El 24 de noviembre del 2006 el mundo supo que un ex agente del KGB, Alexander Litvinenko, había sido envenenado mientras estaba en Londres con una sustancia radiactiva que había ingerido con la comida o la bebida: Polonio 210. Durante varios días la opinión pública internacional siguió perpleja tan curiosa "historia de espías". La investigación policial del rastro radiactivo llevaría hasta unos aviones de la Britsh Airways así como a distintos lugares de Londres y luego de Alemania... hasta llegar a Moscú. La historia parecía demostrar que los mejores guiones se encuentran a menudo en la vida real. En el momento de escribir estas líneas los culpables, cómo no, seguían libres.
Cientos de millones de personas de todo el mundo contemplaron pues en televisión la dramática imagen de Litvinenko -sin pelo, abatido y postrado en la cama del hospital- hasta que finalmente murió. Informaciones que muchos siguieron mientras fumaban tranquilamente ante la pantalla un cigarrillo, comentando con sus allegados lo peligroso que es el Polonio-210 mientras, tras dar una calada al cigarrillo, exhalaban con tranquilidad el humo ignorando que en ese mismo momento la peligrosa sustancia de la que se hablaba en la tele ¡estaba impregnando sus pulmones y los de quienes les acompañaban!
Y es que ¡desde la década de los años 60 del pasado siglo XX ¡se sabe que hay Polonio 210 en los cigarrillos! Una información que se ha tratado de ocultar a toda costa. Y, sin embargo, entre los millones de documentos que la Philips Morris se vio obligada a desclasificar con motivo de las demandas presentadas contra la compañía en Estados Unidos al menos cerca de un centenar hablaban de la radiactividad alfa producida durante la combustión de los cigarrillos.
La mayor parte del Polonio 210 deriva de los fertilizantes fosfatados que se utilizan en las plantaciones de tabaco. La planta absorbe con sus raíces el Polonio 210 del suelo y lo almacena en sus hojas donde este isótopo radiactivo permanece a través de todo el proceso de secado e industrialización. Debido a la temperatura de combustión del cigarrillo (600 - 800º C) el Polonio 210 se volatiliza y se inhala en parte en forma de humo y en parte en forma de partículas que se depositan rápidamente en los tejidos del aparato respiratorio, sobre todo a nivel de las bifurcaciones bronquiales. Los filtros del cigarrillo capaces de retener algo de alquitrán y otros agentes carcinogénicos químicos son completamente ineficaces contra los vapores radiactivos por lo que el Polonio 210 se deposita en los pulmones del fumador. Y otra parte queda, claro está, a disposición de todo aquel que aspira el humo ambiental.
Un investigador italiano, Vincenzo Zagá, publicó ya en 1996 Humo de tabaco y radioactividad alfa (Polonio 210) y desde entonces no ha dejado de señalar en todos los foros internacionales el peligro de las radiaciones alfa procedentes del Polonio 210. Tras investigar la presencia de radioactividad alfa en cinco marcas de tabaco concluyó: "El Polonio 210 presenta un riesgo pulmonar muy alto como iniciador de tumores broncopulmonares por radioactividad alfa (4 casos sobre 10.000 fumadores/año) sin tener en cuenta su papel como 'promotor' (co-carcinógeno) de tumores broncopulmonares debido a su acción sinérgica con otras sustancias oncogénicas". De hecho, C. Everett Koop, quien fuera Cirujano General en Estados Unidos, declaró que la radiactividad, más que ningún otro producto, es la razón de ser de al menos el 90% de todos los cánceres de pulmón.
El Polonio 210 se encuentra además entre los once compuestos presentes en el humo del tabaco que han sido claramente clasificados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como claramente carcinogénicos junto a la naftilamina-2, el aminobifenilo-4, el benceno, el cloruro de vinilo, el óxido del etileno, el arsénico, el berilio y los compuestos de níquel, cromo y cadmio.
El historiador de la Universidad de Stanford (EEUU) Robert Proctor, perito en algunos pleitos contra las tabaqueras, publicó recientemente en The New York Times que quienes fuman un paquete y medio de cigarrillos reciben una dosis de radiactividad al año similar a la que hubieran recibido de haberse hecho aproximadamente 300 radiografías de tórax; casi una diaria.
