NÚMERO 30 (JULIO - AGOSTO / 2001)

Los tres gigantes mundiales de la telefonía móvil -Nokia, Ericsson y Motorola- han patentado nuevos componentes para los teléfonos móviles a fin de proteger mejor a los usuarios de las radiaciones. Las tres compañías llevan trabajando en esos nuevos componentes desde hace 8 años a pesar de lo cual continúan afirmando que sus teléfonos no presentan riesgo alguno para la salud. Sin comentarios.

NÚMERO 31 (SEPTIEMBRE / 2001)

El Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer -perteneciente a la Organización Mundial de la Salud- ha reconocido por fin que los campos magnéticos producidos por los aparatos domésticos eléctricos y electrónicos pueden ser peligrosos para el hombre. Una declaración que confirma la denuncia que en ese sentido venían haciendo desde hace más de 30 años investigadores independientes sin que se les escuchara.
Ese centro de investigación admite ahora que tanto los campos emitidos por los aparatos domésticos como los cables eléctricos -y, por tanto, las líneas de alta tensión- "podrían ser cancerígenos para el hombre".
En la clasificación realizada por el centro, los campos magnéticos pasan así de la categoría de sustancias o radiaciones "inclasificables" a la de "probablemente cancerígenos" que se sitúa justo antes de la de "definitivamente cancerígenos".
Sin embargo, ese mismo centro sigue sin pronunciarse sobre el peligro de los teléfonos móviles y de las antenas repetidoras de telefonía móvil. El estudio epidemiológico sobre ello se publicará en el 2003.

NÚMERO 37 (MARZO / 2002)

Se confirma que las mujeres embarazadas que están expuestas a campos electromagnéticos tienen mayor riesgo de abortar, según los resultados mostrados por el Kaiser Foundation Research Institute y el California Department of Health Services (Estados Unidos) que acaba de publicar la revista Epidemiology.
Los especialistas controlaron a 1.000 mujeres que estaban expuestas frecuentemente a campos electromagnéticos en su vida diaria a lo largo de sus embarazos. Pues bien, los datos indican que las probabilidades de abortar entre las mujeres expuestas a un máximo de 16 miligauss -más de lo normal en un entorno eléctrico corriente- son un 80% mayor.
Los riesgos -atendiendo a 30 factores de aborto preestablecidos- aumentaron sobre todo durante las 10 primeras semanas del embarazo, particularmente en mujeres con historia de aborto o problemas de gestación.

Un destacado grupo de científicos españoles presentó el pasado mes de mayo en la Universidad de Alcalá de Henares lo que ya se conoce como la "Declaración de Alcalá sobre Contaminación Electromagnética y Salud Pública", documento que insta al Gobierno a aplicar el principio de precaución y rebajar inmediatamente los límites autorizados de las emisiones de las antenas de telefonía móvil.
Entre los firmantes están José Manuel Rodríguez Delgado -profesor de la Universidad de Yale y antiguo investigador de la NASA-, José Luis Bardasano -director del departamento de Especialidades Médicas de la Universidad de Alcalá-, María Jesús Azanza -catedrática de Magnetobiología de la Universidad de Zaragoza-, el doctor José de la Hoz y Fabra -prestigioso cardiólogo y estrecho colaborador del profesor Demetrio Sodi Pallarés-, Claudio Gómez Perretta -destacado profesor de la Universidad de Alcalá Ceferino Maeztu- y el investigador e médico José Luis Ramos.
La Declaración de Alcalá denuncia que como sobre este tema se sabe aún muy poco el Gobierno debería aplicar el principio de precaución y rebajar los niveles autorizados de emisión de las antenas de telefonía móvil. "Es una grave negligencia -se dice en la declaración- que la población española esté expuesta a niveles de hasta 900 microwatios por centímetro cuadrado esperando que la evidencia firme establezca los efectos nocivos". El documento también asegura que "no existe ninguna razón para mantener unos límites basados exclusivamente en el efecto térmico ignorando los efectos no térmicos". "La legislación actual sobre esta materia -declararía por su parte Rodríguez Delgado- es deficiente, anárquica y nada homogénea".
En suma, este prestigioso grupo de científicos corrobora lo que esta revista ha venido denunciando amplia y documentadamente -una vez más con mucha antelación- en los últimos números. De hecho, nadie se ha atrevido hasta la fecha a desmentir uno solo de los datos que hemos publicado. Eso sí, prácticamente nadie se ha hecho eco tampoco de ello. No se atreven.

