El pasado 17 de febrero el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles (Madrid) decidió ordenar la suspensión cautelar de las actividades del centro transformador ubicado en dos inmuebles de la calle Versalles -denunciado por la Fiscalía de Medio Ambiente- por su posible relación en el fallecimiento de trece personas. El auto ordenaba que se suspendiera la actividad del centro "en el plazo más breve que técnicamente sea posible" lo que el Ayuntamiento comunicó de inmediato a Iberdrola.
La Fiscalía denunció igualmente en el juzgado nº 9 de Majadahonda (Madrid) la situación del centro de transformación de Iberdrola situado en la calle San Joaquín. También en este caso porque puede haber relación directa con el fallecimiento de ¡45 personas!, todas ellas por cáncer y problemas cardiovasculares además de la enfermedad de otras 8 personas con cáncer y 9 con problemas cardíacos en los últimos 8-10 años. Todas esas personas vivían a escasos metros del mencionado transformador. La situación en el caso de Majadahonda podría estar agravada por la existencia en las inmediaciones de una gran antena de telefonía (vea el lector en nuestra web todo lo publicado sobre este caso en el nº 75 de la revista).
Debemos señalar que en los escritos de denuncia la Fiscalía ha hecho más hincapié en la situación irregular de los transformadores que en la polémica sobre los límites legales de las emisiones electromagnéticas por razones de pragmatismo -hay que evitar que sigan haciendo daño- pero lo que en definitiva ha trasladado a ambos juzgados -e indirectamente a toda la sociedad- es la peligrosa situación en la que se mantienen esos dos transformadores... y muchos cientos más -en toda España- que funcionan sin los permisos correspondientes.
Desde la llegada de ambos temas a su departamento el Fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Emilio Valerio, ha mostrado su preocupación por la situación de los vecinos afectados entendiendo que la mejor estrategia para ellos era procurar cuanto antes el cese de las emisiones electromagnéticas de los transformadores. En el caso de Móstoles ya se había ordenado el cierre cautelar en el momento de mandar este número a imprenta; y en Majadahonda no se duda de que pasará lo mismo antes o después.
Emilio Valerio -con quien hemos estado en contacto desde hace varios meses- nos recibiría en su despacho de la planta 13 de los juzgados de Madrid. Acostumbrado como está a contemplar los horizontes ilimitados de la ciudad desde las alturas ha mostrado tener una mejor visión sobre los riesgos reales de las emisiones electromagnéticas que el mostrado por los políticos hasta el momento. Y nosotros, aprovechando que es un hombre que da la cara y no responde con evasivas -algo muy poco habitual- fuimos directos al grano:
-Díganos, ¿cuál es el alcance de la medida tomada por el Juzgado de Instrucción número dos de Móstoles?
-Se trata de una suspensión cautelar de la actividad del transformador. El juzgado ha atendido la petición de la Fiscalía después de que el Ayuntamiento de Móstoles manifestara la ausencia de todo permiso de carácter ambiental y de carácter de actividad de la instalación. El juzgado ha ordenado el cese de actividad mientras se tramitan los permisos adecuados. Yo creo que es esencial determinar que éste debe ser el camino que deben de seguir un conjunto de transformadores que funcionan en nuestro país en el interior de bloques de viviendas.
-¿Piensa que la jueza de Majadahonda optará por la misma decisión?
-Cada supuesto en la administración judicial es diferente. Es difícil pues establecer previsiones pero yo estoy persuadido de que en el caso del transformador de Majadahonda se adoptará una solución similar y en un tiempo razonable.
-Hemos constatado que en lugar de entrar a valorar los posibles efectos nocivos de los campos electromagnéticos sobre la salud y la idoneidad de la legislación sobre las emisiones ha decidido usted optar por el pragmatismo y pedir el cierre por la situación irregular de los transformadores. Suponemos que a fin de intentar evitar riesgos a los vecinos que viven cerca de los mismos de la manera más rápida...