Milirrems -medida de las radiaciones de los rayos X- arriba o abajo, picocurios -medida de la absorción del Polonio 210- arriba o abajo, lo cierto es que nadie discute la naturaleza venenosa del Polonio 210 que no sólo puede acabar provocando cáncer de pulmón sino contribuir a la aparición de daños genéticos, cáncer de hígado y de vejiga, úlcera de estómago, leucemia, cirrosis hepática y diversas enfermedades cardiovasculares.
En suma, ¿sabía usted que el Polonio 210 utilizado como arma mortal en el caso Litvinenko forma parte inherente del tabaco? Suponemos que no. Seguro que ni siquiera sabe que en el humo de los cigarrillos se encuentran presentes tras el proceso de combustión ¡más de 3.000 productos! de los que al menos 60 que han podido ser estudiados son claramente cancerígenos. Aunque lo realmente grave no es que usted no lo sepa sino que la Administración tampoco lo sabe. O eso dice. Y en lugar de obligar a la industria a dar a conocer todas las sustancias químicas que utiliza y los efectos que provocan en la salud ha preferido apelar -una vez más- a la responsabilidad individual de los fumadores -nada informados como consumidores- con una ley antitabaco que además nació cobarde en su planteamiento inicial al no hacerla extensiva a todos los lugares públicos, al contrario que en Irlanda donde su ley ha sido todo un éxito. Así que la Ministra de Sanidad y Consumo Elena Salgado ni lo sabe, ni parece tener interés en averiguarlo, ni hace nada para remediar la falta de información haciendo así una clara dejación de su obligación de defender nuestros derechos como consumidores (activos o pasivos).

UNA INICIATIVA DE SENTIDO COMÚN
En España hace ya año y medio que en el Parlamento el grupo de Los Verdes -socio por cierto del PSOE en esta legislatura- decidió que sería bueno saber qué sustancias fumamos y si las mismas alteran nuestra voluntad sin nuestro conocimiento, ni consentimiento, convirtiendo así en inútil la información que sobre el peligro del tabaco incluyen las cajetillas. Así que decidió presentar una Proposición No de Ley con cuatro puntos cargados de sentido común "El Congreso de los Diputados -decía el texto de la proposición- insta al Gobierno a aprobar y desarrollar, en el plazo de un año, una norma que regule:
1. La obligatoriedad de las compañías tabaqueras de informar sobre la composición completa y exacta de las sustancias químicas que contienen los productos de tabaco que hay a la venta en el mercado español.
2. Un sistema de evaluación exhaustivo, por parte de la Administración Pública Sanitaria, sobre los riesgos y daños sobre la salud de estas sustancias, compuestos y productos de tabaco.
3. El establecimiento de una base de datos, sobre estas sustancias, compuestos y productos de tabaco, pública y accesible a los ciudadanos.
4. La obligatoriedad de las compañías tabaqueras de informar en cada cajetilla de tabaco de la composición exacta y completa de las sustancias y compuestos químicos que contienen los cigarrillos, cigarros u otro producto de consumo de tabaco así como los riesgos y daños asociados".
Puro sentido común. ¿La respuesta de sus socios parlamentarios?: el silencio.
"Con la ocultación de estos datos -señala la motivación del texto- se está sometiendo al consumidor de tabaco a una doble distorsión de su voluntad: por un lado, se le engaña con respecto a las sustancias que contiene el cigarrillo, y, por otro, al reforzar las sustancias adictivas se viola su voluntad para convertirlo en un sujeto cada día más dependiente del tabaco. De esta manera, la industria tabaquera se muestra como una industria extremadamente dañina para la salud pero también como un serio peligro para las libertades individuales y los derechos de los consumidores".
Año y medio después Francisco Garrido, diputado de Los Verdes por Sevilla, sigue esperando que alguien le conteste y rompa lo que para él es "un silencio culpable".

