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NÚMERO 83 / MAYO / 2006

LUIS BERTELLI: “EL DERECHO A LA SALUD NO ES POSIBLE SIN UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE”

 

El derecho a la salud se halla hoy día en peligro. Y las causas son muchas y variadas aunque la principal sea una bien conocida: la enfermedad se ha convertido en uno de los negocios más prósperos y por tanto está controlado por grupos de interés a cuyo poder e influencia no escapa ningún gobierno ni organismo internacional, incluida la OMS. De ahí que la legislación sanitaria y las recomendaciones en ese ámbito sean objeto de luchas clandestinas especialmente desde que los estados dedican cantidades ingentes a ello. Por eso hay muchos aspectos que hoy limitan -o pueden hacerlo- el ejercicio del derecho a la salud. Incluida una judicatura corrupta. Hemos hablado de ello con el abogado Luis Bertelli, presidente de la Fundación JUREI (Justicia Responsable e Independiente)cuyo fin es lograr la independencia real de los jueces, su control por los ciudadanos, acabar con las injusticias judiciales y hacer que en verdad todos seamos iguales ante la ley.

Tras obtener su licenciatura en la Facultad de Derecho de Granada Luis Bertelli Gálvez decidiría seguir los cursos de doctorado sobre ¡prevaricación judicial! convencido ya desde muy joven de que en la JUSTICIA -así, con mayúsculas- no puede haber impunidad ni prebendas y de que es imposible un Estado de Derecho sin una judicatura realmente independiente pero donde los jueces estén también sometidos al imperio de la Ley. Miembro Colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, Bertelli es autor -entre otras publicaciones- del libro Clan Judicial y de una colección de obras jurídicas sobre derechos fundamentales -de aparición periódica, cuando su tiempo se lo permite- que está sirviendo de guía a otros compañeros abogados en la defensa de sus clientes.

Presidente de la Fundación JUREI (Justicia Responsable e Independiente) desde que se constituyó legalmente el 25 de mayo del 2004 dedica parte de su tiempo al cumplimiento de sus fines que reivindican “la independencia institucional del Poder Judicial para lograr su absoluta autonomía frente a los demás poderes del Estado” y “un diferente control de la Magistratura para que ésta tenga el deseado equilibrio entre poder y responsabilidad que nuestra sociedad necesita”. Asimismo JUREI se ha marcado como meta “la pretensión de que los derechos humanos garantizados en los Convenios y Pactos internacionales y en la Constitución Española sean efectivamente reconocidos y respetados a todos por igual”, objetivos que está dando a conocer mediante conferencias, especialmente en universidades, academias de la Guardia Civil, Policía y centros penitenciarios.

Luis Bertelli colabora y aconseja actualmente a varios despachos de abogados y sólo atiende en su bufete a un grupo reducidísimo de clientes en el convencimiento de que únicamente se puede hacer un trabajo serio, riguroso y responsable con garantías de éxito si uno se concentra en pocos casos y les dedica todo su tiempo y esfuerzo. Actitud que le honra y cuyos buenos resultados justifican esa decisión pero que le hace, desgraciadamente, inaccesible para la gran mayoría de las empresas y personas. Claro que hablamos de un abogado absolutamente atípico ya que su respeto hacia las personas que defiende le ha llevado en los pasados años ¡a denunciar a más de un centenar de jueces!... por negar la razón a quienes la tenían. Cuando se le pregunta por su currículo vital contesta que su único mérito profesional es: “no resignarme jamás a aceptar que 4.000 jueces puedan destruir la vida, el patrimonio y la dignidad de más de 40 millones de personas sin que les pase nada”.