Seis asociaciones de vecinos han demando a las operadoras de telefonía móvil Amena, Movistar y Vodafone por hacer "publicidad engañosa" al afirmar en su última campaña que "las antenas son seguras". Esa afirmación -dicen- es "engañosa" porque una cosa es que las antenas cumplan la normativa española y europea sobre radiaciones y otra que haya evidencias científicas que demuestren que son inocuas para la salud.
Las asociaciones exigen a las operadoras que se retracten y realicen otra campaña en la que informen de los peligros reales de las antenas asegurando que si no lo hacen actuarán judicialmente acusándolas de estafa publicitaria.
Los vecinos argüyen -con toda razón- que si el asunto estuviera tan claro la Organización Mundial de la Salud no habría encargado un estudio sobre el tema ni se estaría tomando tantos años para pronunciarse.
Nos congratula esta iniciativa por cuanto la revista ha denunciado ya en varias ocasiones que la seguridad de las antenas no sólo está en entredicho sino que hay claras evidencias de su peligrosidad. Aunque muchos medios de comunicación lo silencien para no poner en peligro los ingresos por publicidad que estas operadoras les proporcionan. Allá ellos con su conciencia.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tras hacer un estudio sobre ondas electromagnéticas, ha llegado a la conclusión de que "el ciudadano puede estar tranquilo". Las mediciones se efectuaron -entre otros escenarios- dentro de una manta eléctrica, sosteniendo un secador, a 60 metros de una antena, a 60 cm de un teléfono, encima de una línea eléctrica enterrada, 10 cm por encima de una lavadora; en un parque rodeado por edificios con antenas, a 20 cm de un microondas a máxima potencia y a cinco centímetros de un teclado de ordenador y ponen de manifiesto "los niveles realmente bajos de exposición a radiaciones en 16 situaciones". Claro que luego dice que "aún persisten algunas lagunas de conocimiento sobre los efectos de la exposición a largo plazo por lo que queda justificado un llamamiento a la precaución". Y agrega que no es comprensible que haya en España un vacío legal tan importante porque aquí "no se controlan las radiaciones de frecuencia extremadamente baja".
Asimismo, pide que se armonicen los criterios sobre los límites de exposición porque "no es de recibo que en España existan no menos de seis normas autonómicas y 165 ordenanzas municipales distintas".
¿En qué quedamos? ¿De verdad los ciudadanos no tienen por qué preocuparse? ¿Cómo puede decir tal cosa la OCU después de reconocer que en España no se controlan las radiaciones de frecuencia extremadamente baja cuando hay estudios científicos que evidencian la potencial peligrosidad de las mismas? Recomendamos a la OCU que lea lo publicado al respecto en los números 36 y38 de nuestra revista. Lo necesitan si no quieren seguir perdiendo credibilidad.

La exposición continua a las ondas que emiten las antenas de telefonía móvil es causa de enfermedades neurológicas y disfunciones en el sistema nervioso central. Tal es la principal conclusión de un nuevo estudio científico elaborado por los investigadores españoles Claudio Gómez-Perretta, Enrique Navarro, Manuel Portolés y Jaime Segura.
El trabajo de campo que dio lugar a esta conclusión se desarrolló con 101 vecinos de la localidad murciana de La Ñora donde la mitad de ellos vive a menos de 150 metros de una Estación Base de Telefonía Móvil (BS) -está situada en una colina en mitad de la población- mientras el resto vive a más de 250 metros. Pues bien, se constató que el primer grupo estaba sometido a una radiación 10 veces superior y que entre ellos era habitual padecer dolor de cabeza, fatiga, insomnio, dificultad de concentración, irritabilidad, depresión y pérdida de apetito. Y no se descartaron patologías más graves como tumores cerebrales.
Según los autores del trabajo, es obvio que tales síntomas están relacionados con "las exposiciones continuadas a niveles bajos de radiofrecuencias". La relación entre la existencia de disfunciones y el nivel de radiación apareció claro porque los síntomas eran mayores cuando más intenso era el campo eléctrico.
Este estudio demuestra una vez más la razón de las denuncias que de forma insistente venimos haciendo en esta revista sobre este asunto desde su creación. Que el Gobierno siga sin tomar medidas es una auténtica vergüenza. Que los medios de comunicación se muestren tibios ante lo que sucede porque no quieren perder la tremenda tarta publicitaria de esas empresas, lamentable. Y que las compañías responsables sigan intentando hacer creer a la población que no hay evidencias científicas aún, un sarcasmo.

