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     REPORTAJES
NÚMERO 63 / JULIO - AGOSTO / 2004

¿PODRÁ LA INDUSTRIA QUÍMICA SEGUIR CONTAMINÁNDONOS IMPUNEMENTE?

 

La industria química se niega a ser controlada. De hecho, ha conseguido que se retoque el proyecto de ley REACH (siglas en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de Químicos) antes de ser enviada al Parlamento Europeo que debe decidir si se prohíben las sustancias químicas sobre cuya seguridad hay dudas o si se sigue aceptando su utilización. Y la cuestión es peliaguda porque el 86% de los 2.500 productos químicos más usados carecen de información pública sobre su seguridad. El proyecto REACH es pues la última gran oportunidad de controlar a una industria a la que se exige mucho menos en materia de salud que a la de los complementos alimenticios a pesar de utilizar productos tóxicos, muchos de los cuales están ya presentes en nuestros hogares ¡y en nuestro organismo!

Los europeos hemos elegido hace sólo unos días a los nuevos representantes del Parlamento de la Unión ante la indiferencia de la gran mayoría que no acaba de entender que los grandes proyectos que decidirán su futuro y el de sus hijos “se discuten” actualmente –es un decir- no en sus parlamentos nacionales sino en la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos. Una desinformación que ha permitido que los burócratas europeos hayan puesto hasta ahora más interés por ejemplo en controlar y limitar la comercialización de complementos alimenticios, fitoterapéuticos y ortomoleculares que en buscar soluciones al descontrol de las sustancias químicas con las que a diario convivimos, algunas de ellas enormemente tóxicas y bioacumulativas. De hecho, la situación de amenaza para la salud pública ha llegado a tal punto que la Comisión Europea no ha podido ya seguir ignorando que se desconoce el impacto real sobre nuestra salud del 95% de las 100.000 sustancias químicas que forman parte de nuestro entorno cotidiano. La Agencia Europea del Medio Ambiente en Septiembre del 98 ya afirmaba públicamente que “las sustancias y preparados químicos producidos por el ser humano se dispersan por el aire, el suelo, los sedimentos acuáticos, y la flora y fauna del medio ambiente europeo tras la comercialización de hasta 100.000 sustancias químicas en la Unión Europea, así como su uso, desecho y degradación. El grado de monitorización e información sobre estas sustancias es bajo (...).” Añadiendo, en un aterrador reconocimiento, que“la exposición generalizada a bajas dosis de sustancias químicas puede estar causando daños, posiblemente irreversibles, especialmente a grupos sensibles como la infancia y las mujeres embarazadas”.
Ante esta realidad y la presión de algunas organizaciones sociales, medioambientales y de protección de la salud la Comisión Europea encargó en el año 2001 la elaboración de un Libro Blanco para tratar de resolver el problema y en él se sentaron las bases de la propuesta REACH, (en inglés, Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Obviamente, a los autores del documento no les quedó más remedio que denunciar el descontrol existente sobre la peligrosidad de las sustancias químicas: “Existe una falta general de conocimientos sobre las propiedades y los usos de las sustancias químicas. La información sobre ellas es difícil de conseguir. Y la de sus potenciales peligros es, en general, escasa. Sólo se pueden tomar decisiones para seguir experimentando con las sustancias mediante un largo procedimiento de comités y esas investigaciones sólo pueden exigirse a la industria después de que las autoridades hayan probado que una sustancia puede representar un peligro grave. Sin los resultados de los experimentos, sin embargo, es casi imposible proporcionar tales pruebas. La evaluación de riesgo final se ha completado, como consecuencia, sólo para una pequeña cantidad de sustancias”. En otras palabras: se ignora prácticamente todo de los potenciales peligros de las más de 100.000 sustancias químicas que se comercializan hoy día. ¡Espeluznante!