Y que esa determinación no es nueva ni se trata de meras palabras lo demuestran sus muchas actuaciones jurídicas. Sirva como muestra lo que afirmó en la demanda que presentó el 6 de noviembre de 1995 ante el Tribunal Constitucional por “violaciones de derechos fundamentales” perpetradas contra sus representados. Escrito en cuyas Consideraciones Generales hacía acusaciones tan increíblemente fuertes en nuestro país como éstas: Veintitrés intensos años de convivencia con el Poder Judicial avalan la manifestación de este letrado de que en su seno tenemos a los mayores criminales de este país, no sólo por vulnerar impunemente las leyes penales sino por haber arruinado, abusando de su poder, la vida de infinidad de ciudadanos y obligado a tantos justiciables y profesionales a prostituirse conocedores de que los pleitos los ganan los más allegados al juez”. Agregando a continuación: “Es preocupante constatar que no existen esperanzas de controlar a nuestros jueces porque son todavía muchos los que se benefician de una justicia que es simple moneda de cambio (...)”. Afirmando asimismo que los jueces que habían fallado en el caso que recurría habían vulnerado los derechos fundamentales de sus representados, según sus propias palabras “brutalmente sacrificados por el omnímodo poder de unos jueces que vienen actuando por encima del propio Estado conscientes de que nadie pone freno a sus actuaciones”.

-Hay que ser muy valiente para denunciar públicamente al Poder Judicial como usted hace. Por sus palabras pareciera que no viviésemos en una democracia...

-Si realmente viviésemos en una democracia el respeto que se nos exige de forma unilateral a la autoridad y que sólo conduce a la obediencia y conformidad -que fue lo vivido con Franco- hubiese cambiado hacia un respeto mutuo permitiendo con ello la autonomía y libertad del ciudadano ¿Ha notado usted ese cambio? Aquí se nos sigue imponiendo el respeto a los jueces y a sus decisiones pero ellos ni nos respetan a nosotros ni lo que hacen se ajusta muchas veces a la legalidad sin que les pase nada por ello.

-¿Y cómo resolverlo?

-Luchando por conseguir esa Justicia responsable e independiente que nuestra Constitución consagra y dice que debemos tener pero que aún no hemos logrado lo que pondría de una vez fin a esa doble vara de medir que existe en nuestros tribunales en función de quiénes sean los justiciables.
-Algo se habrá ganado con la llegada de la democracia...

-En España los cambios legales de la democracia han consistido en crear leyes nuevas con espíritu antiguo lo que supone la pervivencia del viejo Derecho cargado de privilegios que sigue beneficiando a los mismos. Si además admitimos que continúa vigente entre nosotros lo que dijera el filósofo polaco Stanislav Jerzy Lec -“Todos somos iguales ante la ley pero no ante los encargados de aplicarla”- la desconfianza de los ciudadanos ante la Justicia está más que justificada. Y ni a los políticos ni a los personajes influyentes de nuestro país les interesa arreglar esta situación porque una Justicia mejor para los ciudadanos es obviamente una Justicia peor para ellos.

Tenga en cuenta que nos educaron en la creencia de que quienes infringen las leyes son castigados. Y también en la de que el acusado es siempre deshonesto y el juez honesto. Pero hoy contemplamos estupefactos que eso no siempre es así, que los jueces castigan muchas veces a las víctimas dejando en libertad a demasiados delincuentes. Hace poco le comentaba al presidente de una Audiencia Provincial que, en contra de lo que nos enseñaron de pequeños, hoy el criminal casi siempregana.

-¿No se respetan entonces nuestros derechos fundamentales?

-Los derechos humanos persiguen que el hombre viva como persona y por persona entiendo a un individuo con derechos y obligaciones. En España los ciudadanos nunca hemos tenido derechos, únicamente deberes. Lo grave es que nos resignamos y seguimos suplicando Justicia en vez de exigirla.

-¿Y cuál es a su juicio la solución?

-Por un lado necesitamos una Magistratura responsable. Los jueces no pueden escapar al principio axiomático de todo Estado de Derecho según el cual nada es incontrolable ni nadie irresponsable. Hay que exigir al Gobierno que implante el Jurado que prometiera para juzgar a nuestros jueces porque mientras sigan siendo juzgados por sus propios compañeros la irresponsabilidad del Poder Judicial continuará siendo la excepción a ese principio. Y por otro lado, hay que lograr la independencia del Poder Judicial, que los políticos dejen de controlar el nombramiento y ascenso de nuestros jueces. Si usted analiza las decisiones del Consejo General del Poder Judicial verá que están totalmente politizadas, que esos consejeros no defienden a sus representados -los jueces- sino al partido político que les puso en el cargo. Desgraciadamente el Gobierno se ha introducido en la Justicia.