En esta revista venimos advirtiendo reiteradamente -sin mucho éxito- que el uso continuado de los teléfonos móviles es peligroso. Pues bien, un reciente estudio realizado por los ministerios holandeses de Salud, Telecomunicaciones y Asuntos Económicos sobre el impacto en la salud de las señales de radio de la nueva generación de servicios de telefonía móvil son claros: causan dolores de cabeza y náuseas.
El estudio, realizado por el Instituto Holandés de Investigación Tecnológica, es el primero de este tipo que se hace y comparó el impacto de la radiación de las estaciones base usadas por la red actual de telefonía móvil frente a las nuevas redes de 3ª generación. Pues bien, el grupo que estuvo expuesto a las estaciones base de tercera generación experimentó sensaciones de hormigueo, dolor de cabeza y náuseas.
Si bien investigaciones anteriores ya demostraron que las radiaciones de los móviles alteran las funciones cognitivas este estudio no examinó la emisión de los aparatos sino la de las estaciones base (una estación base cubre varios kilómetros cuadrados y transmite señales a los teléfonos mediante un campo electromagnético). Los teléfonos emiten una radiación más potente cuando se emplean mientras que la estaciones transmiten ondas a un nivel más bajo pero de forma constante.
Eso sí, tras conocer los resultados los ministros holandeses alegaron -¡cómo no!- que era necesario confirmarlos con nuevos estudios así como determinar los efectos a largo plazo en la salud. Asegurando que llevarán el asunto a la Comisión Europea. ¡Habrá que dar tiempo a las empresas de telefonía para que financien otros estudios que desmientan estos!
Claro que oficialmente sigue también sin aceptarse que los teléfonos de segunda generación pueden causar tumores cerebrales. Se está a la espera de los resultados del estudio efectuado por la Agencia Internacional en Investigación del Cáncer que deberían hacerse públicos a finales de este año. Veremos qué nos cuentan.

A pesar de la propaganda oficial y de la complicidad de numerosos medios de comunicación que ingresan enormes sumas de dinero con la publicidad de las empresas implicadas.... la mitad de los españoles cree que vivir cerca de las instalaciones de telefonía móvil puede ocasionar cáncer. Las afirmaciones de algunos "expertos" que insisten en que no hay "evidencias científicas" que confirmen la relación de los campos electromagnéticos de baja frecuencia con el cáncer ya no son creíbles para la mitad de la población. ¿Será por eso que han recurrido a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que, en una intervención que la descalifica definitivamente, ha decidido hacerles el juego?
Entre quienes defienden que las radiaciones no ionizantes carecen de la energía necesaria para poder alterar la estructura del organismo y generar cáncer está el catedrático de Anatomía y Embriología de la Universidad de Valladolid, Juan Represa, quien añade que los actuales límites de seguridad se encuentran incluso 50 veces por debajo de lo necesario. El secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Adrián Nogales, agregaría por su parte que todas las instalaciones transmisoras de ondas son revisadas periódicamente para constatar que cumplen con los límites fijados por la normativa europea. A pesar de lo cual ambos admitirían que "es necesario seguir investigando"... pero porque la tecnología cambia.
Según la encuesta a la que nos referimos -elaborada con una muestra de 800 personas- la mitad de los españoles considera al teléfono móvil y al microondas como los más peligrosos por delante del ordenador (37 %) y el televisor (25%). Además, cuatro de cada diez encuestados considera que también la exposición a estos aparatos puede provocar cáncer, el 15% que puede provocar dolores de cabeza, el 11% problemas de vista y el 4% alteraciones de comportamiento, daños cerebrales o problemas cardiacos.
Vicente Guillén, jefe del Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología, se muestra preocupado ya que, a su juicio, esto demuestra que "la gente está mal informada y habría que educarla sobre los riesgos del cáncer, que es una enfermedad multifactorial". Una idea en la que ha incidido también el recién nombrado presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Francisco González-Robatto, a quien le preocupa "el gran desconocimiento" de la población "por seguir considerando estos campos como "sinónimos de enfermedad".
Discovery DSALUD discrepa abiertamente. Y a los artículos ya publicados -léalos en nuestra web (www.dsalud.com)- vamos a añadir uno nuevo el mes que viene. Ya está bien de dar sólo información interesada.

Alejandro Ubeda, subdirector del Departamento de Investigación del Servicio de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, afirmó durante la conferencia Campos electromagnéticos y cáncer que pronunció en el marco del XI Congreso de Protección Radiológica que se acaba de celebrar en Madrid que los resultados del estudio de las radiofrecuencias in vitro "no indican que provoquen daños directos en el ADN". Y que en las experimentaciones con mamíferos no se han observado cambios en su longevidad y no hay pruebas de que provoquen la aparición de linfomas o tumores. Agregó también que los estudios en animales no indican que los campos de frecuencia extremadamente bajos sean cancerígenos ni aceleradores de su desarrollo. Sólo admitió que en situaciones extremas de exposición pueden inducir efectos biológicos, como la estimulación directa de los nervios o los músculos. En cuanto a los estudios realizados en humanos aseveró que tampoco se han demostrado efectos relacionados con la electrofisiología del sueño, el sistema inmune o la química de la sangre. Eso sí, luego se curó en salud añadiendo que "el número de estudios realizados no es suficiente para obtener conclusiones válidas".
Paolo Vechia -del Instituto Nacional de la Salud de Roma- agregaría por su parte que "actualmente no hay evidencias convincentes de que la exposición a radiofrecuencias acorte la vida de los humanos o induzca o promueva el cáncer". Y dijo que las medidas legales de precaución a tomar deben ser proporcionadas con el riesgo que se pretende limitar por lo que no deben ser muy restrictivas ya que "tienden a incrementar la preocupación pública".
Lo que ambos investigadores silenciaron es que en tales experimentos no se utilizan teléfonos reales. Y el hecho de separar las frecuencias de un teléfono modificar los resultados como ya demostraron Youbicier y Simo. En otras palabras, sus trabajos están pensados para no encontrar lo que se busca.
Lea el lector el esclarecedor artículo que publicamos en este mismo número. Y luego plantéese en serio si le compensa ir todo el día con el teléfono móvil encima. Es su salud y su vida.

