aplicables y las conclusiones de los estudios sean homologables. (...) Lo cierto es que por quien sea se ha dejado transcurrir el tiempo lastimosamente hasta que la realización de los trabajos se ha convertido en imposible”. Es decir, se ha impedido así hacer un contraanálisis que enfrentar con los resultados que en su momento pudiera aportar la Agencia Española del Medicamento, impulsora del caso. Un auténtico escándalo.

INADMISIBLE

Mientras tanto, ante el callejón sin salida en el que se encontraba, el Ministerio Público -en un hecho judicial sin precedentes- volvería a tratar de pasarle de nuevo el muerto a la Audiencia Nacional mediante un auto del Juzgado de fecha 21 de septiembre de 2005. Y lo hizo argumentando la existencia de “hechos y circunstancias nuevas” derivados de la instrucción. Un auto que de nuevo fue recurrido por la asistencia letrada de Rafael Chacón argumentando justo lo contrario: la manifiesta incapacidad de la instrucción para acreditar en cinco años ni siquiera un indicio penal que justificase continuar con el proceso.

Dos años y medio ha tardado la Audiencia Provincial de Madrid en volver a pronunciarse. Y lo ha hecho mediante un auto el pasado 22 de enero del 2008. En él se comienza recordando que con fecha 28 de julio del 2003 la Audiencia ya había rechazado una propuesta anterior de inhibición tras un detenido estudio del caso “En dicho Auto –puede leerse en el nuevo fallo de la Audiencia- ya se procedió a un estudio profundo sobre la base en que se fundaba dicha inhibición rechazando que se esté ante un delito del art. 361 C al ser objeto de éste un medicamento (consideración que no tiene la autovacuna para la inmunoterapia específica de las enfermedades producidas por las enzimas vivientes comercializado con el nombre de Bio-Bacconforme Resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo del 3 de diciembre de 1986)”. Es decir, en ese párrafo ya reconocía la Audiencia que el Bio-Bac no tiene la consideración de medicamento como siempre ha defendido Rafael Chacón. “Y respecto de la posible tipificación como un delito del art. 362,2 CP a los solos efectos del examen de la competencia –sigue diciendo el Auto-la Audiencia Nacional señalaba que se trata de un delito de riesgo concreto sin que se hubieran esclarecido situaciones de riesgo y supuestos afectados concretos en su salud y vida. Se añadía además no concurrían los requisitos del art. 65 apartado D) LOPJ al no existir elementos indicativos de una clara asociación”. Sin entrar todavía a valorar el nuevo auto de inhibición la Audiencia Provincial ya recordaba pues que ni se habían generado situaciones de riesgo, ni se habían concretado en la Instrucción afectados en su salud y vida. Y, por supuesto, que tampoco cabía hablar de asociación de malhechores.

Los magistrados de la sección 27 de la Audiencia Provincial -presidida por la magistrada María Tardón- rechazan después que existan argumentos o pruebas nuevas que sustenten la segunda petición de inhibición. Ante el hecho de que el Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial, “so pretexto de la práctica de nuevas diligencias de instrucción”, cuestione la anterior resolución de la Audiencia Provincial reafirmándose en la idea de la existencia de un grupo armado los magistrados son concluyentes: “De manera que no es que respecto a este punto existan circunstancias nuevas sino que lo que se procede es a hacer una valoración por parte del Ministerio Fiscal y después de la Juez de Instrucción rebatiendo y apartándose de la resolución firme de la Audiencia lo que resulta de todo punto inadmisible. No es posible un nuevo pronunciamiento de lo ya resuelto cuando los elementos de juicio son los mismos vulnerando así el principio de seguridad jurídica y de invariabilidad de las resoluciones jurídicas firmes" (la negrita es nuestra).

Por si fuera poco, los magistrados de la sección 27 señalan además en su Auto que sigue sin concretarse por parte de la Instrucción ¡después de cinco años! la existencia de efectos y afectados, como ya se recogiera en la resolución del 2003. Pero en esta ocasión la Audiencia Provincial ha ido un paso más lejos ya que ha desmontando uno de los argumentos preferidos por la Administración para tratar de llevar a la cárcel a los profesionales que aconsejaban el consumo de Bio-Bac: la supuesta recomendación a los pacientes de que abandonasen “los tratamientos convencionales”. Un “argumento”, por otra parte, al que se ha recurrido profusamente con anterioridad para perseguir a quienes entienden qué es el cáncer y cómo debe tratarse de forma distinta a la que propugnan los oncólogos.