-¿Diría usted que esa percepción es compartida por los ciudadanos?

-Sin duda.John Rawls fue el primero en avisar que el peligro de las democracias era que el Gobierno succione al Estado y eso ya ha ocurrido aquí donde el Poder Ejecutivo ha absorbido al Poder Legislativo y al Judicial. Aunque lo verdaderamente preocupante es ver a la sociedad adormecida o indiferente por el espejismo de la democracia creyendo que lo que había que conseguir ya se consiguió sin darse cuenta de que no vivimos en un Estado constitucional sino en uno absolutista.

-Luego según su parecer la razón de que en España no exista un Estado de Derecho auténtico se debe en buena parte a la actitud de indeferencia y miedo de los ciudadanos...

-Nuestra democracia empezó a morir el día en que los perseguidos y atropellados, pudiendo ya luchar por sus derechos, se resignaron. Desde entonces hemos tenido varios cambios de Gobierno pero los códigos de restricciones y castigos, como he dicho, permanecen invariables y hoy estamos verdaderamente como en la Edad Media. Los humilores nos sentimos igual de impotentes frente a toda clase de impuestos, servidumbres y vejaciones de los potentioris. España parece no querer salir de la Servocracia y continúa con el mismo miedo de hace siglos. Por eso rebelarse, que en Francia por ejemplo es el primer derecho inalienable de la persona –aparece incluso recogido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789- aquí sigue siendo considerado como una sedición a la Servocracia.

-Pues me va a perdonar pero los abogados son en buena medida responsables de lo que está pasando... con su silencio.

-Sí, creo que tenemos muchísima culpa. Los abogados somos el último asidero que le queda al justiciable para enfrentarse al Leviatán y de negarnos a denunciar las arbitrariedades judiciales que presenciamos no sólo dejamos indefensos a los clientes sino que dañamos enormemente el prestigio de la Abogacía y de la Justicia.

-Quizás por eso hay bufetes de "prestigio" que su trabajo jurídico no justifica...

-Muchas personas y empresas buscan a abogados “ilustres” o que tengan amistad con los jueces o los políticos... pero no se dan cuenta de que con ello puede que no sólo pierdan el pleito sino también su dignidad. Porque de surgir un problema con el Juez o la Administración que lleva el caso sus abogados van a evitar a toda costa enfrentarse con ellos. Todos conocemos numerosos ejemplos acaecidos estos últimos años en el ámbito de la salud -ustedes han denunciado varios- donde los injustamente agredidos, lejos de responder contundentemente a la agresión como desean, ven cómo sus abogados les aconsejan que asuman el rol de víctimas instándoles a que no pasen al ataque.

-Muy cierto. En los últimos años hemos asistido en el ámbito de la salud a atropellos vergonzosos por parte del poder político que habrían sido impensables si los jueces no estuviesen condicionados y fueran realmente independientes. Muchos políticos, funcionarios y jueces carecen hoy de ética y han perdido la dignidad.

-Sí, es muy grave. Aunque más grave resulta aún que el injustamente agredido pierda también la dignidad, como he dicho, por no querer enemistarse con su abogado o con el juez. Puede que con la estrategia de estarse quieto y asumir el papel de víctima espere ser declarado inocente o que se le autorice su producto o tratamiento –lo que es más que dudoso por los intereses que hay en juego- pero lo que está claro es que pagan por ello un precio muy alto: su honor y su imagen quedan en entredicho. Permitiendo además que quienes lo atacaron indebidamente sigan gozando de impunidad y dejando a su causa huérfana de la defensa que merecía lo que podría entenderse incluso como que no tenía tanta razón como decía y la eficacia de su descubrimiento se desvanece.

-Bueno, me temo que en todo esto los medios de comunicación tienen mucha parte de responsabilidad.

