Que el cáncer es un negocio que mueve anualmente miles de millones de euros en todo el mundo y del que vive mucha más gente de la que muere es una verdad tan incómoda como irrefutable. Desde la investigación a la práctica clínica, desde los modernos laboratorios biotecnológicos a los ultrasofisticados aparatos de radioterapia son miles de millones de euros los que se invierten cada año en cáncer para después -¡faltaría más!- recuperarlos con creces. A pesar de lo cual los enfermos prefieren creer que la decisión que los médicos toman sobre sus tratamientos es fruto del mejor saber clínico posible y no de los intereses económicos de quienes les atienden. Y por desgracia no es siempre así. En la revista hemos denunciado en reiteradas ocasiones cómo las grandes multinacionales farmacéuticas deciden hoy desde la enseñanza que se imparte en las facultades de Medicina a las normas que regulan los incentivos o regalos de la industria que luego condicionan las decisiones de los médicos.
Ha sido en Estados Unidos donde el problema de la relación económica oncólogos-laboratorios se ha convertido en tema de debate público entre quienes afirman que el peculiar sistema norteamericano propicia un excesivo "apego" a la quimioterapia por parte de los oncólogos debido a la gran cantidad de dinero que obtienen con ella y quienes insisten en mantener el sistema como vía de supervivencia de las clínicas privadas dedicadas al tratamiento de los enfermos de cáncer.
Vaya por delante que el sistema sanitario español no funciona como el norteamericano -afortunadamente- y que aquí nuestros oncólogos no venden directamente los productos a los enfermos. Sin embargo, si tenemos en cuenta el peso de las grandes asociaciones norteamericanas de oncólogos en el desarrollo de las guías de práctica clínica a nivel mundial y el hecho de que las mismas están compuestas por los mismos que durante décadas han obtenido enormes sumas de dinero de los laboratorios por "recomendar" sus fármacos es evidente que tiene gran interés saber lo que sucede al otro lado del océano.
Para entendernos: ¿compraría usted con tranquilidad un coche de segunda mano a un mecánico si sabe que el dueño le va a dar una comisión del 20% por la venta? ¿No dudaría de la objetividad de ese consejo? Bueno, pues con la Oncología pasa lo mismo. Así que, ¿se dejaría tratar con un producto quimioterápico sabiendo que el oncólogo que se lo recomienda obtiene beneficios con él? Esa es la cuestión a debate.

UN SISTEMA PECULIAR
"Medicare -lo más parecido en Estados Unidos a nuestra Seguridad Social- decidió hace dos años acabar con los beneficios extras que los médicos conseguían con los medicamentos que administraban a los pacientes en sus consultas al constatar que cada uno de ellos obtenía miles de dólares de beneficio al año. La medida, que afectó principalmente a los medicamentos para tratar el cáncer y los efectos secundarios que éstos provocan, tuvo un efecto inmediato: los oncólogos pasaron de facturar cerca de 5.600 millones de dólares en quimioterápicos y fármacos contra la anemia en el 2004 a 4.400 millones en el 2005 de los que Medicare cubría el 80%. La diferencia representa sobre todo el beneficio que los oncólogos conseguían de esos medicamentos". Así comenzaba el artículo que Alex Berenson publicó el pasado 12 de Junio en The New York Times con el título Incentives Limit Any Savings in Treating Cancer (Los incentivos limitan cualquier posibilidad de ahorro en el tratamiento del cáncer). Hablamos, pues, de cerca de mil doscientos millones de dólares anuales de diferencia que eran los que se repartían básicamente los oncólogos. Algo posible sólo por el peculiar sistema de tratamiento de los pacientes de cáncer en Estados Unidos.
El sistema por el cual los enfermos de cáncer podían recibir quimioterapia en las consultas de sus oncólogos o en clínicas privadas se estableció a comienzos de los años 90 cuando los nuevos "avances" permitieron que los pacientes recibieran la quimio fuera de los hospitales alegándose que así se evitaban parte de los altos costes de los tratamientos hospitalarios. Empero, lo que de verdad convertiría el sistema en algo realmente singular es lo que se conocería como la "chemotherapy concession" en virtud de la cual los oncólogos podían adquirir directamente los medicamentos a los laboratorios y después cobrárselos a sus pacientes, al Medicare o a las aseguradoras privadas. Sistema que pronto se convirtió en un dilema ético para los oncólogos -y económico para los laboratorios y el Estado- al iniciarse de inmediato una guerra comercial entre las multinacionales que para asegurarse clientes empezaron a ofrecer a los médicos sustanciosos descuentos si compraban sus productos y no los de la competencia. Descuentos que luego éstos se quedaban.