-El contexto de la Fiscalía de Medio Ambiente es problemático. No tenemos las potestades del Ministerio de Sanidad ni las del Ministerio de Medio Ambiente. Nos movemos pues en un terreno en el que hay que ser pragmáticos. Y en ese marco advertimos, ante todo, que hay una situación muy desigual. Los transformadores nuevos no generan problemas porque están todos blindados y se sitúan lejos de las viviendas. Entendemos pues que los riesgos están controlados, las declaraciones de impacto ambiental son satisfactorias, la administración funciona razonablemente y las compañías también; pero no ocurre lo mismo en el caso de los transformadores antiguos. Y, sinceramente, no se entiende por qué los transformadores antiguos no tienen que adaptarse a las nuevas normas. Si se han aprobado es porque hay razones objetivas para ello. Además me puedo equivocar pero no creo que existan más de 200 transformadores en todo el Estado que se encuentren en situación similar a la de los de Móstoles y Majadahonda. Por tanto, no se trata de blindarlos tampoco. Esa sería sólo una situación transitoria. Creo que es una prioridad social, política y ambiental que todos los transformadores que aún se hallan cerca de las viviendas sean cerrados.
¿Y qué prevé usted que pasará con los transformadores denunciados por la Fiscalía en Móstoles y Majadahonda?
-Esos transformadores tienen que salir de dónde están. Así de simple. Es imposible -por ilegal- que los ayuntamientos de Móstoles y Majadahonda o la Consejería de Medio Ambiente concedan autorización ambiental a un transformador situado dónde está. Así que se deberá proceder a la sustitución de la línea y a buscar otro emplazamiento para el transformador. O construir otro alejado de viviendas habitadas que suministre energía a esa zona lo que técnicamente no me parece muy complejo. Insisto pues: en el supuesto de que no estuvieran en un bloque de viviendas sino a diez, quince o veinte metros bastaría con el blindaje. Pero ese supuesto en un transformador ubicado al lado de una vivienda es una situación absolutamente inaceptable. Tienen que desaparecer, tiene que cesar la actividad. Y estoy convencido de que la compañía va a buscar otro emplazamiento -si no lo está buscando ya- u otra forma de suministrar energía a esas zonas.
-En la revista nos consta el agradecimiento de los vecinos de Majadahonda que denunciaron el caso por la sensibilidad que mostró usted desde el primer momento en que vio las cifras de afectados ya que han visitado nuestra redacción numerosas veces.
-Lo que se le puede exigir a la Fiscalía -encargada de transmitir las preocupaciones de los ciudadanos al ámbito judicial- dada la ausencia de otros oteadores jurídicos en el ámbito privado es rigor. En el caso de Majadahonda el número de muertos en tan poco espacio de terreno era realmente llamativo porque se trataba de una cifra muy alta. Por eso se comunicó a los vecinos que presentaron la denuncia que la Fiscalía necesitaba estar segura de esos datos y precisábamos la identificación completa de los fallecidos, la causa y fecha de la muerte así como su historial médico si fuera posible. Los vecinos recogieron los datos y la Fiscalía no puede dejar de afirmar que se trata, en efecto, de unas cifras absolutamente alarmantes, que no son explicables, que ahí existe un factor de riesgo claro; al menos así lo entendemos nosotros. Auque pueda haber más de un factor de riesgo. Porque todo apunta a la conexión de las muertes con la existencia del transformador. Al menos en el ámbito empírico en el que nos movemos todos.
-¿No es cierto que durante años este tipo de transformadores se ha beneficiado de una situación de pasividad administrativa?