-Hace poco comenté a unos colegas suyos que en el periodismo se ha instalado la esencia del hombre hueco de Thomas S. Eliot“Obedece, calla y gana dinero”- lo que se traduce en una falta absoluta de independencia. Y sin ella desaparece todo atisbo de incitación a la rebeldía y a la protesta. Por eso seguimos anclados en la frase que mejor puede definir lo acontecido durante la dictadura:“No te enfrentes; déjalo que si no va a ser peor”. Mire, de haber muchas revistas como la suya la resignación hace tiempo que habría dado paso a la denuncia y a la reivindicación de cuanto nos corresponde.

-Gracias por sus palabras. Pero a los periodistas de los grandes medios de comunicación les pasa como a los políticos y a los jueces: tienen miedo. Viven constantemente amenazados y no se atreven a expresarse libremente. Están muy condicionados. Aunque muchos lo nieguen porque les da vergüenza. Y otro tanto pasa hoy con los médicos.

-¿Se da cuenta del alcance de su comentario? Hace un momento usted. decía que según mi parecerno hay un verdadero Estado de Derecho por el miedo y pasividad de los ciudadanos. Pero ahora lo dice usted e igualmente lo dirían quienes reflexionasen seriamente sobre este problema...
-Bueno, era una forma de hablar, no es que no compartamos ese punto de vista. Nosotros llevamos años denunciando lo que está pasando en el ámbito político, periodístico y judicial.

-Es cierto. Mire, el miedo a las represalias atenaza a casi todo el mundo pero no podemos seguir así si de verdad queremos desterrar de una vez por todas el enorme daño que nos hizo la Inquisición y tomamos conciencia de que debemos legar a las próximas generaciones la Justicia que a nosotros nos ha sido negada. No debemos olvidar que profesiones como las que ha citado son vocacionales, se ejercen porque se sienten, imprimen carácter y ello exige que tengamos el máximo respeto hacia lo que hacemos porque es lo que da sentido y contenido a nuestra vida. Muchos no lo entendieron así y llegaron amargados a la vejez. En cualquier caso debo reconocer que si bien hace treinta años me sentía solo en esta lucha hoy afortunadamente son cada vez más los abogados, periodistas e, incluso, jueces que se enfrentan a las injusticias lo que resulta muy alentador.

-Bueno, de hecho el problema hoy no está en ser honrado sino en atreverse a denunciar la corrupción. Destaparla trae muchos problemas. Lo sabemos bien por experiencia. Y sabemos que a usted le ha ocurrido otro tanto.

-Es verdad. He tenido que pagar un alto precio por ejercer con libertad y dignidad mi profesión. Sin embargo hoy los ataques han disminuido. Puede que en la cúpula del Poder Judicial se hayan dado cuenta de que los procesos que se me han abierto no hacen más que poner de manifiesto dos concepciones muy distintas de lo que debe ser la Justicia en nuestro país y no les interese seguir. Lo que está claro -y eso ya lo dijo Calamandrei-, es quesólo en los países donde existan abogados libres e independientes los jueces serán imparciales.

-Recuerdo, por cierto, que El País hace años le definió en grandes titulares como el “Torquemada de los jueces”…

-Así se escribe la historia. Igualmente señaló Interviú:“Jueces acusados y acosados por Luis Bertelli”... cuando el perseguido era yo. Además, no solo he denunciado jueces, también los he defendido. Y desde Fundación Jurei me preocupa exactamente igual su falta de independencia como de responsabilidad. Por eso me molesta ser calificado como inquisidor de jueces ya que no es verdad. Lo que pasa es que en contra de lo que muchas veces oigo el abogado se debe al cliente por lo que si no se le hace justicia el Juez lo tendrá enfrente y no a su lado. Y si se le aparta arbitrariamente de la razón que le asiste nunca será punto final sino punto y seguido ya que habrá que pedirle responsabilidad a ese juez. Esto es muy fácil de entender.

¿A que debemos pues aspirar los ciudadanos en relación con la Justicia?