"La utilización prolongada de teléfonos móviles puede tener un efecto negativo en la producción de esperma y en la fertilidad masculina ya que deteriora tanto la concentración como su movilidad" Así lo afirma Imre Fejes, responsable de un equipo de investigación de la Universidad húngara de Szeged. ¿La causa? La radiación procedente de los móviles. Obviamente, notablemente mayor cuando se llevan en la cintura o en el bolsillo del pantalón. El estudio, que se prolongó durante trece meses controlándose a 221 hombres, demostró que la producción de esperma se redujo de media en casi un 30% mientras el semen superviviente sufría alteraciones. Las conclusiones fueron presentadas en la conferencia anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología que se celebró poco antes del pasado verano en la capital alemana.
Algunos "expertos" -como se sabe, contratados por las operadoras de telefonía móvil- salieron rápidamente en defensa de quienes les pagan asegurando que son conclusiones exageradas que hay que contrastar.
Nuestros lectores han sido reiteradamente advertidos por esta revista de la peligrosidad de los teléfonos móviles. Ahora decida usted si le compensa arriesgarse pero sepa que cada vez hay más casos de cáncer de testículos y ovarios entre personas jóvenes.

Los primeros datos del Proyecto Reflex -financiado por la Unión Europea y desarrollado por 12 equipos de 7 países, entre ellos España- indican que la exposición a las radiaciones de los teléfonos móviles por debajo de los límites que se consideran inocuos "provocan modificaciones celulares y en el ADN". Nada más saberlo la Unión Europea... ¡ha retirado la financiación para que no se pueda seguir investigando más!
La directora del equipo español, Angeles Trillo, mostró su sorpresa e insinuó que tiene que haber habido presiones muy fuertes para que los estudios no sigan y que probablemente se ha tomado esa medida porque los resultados podrían crear "una alarma social muy grande". Y añadió: "Los teléfonos móviles se utilizan mucho y ahora sabemos que tienen efectos biológicos a nivel celular y molecular por lo que lo lógico sería seguir estudiando el problema".
Alejandro Úbeda, subdirector del Departamento de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramón y Cajal y también miembro del equipo, explicó por su parte que el estudio determina que "existen cambios en las células pero aún se desconoce cuál es el mecanismo que pone en marcha el proceso". Lo que no van a poder averiguar porque "ya no hay fondos para hacerlo". Agregando: "Lo que me parece raro es que después de encontrar esos resultados, que aunque no son de nocividad demuestran que hay un efecto por debajo de los límites que se consideran tolerables, es que no se profundice en ellos, que se cierre la carpeta y no se financie su continuación".
Para Úbeda la respuesta celular se produce no sólo por el calor generado por las microondas -algo ya sabido- sino "por algo más cuyo mecanismo es desconocido". "Si el telefóno móvil sólo recibiese no habría problema; el problema es que emite y nuestra cabeza está en medio", añadió Ubeda. En sus conclusiones, los miembros del Proyecto Reflex recomiendan no abusar del móvil, especialmente en el caso de los jóvenes.
Paralelamente, el Grupo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido (NRPB -grupo de expertos nombrados por el Ministerio de Sanidad británico- presentó otro informe que recomienda "minimizar el uso del teléfono móvil por los niños, en especial los menores de ocho años". Como consecuencia de lo cual la empresa MyMo retiró del mercado el primer teléfono móvil dirigido específicamente a los menores que comercializaba en el Reino Unido desde hacía cinco meses. El presidente del grupo, sir William Stewart, declararía: "No creo que podamos decir, con la mano en el corazón, que los teléfonos móviles son totalmente seguros".
Llevamos varios años advirtiendo a nuestros lectores que los teléfonos móviles son peligrosos para la salud sin que la mayor parte de los medios de comunicación se hagan eco de lo que hemos publicado. Insistimos pues de nuevo: tenga cuidado con ellos. Úselos exclusivamente en casos de emergencia hasta que no sean realmente seguros.