-Sí, son situaciones que se han ido manteniendo y es necesario reconvertir. Pasó algo similar con las redes y torres de alta tensión. Durante mucho tiempo nadie se planteó si su ubicación tenía o no consecuencias negativas para la salud. Ha habido muchas casas que estaban situadas debajo mismo de las líneas. En el caso de los transformadores pasa lo mismo. Muchos se instalaron en las décadas de los 60 y 70 cuando vivíamos en una situación predemocrática y preconstitucional en la que los permisos de índole social, es decir, el permiso de actividades en el que se establece una participación vecinal o de los afectados en su desarrollo y el permiso ambiental no estaban desarrollados. Por otra parte, los factores de riesgo dependen de nuestros conocimientos. Hoy sabemos que hay cosas peligrosas y sin embargo hace unos años o unas décadas lo ignorábamos. Por eso actualmente se entierran las líneas de alta tensión y antes hasta se vivía debajo de ellas.
-Cierto. Pero consecuentemente la actitud de las administraciones municipales debería cambiar ahora que se sabe mucho más sobre los riesgos de las emisiones electromagnéticas...
-Yo pienso que sí. Ahora bien, a diferencia de las líneas de alta tensión y de las antenas de telefonía -donde la capacidad normativa de los ayuntamientos es más limitada-, el caso de los transformadores es un problema en primer lugar municipal. Y ello, de alguna forma, implica que los ayuntamientos deberían implicarse más en la resolución de estos problemas. Debo decir, en cualquier caso, que el Ayuntamiento de Móstoles reaccionó con prontitud a las preocupaciones de los vecinos y al requerimiento de la Fiscalía.
-Sin embargo en el caso de Majadahonda los vecinos llevan más de seis meses esperando a que se les facilite la información prometida sobre la situación legal del transformador denunciado y aún no se les ha dado. Es más, Discovery DSALUD ha pedido por escrito información sobre los centros de transformación y las antenas de telefonía instaladas en el municipio y el Ayuntamiento no responde.
-Mire usted, en nuestro país existe un problema importante de falta de sensibilidad en la clase política al menos en relación con el medio ambiente y el urbanismo. A veces hay sensibilidad a nivel privado pero no se manifiesta luego en el aparato de los partidos, en la toma de decisiones. Esa ausencia de sensibilidad, que a mí me parece asombrosa, es el problema fundamental que tenemos en la clase política.
-¿No será que esa "ausencia de sensibilidad" -detectada tanto en ayuntamientos de derechas como de izquierdas- se debe más bien al poder e influencia que tienen las compañías de telefonía y electricidad?
-Las compañías son parte integrante de la situación, del problema... y de su solución. Y ciertamente utilizan las armas que tienen -el sistema de lobby, la presión...- pero no es menos cierto que suelen aceptar, al menos en el ámbito europeo, las decisiones que toma el poder político. Yo pienso que el problema es, insisto, la ausencia de sensibilidad ambiental frente a estos problemas. Si realmente los políticos estuvieran más convencidos de estas cuestiones creo que tendrían la capacidad de determinar soluciones ambientales o económicas que las empresas aceptarían.
-Tampoco las empresas muestran demasiada comprensión ni sensibilidad con la gente. Las compañías eléctricas ignoran -por no decir desprecian- las quejas de los vecinos. Y las empresas de telefonía están instalando antenas de forma masiva recurriendo incluso a tácticas más que cuestionables para obtener los permisos de instalación de las comunidades de vecinos. Incluso están camuflando las antenas para que no se reconozcan.
-Cierto. Y yo apelo al sentido social de quienes dirigen esas grandes compañías. Estoy seguro de que ninguno de ellos viviría debajo de una línea de alta tensión y de que ninguno viviría encima de un transformador. Quizás debiéramos exigirles mayor diligencia. Me parece imperdonable lo que a veces se está tardando en la Comunidad de Madrid en los proyectos de reforma o de traslado de líneas eléctricas. A veces parece que existe resistencia activa en ese sentido. En cuanto a las antenas de telefonía parece que estemos viviendo la misma situación, quizás incluso agravada. Aunque pienso que es en el ámbito de la Unión Europea donde se están produciendo los problemas.
