La Defensora del Pueblo Europeo considera nulo el informe que negaba la peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha dado la razón a la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) –entidad integrada por más de 40 asociaciones vecinales y ecologistas así como de consumidores, padres, afectados y otros colectivos preocupados por los efectos para la salud de la creciente contaminación electromagnética- que el 16 de marzo de 2015 denunció el informe emitido el 7 de enero por el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (SCENHIR) por considerarlo “tendencioso y sesgado“, obviar los estudios que evidencian los riesgos de las radiaciones electromagnéticas y cuestionar su claro posicionamiento a favor de la industria al ser muchos de sus miembros personas con evidentes “conflictos de interés”. Son los casos -entre otros- de Joachim Schüz, Theodoros Samaras –exasesor de Vodafone-, Matts-Olof Mattsson y Hans K Mild -integrantes del comité científico de la operadora de telefonía móvil Telia Sonera-, Zenon Sienkiewicz -consultor de Japan EMF Information Center, empresa surgida de Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories y de Japan Electric Association– y Anssi Auvinen -regularmente financiado por el Mobile Manufacturers Forum (MMF)-. En suma, eran personas no independientes. De todo ello dimos cuenta en esta misma sección en el nº 182 correspondiente a mayo de 2015.

Pues bien, la Defensora del Pueblo Europeo admitió formalmente el pasado 19 de septiembre que las denuncias están fundamentadas, son ciertas y los conflictos de interés no declarados y permitidos afectaron a la transparencia del proceso socavando la legitimidad del comité que incumplió sus obligaciones de ecuanimidad, objetividad e independencia. Lo ocurrido es para Emily O’Reilly algo inaceptable porque están en juego derechos humanos fundamentales y considera el contenido del informe inválido. Es más, ha solicitado al Comité Económico y Social Europeo que cese a Richard Adams como delegado externo de la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI) del CESE dada su inapropiada actitud, los claros conflictos de interés permitidos y la evidente falta de transparencia de todo el proceso pidiendo que se emita un nuevo dictamen sobre hipersensibilidad electromagnética que tenga en cuenta a médicos, científicos y organizaciones sociales independientes.