Pues bien, el objetivo del mencionado Libro Blanco era acabar con esa falta de información, prohibir las sustancias especialmente peligrosas y además invertir la “carga de la prueba” a fin de que tenga que ser la industria la que pruebe la ausencia de peligro de sus productos y no al contrario. Como el lector supondrá las expectativas creadas fueron esperanzadoras... hasta que el pasado mes de Octubre, tras dos años de consultas, la Comisión dio a conocer su proyecto. Y lo que parecía un intento definitivo de poner orden en el caos se convirtió –especialmente a ojos de las organizaciones medioambientales y de protección de la salud- en un texto condicionado por los lobbys industriales. John Hontelez -de la Secretaría General de la Oficina Europea de Medio Ambiente- denunciaría lo ocurrido: "Unas pocas compañías han manejado a la Comisión para sentar un precedente peligroso: los intereses comerciales pueden prevalecer sobre la salud pública y la protección del medio ambiente”. En la misma línea de denuncia, la Organización WWF/Adena lamentó“que la Comisión Europea haya debilitado REACH, posiblemente como consecuencia de la intensa presión de la industria química”.

En todo caso, la guerra no ha terminado. El proyecto entra ahora en el Parlamento Europeo recientemente constituido que tiene en su mano retomar de nuevo el rumbo del texto inicial. Modificar lo modificado previamente es el único camino que, a juicio de las organizaciones sociales, permitirá garantizar nuestra salud. Así lo apunta Sylvia Altamira -de la organización Women in Europe for a Common Future- tras conocer el texto de la Comisión: “No queremos que nuestro derecho a vivir y a trabajar en un ambiente saludable esté comprometido. Necesitamos que el Parlamento Europeo y el Consejo fortalezcan la propuesta sobre política química y aseguren que la protección de la salud es lo primero".

Cabe añadir que en todo este proceso nuestros dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE) han mantenido -una vez más- un silencio culpable ante la opinión pública: ni debates, ni información, ni posturas definidas y comprometidas. Y, sin embargo, su postura y la de los grandes grupos en los que están incluidos a nivel europeo será decisiva para tratar de mantener el texto lo más libre posible de las presiones de la industria y del Gobierno norteamericano que, en los últimos meses, ha maniobrado contra el texto inicial en un intento de primar los beneficios económicos de las grandes corporaciones en lugar de proteger la salud de los ciudadanos.

LA SALUD AMENAZADA

En suma, a pesar de que el 93% de los europeos están convencidos de que los productos químicos afectan a su salud -según el Eurobarómetro del 2003- y de que existen miles de productos químicos utilizados a gran escala sobre los que no se dispone de suficiente información sobre su peligrosidad resulta sorprendente constatar que todo está por hacer. Y estamos en el 2004. Después de 47 años de existencia del Tratado de Roma y a punto de firmar una nueva Constitución Europea nos enteramos de que el control de productos químicos es un desastre. El propio prólogo del reglamento propuesto por la Comisión, a pesar de su lenguaje político, es bastante explícito: “Hay una carencia general de conocimientos a disposición de la población acerca de las propiedades y usos de las sustancias químicas. El proceso de determinación del riesgo es lento, requiere numerosos recursos e impide que el sistema funcione de manera efectiva y eficaz. La asignación de responsabilidades es inadecuada pues dicha determinación compete a las autoridades públicas y no a las empresas que producen, importan o utilizan las sustancias. Por otra parte, la legislación vigente sólo obliga a los fabricantes e importadores de sustancias a facilitar información pero no impone obligaciones análogas a los usuarios intermedios (usuarios industriales y formuladores). Así pues, es difícil obtener información sobre el uso de las sustancias y los datos sobre la exposición derivada de los usos posteriores en la cadena de suministro suelen ser escasos. La realización de ensayos complementarios de una sustancia sólo puede decidirse mediante un largo procedimiento a través de los comités y solicitarse a la industria únicamente si las autoridades han demostrado que la sustancia puede entrañar un riesgo grave. Sin embargo, si no se dispone de resultados de ensayo resulta prácticamente imposible demostrarlo; de ahí que la determinación del riesgo definitiva se haya efectuado en muy pocas sustancias”. Tal es el texto oficial de la Comisión y está escrito en octubre del 2003. ¡Para echarse a temblar!

En suma, los burócratas europeos permanecen con los ojos y oídos cerrados a pesar de que cada vez son más los efectos negativos atribuidos por científicos y médicos a la contaminación química. A fin de cuentas hablamos de sustancias químicas que están presentes en casi todo lo que usamos a diario, desde productos de limpieza e higiene hasta ropa, cosméticos, muebles, envases e, incluso, juguetes. ¿Cómo extrañarnos de que la contaminación actual de nuestros organismos sean tan grave, como ya denunciamos en el nº 58 de la revista (lea el artículo Estamos todos altamente contaminados en nuestra web: www.dsalud.com) ¿Cómo va a resultar extraño que el esperma de un joven de 30 años sea hoy a veces de peor calidad que el de un hombre de 60 o que los varones pierdan capacidad reproductora al ritmo de un 1% anual?