-El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, afirmó que se iban a realizar los estudios epidemiológicos que sobre los centros de transformación de Móstoles y Majadahonda solicitó la Fiscalía. ¿Cree que cumplirá su palabra?
-Yo no dudo de que la Consejería hará el estudio epidemiológico tanto en Móstoles como en Majadahonda. Pero a mi juicio el estudio debería de extenderse al ámbito de todos los transformadores que están en la misma situación en el Estado. Sería un referente científico y técnico importante. Sólo que esa decisión no depende de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
-Uno de los principales problemas con los que se encuentran los jueces -y es evidente que también ustedes- es precisamente la inexistencia de estudios epidemiológicos sobre el impacto de este tipo de emisiones en la salud.
-Sí, es cierto. De ahí que la fiscalía normalmente siga un criterio pragmático en materia de riesgos. Nos basta con que las personas se quejen. Nos basta con que en el contexto de un conocimiento medio, sin un conocimiento técnico muy elevado, aparezca clara una vinculación que no se puede explicar de otra manera entre una situación de riesgo y la localización de un factor. Lo que ocurre es que a un nivel más social, si se quiere más político de decisión, son necesarios estudios epidemiológicos de diverso calado. Esto ocurre para cualquier factor de riesgo: las antenas de telefonía, los teléfonos móviles, los pesticidas... Tanto en el medio como en las personas. Y es cierto que aquí los estudios epidemiológicos, los estudios de gran calado no existen ya. Hace años era más fácil encontrar fondos públicos para la investigación científica sobre todo este tipo de temas. Cuando se dice que en nuestro país no se invierte demasiado en I+D yo pienso siempre en este tipo de problemas, en lo poco que se sabe en este contexto, en las pocas investigaciones que existen, en los pocos problemas de determinación de riesgos ambientales que hay en nuestro país. Y es evidente que no estamos viviendo un buen momento con todas estas circunstancias.
-Pues si no se habilitan fondos públicos no habrá estudios. Porque las empresas no van a realizarlos ante el miedo de que se desvelen los posibles riesgos.
-Ocurre con todos los potenciales riesgos medioambientales. El concepto de Medio Ambiente alude a técnicas para transformar la sociedad y eso implica investigar los posibles riesgos de las nuevas tecnologías. Pasa no sólo en España sino en toda la Unión Europea; y no digamos ya en Estados Unidos. Los fondos privados, que son los que nutren normalmente las grandes líneas de investigación, no están interesados en este tipo de cuestiones. Sólo están interesados en los fármacos. Y no en todo tipo de fármacos sino en determinados tipo de fármacos para determinadas dolencias. Y teniendo en cuenta ese contexto la capacidad pública de investigación debería reforzarse. Fíjese usted, un problema que a mi siempre me ha preocupado mucho es el de la emisión de dioxinas por las incineradoras. El último estudio hecho -muy serio- es francés -en España no se ha hecho ninguno- sobre la incineradora de Lille. Y en el ámbito de los campos electromagnéticos contamos con otro del Instituto Karolinska de Estocolmo. Ha habido luego otros estudios posteriores en ese sentido pero desgraciadamente cada vez más mediatizados por el control de los medios privados que ponen los fondos. Todos hemos visto con preocupación las referencias de The Lancet sobre este tema. Los estudios están cada vez más mediatizados. Y en cualquier caso, mediatizados o no, no existen estudios epidemiológicos o sociales de importancia.
-Bueno, afortunadamente existen sentencias recientes en las que se determina que deben ser las compañías -eléctricas o telefónicas- las que tienen que demostrar la inocuidad de sus productos y, por ende, de las emisiones electromagnéticas, que debe ser ellas las que soporten "la carga de la prueba". Desde el punto de vista de la Fiscalía ¿quién tiene que demostrar la inocuidad o el daño, las compañías o los denunciantes?