-A que nuestros jueces no se distingan por la toga sino por su conducta, que se ganen el respeto de la ciudadanía por su trabajo responsable e independiente, que entiendan que la humanidad y la educación no están reñidas con la Justicia, que valoren la dignidad de cuantos acudimos ante ellos y que aprendan a pedir perdón por sus errores. Recientemente hemos visto al Juez del caso Outreau dar explicaciones de sus actos ante el pueblo de Francia. Hay que aspirar a que pase lo mismo en España.

-Suponemos que, como su propio nombre sugiere, Fundación JUREI nació con la idea de lograr en España una Justicia Responsable e Independiente.

-Nació por la necesidad que hay de cambiar la Justicia ya que desde tiempos inmemoriales se ha sentido temor hacia ella y no respeto. Hace casi 70 años un jurista decía que España es una corrida de toros en la cual los gobernantes son los diestros y los ministros y funcionarios las cuadrillas haciendo los ciudadanos de toro de lidia. Y el trapo rojo con el que se nos engaña, la Justicia. Esto tiene que acabar ya que la Justicia no puede seguir siendo patrimonio de unos pocos.

-Entre los objetivos de su fundación está el de prestar “asistencia social a los perjudicados y a sus familias como consecuencia de un funcionamiento anormal de la Justicia”. Perdone pero o es una declaración de intenciones o su fundación cuenta con miles de millones de euros y personal para atender decenas de miles de casos...

-La Fundación quiere dejar claro que está con los débiles, con los grandes ignorados de la Historia cuyas vidas no interesan a nadie a pesar de estar marcadas permanentemente por la injusticia y que no tienen fácil acceso al juez. Y persigue en esta primera etapa concienciar a cuantos estén igualmente sensibilizados con el problema de la Justicia para unirnos, porque aquí no hay protagonistas, solo objetivos.

-Pues en el ámbito de la salud tendrían ustedes mucho trabajo. Porque en España se están hoy vulnerando descaradamente los derechos de los pacientes.

-Los derechos de los pacientes no se circunscriben a que éstos gocen de una atención adecuada por parte de los profesionales de la salud. Eso se sobreentiende y se consigue en la práctica totalidad de los casos. Hay que llegar a que sean una realidad al menos dos derechos:

  1. El que otorgue al enfermo la posibilidad de acceder a sustancias o medicamentos que ayuden o pongan fin a la patología que padece, sean o no rentables para los laboratorios y sin que nadie pueda impedirlo con argucias legales.
     
  2. Y el de poder exigir que se faciliten y no que se entorpezcan las investigaciones sobre nuevos tratamientos que podrían ayudarles a superar su enfermedad en el caso de que los existentes no sean eficaces o suficientes.

Recordemos que la protección constitucional a la vida y a la salud no se limita a reconocernos esos derechos fundamentales frente a posibles agresiones sino que contiene un mandato al legislador para que contribuya eficazmente a su garantía. Por eso resulta intolerable poner frenos a la investigación de nuevos fármacos o tratamientos ya que la obligación de la Administración, por exigírselo así el artículo 15 de la Constitución, no es crear impedimentos sino favorecer tales iniciativas.

-Bueno, el mandato constitucional para que las autoridades velen por la salud y seguridad de los ciudadanos se ha estado utilizando de forma desviada para retirar con excusas peregrinas productos naturales e inocuos que quitan mercado a fármacos inútiles y peligrosos que, sin embargo, no se retiran.

-Ciertamente a todos nos llama poderosamente la atención que se ponga tan excesivo celo en retirar plantas medicinales que se han tomado toda la vida o productos naturales inocuos sólo porque se alegan propiedades terapéuticas mundialmente conocidas así como que se creen obstáculos prácticamente insalvables a la investigación de nuevos productos y tratamientos mientras que los convencionalmente existentes y aprobados no dan el resultado deseado, hecho que no quiere reconocerse. Aún más, la libertad de investigación, corolario del derecho fundamental a la salud, se vulnera tan pronto se impide a una persona participar en el progreso científico –y la Ciencia es imparable como decía Severo Ochoa- por lo que las leyes no pueden obstaculizar tal progreso. El problema es que se está respondiendo a los retos que surgen merced a los nuevos conocimientos con argumentos del siglo XIX y no del XXI.