Y es que -de forma resumida- hoy se afirma que la contaminación química aparece como responsable de:

-Buena parte de la mortalidad infantil.

Alrededor del 55% de las muertes infantiles pueden atribuirse a anormalidades congénitas, complicaciones por bajo peso o parto prematuro, síndrome de muerte súbita del lactante o complicaciones en el parto. Y el riesgo de desarrollar tales desórdenes se incrementa con la exposición a los productos químicos. En suma, aunque desciende el número de muerte debidas a otras causas las anormalidades congénitas no disminuyen.

-Gran parte de las enfermedades autoinmunes.

Los casos de asma, alergias y enfermedades autoinmunes están aumentando en todo el mundo y varios estudios demuestran que hay determinadas sustancias químicas que pueden ser las responsables. Sustancias que afectan al sistema inmune desde la edad infantil aunque sus efectos a veces no se manifiesten  hasta la edad adulta.

-Numerosos casos de cáncer.

La influencia medioambiental es un factor determinante -que nadie niega ya- en la aparición de cáncer. Y cabe destacar que entre los niños de 1 a 19 años esa enfermedad es la tercera causa de muerte más importante y que sólo entre un 5 y 10% de los mismos se han podido relacionar con factores genéticos. Gran parte del resto parece estar relacionado con una amplia variedad de factores medioambientales.

-Enfermedades del sistema nervioso.

Se están incrementando las discapacidades en el desarrollo, aprendizaje y comportamiento desde la infancia.

-Desórdenes del desarrollo y del sistema reproductor.

Desórdenes como el descenso del recuento espermático, las disfunciones testiculares y el riesgo de cáncer testicular están aumentando. Ello se debe probablemente a una disrupción de hormonas sexuales durante el desarrollo y se ha identificado una amplia variedad de sustancias químicas que actúan como disruptores endocrinos.

-Enfermedades profesionales.

Una larga lista de enfermedades podría elaborarse como producto de la contaminación química, desde las causadas por trabajar en “edificios enfermos” hasta aquellas directamente provocadas por el contacto directo con determinadas sustancias tóxicas.

No queremos seguir aunque podríamos ampliar mucho más la lista de daños potenciales ya que como demostró Greenpeace en un estudio sobre las sustancias químicas presentes en el polvo de nuestros hogares son numerosas las sustancias tóxicas que forman parte de nuestra realidad diaria. Por ejemplo, se sabe que algunos ftalatos -muy usados como flexibilizantes en pavimentos, juguetes y otros productos de PVC flexibles (vinilo)- son tóxicos para el desarrollo del sistema reproductor de los mamíferos y que los alquilfenoles utilizados en algunos champúes y otros productos de higiene personal así como una serie de sustancias bromadas usadas como pirorretardantes pueden interferir en el sistema endocrino, vital para el crecimiento y el desarrollo. Asimismo, los compuestos organoestánnicos -empleados como fungicidas o como estabilizadores del PVC duro o blando- son perjudiciales para el sistema inmune de los mamíferos, incluyendo los humanos.

REACH, LA ÚLTIMA BARRERA

En suma, la mejor manera de garantizarnos una defensa preventiva contra la contaminación química sería aplicar los mecanismos diseñados con la creación de una nueva Agencia de Control y el proceso estructurado ya mencionado de tres fases: Registro, Evaluación, y Autorización de Sustancias y Preparados Químicos (REACH).

Registro. Según la nueva norma los fabricantes de productos químicos estarían obligados a enviar un dossier sobre la inocuidad de cada sustancia que produzcan en cantidad superior a una tonelada anual a una Agencia Química Central de nueva creación. La documentación exigida en primera instancia dependería del volumen de producción. Los plazos serían más cortos para las sustancias de las que se produzcan más de 1.000 toneladas. Y se prohibiría todo agente cancerígeno, mutágeno o tóxico.