En pocas palabras, el nuevo método aumentó notablemente la posibilidad de que los enfermos recibieran un fármaco u otro de quimioterapia no en razón de su eficacia y especificidad sino de la mayor o menor cantidad de dinero que cada oncólogo recibía del laboratorio.
¿Y ante esa posibilidad hizo algo la Administración norteamericana? ¿Se ocupó de saber si los médicos actuaban o no con ética al recetar sus productos? No. Es más, al parecer ni siquiera se enteró de que estaba perdiendo millones de dólares con tan peculiar sistema. De hecho, durante años -hasta la reforma legislativa del 2003- pagó los medicamentos en función de un denominado "precio medio al por mayor" (Average Wholesale Price o AWP) puesto en cuestión ahora por los tribunales federales y que fue elaborado a partir de los datos facilitados por los laboratorios. Es decir, todos ellos proporcionaron al Gobierno los precios de sus productos para que éste hiciera un promedio de los mismos siendo éste el que, al final, reembolsaba tanto Medicare como las aseguradoras particulares. Solo que resultó que los precios que las empresas facilitaron para que el Gobierno hiciera el promedio estaban inflados -eran más altos de los reales- y los oncólogos silenciaron además los descuentos que éstas les hacían.
Y claro, al final la situación se volvió insostenible. Apenas un año después de la suspensión del sistema se supo el volumen de lo "estafado". "La cantidad facturada por los médicos a Medicare por medicamentos inyectables -denuncia Berenson- pasó de 2.900 millones de dólares en 1997 a 10.900 millones en el 2004. En esa cifra, además de los fármacos para el cáncer se incluye el gasto de los medicamentos inyectables para la artritis y otras enfermedades pero los tratamientos de quimioterapia y contra la anemia constituían las partidas más importantes. El aumento del gasto y la preocupación por los perversos incentivos creados por el sistema hizo que el Congreso cambiara el sistema de reembolso para ajustar los pagos de Medicare a lo que los médicos pagaban realmente por los medicamentos".
Luego explicaremos, por cierto, lo que se esconde tras los "medicamentos contra la anemia" utilizados como complemento de la quimioterapia así como en casos de fallo renal pero veamos antes lo acaecido en la Corte Federal de Massachussets (EEUU) para entender mejor las prácticas irregulares de los laboratorios con el famoso precio medio o AWP.

LOS LABORATORIOS CULPABLES
El pasado 21 de junio de 2007 la jueza Patti Saris -de la Corte Federal de Massachusetts (EEUU)- concluyó, en un fallo sin precedentes, que tres grandes laboratorios -AstraZeneca, Warrick (firma subsidiaria de Schering-Plough) y Bristol-Myers Squibb- habían violado la Ley de Protección al Consumidor de Massachusetts, capítulo 93A, divulgando "precios medios al por mayor falsos" en el caso de un gran número de medicamentos de prescripción, incluyendo los fármacos para el cáncer administrados por los oncólogos. Como ya hemos explicado, esa cifra -conocida como AWP- es la que determina cuánto deben pagar a médicos y farmacias Medicare y las aseguradoras privadas por los medicamentos que se recetan.
Aunque la importancia del caso es que se trata sólo del primer fallo de un asunto mucho más amplio, la Pharmaceutical Industry Average Wholesale Price Litigation, proceso en el que hay decenas de empresas -incluidas las principales multinacionales farmacéuticas estadounidenses- acusadas de haber divulgado AWPs inflados e inexactos. Y en el que podrían salir a la luz también, aunque no es el motivo de la causa, lo ganado por los médicos que no sólo no pagaban a los laboratorios los medicamentos a los precios AWP inflados sino que lo hacían a mucho menos dinero aún al de los precios reales ya que las empresas les hacían grandes descuentos al comprar al por mayor.
Bien, pues en el mencionado pleito de Boston los tres laboratorios demandados han sido ya encontrados culpables de inflar artificialmente el AWP. "Esta decisión -declararía Alex Sugerman-Brozan, director de Prescription Access Litigation, el grupo demandante- corrige el gran mal cometido por esas tres compañías contra algunos de los pacientes más enfermos y vulnerables de nuestra sociedad (…) ¿Hay algo más indigno que aprovecharse de los enfermos de cáncer para obtener el máximo beneficio posible?".
