Ángela Jaén Martín, afectada de hipersensibilidad electromagnética, decidió suicidarse hace unas semanas porque tras verse obligada a abandonar su casa debido a los altos niveles de radiación que emitía una antena de telefonía situada a solo 50 metros tuvo que ver, desesperada e impotente, cómo era irradiada otra vez en la nueva vivienda en la que se había refugiado. La Asociación de Electrosensibles por el Derecho a la Salud -recién creada- ha decidido denunciar su caso como exponente del sufrimiento que hoy experimentan muchas personas afectadas que no encuentran ni tratamiento sanitario ni apoyo institucional que permita acabar con los atentados de este tipo perpetrados impunemente por las compañías eléctricas y de telefonía.

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Que las radiaciones electromagnéticas constituyen hoy una de las principales causas de enfermedad es algo indiscutible y sin embargo ni nuestros representantes políticos y sociales, ni las autoridades estatales, autonómicas y locales, ni los jueces, ni los periodistas, ni la mayoría de las organizaciones de consumidores hacen algo para afrontar el problema. Lo demuestran las respuestas que en los últimos meses ha recibido de multitud de cargos públicos la World Association for Cancer Research (WACR) –Asociación mundial para la investigación del cáncer- con motivo de la documentada denuncia que sobre ello hizo esa organización hace varios meses. Lo damos a conocer para escarnio y vergüenza de sus firmantes.

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