Evaluación. En una segunda fase un grupo de expertos deberá evaluar los datos de seguridad para cantidades mayores y ciertos productos preocupantes. Cualquier propuesta de la industria para estudiar las sustancias en animales deberá ser además examinada y aprobada antes por las autoridades. Y será obligatorio compartir los datos -incluso los ya existentes- provenientes de pruebas en animales a fin de evitar tener que llevar a cabo muchas nuevas pruebas.

Autorización. Solo las sustancias extremadamente preocupantes -carcinógenos, mutagénicos, toxinas reproductivas, bioacumulativos, muy bioacumulativos y alteradores endocrinos- estarán sujetas al proceso de Autorización. Y deberán ser siempre eliminadas y sustituidas por productos alternativos más seguros a menos que la industria pueda demostrar un “control adecuado” de riesgos de utilización o que su valor “socio-económico” supere los riesgos.

Pues bien, es precisamente esa figura de “control adecuado” introducida en el texto de la Comisión la que suaviza la propuesta legislativa más allá de lo que las organizaciones sociales esperaban. Porque la experiencia demuestra que las sustancias que son persistentes y bioacumulativas no se pueden controlar. Es imposible controlar todos los factores de uso y combinación con otros elementos distintos a los que se somete a esos productos en el laboratorio. No hay estudio que controle todo lo que puede tocar, chupar o aspirar un bebé en un día -por ejemplo- y cómo van a reaccionar las distintas sustancias entre sí. Sin embargo, las sustancias peligrosas acaban tarde o temprano en el medio ambiente y, por fin, en el cuerpo de los seres vivos donde tienden a acumularse en los tejidos grasos ante la imposibilidad para la Naturaleza de eliminarlas.
WWF Adenaremarca el peligro existente en el texto tal y como ha llegado al Parlamento Europeo: “En la actualidad el sistema de autorización permite que las compañías continúen utilizando productos altamente preocupantes aduciendo que su uso será ‘controlado de forma adecuada’, incluso si existen alternativas”. En la misma línea crítica con el actual texto se manifiesta Greenpeace: “Para aquellas sustancias que son cancerígenas, tóxicas para la reproducción, persistentes y bioacumulativas, o capaces de alterar el sistema endocrino es difícil entender cómo un uso continuado puede ser autorizado bajo el concepto de ‘adecuadamente controlado’. El ‘control adecuado’ está sustentado en el hecho de asumir un nivel de riesgo aceptable. Nosotros consideramos que cuando existe disponible una alternativa más segura, a un coste razonable, no hay necesidad de arriesgarse. La meta de una política de sustancias químicas debería ser acabar con la exposición a sustancias químicas generadas de forma intencionada cuyas propiedades intrínsecas son extremadamente preocupantes. Eso es el Principio de Sustitución y es el gran promotor de la innovación y de la química verde”.

¿Y en qué consiste el llamado Principio de Sustitución, corazón de la nueva ley? Pues en:

-La obligación de sustituir las sustancias químicas más peligrosas por otras. Ello acabaría con la confusión, ineficiencia y peligrosidad de la autorregulación voluntaria de las empresas.

-La eliminación de las sustancias químicas persistentes y bioacumulativas y su sustitución por alternativas más seguras. Se lograría así -con el tiempo- que los niveles de toxicidad en el medio ambiente y en los organismos de los animales y de los seres humanos comiencen a disminuir. Los pleitos por la presencia de sustancias químicas en alimentos, juguetes, leche materna, etc., se reducirían también drásticamente.

-La ley sería un vehículo para la innovación y dirigiría la investigación hacia el desarrollo de sustancias intrínsecamente seguras. Esto podría suponer un impulso significativo a la naciente industria de la “química verde” en la Unión Europea.

En suma, ¿”sustitución” de los productos peligrosos para la salud y el medio ambiente o “control adecuado” de los mismos? Tal va a ser el principal caballo de batalla en los próximos meses. Y hay que decir que pese a las protestas de la industria no parece que ésta pueda excusarse para oponerse en razones económicas. La Comisión Europea ha estimado que el coste para la industria química de poner en marcha REACH es de unos 200 millones de euros al año... durante once años. Una minucia teniendo en cuenta que sólo en el 2002 las 50 principales compañías químicas europeas obtuvieron 15.000 millones de euros de beneficios. Dicho de otra manera, el coste de REACH para la industria química representará menos de 50 céntimos por ciudadano europeo y año durante los 11 años de su puesta en marcha. ¡Exactamente lo mismo que la industria gastó en 1999 sólo en mejoras ambientales para almacenar residuos! La conclusión de un estudio realizado para WWF/Adena por miembros del University Collage de Londres fue aún más contundente: “Estamos seguros de que REACH incluso generará beneficios”.