Señalan los magistrados: “Acogiendo el informe del Ministerio Fiscal se dice por la Juez de Instrucción, con cita de la ST1 de abril del 2003, que en el presente caso existen indicios de que un gran número de pacientes abandonó el tratamiento de quimioterapia y radioterapia por consumir Bio-Bacponiendo en peligro el agravamiento de su enfermedad y falleciendo en un número importante de casos. Sin embargo, tras la lectura de las declaraciones de los consumidores del Bio-Bacninguno manifiesta que se le prescribiera u obligara al abandono de los tratamientos convencionales siendo que la mayoría siguió con ellos pese a consumir Bio- Bacmientras que otros los abandonaron por decisión propia sin que se tengan, por ahora, elementos que lleven a afirmar, como dice la Juzgadora, que el abandono de los tratamientos convencionales se debiera al consumo del Bio-Bac" (la negrita es nuestra).

Es decir, aún en la aberrante situación de que se pueda considerar delito –algo completamente injustificable- que un médico, en el uso de su libertad de prescripción, aconseje a su paciente abandonar los denominados “tratamientos convencionales” contra el cáncer está claro después de lo manifestado por la Audiencia que tal cosa no ocurrió en el caso de los médicos que recomendaban el Bio-Bac y de los pacientes que lo consumieron.

Y respecto de la posibilidad de posibles “muertes” el texto de la Audiencia Provincial de Madrid es igualmente concluyente: “Del mismo modo,no existe indicio de que el consumo de tal sustancia produjera la muerte, no pudiéndose obviar que todos los consumidores son enfermos con graves enfermedades, muchos de ellos terminales. No hay indicio de que el Bio-Bacacelerara el proceso; ni siquiera de que sea una sustancia perjudicial para la salud o la vida" (la negrita es nuestra).

En pocas palabras, después de cinco años de instrucción el Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial ni siquiera ha conseguido demostrar que el Bio-Bac pueda ser perjudicial.

También rechaza la Audiencia Provincial en su Auto que haya existido, como defendía la Instrucción del Juzgado, “una defraudación que ha producido un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”. De hecho, vuelve a resaltar la falta siquiera de indicios en ese ámbito que justifiquen el paso a la Audiencia Nacional. “No existen indicios –señala el fallo- de que las actividades delictivas que se imputan en el mismo hayan repercutido de modo grave en la estructura y funcionamiento de la economía correspondiente a los intereses generales de la nación, más allá de la relacionada con intereses particulares y concretos”.

La Audiencia también rechaza la alegación de que al tratarse el de San Lorenzo de El Escorial de un juzgado pequeño no tienen medios para afrontarlo. “Las dificultades de instrucción en un Juzgado como el de San Lorenzo de El Escorial, ante el elevado número de consumidores del Bio-Bac–dice el Auto-no pueden admitirse como razón para fundar una inhibición a favor de la Audiencia Nacional”.

En suma, la Audiencia Provincial aceptó el recurso de Chacón Farmacéutica S.A. y rechazó el intento de inhibición del Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial a favor de la misma.

¿Y AHORA QUÉ?

Tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sólo cabe hacerse una pregunta, la misma que se hacen Rafael Chacón, los consumidores del Bio-Bac y, quizás, hasta el juez instructor: ¿Qué se persigue penalmente entonces? Si después de cinco años la Instrucción no ha conseguido presentar ante la Audiencia Provincial, en apoyo de sus convicciones, ni efectos, ni afectados, ni por supuesto muertos, si quienes lo consumieron lo hicieron libremente, si no existía riesgo para su vida más allá de su condición de enfermos terminales, ¿por qué entonces esta persecución penal? ¿Hasta cuándo? Porque resulta difícil creer que en los próximos meses el Juzgado de San Lorenzo de El Escorial vaya encontrar lo que no ha encontrado en cinco años. Todo indica pues –incluso en el propio Juzgado son muchos los que lo desean fervientemente- que el asunto se sobreseerá finalmente.