SILENCIOS VERGONZOSOS Y SOSPECHOSOS
Francisco Garrido nos recibiría en su despacho del Congreso de los Diputados. Y allí nos explicaría que su escrito a la Presidencia de las Cortes solicitando que no se fumara en ningún lugar del edificio tuvo mucho que ver con el proceso que provocó la Ley Antitabaco. Ahora, ante el silencio del partido del gobierno sobre su Proposición No de Ley, su objetivo es más modesto: conseguir que no se fume en el comedor del Congreso de los Diputados donde, a pesar de la prohibición, los no fumadores siguen teniendo que aguantar los humos de los fumadores.
-Díganos, ¿por qué cree que no se quiere regular algo tan sensato como la obligatoriedad de informar sobre la composición completa y exacta de las sustancias químicas que contiene el tabaco que se vende en España?
-Probablemente porque no se quiere correr el riesgo de abrir un frente que llevaría al Gobierno a enfrentarse no sólo con la industria tabaquera sino también con otras como la farmacéutica, la del automóvil o la química. El consumidor tiene el derecho a tener toda la información necesaria para saber qué es lo que está tomando y cómo le afecta para poder asumir sus propios riesgos. Si se obligara a las compañías tabaqueras a dar una información completa y exacta de las sustancias químicas que contiene el tabaco estoy convencido de que se produciría un efecto de alarma incluso entre los consumidores que todavía permanecen adictos al tabaco lo que indudablemente supondría unos daños económicos muy importantes para las tabaqueras. Pero creo que el efecto contagio de querer saber sobre la naturaleza de las sustancias que consumimos podría tener consecuencias mucho peores en otros frentes por lo que no se quiere abrir la guerra que supondría obligar a las industrias a dar al consumidor, en todos los casos, la información necesaria para que sepa lo que toma.
-Y ni contestaron a su proposición...
-No. Recibí el silencio por respuesta. Bajo cuerda, off the record, el argumento era que aquello podía ser muy largo, que dónde se iban a poner todas aquellas sustancias y sus efectos. ¡Como si aquello fuera un problema físico, del papel a utilizar! Pues que se meta un prospecto dentro o que se habilite un banco de datos público en Internet que permita a cada consumidor comprobar las sustancias de cada marca y cada tipo de cigarrillos. Y después, lo obvio: que no hay de momento condiciones técnicas para poder conocer la composición exacta. Nosotros respondimos que se pidiera entonces a las empresas que, bajo su responsabilidad, emitieran un informe explicando en cada caso cuáles eran sus componentes. Pero las empresas alegan problemas de secreto industrial para no hacerlo, lo que es ridículo. No hay nada en la legislación, ni en Europa ni en España, que ampare esa postura porque entonces todo el mundo podría acogerse a ese argumento para vender productos con todo tipo de composiciones desconocidas. De momento lo que sabemos es que nuestros gobernantes no lo saben. Es decir, hoy la Administración Pública no controla del tabaco más allá de seis o siete sustancias.
-Tres, según tengo entendido.
-El laboratorio oficial, su maquinita en cuestión, tres; y así quedó demostrado después de que la Junta de Andalucía presentara una demanda contra las tabaqueras. Fue cuando nos enteramos de que con los instrumentos que existen hoy día en el laboratorio "de referencia" en España es imposible establecer todas las sustancias que hay en el humo del tabaco. Así que tuvimos que recurrir a laboratorios extranjeros para saber qué sustancias contenía y demostrar que algunas de ellas crean adicción deliberadamente y, por supuesto, cáncer. Porque en el caso de la adicción se produce además una distorsión de la voluntad que pone de manifiesto claramente la responsabilidad de la empresa.
El argumento de las tabaqueras viene siendo que el consumidor asume libremente un riesgo, del que es consciente por el aviso de la cajetilla que dice que "el tabaco mata". Pero lo cierto es que si se demuestra que la empresa induce a través de determinadas sustancias la alteración de la voluntad del consumidor por la vía del fomento de la adicción quedaría claro que se está provocando un consumo no voluntario, incluso coaccionado, con lo que la responsabilidad de la industria legalmente aumentaría. El hecho de que no sea conocida la composición del tabaco elimina cualquier sombra de voluntariedad porque el consumidor no tiene los elementos mínimos para valorar el riesgo. Además creo que se le podrían pedir responsabilidades a la Administración porque es la responsable en última instancia de que no exista esa información pública. Es la Administración la que tendría que exigir el conocimiento completo para poder evaluar los efectos sobre la salud porque es imposible evaluarlos más allá de las asociaciones estadísticas. Un análisis funcional, que es el verdadero análisis científico que establece la relación causal entre el comportamiento de determinadas sustancias dentro del organismo y la generación de cáncer, no lo podemos tener porque no tenemos el conocimiento exacto de las sustancias que el tabaco contiene.