En suma, ¿comprenderán quienes se oponen a la normativa más estricta que la presencia de productos más seguros no sólo aumentará la confianza de los consumidores –y, por tanto, podrían aumentar las ventas de los mismos- sino que disminuirán además los juicios por responsabilidad –y, por ende, las posibles indemnizaciones compensatorias- de forma considerable? Es dudoso. De ahí que sea previsibleque durante el paso de REACH por el Parlamento Europeo vuelvan a repetirse las presiones que han conseguido retrasar un año la adopción del nuevo sistema. Presiones, por cierto, procedentes no solo de la industria europea sino también del Gobierno norteamericano.

EL “INFORME WAXMAN”

Indudablemente, si la REACH establece en razones económicas que la normativa sobre las sustancias químicas usadas en Europa debe de cumplirse tanto por los fabricantes europeos como por los de fuera de la Unión -como parece obvio- la industria norteamericana no tendrá más remedio que adaptarse afrontando los costes. Algo a lo que no parece dispuesta. De hecho, el Partido Demócrata norteamericano viene denunciando desde hace meses las presiones que el Gobierno de George Bush y distintas agencias federales vienen realizando a favor de la industria química de ese país ante las instituciones europeas. El congresista demócrata Henry A. Waxman -representante desde 1974 por California y una de las figuras principales en el conflicto entre el Congreso y la Casa Blanca en torno a la política energética de la Administración Bush- considera que se están siguiendo procedimientos similares para beneficiar a la industria química. En su intento de demostrar que las medidas sobre política energética habían sido pactadas entre la Administración a través del vicepresidente Cheney y la industria los demócratas acabaron forzando la intervención de la General Accounting Office (GAO), un organismo apartidista dependiente del Congreso para controlar las actividades del ejecutivo. Finalmente, un juez federal un juez federal decidió que la GAO no tuviera acceso a los documentos solicitados en base a los privilegios ejecutivos de la Casa Blanca. El caso quedó así de momento a la espera de nuevos procedimientos judiciales promovidos por organizaciones medioambientales.

Pues bien, Waxman está convencido de que la situación se repite de nuevo y para demostrarlo ha elaborado un documentado informe titulado A Special Interest Case Study: The Chemical Industry, the Bush Administration, and European Efforts to Regulate Chimicals. El informe está basado en documentos obtenidos por la Environmental Healt Fund, una organización medioambiental benéfica y fueron aportados a la División Especial de Investigaciones. Tal y como queda establecido en su introducción,“los documentos muestran cómo a requerimiento de la industria química norteamericana la Administración Bush montó una campaña con el fin de bloquear los esfuerzos de la Unión Europea para regular a las compañías químicas”.

Los documentos examinados por la División Especial de Investigaciones son una serie de e-mails, cables y documentos de laAgencia de Protección del Medio Ambiente, del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio y del U.S. Trade Representative sobre la iniciativa REACH. Estos documentos muestran -entre otras cosas- que desde que la iniciativa fue propuesta en Febrero del 2001 la Administración Bush “ha mantenido constantes encuentros con la industria química norteamericana para conocer sus intereses y preocupaciones”, que en marzo del 2002 la Secretaría de Estado de Colin Powell envió un cable a la delegaciones diplomáticas norteamericanas en el que se daban instrucciones para objetar la propuesta REACH como “un sistema regulador costoso, pesado, y complejo” y que funcionarios de las cuatro agencias federales antes mencionadas planearon una gama amplia de acciones para construir la oposición a REACH, incluyendo asignar representantes de la industria que se coordinaran con los lobbys de países específicos, viajando a Europa para encontrarse con gobiernos y representantes de la industria, y urgiendo a Asia y a otros países no-europeos a oponerse al REACH. Incluso existe un documento presentado en el informe del congresista demócrata en el que se recoge el encuentro de un alto dirigente de la industria química con un alto dirigente del Departamento de Comercio a fin de “agradecer los esfuerzos del Gobierno para reunir apoyos a la posición de la industria norteamericana”.