-Es evidente que ha habido un conjunto de sentencias civiles bastante afortunadas que derivan a un principio del Derecho Romano: el que crea un riesgo debe de ser responsable de todos los daños del mismo. El argumento de que son los afectados los que tienen que demostrar la relación entre su malestar y las torres de alta tensión, los transformadores o las antenas ha pasado. A partir de ahora quienes tienen que demostrar que sus emisiones son inocuas son las empresas. Y si no pueden debe aplicarse al menos el Principio de Precaución. Así pues se hace necesario, en cada supuesto, determinar el nivel de riesgo que estamos dispuestos a afrontar. Es muy importante.
-Hoy los ciudadanos de España -y lo mismo ocurre en la Unión Europea- soportan niveles de radiaciones distintas porque las normativas son muy diferentes. Unas son más proteccionistas y restrictivas que otras. ¿Qué piensa al respecto?
-En cierto sentido le tengo que expresar mi preocupación. Normalmente las cuestiones normativas, la determinación de los límites de radiación, los límites en microteslas, en distancias, etc., son cuestiones que deberían venir determinadas por una cierta unanimidad científica y atendiendo al Principio de Precaución. En las líneas de alta tensión yo creo que se ha llegado a esa situación. Digamos que físicamente es más fácil. Hay unos parámetros de distancias mínimas que se están cumpliendo por las compañías y se están asumiendo por los planificadores con toda precisión. En el supuesto de los transformadores los nuevos están blindados y alejados de las viviendas. El problema está en los antiguos. En cuanto a las antenas de telefonía, en cambio, no hay unanimidad. Y eso es muy grave. Desgraciadamente el Parlamento Europeo no ha sido capaz de determinar unas normas coherentes. Y hoy las compañías están en una fase de competencia feroz que lleva a la instalación de cada más antenas y más cercanas a las viviendas. Debería haber hecho un esfuerzo para compartir antenas. Y si eso no es posible en caso de aglomeración -a partir de determinado número de antenas- legislar que sea obligatorio.
En suma, es verdad, actualmente hay regulaciones muy restrictivas y otras que resultan preocupantes. Constantemente llegan denuncias a la Fiscalía. Es obvio que existe una evidente inflación de antenas en las grandes ciudades y parece que ha llegado el momento de que se dicten normas más restrictivas. Creo que los ciudadanos tenemos derecho a una mayor seguridad, a que la Unión Europea de más pasos en ese sentido, en el camino del desarrollo sostenible, en el camino de la protección medioambiental.
-¿Está a su juicio articulada correctamente la forma de acceder a la Justicia por parte de un vecino o de un colectivo cuando se sienten perjudicados por la presencia de transformadores o antenas?
-Hay dos problemas en relación con cualquier problema ambiental en lo que se refiere a los particulares. El primero es el del asesoramiento jurídico y social. Yo creo que en las grandes colectividades los vecinos llegan a un grado de asesoramiento bastante importante. En segundo lugar tenemos el problema del acopio de información sobre las antenas, sobre los permisos. Y, por cierto, en esta materia las administraciones municipales han mejorado muchísimo. La inmensa mayoría de los ciudadanos puede obtener información sobre las antenas o los transformadores que les perjudican, pueden llegar a conocer si tienen o no licencias e incluso exigir determinadas mediciones. Quizás el aspecto más problemático sea el aspecto jurídico. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema judicial anglosajón en nuestro país las asociaciones medioambientales son muy reducidas y las asociaciones de defensa de los ciudadanos, en proporción, tienen también escasos medios. En definitiva, que no es tan fácil llegar a un tribunal en este contexto. Quizás el mayor problema es que para que la Administración de Justicia prospere necesitamos instancias sociales y privadas que lleven a cabo procesos ambientales con un grado mínimo de conocimientos técnicos y tal vez eso es lo más complejo en el sistema hispano. Las asociaciones de defensa del consumidor son muy reducidas. Y ese es un factor importante porque yo creo mucho en el ámbito civil de resolución de los problemas, entre otros motivos porque aparte del ámbito público sin unos ciudadanos que se quejen es muy difícil establecer a veces la frontera del riesgo ambiental.