La Corte decretó que los tres laboratorios demandados publicaron AWPs falsos e inflados en el caso de al menos siete medicamentos. La multinacional Astra Zeneca en el caso del Zoladex; Bristol Myers Squibb en los casos de Taxol, Vepesid, Cytoxan, Blenoxane y Urbes y en Warrick en el de Sulfato de Albuterol.
"Ha llegado el día -añadiría Sugerman-Brozan- de que nuestro sistema de salud pague los medicamentos basándose en datos verdaderos y exactos, y no en cifras ficticias elaboradas por las compañías farmacéuticas pensando más en los beneficios que en los pacientes".
Añadiremos, por nuestra parte, que aunque esto ha servido para conocer las corruptas prácticas de los grandes laboratorios farmacéuticos -una vez más- la jueza Saris no ha entrado -tampoco se esperaba que lo hiciera- en el trasfondo del comportamiento ético de los oncólogos.

¿QUÉ PRIMA? ¿LA ÉTICA O LOS BENEFICIOS?
Los oncólogos se defienden afirmando que los beneficios obtenidos son necesarios para mantener en funcionamiento los centros privados que permiten "descargar" de trabajo el sistema hospitalario pero lo cierto es que la situación ha llegado a tal punto que exige replantearse de una vez su ética porque cada vez más datos ponen en entredicho su honestidad.
La primera alarma importante de lo que el conflicto de intereses suponía para oncólogos y pacientes saltó un "lejano" 12 de mayo del 2001 con la presentación durante una reunión de la Sociedad Americana de Oncología Clínica celebrada en San Francisco de un trabajo del doctor Ezekiel J. Emanuel, bioético y oncólogo especializado en cáncer de mama vinculado a los Institutos Nacionales de la Salud según el cual "un tercio de los pacientes de cáncer reciben quimioterapia al final de su vida aún cuando el tratamiento no esté respondiendo".
Los autores del estudio repasaron los expedientes de casi 8.000 pacientes concluyendo que muchos casos de cáncer que no habían respondido al tratamiento se siguieron tratando a pesar de todo con quimioterapia; incluso cuando se sabía que los enfermos estaban al final de sus vidas y no había nada que hacer.
"El uso de la quimioterapia en cánceres respondedores puede comprenderse si logra reducir el tumor y ofrecer mejoría -declaró entonces Emmanuel- pero es difícil justificarla en los pacientes con cánceres no respondedores (…) Dar la misma quimioterapia tanto en los casos de tumores que responden como en el de los que no lo hacen al final de la vida de un paciente es un claro abuso".
La conclusión es contundente.
Cuatro meses después -el 21 de septiembre de 2001- la General Accounting Office (GAO) u Oficina General de Contabilidad publicó un estudio en Medicare titulado Payments en el que señalaba que "los médicos pueden obtener los medicamentos cubiertos por el Seguro de enfermedad a precios perceptiblemente por debajo de los pagos actuales del Seguro". Sin embargo, fuera por el carácter técnico del informe o porque alguien se movió adecuadamente en los pasillos del Congreso la denuncia no tuvo apenas repercusión. Así que el monto de las facturas continuó aumentando.
Poco más tarde, el 26 de enero de 2003, una nueva pieza se añadiría al rompecabezas. Ese día The New York Times publicó un artículo titulado Drug Sales Bring Huge Profits, and Scrutiny, to Cancer Doctors sobre los beneficios obtenidos por los oncólogos con las ventas de medicamentos en el que se profundizaba en la cuestión. Según el diario neoyorquino "en un momento en que el gasto total en medicamentos de prescripción es altísimo los especialistas en cáncer se están embolsando centenares de millones de dólares cada año vendiendo los fármacos a sus pacientes, una práctica que casi ningún otro médico realiza. Los oncólogos pueden conseguir sumas enormes -a menudo, la mayoría de sus ingresos- de la diferencia entre lo que pagan por los medicamentos y lo que pagan las aseguradoras y los programas del Gobierno".
