Un grupo de profesionales de la salud ha hecho público un documento en el que pide una moratoria en la aplicación de la "vacuna del virus del papiloma humano" en España. Y entre ellos están Carlos Alvarez-Dardet -catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante y Director del Journal of Epidemiology and Community Health-, Miquel Porta -catedrático de Salud Pública en el Instituto Municipal de Investigación Médica y en la Universidad Autónoma de Barcelona-, Ildefonso Hernández-Aguado -catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández-, Beatriz González López-Valcárcel -catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria-, María José Rabanaque Hernández -Profesora Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Zaragoza-, Soledad Márquez Calderón -miembro de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud de Sevilla-, Lucía Artazcoz -investigadora del Centro de Análisis y Programas Sanitarios Leonor Taboada-, Juan Gérvas -miembro del madrileño Equipo CESCA-, Carmen Valls Llobet -especialista en Medicina Interna y Endocrinogía-, Carmen Sánchez Contador -doctora del Servicio de Promoción de la Salud en la Consejería de Salud de Baleares-, Carmen Mosquera Tenreiro -epidemióloga en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de Asturias-, María José Hernandez Ortiz -presidenta de ADIBS (Asociación de Mujeres y Salud de las Islas Baleares) y Jimena Jiménez Madrazo -doctora del Instituto DIS (Dona i Salut) de Baleares.
Y entre las razones que alegan están que "la decisión tomada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que dio luz verde a la inclusión en el calendario vacunal en España, con cargo al sistema sanitario público de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) se tomó a pesar del alto precio de las dosis y de las dudas más que razonables sobre su eventual capacidad y eficiencia para prevenir un número sanitariamente relevante de muertes por cáncer de cérvix en mujeres españolas, comparado con las actuales prácticas preventivas. Si la vacuna se aplicara a partir del año que viene supondría, sólo en costos de compra del producto (464,58 por persona), sin tener en cuenta el aparato logístico que deberá desarrollarse ex novo para alcanzar una cobertura significativa en cada cohorte de niñas, del orden de unos 125 millones de euros anuales. Para cuando se empiecen a prevenir los primeros casos de cáncer de cuello uterino, dentro de al menos 30 años, el SNS se habrá gastado unos 4.000 millones de euros. Prevenir una sola muerte por cáncer de cérvix, entonces, habrá costado al SNS 8 millones de euros, sin ahorrar un solo euro en el dispositivo actual de detección precoz por citología y tratamiento pues se recomienda seguir desarrollando estas prácticas aún en poblaciones vacunadas. Lo abultado de las cifras arroja serias dudas sobre el costo oportunidad de la medida, con esta cuantiosa inversión".
Y en cuanto a su eficacia afirman: "La vacuna del VPH ha sido promocionada ante la opinión pública, los sanitarios y los decisores políticos como una vacuna eficaz en la prevención del cáncer de cuello uterino y el sufrimiento que acarrea en las mujeres cuando esto no es cierto. Sencillamente, esta evidencia científica aún no existe. Los ensayos sobre la vacuna no han podido ver su efecto en la prevención del cáncer ya que éste tarda mucho en desarrollarse; además hay posibilidades reales, comprobadas, de cortar el proceso antes de que el cáncer se desarrolle, tanto mediante la inmunidad natural como con el cribado de lesiones precancerosas y su tratamiento. El ensayo que más tiempo de seguimiento ha tenido hasta ahora ha sido de 6 años (y es un ensayo de fase II) y el ensayo en fase III con mayor seguimiento hasta ahora tiene tan sólo 3 años. Dado que el cáncer que se pretende prevenir tarda 30, 50 o más años en desarrollarse, la brevedad de los ensayos es obvia. Por tanto, hará falta aún bastante tiempo para ver si las personas vacunadas en los ensayos clínicos desarrollan o no menos cánceres que las no vacunadas."
Y añaden: "También se han planteado objeciones razonables relacionadas con la duración de inmunogenicidad -aún no se sabe si serán necesarias dosis de recuerdo o no- y sobre el comportamiento de los serotipos no incluidos en la vacuna, que quizás ocupen el nicho ecológico de los ahora incluidos. Hay ejemplos recientes de las consecuencias del uso de la vacuna neumocócica sobre la aparición de serotipos no cubiertos con la vacuna que son multiresistentes a los antibióticos y que causan enfermedad neumocócica invasiva. Ante esta situación de utilidad aún no demostrada, altos costes para el SNS y prevalencia baja, la decisión más racional sería, y es, esperar a que se acumule más evidencia científica".
"¿Cómo podemos explicarnos que el SNS no tome la decisión más racional posible -agregan- cuando se trata de defender el bien público? Obviamente la industria farmacéutica y especialmente las compañías promotoras llevan años desarrollando estrategias de cooptación y creación de un clima de opinión favorable, exagerando riesgos con el fin de convencernos, primero, de que existía un problema, y de que luego ellos, precisamente, tenían la solución. Las estrategias de disease mongering -invención o exageración de enfermedades para introducir luego un producto farmacéutico- han sido criticadas duramente y con toda razón desde la deontología publicitaria por el abuso de la buena fe y de la aspiración a no sufrir enfermedades que naturalmente tienen la población y los políticos, a menudo legos en cuestiones sanitarias. El caso que nos ocupa supone la consideración novedosa, muy grave, de que toda infección por VPH es una enfermedad a prevenir, lo que es falso; y además con el énfasis, sin duda interesado, en la -no demostrada- prevención del cáncer de cuello uterino en España. La industria farmacéutica tiene legítimos intereses financieros, pero no todos ni siempre están en sintonía con las necesidades de salud de la población. El escándalo reciente de la terapia hormonal sustitutoria, y la evidencia de que la industria escondió a la opinión pública durante 30 años graves efectos secundarios del tratamiento de una "enfermedad" previamente inventada, no coloca a este sector en una situación de gran credibilidad pública como garante de nuestra salud".
Los firmantes entienden por todo lo expuesto que procede declarar de inmediato una moratoria en la aplicación de la vacuna. "Nadie -argumentan- ha justificado que haya prisa para la aplicación de este nuevo programa; por ello solicitamos abrir un periodo de reflexión, de seguimiento de los efectos de la vacuna en poblaciones reales y de realización de estudios para conocer el coste-efectividad a medida que haya nuevos datos. Todo ello permitirá solventar las dudas razonables que existen sobre la idoneidad de este programa de vacunación para España".
Discovery DSALUD ya se pronunció sobre este asunto de forma contundente en el nº 99 -correspondiente al mes de Noviembre- a cuyo asunto dedicó la Portada y el Editorial así como un largo artículo (lea lo publicado en nuestra web: www.dsalud.com). Por supuesto no esperamos que esa solicitud sea atendida. Porque no estamos hablando de salud -aunque puede estar en juego la de cientos de miles de niñas- sino de un fabuloso negocio y la ética hay que apartarla en estos casos. De eso nuestros representantes políticos saben mucho.