-¿Piensa que el avance científico va a llevarnos a mayores riesgos medioambientales?
-Sin duda. Hace poco más de diez años eran legales contaminantes hoy prácticamente desaparecidos. Sin embargo hay otros que empiezan a dar problemas de salud. Se sabe de su presencia tanto en el aire y el agua como en los productos alimenticios y de higiene. Nuestros ríos y mares al igual que la tierra están contaminados por metales pesados gravemente tóxicos. Y otro tanto ocurre con las emisiones electromagnéticas, hoy en el punto de mira de cada vez más ciudadanos.
-¿Y tiene la Fiscalía medios suficientes para hacer frente a esta amplia y creciente gamas de posibilidades de atentar contra la salud?
-Sinceramente, no. Necesitaríamos muchos más medios, mucha más capacidad. Lo que sí le puedo asegurar es que, al menos en esta Fiscalía, tenemos la sensibilidad de escuchar. Y eso no lo da ningún medio técnico. El primer medio, esencial para trabajar en estas cuestiones, es la capacidad de escuchar, de saber que a la Fiscalía van a venir personas con problemas que nadie sabe resolverles y que en la mayor parte de las ocasiones se deben a negligencia o a inoperancia. Pero dicho esto es evidente que trabajamos con una precariedad de medios asombrosa.
-¿Y vislumbra alguna solución?
-La voluntad política de hacerlo quedó expresada por el Fiscal General del Estado y por el Gobierno de la nación en lo que se refiere a la aplicación de la Ley de Montes y en lo que se refiere al establecimiento de un estatuto jurídico para las Fiscalías de Medio Ambiente. Piense que estamos funcionando desde hace diez años en precario y ahora vamos a tener al menos una configuración jurídica o institucional. Es el primer paso pero evidentemente no es suficiente. Nuestro país afronta unos desajustes en materia urbanística y de ordenación del territorio importantísimos. Y esos desajustes determinan muchas cuestiones, entre ellas temas como el de la planificación eléctrica, las líneas de alta tensión y los transformadores.
-Discúlpeme la analogía ahora que hemos terminado con el centenario del Quijote, pero, ¿no se siente como Fiscal de Medio Ambiente un poco quijote en medio de tanto molino? Me refiero a las multinacionales con sus intereses, los ayuntamientos haciéndose los locos, los políticos ignorando los riesgos y la gente reclamando que alguien les haga un poco de caso...
-Este trabajo es, en el contexto de la relación con las autoridades políticas, en el contexto del reconocimiento institucional, funcionarial incluso, en el contexto de las relaciones con mis superiores y con los partidos políticos, y con los gobernantes en cada momento, normalmente frustrante. Hay muchas ocasiones en las que se siente uno el delincuente, el marginal frente a todos esos poderes que usted me menciona. Pero, por otro lado, tengo muy claro que en otro contexto vive uno una sensación permanente de ayuda, de comprensión de problemas... Y eso no se paga con nada. No sé si don Quijote tenía esa doble faceta pero le aseguro a usted que el apoyo de la sociedad civil en este contexto y el sentirse alentado por personas que vienen aquí a contarte un problema -y vienen con problemas que no son fáciles de resolver-, eso no se paga con ningún reconocimiento funcionarial o político.
Debo decir que salí de la entrevista con la sensación de que el horizonte de la ciudad estaba algo más despejado. Y con la convicción de que al menos en Madrid hay alguien realmente dispuesto a escuchar las preocupaciones de sus vecinos y, si puede, trasladarlas a la Justicia. Realmente un avance.


Antonio F. Muro