Caso Bio-Bac: las mentiras y contradicciones oficiales

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El cúmulo de falsedades que a nivel oficial se han vertido sobre el caso Bio-Bac ha llegado a tales extremos que por primera en la historia de la democracia en España se ha producido un caso insólito: la denuncia efectuada ante la Fiscalía General del Estado por un ex Ministro de Sanidad –Enrique Sánchez de León- contra las actuaciones de varios altos cargos del ministerio que un día rigió a los que acusa nada menos que de presunta prevaricación, falsedad en documento público e imprudencia. Un auténtico escándalo. Alguien en el Gobierno va a tener que dar muchas explicaciones y responder a muchas preguntas. Entramos a fondo en el asunto.

El llamado Caso Bio-Bac se puso en marcha el 4 de marzo del 2002 cuando Ramón Palop Baixauli, Subdirector General de Seguridad de la Agencia Española del Medicamento -entidad perteneciente al Ministerio de Sanidad y Consumo que dirige Ana Pastor desde Julio de ese mismo año- denunció ante la Guardia Civil que un producto llamado Bio-Bac se estaba comercializando sin la preceptiva autorización administrativa a pesar de ser un “medicamento”, calificación que el mencionado funcionario dio al producto por la exclusiva razón de que en su folleto hace “alegaciones de salud”. Es decir, aunque el producto se estaba vendiendo como “producto dietético” y no como “medicamento” Palop explicaba en su escrito que al alegar propiedades terapéuticas pasaba a ser sin más un “medicamento” ya que todo producto que hace esa alegación es considerado así en España. Claro que esa es la absurda definición recogida en la Ley del Medicamento de 1990 y que lleva, por esa regla de tres, a poder considerar el agua, el ajo, el yogur o la manzanilla como “medicamentos”…. si al fabricante se le ocurre decir que mejoran nuestro estado de salud en algún aspecto. Y, de hecho, eso es lo que ha llevado al ministerio a retirar cientos de productos dietéticos y fitoterapéuticos del mercado en estos últimos meses. Por supuesto, el fondo de la cuestión es evitar que se reduzcan los niveles de venta de los fármacos, impedir que la gente tome, por ejemplo, hipérico en lugar de Prozac. Tal es lo que está detrás de la actual Ley del Medicamento y de la persecución de esos productos orquestada desde Sanidad.

Desde ese punto de vista, pues, Palop tiene razón al decir que el Bio-Bac es un “medicamento” ilegal.

Lo que no se explica, en cambio, es que a este alto cargo se le “olvidara” comunicar a la Guardia Civil que el Ministerio de Sanidad conocía la existencia del Bio-Bac desde hace 40 años, que se vendió legalmente en España durante ese tiempo, que había sido incluso sufragado por la Seguridad Social y recetado por miles de médicos a cargo de los presupuestos del Estado y que su inocuidad –su ausencia de efectos secundarios- estaba ampliamente demostrada por lo que no había peligro alguno para la salud consumiéndolo. Es más, tampoco informó de que jamás ha habido denuncia alguna por parte de una sola persona entre las decenas de miles de pacientes que lo han tomado durante décadas.

Pues bien, cuando la Guardia Civil hace ver al Sr. Palop que no tiene competencia para actuar porque el asunto se reduce a un simple delito de carácter administrativo y el riesgo para la salud pública es inexistente… éste hace una ampliación de la denuncia. Y el 30 de mayo dirige un nuevo escrito a la Unidad Central Operativa de la Jefatura de Información y Policía Judicial de la Guardia Civil exponiendo que sí existe “grave riesgo para la salud pública” porque los pacientes podrían abandonar “el tratamiento tradicional” recomendado por sus médicos y “podría” estar usándose en su fabricación dos productos –Orfidal y Humatrope- así como “otras sustancias producidas en el extranjero”.

Bueno, pues sólo con las “sospechas” y “suposiciones” de Palop -no basadas en prueba alguna- la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pondría el caso en manos del Juzgado de Instrucción  nº 2 de El Escorial -cuya titular es Patricia Búa- poniéndose así en marcha la llamada Operación Brujo que terminaría con la intervención y precinto de todas las unidades de Bio-Bac existentes y la intervención de cerca de 300 personas simultáneamente en media España para detener a 23 personas -varias de ellas médicos- a las que se acusaría de pertenecer a una “red organizada” que pretendía enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. Operación que supuso la violación flagrante –aunque legal- de sus derechos constitucionales fundamentales.

Y con acusaciones demostradamente falsas efectuadas por la Guardia Civil en la rueda de prensa posterior a las detenciones donde además de intentar hacer pasar a los detenidos por una red “organizada” y armada” se intentó hacer creer también que el producto se fabricaba de forma chapucera y no en un laboratorio con todas las garantías sanitarias –como era el caso- llegándose a mostrar una nevera llena de comida conteniendo en su interior presuntos frascos de Bio-Bac que, por la información ofrecida, se infería que se había encontrado en casa de Rafael Chacón. Luego resultó que ni la nevera era de Chacón ni los frascos eran de Bio-Bac. A pesar de lo cual no se ha cesado aún  a nadie…

Hoy se sabe igualmente que es rotundamente falso que el Bio-Bac contuviera Humatrope y Orfidal, que hubiera una sola sustancia peligrosa en las unidades incautadas del producto y que los médicos hubieran recomendado a paciente alguno que abandonara los tratamientos que seguían (aun cuando estaban en su derecho si lo hubieran creído conveniente). Es decir, la acusación que dio lugar a la “Operación Brujo” resultó ser falsa.

Ello explica que la Agencia Española del Medicamento intentara justificar a posteriori su actuación argumentando meses después de la Operación Brujo que el Bio-Bac estaba “mal fabricado” y se habían encontrado viales “contaminados”; hoy está constatado que la fabricación era sanitariamente impecable y que la presencia de formol y fenol imposibilitan cualquier posible contaminación.