El madrileño Ayuntamiento de Móstoles -gobernado por el Partido Popular- ha decidido encargar un estudio para determinar "científicamente" si las estaciones radioeléctricas de telefonía móvil perjudican o no la salud. ¡Como si a estas alturas hiciera falta un estudio para saber eso! El análisis le ha sido encargado a expertos de la madrileña Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que contarán con la ayuda de miembros del Instituto Electromagnético de la Universidad Complutense y de un catedrático de Medicina de la Universidad de Valladolid. Se está a la espera de que la antena -que encima carece de licencia de actividad- sea cerrada por el juzgado en el que se han denunciado los hechos.
La decisión de encargar el estudio se tomó al constatar que al menos una veintena de personas ha contraído cáncer -varias de las cuales ya han muerto- tanto en el número 1 de la calle Julio Romero de Torres -en cuya azotea está instalada la antena- como en algunas de las viviendas de alrededor.
Los especialistas harán "un análisis técnico, científico, riguroso e independiente", según manifestación del Rector de la Universidad, Pedro González-Trevijano. Por nuestra parte añadiremos que nuestro director, José Antonio Campoy, pidió un estudio similar al Alcalde de Majadahonda el pasado 8 de mayo porque la situación es la misma que en Móstoles. "Hay decenas de casos de cáncer y problemas cardiovasculares graves además de intensos dolores de cabeza, ansiedad, angustia, depresión e insomnio entre muchos de los vecinos cuyas viviendas están al lado de un edificio en cuya azotea hay una antena de telefonía móvil y en el bajo un transformador eléctrico -transmitió nuestro director al alcalde-. Muchos han muerto. Y la relación entre ambos hechos está meridianamente clara. Ahora -añadió- el ayuntamiento puede estudiar en serio este asunto y demostrar que los ciudadanos a los que gobierna le importan realmente o nos ocuparemos de ello nosotros mismos."
Les tendremos informados.

El pasado mes animamos en nuestro editorial a quienes viven cerca de torres de alta tensión, centros de transformación y antenas de telefonía a denunciar ese hecho en los juzgados porque la manida argumentación de que no hay evidencias científicas de su peligrosidad ha dejado de ser válida hoy: jurídicamente han de ser las compañías de electricidad y telefonía las que aporten la "carga de la prueba", las que demuestren científicamente su inocuidad y que las radiaciones y campos electromagnéticos no afectan a la salud. ¡Algo que no han podido hacer jamás! E insistimos en que así lo determina el Tribunal Europeo de Justicia y los jueces españoles que han emitido las más recientes sentencias sobre ello en nuestro país. En todos los casos mencionados basta que alguien demuestre tener problemas de salud que no puedan objetivamente achacarse a causa conocida alguna y estar sometido a una fuente de radiación electromagnética para que deba aplicarse en su caso el Principio de Precaución. Sólo la desidia y complicidad de las autoridades locales, provinciales y nacionales -plenamente informadas y conscientes de lo que está pasando pero decididas a proteger a toda costa a las empresas del sector en aras de un mal entendido e injustificado desarrollismo- ha llevado a los ciudadanos a no dejarnos otra opción que inundar los juzgados de denuncias. Pues bien, tal como prometimos el mes que viene les explicaremos qué deben hacer exactamente.