Además, desde octubre del 2006, el Bio-Bac -bajo otro nombre comercial para evitar posibles interferencias pero con las mismas especificaciones- fue aprobado como complemento dietético en un país de la Unión Europea, Eslovaquia, cumpliendo todas las normativas existentes para todos las naciones miembro. “Dado que se cumplen -señalanlas autoridades sanitarias eslovacas- los requisitos actualmente establecidos para la seguridad de alimentos, en virtud de la documentación presentada sobre composición y del examen del laboratorio del complemento dietético, se resolvió favorablemente la solicitud de comercialización de este complemento dietético”. Lo que sin duda deberá pesar también en el ánimo del Instructor en las próximas semanas o meses. Además con posterioridad se notificó su puesta en el mercado como complemento alimenticio en Bélgica, Alemania, Portugal, Inglaterra y otros países de la Unión. Y no está de más recordar que la notificación de aprobación de cualquier producto registrado en un país miembro bajo la directiva comunitaria lo convierte en producto de libre circulación en cualquiera de los estados miembros que hayan firmado dicha directiva, caso en el que se encuentra España. La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 3 de mayo de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre productos alimenticios destinados a una alimentación especial (89/398/CEE), incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 1809/1991, de 13 de diciembre, establece en su Art. 10.1. lo siguiente: “Los estados miembros no podrán prohibir o restringir el comercio de los productos contemplados en el artículo 1 y que sean conformes a la presente Directiva y, en su caso, a las directivas adoptadas en aplicación de la presente Directiva, por razón de la composición, de las características de fabricación, de la presentación o del etiquetado de los productos”.

Agregaremos que actualmente obran en poder de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid sendos expedientes de reconocimiento como complemento alimenticio y dietético de Renoven (actual nombre del Bio-Bac)acompañados de los registros de los países anteriormente mencionados. Bueno, pues las autoridades autonómicas no sólo no han acusado recibo de la misma sino que han notificado a la empresa comercializadora la ejecución de una consulta al Servicio Público Federal Belga en trámite de reconocimiento mutuo comunitario.
En suma, ¿qué va a hacer el Juez Instructor? ¿Perseguir penalmente un producto que hoy se puede comprar en Madrid o Portugal, Bélgica o Eslovaquia?

A la vista de lo señalado en el nuevo Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de los escasos resultados obtenidos hasta ahora por la instrucción del Juzgado nº 2 de San Lorenzo El Escorial y de que el producto ha recibido los correspondientes permisos en la Unión Europea para ser comercializado como complemento dietético todo hace prever que la representación legal de Rafael Chacón pedirá que el caso sea definitivamente sobreseído.

Sólo que si es así empezará un nuevo capítulo de esta historia. Nada habrá terminado. Porque la Asociación de Consumidores de Bio-Bac tiene presentada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado -pendiente de que la pieza principal del caso Bio-Bac se resuelva- contra Ana Pastor –ex ministra de Sanidad y Consumo-, Pablo Vázquez –ex Subsecretario del mismo ministerio y ex Presidente de la Agencia Española del Medicamento-, Fernando García Alonso –ex Director General de esa misma agencia- y Ramón Palop–ex Subdirector General de Seguridad del Medicamento de la misma agencia- por diversos posibles delitos, entre ellos los de imprudencia, prevaricación y falsedad documental en sus actuaciones por la incautación y retirada del Bio-Bac.

Asimismo continuarán los pasos de Rafael Chacón para demostrar los beneficios terapéuticos del Bio-Bac mediante nuevas investigaciones del más alto valor científico. De momento ya existe un acuerdo firmado por Chacón con el Centro de Investigación de Biotecnología y Genómica (EBIOTEC) que dirige el neuropsiquiatra e investigador español internacionalmente reconocido Ramón Cacabelos para examinar las posibilidades del Bio-Bac. Claro que ya en un estudio de citometría de flujo en cultivos celulares dirigido por Valter Lombarda -director del Departamento de Inmunología de Ebiotec y que se hizo antes de la firma del convenio- los resultados fueron incluso mejores de lo esperado. Y es que se demostró que se trata de un producto que en cultivos celulares llega a ¡multiplicar por cuatro! la expresión del poder inmunológico de los leucocitos. El resultado real que consigue el Bio-Bac lo refleja claramente la gráfica expresión con que el doctor Cacabelos lo explicaría en su momento en Discovery DSALUD: “El Bio-Bacpotencia la inmunidad una barbaridad (...) Lo que el estudio indica es que el producto, presumiblemente, sirve para combatir cualquier inmunodepresión así como para la lucha antioncogénica teniendo en cuenta que las células cancerosas, tras escapar a los primeros puntos de control genéticos y comenzar a proliferar, tienen en el sistema inmune su segunda gran barrera de control. Por tanto, podría postularse que la activación de la respuesta inmune es uno de los mecanismos del Bio-Bacpara inhibir la actividad oncogénica”.

El resultado no hace sino avalar lo sostenido por D. Fernando Chacón –padre de Rafael y creador del Bio-Bac- durante años. Quizás la próxima vez que el lento tren de la Justicia se pare sea en la estación “Hasta aquí hemos llegado. Ya está bien”.

 

Helena Santos
 



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