Hay que agregar que las actuaciones posteriores tampoco se justifican legalmente. Al menos, todos los juristas consultados por esta revista lo afirman. Algunos incluso las califican de gravemente delictivas.

“Tanto la acusación de pertenencia a una red organizada como los presuntos delitos de estafa imputados a algunos detenidos rozan el ridículo–nos dice el abogado de uno de los médicos procesados-. La mayoría de los detenidos ni se conocían. Y ninguno ha cobrado comisiones por la venta del Bio-Bac lo que, por otra parte, incluso en el hipotético caso de que se hubiera producido sería legal”.

“En lo que se refiere al Bio-Bac, ni siquiera se puede alegar para justificar lo actuado el Principio de Precaución –nos diría otro de ellos- porque es condición previa inexcusable una evaluación científica de los posibles riesgos y eso jamás se hizo. Es más, la propia Ministra de Sanidad reconocería públicamente en rueda de prensa el 30 de Octubre, sólo 5 días después de las detenciones en toda España, que el Bio-Bac es inocuo, que no había riesgo alguno para la salud de los consumidores. Y como quiera que es imposible que entre la incautación del producto y ese día se hubieran hecho ensayos para efectuar esa valoración resulta evidente que el Ministerio de Sanidad sabía desde mucho antes de las detenciones que el producto era inocuo. Ha habido, pues, no sólo mala fe sino una clara prevaricación”.

Cabe añadir que la actuación policial sólo se justificaría legalmente en caso de “peligro grave e inmediato” para la salud. No sólo grave. No sólo inmediato. Grave e inmediato. Y hoy está demostrado no sólo que no había “peligro grave e inmediato” sino, sencillamente, que no había peligro alguno para la salud pública.Consecuentemente, todo lo actuado es ilegal y no respondió a los criterios de urgenciaque exige la legislación. Se han conculcado derechos fundamentales. Y todo indica que algunos altos cargos del Ministerio de Sanidad han prevaricado.

Aún más, es evidente que el Ministerio Sanidad ha perpetrado otros delitos graves. Por ejemplo, el de falsedad en documento público. Así se explicita y fundamenta en la denuncia que se presentó a la Fiscalía General del Estado el 12 de mayo pasado y que no se ha admitido a trámite ni, por tanto, se ha entrado a valorar con la discutible excusa de que el asunto está “sub-iudice”.

A juicio de los abogados defensores es evidente que se intenta ganar tiempo para que el tema se enfríe. Pero antes o después el asunto se dirimirá en los tribunales. En España y, si es necesario, fuera de España. Porque los afectados aseguran que no van a parar. Y no sólo van a pedir que la Justicia se pronuncie sino que exigirán las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar.

“Varios funcionarios y altos cargos implicados en esta trama deberán responder también del delito de denegación de auxilio–nos asegura otro de los letrados personados en el caso-. La falacia de que no está demostrada la eficacia del Bio-Bac quedará en su momento al descubierto. Deberán responder de sus mentiras. Ya veremos cómo Fernando García Alonso, director de la Agencia Española del Medicamento, explica en los tribunales sus reiteradas afirmaciones de que no existen ensayos clínicos sobre el Bio-Bac. Es un mentiroso compulsivo”.

A muchos lectores les costará creer que tamaño desatino esté acaeciendo en España. A nosotros, no. No olvidemos que la Administración ya intentó que el producto –entonces no conocido como Bio-Bac, nombre comercial más reciente del mismo sino como FR-91 o “autovacuna de enzimas vivientes”- fuera retirado del mercado y no pudiera prescribirse ni dispensarse hace ya 15 años. Sólo que entonces el Tribunal Supremo se negó a ello mediante un auto emitido el 7 de noviembre de ese año por la Sección Primera de la Sala Tercera basándose, entre otras cosas, en el hecho –así se dice expresamente- de que el producto fue recetado y sufragado por la Seguridad Social durante largos años. Que hoy pueda pues existir algún problema de carácter administrativo para su aprobación como “medicamento” es insustancial. No lo es, en cambio, el hecho de que ni el Bio-Bac -ni en su forma oral ni en la inyectable- están en la lista de productos retirados por la Agencia del Medicamento. Jamás se había comunicado antes de la Operación Brujo su retirada del mercado a pesar de que lleva casi 40 años en él; ni hay tampoco constancia de alerta farmacológica alguna al respecto. Algo que, paradójicamente, sí se ha producido hasta para infusiones como el anís estrellado.

Una cuestión muy grave porque hay documentos que demuestran que el Ministerio de Sanidad sabía fehacientemente que el Bio-Bac se estaba comercializando aunque ahora pretenda alegar lo contrario. Los hemos visto y son irrefutables.

¿Qué está, pues, pasando? La jueza del Escorial se inhibió a favor de la Audiencia Provincial hace ya casi 8 meses y ésta no se ha pronunciado aún sobre si asume o no el caso. ¿Cómo es ello posible cuando oficialmente se trata de un grave delito contra la salud pública? ¿Cómo es posible que la instrucción esté prácticamente paralizada -como denuncian, confusos y atónitos, los abogados personados en la causa- cuando centenares de pacientes claman en las calles por el producto tras serles denegadas sus peticiones de auxilio y no ver atendidas sus denuncias en tal sentido ante los tribunales mientras ven cómo sus compañeros de viaje en este drama van muriendo mes tras mes?

De la clase política no esperamos nada en la revista, pero, ¿es que también es sorda nuestra Justicia además de ciega? ¡Hay muchas vidas en juego!

José Antonio Campoy
 

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Julio - Agosto 2003
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