La nueva denuncia sí tuvo esa vez repercusión. Y se aprobó una nueva ley de pagos para acabar con los abusos. Sin embargo, tampoco las nuevas normas lograrían acabar con la corrupción. El doctor Neil Love realizó en el 2005 un estudio comparativo sobre los tratamientos quimioterápicos de primera línea utilizados en cáncer de pecho metastásico y demostró que una vez se ha tomado la decisión de aplicar quimioterapia, los médicos privados, a fin de recibir mayores reembolsos, prescriben sencillamente los tratamientos más costosos.
Sus datos demostraron que los oncólogos de hospitales vinculados a centros académicos prescribieron medicación oral (capecitabine) en un 87-88% de los casos y fármacos inyectables (paclitaxel, vinorelbine, carboplatin+taxanel, y otros) en el 12-13%; no recomendando en ningún caso Docetaxel, fármaco inyectable muy caro. En cambio, entre los oncólogos que aplican la quimio en sus consultas en el 18% de los casos se prescribió medicación oral (capecitabine), en el 75% fármacos inyectables -de los que ¡un 29% correspondía al Docetaxel! y un 7% a otros. Sin comentarios.
Y así estaban las cosas cuando en el número de marzo/abril del 2006 apareció en Health Affaire un artículo de seis investigadores encabezados por Joseph P. Newhouse cuyo título ponía directamente el dedo en la llaga: ¿Influye el reembolso en el tratamiento de los pacientes de cáncer? Y en él se decía: "Hemos examinado el efecto del reembolso sobre el comportamiento del médico y el tratamiento con quimioterapia de los beneficiarios del Seguro de enfermedad, mayores de 75 años con metástasis pulmonar, cáncer de pecho, colorrectal y otros cánceres gastrointestinales entre 1995 y 1998 (9.357 pacientes), y la decisión de los médicos de administrar quimioterapia a los pacientes con metástasis no estaba afectada de forma mensurable por un determinado reembolso; sin embargo, los oncólogos que fueron reembolsados con más dinero prescribieron los tratamientos más costosos de quimioterapia" (la negrita es nuestra).
¿Y qué dicen los oncólogos norteamericanos de todo esto? Pues, simplemente, tildan los estudios de "defectuosos" o "malintencionados".
"Muchos médicos dicen -explica Berenson en el The New York Times- que esos beneficios no afectan a sus prescripciones... pero los fabricantes de medicamentos creían evidentemente que lo hacían. Documentos de la industria que han emergido en un pleito civil federal en Boston -el ya citado de la jueza Saris- muestran que las grandes compañías farmacéuticas calculaban a veces al penique los beneficios que los médicos podían obtener con sus medicamentos. Y los agentes de ventas compartían esas estimaciones con los médicos y su personal, como demuestran los documentos. En una presentación con PowerPoint del año 2000 un ejecutivo de Bristol-Myers Squibb dijo a los empleados que la gran preocupación de los oncólogos era '¡Reembolso hoy, reembolso mañana. ¡Reembolso!' El doctor Roberto Geller, oncólogo que ejerció de forma privada entre 1996 y 2005 antes de pasarse a una compañía de Biotecnología, admitió que los oncólogos conocían los beneficios que podían conseguir y en algunos casos cambiaban por eso los tratamientos y/o ofrecían tratamientos innecesarios a fin de obtener mayores beneficios. 'Está claro que los médicos pasaron de tomar decisiones basadas en lo que tenía sentido científico o clínico para tomarlas en función de lo que tenía más sentido como negocio', afirmaría Geller".
Cabe agregar que en el mismo artículo se aporta otro ejemplo: en 1998 la dirección de Schering-Plough comentó a sus representantes que el Intron-A -fármaco para el cáncer de vejiga- podría llegar a producir un beneficio por paciente de "2.373,84 dólares para nuestros médicos sólo en este medicamento".

LA EPO, PORTADORA DE OXÍGENO Y DE DINERO
No son los únicos datos concretos que Berenson ha aportado en los últimos meses. Ya en mayo pasado publicó junto a Andrew Pollack -también en The New York Times- un artículo titulado Los médicos cosechan miles de millones de los medicamentos contra la anemia en el que informaban de las últimas decisiones de la FDA recomendando prudencia en el uso de los medicamentos contra la anemia -especialmente cuando son utilizados como complemento de la quimioterapia y en los casos de fallo renal- al haber relacionado el creciente aumento de su consumo con la aparición de graves efectos secundarios. Añadiendo el informe de la FDA que no existen evidencias de que ese tipo de medicamentos -Aranesp y Epogen de la empresa Amgen y Procrit de la multinacional Johnson & Johnson- mejoren la calidad de vida de los pacientes o amplíen su supervivencia -reclamos ampliamente utilizados en las campañas comerciales de ambos laboratorios- mientras sí existen, en cambio, estudios que indican que pueden acortar las vidas de los enfermos cuando se utilizan a altas dosis.