Como afirma Waxman, “tomados en conjunto los documentos descritos en este informe proporcionan un preciso ejemplo sobre cómo determinados intereses bien conectados pueden invertir la política americana y suscitar el apoyo de numerosos funcionarios federales -incluso una Secretaría de Estado- para intervenir en las políticas medioambientales de otros países. Bajo la Administración del presidente Clinton los Estados Unidos adoptaron la política de reconocer la autoridad de otras naciones para proteger su salud pública y medioambiental. Incitado por la industria química, sin embargo, la Administración Bush ha invertido esa política y se opone activamente a los esfuerzos de la Unión Europea para mejorar el sistema regulador de sustancias químicas. La oposición de la Administración a la iniciativa ha sido amplia involucrando a múltiples agencias gubernamentale y  a la Secretaria de Estado de Colin Powell preparando una estrategia internacional de presión estrechamente coordinada con representantes de la industria”.

Según refleja el informe, la industria química americana se opuso fuertemente desde el principio a REACH al considerar que el proyecto europeo de regulación interferiría en el comercio de sus productos, aumentaría los costos debido a las pruebas exigidas y el proceso de evaluación, y desincentivaría las inversiones. Por eso propone en su lugar la adopción de medidas voluntarias y algunos acuerdos multilaterales.

Waxman recuerda además que la industria química contribuye siempre a las campañas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y tiene por ello acceso a cargos importantes de la Administración de turno. Por ejemplo, desde el año 2000 ha aportado más de 21 millones de dólares como “contribución” a las últimas campañas. ¡Yendo el 79% a parar a los republicanos de George Bush! Y según la última línea del informe de Waxman con éxito: “La Unión Europea –dice-ha terminado adoptando numerosos cambios propuestos por la Administración Bush”.

En suma, se abre un proceso de dos años repleto de dificultades en el que el nuevo Parlamento Europeo -con 730 miembros- deberá decidir entre proteger realmente la salud de los ciudadanos o aceptar la tibia propuesta de la Comisión surgida tras las presiones de la industria química a través de la Administración Bush. Y, obviamente, si su propuesta se impone quedará claro que, en el fondo, la “nueva Europa” sigue siendo un imperio en manos de mercaderes donde el bienestar de los ciudadanos sólo importa mientras puedan seguir siendo consumidores. De ahí que las organizaciones medioambientales y de protección de la salud pidan la mayor implicación posible a los ciudadanos a fin de ganar esta batalla por la salud. La Oficina Europea de Medio Ambiente, Amigos de la Tierra y Greenpeace -entre otras organizaciones- han abierto para ello una página web -www.chemicalreaction.org- con el fin de conseguirlo. “Para mejorar la ley –puede leerse en la web- necesitamos tu ayuda. Debemos contrarrestar la voz de los fabricantes
Que cuenten con todos nosotros.

 

Antonio F. Muro

 


 

Sustancias químicas presentes en objetos cotidianos sospechosas de causar problemas para la salud:

Compuestos organoestánnicos y alquilestánnicos. Usados en agentes antibacterianos y como catalizadores en la producción de plásticos; por ejemplo, en algunos productos de PVC y envases. Son persistentes, bioacumulativos y se cree que interfieren con el sistema endocrino. Los compuestos alquilestánnicos también pueden atacar al sistema inmune y a las neuronas.

Bisfenol A.Usado en la producción del revestimiento interior de algunas latas de alimentos es un ingrediente de las botellas de policarbonato. Se trata de un disruptor hormonal y se sospecha que afecta a los órganos reproductores masculinos y femeninos.

Pirorretardantes bromados (PRBs). Usados en tejidos, muebles y plásticos (por ejemplo, en ordenadores personales) para contrarrestar la propagación de incendios. La mayoría de los PRBs son persistentes y bioacumulativos, y varios de ellos han sido identificados como disruptores hormonales. La exposición a estas sustancias ha demostrado interferir en el desarrollo cerebral de algunos animales.

Ftalatos. Utilizados en muchos productos de PVC (por ejemplo, en revestimientos de vinilo para el suelo y en juguetes), pegamentos y tintas así como en disolventes, cosméticos y productos higiénicos. Varios ftalatos son disruptores hormonales. Algunos causan daños en el hígado, los riñones y los testículos.