El Juzgado de Primera Instancia de Murcia dictó en abril del 2001 una sentencia -que luego corroboraría la Audiencia Provincial- ordenando el cierre de un transformador de Iberdrola situado en los bajos de una vivienda a causa de los campos electromagnéticos que generaba. De acuerdo con la prueba practicada el campo magnético era permanente y superior a un microtesla llegando a alcanzar en algunas horas del día los 4 microteslas.
Los jueces determinaron en la sentencia que el campo electromagnético constituía una "inmisión" "que puede ser conceptuada -se explicaba- como 'aquellas actividades que, desarrolladas por personas dentro del cambio de su esfera dominical o de su derecho de goce, excedan de los límites normales de tolerancia proyectando sus consecuencias sobre la propiedad de los otros, perturbando su adecuado uso y disfrute" (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de noviembre de 1998). Añadiendo que en estos casos es la empresa la que tiene que probar la inocuidad de las radiaciones. De hecho, en ella se dice textualmente lo siguiente: (...) Lo que nos hemos de plantear es la razón por la cual un ciudadano, una vez adquirida una vivienda, tenga que soportar los campos electromagnéticos que sean producidos por parte de una subestación que se encuentra debajo de la misma, campos éstos que, de conformidad con el informe pericial y según estudios recientes, producen efectos biológicos por debajo de las medidas que se encuentran en el piso en cuestión y que está por ver si tales efectos biológicos son o no perjudiciales para la salud de los humanos, generando con ello el normal y elemental desasosiego en los moradores de las viviendas donde se introducen los mismos. En tales supuestos, y de acuerdo con la doctrina anteriormente citada, es procedente la aplicación del principio de inversión en la carga de la prueba en lo que se refiere a la acreditación clara y terminante de la inocuidad de los campos magnéticos".
Y algo muy importante: la sentencia entiende que el daño causado además no tiene por qué ser necesariamente físico. "Hay que destacar -puede leerse en ella- que si bien es cierto que no existe prueba actual de daño físico alguno no lo es menos que se puede derivar la existencia de un daño moral que viene constituido y fundamentado en el elemental y normal desasosiego e intranquilidad que surge en unas personas por la posibilidad de que en donde desarrollan los elementos más esenciales de su vida, esto es en su vivienda, se están produciendo una serie de emisiones que pudieran ser nocivas para la salud, tanto de ellos como de sus hijos. Circunstancias todas estas que tienen un difícil encaje con lo previsto tanto en el art. 15.1 de la Constitución Española (derecho a la vida y a la integridad física), 18.1 y 2 (derecho a la intimidad personal e inviolabilidad del domicilio) y art. 45.1 3 del mismo texto legal (derecho a disfrutar del medio ambiente y obligación de reparar los daños causados contra este medio ambiente)".
El tribunal, incluso, amplió los argumentos jurídicos de la demandada: "Si bien esta normativa no ha sido alegada parece lógico considerar que a la cuestión debatida le es susceptible de aplicación la Ley General Consumidores y Usuarios (LGCU), Ley 26/1984 de 19 de Julio". Es decir, que también en el caso de los campos electromagnéticos los posibles demandantes pueden argumentar su condición de consumidores puesto que la electricidad es un servicio y los vecinos sus consumidores. "Y si, por lo tanto, es de aplicación la LGCU -dice la sentencia- hay que significar que cuando en el art.2.1 se enumeran los derechos de los consumidores y usuarios, lo que es la indemnización por 'los daños y los perjuicios ocasionados' aparece tan sólo en tercer lugar, por cuanto resulta que el primero de estos derechos es 'la protección contra los riesgos que puedan afectar a la salud o seguridad'. Esta terminología es reiterada en el art.3 de la Ley 4/1996 de 14.6.96 por el que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia pero añadiendo 'concebida aquella de forma integral, incluyendo por lo tanto los riesgos que amenacen el medio ambiente y la calidad de vida'. De este modo, el primer derecho que tiene el consumidor o usuario es el de que se adopten medidas puramente preventivas que es lo que, con carácter principal, se pide en esta demanda y que no es otra cosa que la casa esté libre de campos electromagnéticos que pudieran ser perjudiciales para la salud".
En suma, el transformador fue cerrado una vez la sentencia, apelada por la compañía, fue ratificada -con alguna mínima corrección- por la Audiencia Provincial. Pues bien, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de rechazar el pasado 4 de octubre el recurso que presentara Iberdrola declarando firme la sentencia.
La demanda fue presentada en febrero de 1998 por Francisco Hernández Rodríguez y María Teresa González Guillén y el abogado que ha ganado el caso es José Luis Mazón. Y es justo decir que gracias al esfuerzo y tesón de los primeros y a la profesionalidad del segundo así como a la independencia de los jueces que en este caso han dictado las sentencias es evidente que los abusos de las compañías de electricidad y telefonía en España van a acabarse. Basta con que los ciudadanos ejerzan sus derechos y las autoridades cumplan con su obligación. Nos congratulamos.

Palabras y más palabras. Es lo único que por el momento han conseguido de las autoridades locales y de la Comunidad de Madrid los vecinos que antes del verano denunciaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente que desde 1984 hasta hoy se han producido 43 muertes -26 por cáncer y 17 por infartos o problemas cardiovasculares- en tan sólo cinco bloques de viviendas de apenas cuatro pisos ubicados a muy pocos metros de un transformador de Iberdrola y de una enorme antena de telefonía móvil.
Pues bien, mientras se conoce la decisión de la Fiscalía ambas compañías han procedido a realizar en las últimas semanas obras de gran envergadura en ellas. El pasado 25 de septiembre, en pleno domingo, días después de que Iberdrola y el Ayuntamiento declararan públicamente que todo estaba bien una brigada de trabajadores -nada menos que 9 operarios- cortó la Travesía San Joaquín de Majadahonda sin permiso municipal y -según testimonio posterior de los vecinos ante la Fiscalía- durante ¡13 horas! estuvieron trabajando en el interior de la instalación del transformador sacando gran cantidad de cables y materiales viejos y sustituyéndolos por otros nuevos. Durante esas horas también estuvieron trabajando allí quienes en apariencia eran técnicos de la compañía. Los vecinos avisaron tanto a la Guardia Civil como a la Policía Municipal que no tomaron ninguna medida limitándose a levantar acta de lo que allí se estaba haciendo. También en esas fechas la compañía telefónica abría un enorme agujero en el suelo e instalaba una especie de búnker de hormigón por donde en teoría -por los agujeros que presentaba- debían salir los cables del edificio de la antena. Según lo que escuchó uno de los comerciantes de la zona querían disminuir la potencia de emisión de la antena.
Dos días después, el 27 de septiembre, el pleno del Ayuntamiento de Majadahonda aprobaba por unanimidad -hay que tener desfachatez- una resolución para que se abriese una investigación sobre el asunto pero la realidad es que desde entonces no se ha hecho absolutamente nada. Ni se ha investigado ni se les ha proporcionado a los vecinos un solo dato sobre la situación de las antenas y el centro de transformación.
Es más, el pasado día 3 de noviembre la Teniente de Alcalde y concejala de Urbanismo, Carmen Menéndez, recibió en su despacho a los dos denunciantes sin que la reunión se tradujera en nada concreto. Y del grado de la investigación sirva como muestra que la concejala les manifestó que ni siquiera tenía conocimiento de que tanto Iberdrola como Telefónica habían hecho grandes remodelaciones. Claro que ese centro de transformación y la antena se encuentran a la enorme distancia de ¡120 metros! del Ayuntamiento y eso lo explica. Eso sí, la teniente de alcalde tuvo tiempo para acusar a esta revista ante los vecinos de "provocar alarma social" por denunciar las muertes ocurridas y la incompetencia de las autoridades locales para evitarlo a pesar de las reiteradas peticiones efectuadas por algunos vecinos desde hace años.
Los miembros de la oposición municipal han citado a los vecinos el 2 de diciembre para debatir la situación. Mientras, ante la inacción de las autoridades, una persona más del entorno del transformador -aunque no de los edificios detallados ante la Fiscalía- ha muerto de cáncer. Porque la realidad que se sigue ocultando es la enorme dimensión de los hechos. Y es que hasta el momento nadie ha investigado más que en esos cuatro bloques pero se sabe que en el entorno inmediato hay más muertos. Van contabilizados más de sesenta fallecidos y algunos vecinos hablan de que posiblemente la cifra llegue al centenar. Un auténtico escándalo.
Actitud bien distinta ha adoptado el madrileño ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. En el último pleno se decidió retirar 26 de las 27 antenas de telefonía instaladas en el municipio, todas ellas de forma ilegal. Curiosamente, el acuerdo se tomó con la abstención del equipo de gobierno (POSE e IU) y el apoyo de la oposición (PP, PADE y un concejal independiente). En Majadahonda el PP gobierna y quiere mantener las antenas mientras el PSOE e IU las combaten. Lo de siempre. Estamos hartos de la hipocresía de nuestra clase política.