VENENOS SIN CONTRASTAR
-Pues la lista de productos que según ustedes contiene el tabaco pone los pelos de punta: monóxido de carbono, nicotina, nitrosaminas, nitrosonornicotina, polonio 210, plomo, terpenoides, toluenos, zincacetona, ácido butílico, ácido carbónico, ácido fénico, ácidos carboxílicos, acroleína, alcaloides, aldehídos volátiles, alquilfenoles, alquitranes, aminas, amoníaco, aromatizantes, arsénico, bases volátiles, benceno, benzofluorantano, benzopireno, -B naftilaminas, butano, isótopos radiactivos, metales pesados, metilcolantreno, metilcriseno, radón, saborizantes, sustancias nitrogenoides terpenoides, toluenos, zinc... entre otras muchas sustancias. Supongo que la mención de todos estos productos en la motivación de la Proposición No de Ley está contrastada internacionalmente...
-Sí, sí. Las mismas empresas han reconocido que esas sustancias forman parte de sus productos. Pero le puedo decir que la lista es mucho mayor. Se habla de ¡hasta cuatro mil sustancias!
-En tal caso, ¿no le parece que nuestra ley antitabaco, tal como está concebida y con los agujeros que deja, no es sino una salva de distracción que aleja la atención de la auténtica responsable, es decir, la industria? Pareciera que la ley lo que en realidad quiere es proteger a las tabaqueras...
-Lo de las grandes corporaciones me recuerda la frase de un senador que decía: "Todos tenemos complejo de perseguidos pero lo malo no es eso sino que al final te persiguen". Y es cierto. Hay cierta tendencia a ceder ante el enorme poder e influencia de las corporaciones. Pienso, sinceramente, que en este caso más que un problema de desviar la atención lo que hay es, digamos, una ley interruptus; es decir, una ley que pretendía ir más allá pero que ante las presiones empieza a ceder hasta dejar huecos abiertos. Empieza a tener flancos no cubiertos y por ahí en medio se cuela todo el problema de la hostelería, se cuelan las ambigüedades que permiten a las comunidades autónomas un desarrollo que es contrario al espíritu de la ley... En ese sentido creo que ha sido una oportunidad perdida porque creo que una vez que se inició la batalla, con el fuerte apoyo de la opinión pública, se podría haber ido mucho más allá. Y lo mismo que se ha terminado aceptando que en los sitios públicos no se puede fumar se habría acabado admitiendo que en los bares tampoco se debe fumar. Lo mismo que en otros muchos lugares de ocio tampoco se fuma. Se ha perdido esa oportunidad y ahora va a ser más complicado porque ahora ampliar la ley no es tan fácil. Y lo que es más importante: el consumidor sigue sin saber lo que consume y sigue sin poder evaluar realmente cuáles son los efectos ya que es imposible evaluar, desde el punto de vista del consumo, una sustancia que no se sabe cuál es.
-Admitamos entonces que es una ignorancia dolosa de la Administración y que en estos momentos cualquier ciudadano está en su derecho de acusar al Ministerio de delito contra el consumo por permitir la comercialización de productos de los que no quiere averiguar su composición pero de los que, en cambio, recibe mucho dinero en impuestos. Lo que ya de por sí es sospechoso.
-No cabe duda de que desde un punto de vista legal -no digamos ya desde el punto de vista político- el Estado es corresponsable porque podría tener el laboratorio adecuado para hacer los análisis pertinentes ya que tiene medios de sobra. Y para obligar a las compañías tabaqueras a establecer con exactitud lo que cada cigarrillo contiene y provoca con su humo. Se podría así establecer una legislación que restringiera determinados productos. Es más, no habría que prohibir el consumo de tabaco sino prohibir que en ellos haya determinadas sustancias.