-Por eso... y porque desde el poder se están protegiendo los intereses de las multinacionales farmacéuticas anteponiéndolos a los intereses de la ciudadanía.

-Sin duda. Porque, ¿quién y con qué criterios decide hoy en el ámbito sanitario? Están decidiendo personas individuales nombradas a dedo por el poder político y funcionarios cuya estrecha relación con las farmacéuticas es bien conocido en España y en todo el mundo. La salud de la sociedad está hoy prácticamente en sus manos. Y en cuánto a la investigación, ¿quién decide? Normalmente los comités de ética o bioética. ¿Y son independientes? Porque si dependen de alguien o de algo no valen. ¿Son pluralistas en el sentido de que están representadas en su seno todas las maneras de afrontar la enfermedad o sólo pertenecen a ellos quienes tienen una determinada visión de la salud y la enfermedad? Porque no siendo así sus dictámenes carecen de objetividad. Por otra parte no es aceptable que la Agencia Española del Medicamento o nuestro Ministerio de Sanidad y Consumo -que presuntamente deben velar por la salud de los ciudadanos- adopten decisiones que a veces chocan abiertamente con la legislación de la Comunidad Europea. Y no tiene ningún sentido que mientras en otros países se autoriza la investigación o el uso de determinados productos o tratamientos en otros se prohíba como se hace en el nuestro. Se han traspasado claramente las fronteras y los ámbitos donde tomar tales decisiones y las sanciones y restricciones deben dejar paso a la unificación de criterios. El Estado debe ayudar, no castigar.

-Usted sabe que en España los derechos más fundamentales en el ámbito de la salud no se respetan.

Evidentemente. Y tanto las personas afectadas como las empresas deben en tales casos reclamar sus derechos ante las autoridades sanitarias. Y si éstas no atienden esas reclamaciones acudir a los jueces. Y si éstos no los preservan o restablecen acudir al Tribunal Constitucional. No sólo por las actuaciones de los poderes públicos que hayan violado o puesto en peligro el ejercicio de esos derechos sino también frente a la negativa u omisión del propio legislador a adoptar las medidas necesarias para protegerlos o por impedir u obstaculizar injustificadamente avances científicos, nuevos productos o terapias encaminadas a mejorar la salud.

-Hay otro problema importante: el médico está hoy mal informado o desinformado -en general sólo le llega la información procedente de las grandes multinacionales - además de mal retribuido. Salvo excepciones los médicos están infravalorados económicamente y eso les hace mucho más sensibles a los cantos de sirena de las farmacéuticas. "¡Hay que sobrevivir!", alegan desesperados muchos para justificarse...

-Todos sabemos que los profesionales de la salud -y muy especialmente los médicos- merecen un respeto y consideración que actualmente se les está negando. Y si necesario y lógico es que exista la figura del Defensor del Paciente -otra cosa es que su nombramiento esté, de nuevo, políticamente mediatizado y rara vez represente a los ciudadanos- también lo es que se cree la del Defensor del Médico. Porque hoy, ¿quién defiende a los médicos? Buena parte trabaja en condiciones de cansancio extremo sin que la Administración lo valore, son objeto de agresiones de todo tipo y se les denuncia demasiadas veces sin fundamento alguno. Con lo que se está propiciando el ejercicio de una medicina defensiva.

-Cierto, porque hoy los colegios médicos se ocupan más de perseguir a quienes no piensan como la mayoría o, al menos, como piensan sus dirigentes que en defenderles. La utilización de los comités de ética para perseguir a los médicos que se apartan de la "ortodoxia" es vergonzosa. Muchos han terminado por ello injustamente en la cárcel. Han destrozado la vida de muchos de sus colegas. De hecho nosotros estamos convencidos de que si la colegiación médica fuera voluntaria y no obligatoria los colegios cerraban.