Hablamos de medicamentos que son versiones biotecnológicas de una proteína humana, la Eritropoietina o EPO, que estimula la médula para producir glóbulos rojos y aumentar así la capacidad del organismo para transportar oxígeno. De hecho, Aranesp, Epogen y Procrit se encuentran entre los fármacos más vendidos del mundo con ventas combinadas de 10.000 millones de dólares el pasado año. En Estados Unidos representan el gasto más alto para el Seguro de enfermedad y los consumen alrededor de un millón de pacientes al año, tanto en los casos de anemia causada por enfermedades del riñón como debido a la aplicación de quimioterapia en enfermos de cáncer.
¿Y se justifica de algún modo su uso? Baste este dato: el porcentaje de americanos que recibe hoy diálisis anualmente es el mismo que hace décadas. No cambió cuando el Epogen fue introducido. Lo que sí ha cambiado es la dosis media de éste desde 1991: se ha triplicado. Podría argumentarse que son medicamentos necesarios para evitar contagios en casos de transfusiones sanguíneas -algo que debido al miedo de contagio del VIH ha sido objetivo prioritario durante años- pero, ¿cómo se justifica que los pacientes norteamericanos de diálisis reciban el doble de dosis que los enfermos europeos? ¿O que las dosis de quimioterapia en casos de cáncer sean también mayores en Estados Unidos que en Europa según constató la investigación de los periodistas del New York Times?
"Los descuentos -escriben Berenson y Pollack- animan inevitablemente al uso de los medicamentos según nos reconoció Michael Sullivan, durante nueve años representante de un grupo de seis oncólogos en la Zona del Pacífico Noroeste antes de perder su trabajo el año pasado. Y nos facilitó la documentación que demuestra el tamaño de esos descuentos con la condición de que su grupo no fuera identificado (…) Sullivan nos explicó que como resultado de los descuentos de Amgen los seis médicos de su grupo consiguieron cerca de 1,8 millones de dólares de beneficio neto por los medicamentos que prescribieron. Además, al contrario que la mayoría de los medicamentos, los fármacos contra la anemia no tienen dosis fijas y, por tanto, los médicos tienen gran flexibilidad para aumentar la dosificación... y los beneficios". Un millón ochocientos mil dólares. Es decir, 300.000 dólares para cada oncólogo al año! ¡Y sólo con las prescripciones de dos medicamentos: Aranesp y Epogen!
Hoy la FDA recomienda ya contención en las dosis y Medicare vigila que los descuentos no sean el impulsor del continuo crecimiento de estos medicamentos a pesar de que las primeras evidencias que señalan que pueden ser peligrosos datan de hace más de una década.
Un ensayo patrocinado por Amgen, por ejemplo, se fijó como objetivo demostrar los beneficios de los pacientes de diálisis subiendo su hemoglobina a 14, el presunto nivel de una persona sana. El ensayo, sin embargo, tuvo que ser detenido al verificarse que entre los pacientes de ese grupo había más muertes y ataques al corazón que en el grupo tratado con un objetivo de hemoglobina de 10. Bueno, pues a pesar de ello el consumo de medicamentos EPO siguió subiendo.