INCAPACIDAD SOSPECHOSA
-¿Y no le parece vergonzosa tanta incapacidad para poner en marcha la infraestructura necesaria?
-Además de vergonzosa, sospechosa. Creo que no hay interés alguno en levantar la alfombra porque debajo hay muchos cadáveres y habría que asumir muchísimas responsabilidades. Además se abriría una batalla política de regulación con las empresas que mantienen cierto tipo de colonización de los sistemas públicos. Desgraciadamente lo que nos encontramos ahora mismo en los ministerios y en las consejerías es una presencia enorme de los intereses de estas empresas. Normalmente no en los responsables políticos, que puede que también, sino a través de los cuadros intermedios de la Administración pública colonizados por las compañías que, a través de sistemas directos o indirectos, favorecen económicamente a estas personas que incluso, en un momento determinado, abandonan la Administración y se marchan a trabajar en ellas. Eso hay que regularlo. Si hubiera coraje político para legislar esa gente no podría actuar. De hecho, si hoy pueden hacerlo es por la pasividad del poder político. Es decir, que hay una cierta complicidad entre lo que hacen esos cuadros medios de la Administración colonizados por los intereses de las compañías privadas con la pasividad sospechosa del poder político electo.
-El Ministerio de Sanidad y Consumo lleva a cabo actualmente una política en virtud de la cual la responsabilidad de todos los problemas los descarga al final en el consumidor. Parece que aquí sólo se sabe legislar contra el consumidor y no contra la industria. Y eso lo está haciendo un Gobierno que se supone de izquierdas...
-Se vislumbra una actitud puritana, una actitud que va dirigida a prohibir los placeres y no a atacar a los grandes poderes. Es una actitud anglosajona que proviene de una mentalidad puritana liberal donde se trata de camuflar estructuras injustas, instituciones injustas, en las conductas individuales. De manera que uno no es pobre porque vive en una sociedad injusta sino porque es tonto, que uno está gordo porque come demasiadas hamburguesas o que uno tiene cáncer porque fuma. Pero se trata de que el Estado lleve adelante una política pública que ayude a la población a tener información suficiente como para poder interpretar los componentes de cualquier producto que compra y no obligarle a tener que leerse todos los prospectos de cualquier cosa que adquiera. El resultado es que se moraliza, que la moralina provoca rechazo social, que se invisibiliza a los verdaderos responsables y que al final los más pobres, los menos informados, son los que pagan el pato. Si uno mira la encuesta de salud, por ejemplo, verá que si hace treinta años entre la clase más pudiente su proteína base era de origen animal hoy es al contrario: es de origen vegetal. En cambio, en la clase más pobre las proteínas son de origen animal. Es decir, la información está teniendo un sesgo muy discriminatorio para los más pobres.
Hasta aquí nuestra visita al Congreso de los Diputados. Es obvio que los responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo dicen velar por nuestra salud pero para evitar los daños del tabaco no obligan a la industria a dejar de envenenar a la gente sino que se limita a restringir el consumo de tabaco en ciertos sitios y a protegerla de posibles demandas al permitirla alegar en los tribunales que el consumidor ya sabía que "el tabaco mata" y, por tanto, no tiene derecho a quejarse. Para luchar contra la obesidad apela a la responsabilidad del consumidor y pide a los fabricantes de pizzas y hamburguesas que no anuncien productos de "tallas grandes" pero no prohíbe los productos que contaminan y envenenan nuestros alimentos. Es más, ni siquiera mueve un dedo para comprobar si las denuncias que tantos científicos llevan haciendo desde hace años sobre la peligrosidad para la salud de las radiaciones electromagnéticas (torres de alta tensión, centros de transformación, antenas de telefonía, aparatos Wi Fi, teléfonos móviles, etc.) son ciertas. ¿Tendrá algo que ver que Elena Salgado haya sido Consejera Delegada de Vallehermoso Telecom entre el 2002 y el 2003, Presidenta de 11811 Nueva Información Telefónica -filial de Telegate AG- durante el 2003 y miembro del Consejo de Administración de Abertis Telecom en el 2004... hasta su incorporación al Gobierno?
Y es que al final todo se sabe...


Antonio F. Muro