Alquilfenoles y derivados. Usados como detergentes industriales así como en algunas pinturas y varios plásticos. Son disruptores hormonales y pueden dañar el sistema inmune.

Almizcles sintéticos. Fragancias añadidas a muchos productos como perfumes, cosméticos y detergentes para ropa. Son persistentes y bioacumulativos. Algunos son disruptores hormonales. Pueden causar daños en el hígado e interferir con las funciones cerebrales.

Triclosan.Se trata de una sustancia antibacteriana que se añade a una amplia variedad de productos, incluyendo lavavajillas, jabones líquidos, enjuagues bucales, trapos de cocina y tablas de cortar. Ahora se está utilizando como contaminante en la leche materna y en el pescado lo que demuestra su débil descomposición en el medio ambiente y su capacidad para contaminar nuestros cuerpos.

Fuente: www.chemicalreaction.org

 


 

Calendario de tramitación del REACH

El Parlamento Europeo procederá a iniciar en los próximos meses una primera lectura de la propuesta de la Comisión.

La Comisión de Medioambiente del Parlamento será probablemente la que lidere este asunto y tendrá que seleccionar un ponente que dirija la redacción de un primer borrador (tiene un año de plazo para ello). Otras comisiones -incluyendo Industria y Asuntos Legales- examinarán también la legislación. Una vez la Comisión de Medioambiente elabore el informe (sugiriendo enmiendas a la legislación) éste será debatido y corregido. Será entonces cuando el Consejo -constituido por los países miembros- recibirá el texto, lo discutirá y llegará a un acuerdoque se someterá, tras su lectura, a la aprobación del Parlamento. Luego, una vez el Consejo reciba el texto del Parlamento acordará un “Posicionamiento Común” que generalmente incorpora una serie de enmiendas a la propuesta de legislación por la Comisión... que puede o no reflejar las enmiendas del Parlamento. Ese Posicionamiento Común se acuerda por mayoría cualificada aunque hay tendencia en el Consejo a buscar un consenso. Después el texto es enviad de nuevo al Parlamento.

La “segunda lectura” comienza cuando el Parlamento recibe el Posicionamiento Común del Consejo y cuenta con tres meses (cuatro si coincide con un mes de vacaciones) para decidir en votación plenaria si mejorar, aceptar o rechazar el Posicionamiento. Como en las ocasiones anteriores la discusión comienza en las comisiones y acaba en la votación plenaria.

La Comisión tiene la oportunidad de decir si aceptan o rechazan las enmiendas del Parlamento y reenviar la legislación al Consejo, que tiene tres meses para alcanzar un acuerdo (por mayoría cualificada si la enmienda ha sido aceptada por la Comisión: y por unanimidad si la Comisión rechazó la enmienda). Si el Consejo acepta todas las enmiendas del Parlamento Europeo entonces la propuesta legislativa pasar a ser ley (improbable en este caso). En caso contrario, la legislación entra en Conciliación.

En tal caso el Consejo convoca un Comité de Conciliación, formado por 15 miembros de la Comisión, 15 del Parlamento y otro miembro de la Comisión sin derecho a voto. Este comité debe alcanzar un acuerdo en un Texto Conjunto dentro de las siguientes seis semanas, por mayoría cualificada de los representantes del Consejo y mayoría simple de los representantes del Parlamento. Si tras seis semanas no se llega a un acuerdo la legislación fracasa.

El Texto Conjunto será el texto final de la legislación aunque haya retrasos antes de su publicación en el Diario Oficial que será cuando llegue a hacerse ley. Estos retrasos incluyen los procesos formales y la traducción a todos los idiomas de la UE.
Se calcula que será para el primer trimestre del 2006 cuando el proceso llegue a su fin.

Cuando se ha acordado una nueva legislación ésta tiene que implementarse. En este caso será a través de un Reglamento que es de aplicación directa en los estados miembros. Es posible también que la legislación deje muchos temas sin decidir en detalle que tendrían que continuar desarrollándose en la Comisión a través de los Comités creados en el proceso llamado Comitología y que involucra a los estados miembros y expertos de la Comisión y permite la participación de otros agentes implicados.
 



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