En el caso de los pacientes de cáncer las preocupaciones comenzaron en el 2003 tras realizarse ensayos clínicos que trataban de demostrar que elevando la hemoglobina a niveles altos la Quimioterapia y la Radioterapia eran más eficaces. Lo que los estudios demostraron, por el contrario, es que esos fármacos parecían empeorar al enfermo de cáncer e, incluso, acelerar su muerte. "El Dr. Peter Eisenberg, oncólogo en el condado de Marin (California), afirmó -añaden los periodistas- que se había inducido a muchos médicos a que utilizaran más epoetin (EPO) mediante incentivos financieros y haciéndoles creer que el medicamento era provechoso". Lo cierto, sin embargo, es que durante la XII Conferencia Anual de la National Comprehensive Cancer Network -celebrada el año pasado- Lee Newcomer -ejecutivo de United Health Group en Minneápolis, una de las aseguradoras médicas más importantes de Estados Unidos- afirmó que repasando los historiales de pacientes a los que les fue prescrita Eritropoietina el 44% tenía marcadores sanguíneos que indicaban que no eran anémicos. Newcomer también se refirió al uso del Tratuzumab en el tratamiento del cáncer de pecho -comercializado como Herceptin-, recomendado en el caso de mujeres con cáncer de pecho con sobreexpresión del gen conocido como HER2. Bueno, pues a pesar de que se sabe que el medicamento es ineficaz en mujeres con niveles normales de HER2 Newcomer constató que casi el 12% de las prescripciones se realizaron para mujeres con niveles normales. ¿Será esa la razón por la que Herceptin 440 mg -dosis recomendada: 4 mg por kilo- tiene un precio al por menor de 2.900 dólares en Estados Unidos y 2.150 euros por esos lares? Tras los últimos datos aportados por The New YorkTimes Brian R. Klepper, fundador y presidente del Center for Practical Health Reform, en un artículo titulado ¿Son los descuentos buenos para la Oncología? resumía así lo que está ocurriendo. "El artículo era anecdótico pero no hay razón para dudar de que refleja una práctica extendida. Oncólogos con los que he estado en contacto desde que el artículo fue publicado se muestran fuertemente divididos a favor y en contra de los descuentos. Ninguno de ellos sugiere que sea un caso aislado. Indudablemente muchos médicos son sinceros cuando afirman que su juicio clínico no está en venta pero en cualquier otro campo tales descuentos serían entendidos como contragolpes específicamente dirigidos a condicionar la toma de decisiones. Hay una apariencia de impropiedad".
El problema con este sistema es, según sus críticos, que está sirviendo para perpetuar el uso de la quimioterapia. No sólo se trata de un dinero fácil de ganar sino que dado el incentivo que supone prescribir quimioterapia se ha vuelto bastante improbable que los oncólogos deriven a los pacientes a otros posibles tratamientos de cáncer, a terapias menos agresivas e, incluso, a programas federales con tratamientos clínicos diferentes como los nutricionales.
En suma, ¿cómo no va dudar hoy cualquier enfermo de cáncer de la idoneidad del tratamiento que le recomienda su oncólogo? ¿Cómo puede estar seguro de que no le sugiere ese tratamiento y no otro por meros intereses económicos? ¿Y cómo puede estar seguro de que su tratamiento no va a alargarse innecesariamente por la misma razón?
"Los médicos -señala Klepper- deberían ser remunerados con incentivos relacionados con el volumen de pacientes y los resultados. No deberían beneficiarse por mover más cantidad de producto o por realizar más procedimientos que son independientes de la calidad o la seguridad. El asunto de fondo es que el mercantilismo médico favorece qué es lo mejor para el doctor antes que para el paciente. Este arreglo compromete la calidad, aumenta el coste y erosiona la relación del paciente con el médico".
El debate está abierto en la Oncología estadounidense. Es obvio que los cambios en el sistema de pagos no han conseguido reducir el gasto federal en el tratamiento del cáncer y la resistencia de los oncólogos a renunciar a tan suculenta fuente de ingresos es evidente. "Algunos médicos -señala Berenson en su artículo del New York Times- afirman que los oncólogos respondieron al cambio del seguro de enfermedad efectuando tratamientos adicionales con los que conseguían mejores reembolsos, supusieran o no un beneficio mayor para los pacientes (…) El doctor Richard Deyo, profesor de Medicina en la Universidad de Washington y experto en gasto médico, señaló: 'Hay evidencia suficiente que demuestra que muchos pacientes para quienes hay poca esperanza de vida, enfermos terminales a quienes la Quimioterapia no va a ayudar, siguen recibiéndola".
En definitiva, ¿alguien duda de que mientras no se rompa la actual relación económica entre las multinacionales y los oncólogos norteamericanos las dudas sobre porqué aplican unos tratamientos y no otros serán legítimas? Allí como aquí. ¿O alguien se atreve negar que lo que hacen los oncólogos norteamericanos influye decisivamente en todos los demás, incluidos los españoles?
Todo esto, claro, en el remoto supuesto de que la Quimioterapia se justificase porque como en esta revista hemos repetido hasta la saciedad no hay un solo ensayo clínico en humanos con un producto quimioterápico -o combinación de productos- que haya logrado la curación de un solo caso de cáncer en el mundo.

Antonio F. Muro