-Eso es incuestionable. Los colegios profesionales -y lo digo por propia experiencia- están más por adular al poder que por ayudar a los colegiados y me consta que muchos médicos han sufrido inmerecidos procesos teniendo motivos más que sobrados para estar desengañados. Pero pienso que si en lugar de actuar a la defensiva sus abogados hubiesen contraatacado no estarían hoy condenados. Y si así hubiera ocurrido finalmente al menos habrían sacado a la luz sus ideas y tendrían muchos más seguidores que les apoyarían -la historia está llena de ejemplos- porque, en definitiva, la razón es la que mueve el mundo y cuando ésta da un paso hacia delante la fuerza se ve obligada a retroceder porque la razón no retrocede jamás. Máxime en el ámbito de la Medicina donde se ignora la causa de la mayoría de las enfermedades y cómo curarlas. Sus tratamientos son casi siempre sintomáticos y paliativos. Atacar pues a quienes disienten de ellos y plantean nuevas concepciones y métodos es una posición equivocada que terminará volviéndose contra los propios colegios médicos. Por eso insisto una vez más: médicos y abogados tienen que perder el miedo y comenzar a exigir que se les permita practicar su profesión con libertad.

-El pasado mes el fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Emilio Valerio, se quejaba en las páginas de la revista de la falta de medios de su departamento y, sobre todo, de la falta de sensibilidad de la clase política y judicial en materia medioambiental. Es inconcebible que a día de hoy tanto las empresas de electricidad como las de telefonía sigan actuando a su antojo y que los políticos y jueces les permitan contaminar masivamente el medio ambiente sin exigirles que demuestren la inocuidad de las radiaciones electromagnéticas.

-En lo concerniente a las radiaciones electromagnéticas hay mucho por lo que luchar. El problema es que hablamos de una contaminación que con frecuencia sólo se manifiesta después de mucho tiempo de estar sometidos a ella y por eso la gente es menos consciente de su peligrosidad y protesta menos que en otros casos. A pesar de que cada vez más expertos se desesperan porque saben la verdad y ven que sus alarmantes informes son silenciados. Es más, no sólo no se les toma en cuenta sino que incluso se paralizan sus investigaciones y hasta les amenazan con sanciones si deciden continuar con ellas. A los gobiernos sólo les interesan los dictámenes oficiales y partidistas que hablan de que no está demostrada la peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas cuando son las empresas de electricidad y telefonía las que deben soportar la carga de la prueba y demostrar que son inocuas.

Sinceramente, si no se cambia de actitud pronto no sé como los gobiernos van a poder afrontar las consecuencias negativas que se producirán en la salud de la población si las predicciones que vienen haciendo los científicos se cumplen. Las declaraciones de Friburgo y de Alcalá en ese sentido -entre otras- son claras y yo creo que es posible ya empezar a exigir responsabilidades. Porque insisto: son las empresas propietarias de las antenas de telefonía y de las torres de alto voltaje y centros de transformación las que deben probar que sus instalaciones no causan daño alguno a la salud; así lo vienen reconociendo hoy los Tribunales. Que continúen pues instalándose antenas de telefonía y torres de alta tensión por doquier –algo de especial gravedad cuando se ubican cerca de colegios, guarderías y hospitales- es intolerable. Puede decirse que están experimentando con nosotros sin nuestro consentimiento y, a veces, a pesar incluso de nuestra oposición lo que atenta contra el Código de Nüremberg y el Convenio de Oviedo relativo a Derechos Humanos y Biomedicina.

-Bueno, nos encantaría seguir esta charla pero el espacio en la revista es limitado. Suponemos en todo caso que podremos conocer más ampliamente sus opiniones sobre otros temas relacionados con la salud en el congreso que la revista organiza este mes de mayo en Madrid. Especialmente en lo que se refiere a qué hacer desde el punto jurídico cuando nuestros derechos se violan.

-Así será. Llevo muchos años convencido de que luchar por nuestros derechos no sólo nos dignifica sino que nos hace sentirnos mucho mejor que si cedemos y renunciamos a lo que nos corresponde.

-Cuente para ello con nosotros.

-Lo haré. No tenga duda.

 

José Antonio Campoy
 



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