En una decisión que viene a poner de manifiesto el peligro real al que están sometidos decenas de miles de españoles en todo el país y que puede marcar una línea de actuación a nivel nacional la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha decidido llevar a los tribunales la situación de dos Centros de Transformación que Iberdrola tiene instalados en Majadahonda y Móstoles al considerar que pueden ser la causa directa de las muertes de 45 personas por cáncer y problemas cardiovasculares -además de la enfermedad de otras 8 personas con cáncer y 9 con problemas cardiacos- en el primer caso y de trece muertes por cáncer en el segundo. Todas esas personas vivían a escasos metros de los mencionados transformadores. La situación en el caso de Majadahonda podría estar agravada por la existencia también en las inmediaciones de una gran antena de telefonía (vea el lector en nuestra web todo lo publicado sobre este caso en el nº 75 de la revista).
El pasado 9 de febrero los juzgados de Instrucción número 3 de Majadahonda y número 2 de Móstoles admitieron a trámite las denuncias de la Fiscalía y deberán decidir en las próximas semanas si procede o no el cierre cautelar de las instalaciones tal y como solicita el Fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio.
Fuentes de la Fiscalía señalaron a esta revista que en los escritos de denuncia se ha querido hacer especial hincapié en la situación irregular de los transformadores más que en la polémica sobre los límites legales de las radiaciones. Lo que se ha trasladado a ambos juzgados y a la sociedad es la peligrosa situación en la que se mantienen esos dos transformadores -como otros cientos más en toda España- que funcionan sin los permisos correspondientes.
En Majadahonda y Móstoles -denuncia la Fiscalía- ambos transformadores han estado funcionando sin contar siquiera con los adecuados permisos y con el consiguiente riesgo para la salud de los vecinos que viven o trabajan en su entorno. Hoy día, ante la evidente incidencia en el organismo de los campos electromagnéticos -algo asumido por la comunidad científica-, existe ya una legislación mucho más rigurosa para la puesta en marcha de los nuevos transformadores que incluye blindajes especiales y estudios de impacto ambiental. Normas que en opinión de la Fiscalía deberían aplicarse también a los antiguos transformadores ya que los riesgos para la salud están suficientemente demostrados.
La situación de irregularidad de los transformadores denunciados se ha mantenido durante décadas con el beneplácito inexplicable y vergonzoso de los ayuntamientos y resta argumentos ante la Justicia tanto a las corporaciones municipales como a Iberdrola que se han venido limitando a argumentar que las emisiones están dentro de la legalidad vigente. La estrategia de la Fiscalía -denunciar la situación irregular de los centros en lugar de entrar a discutir sobre el peligro o inocuidad de las radiaciones- aumenta pues las posibilidades de que los transformadores sean cerrados por los juzgados -de forma cautelar o definitiva- antes de entrar en el fondo de la cuestión: el peligro de la emisión de radiaciones a largo plazo incluso cuando se cumple lo marcado por la legislación.
En Majadahonda tanto Iberdrola como el Ayuntamiento -regido por el Partido Popular- han sostenido públicamente de forma reiterada que todo estaba en orden pero el 25 de septiembre -y sin que tuviera conocimiento de ello el propio Ayuntamiento o al menos tal alegan- una brigada de nueve trabajadores de la compañía eléctrica se presentó a las nueve de la mañana ante el transformador ¡en domingo! con un gran camión lleno de material y procedió a hacer tal cantidad de cambios en él que necesitaron ¡diez horas! para sus "pequeñas" reparaciones. Tan pequeñas que la calle estuvo cortada todo el día sin que el Ayuntamiento lo hubiera autorizado y mientras la Policía Municipal -avisada por los vecinos- se limitaba a darse por enterada. Multitud de cables y otros elementos fueron sustituidos. Algunos vecinos filmaron en video y fotografiaron lo ocurrido adjuntando el relato de lo que pasó a la Fiscalía.
Pues bien, justo el pasado 9 de febrero -coincidiendo con la entrada en los juzgados del escrito de la Fiscalía- un nuevo incidente alarmó a la población de la Gran Vía de Majadahonda y de la cercana calle San Joaquín. Según los vecinos una sobrecarga en el transformador provocó -además de la interrupción del servicio- una emisión de monóxido de carbono que acabó filtrándose a algunos comercios y obligó a solicitar la intervención de los bomberos. Durante varias horas un grupo de operarios estuvo de nuevo trabajando en las instalaciones del transformador y en una zanja abierta en el lugar de la avería.
A fecha de hoy las autoridades municipales de Majadahonda siguen sin dar contestación a las preocupaciones de los vecinos a pesar de que en el pleno del pasado mes de agosto los dos grandes partidos -PP y PSOE- acordaron respaldar las peticiones vecinales. No han hecho absolutamente nada. Y, por supuesto, no contestan a la petición de información sobre el número y estado administrativo de los transformadores eléctricos y antenas de telefonía de Majadahonda.
Bueno, sí, el Ayuntamiento ha solicitado ayuda a la Comunidad de Madrid para efectuar un estudio epidemiológico sobre el asunto alegando que no cuenta con los fondos necesarios para ello. Y eso que se trata de uno de los municipios considerados más ricos de España. Petición a la que el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, ha accedido comprometiéndose públicamente a realizar los estudios que solicite la Fiscalía. Agregando que también el Gobierno debería asumir su responsabilidad en este ámbito y realizar estudios a nivel nacional que sirvan de marco comparativo. De momento, la Jefa del Área 6 de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha reunido ya con los vecinos de Majadahonda para empezar a diseñar el plan de actuación.

Los teléfonos celulares no deberían usarse al aire libre cuando hay una tormenta porque pueden atraer los rayos. Así lo ha advertido al menos un grupo de médicos británicos en una carta que recientemente ha publicado el British Medical Journal en la que informan del caso de una joven de 15 años a la que le ocurrió exactamente eso mientras hablaba por el móvil en un parque habiendo tormenta. La chica sobrevivió pero un año después sufre diversos problemas y se encuentra en silla de ruedas. Uno de los médicos que mandó la carta a la revista contando el caso, Swinda Esprit -del hospital Northwick Park- explica en ella que cuando un rayo cae directamente sobre alguien la alta resistencia de la piel hace que la chispa circule por el cuerpo en un fenómeno conocido como "flashover pero cuando impacta sobre un objeto metálico -como un móvil- la probabilidad de padecer lesiones internas o morir es aún mayor. Los médicos aseguran en su carta que ya se han producido al menos tres muertes al impactar rayos en móviles en China, Corea del Sur y Malasia.

Cinco agentes que trabajaban en el entorno del superordenador de la Policía española conocido como Clara en la madrileña localidad de El Escorial han muerto de cáncer y en apenas año y medio otros doce trabajadores han contraído la misma enfermedad, el 80% funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Quienes trabajan allí están convencidos de que existe una evidente relación causa-efecto pues todos utilizan pantalla de visualización CPU y otros aparatos electrónicos. Los afectados llevaban trabajando en el lugar más de 20 años por lo que todo apunta a que probablemente enfermaron por haber estado expuestos durante muchos años a bajos niveles de radiación. Por consiguiente, aunque el Ministerio del Interior ha ordenado medir tanto las radiaciones ionizantes como no ionizantes además de valorar los aparatos que contengan entre sus componentes amianto es obvio que se alegará finalmente -al tiempo- que no hay "evidencias científicas" de la relación entre ambos hechos. Solo que no los hay porque jamás se han buscado. No hay un solo estudio oficial en el mundo sobre la incidencia a largo plazo de las radiaciones de baja intensidad en la salud. Porque si se hicieran se descubriría la verdad y las demandas lloverían. Lo mismo pasó durante décadas con el tabaco.