Glaxosmithkline, acusada de fraude, sobornos y muertes

La multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline acumula ya numerosas denuncias de fraude, sobornos a miles de médicos, uso no autorizado de medicamentos, ocultación de efectos adversos en fármacos y vacunas, violación de las leyes de etiquetado, corrupción y ensayos no autorizados con niños y bebés que en determinados casos han sido causa del fallecimiento de menores con los que se ha experimentado. De hecho recientemente ha tenido que pagar 2.400 millones de euros por lo que el propio Gobierno estadounidense ha calificado del “mayor fraude sanitario de la historia”. Y no es más que la punta de un enorme iceberg de corrupción y malas prácticas que ésta y otras grandes farmacéuticas vienen perpetrando desde hace más de un siglo.

Los orígenes de GlaxoSmithKline (GSK) se remontan a finales del siglo XIX; concretamente a 1880 cuando dos farmacéuticos norteamericanos –Henry Wellcome y Silas Burroughs– fundaron en Londres la compañía Wellcome-Burroughs que tras la I Guerra Mundial se asociaría con los Rockefeller dando lugar a la Wellcome Trust, institución que llenó el vacío en investigación médica del Reino Unido de la época y junto a la Fundación Rockefeller y el Instituto Rockefeller financiaron hospitales, universidades y centros de investigación entre la I y II guerras mundiales. Siendo ya en los años cincuenta tan enorme su influencia en la investigación médica de ese país que ambas fundaciones solaparon sus técnicos y compartirían gabinete legal; concretamente la firma Sullivan y Comwell, una de las más influyentes de Nueva York cuyos dos principales abogados, John Foster Dulles y Allen Dulles, se convertirían durante la Guerra Fría en Secretario de Estado estadounidense y Director de la CIA respectivamente. Una influencia que se reafirmaría y multiplicaría a partir de la creación en la década de los setenta por David Rockefeller de la Comisión Trilateral cuyo núcleo de poder lo conformaban directivos de las principales multinacionales, entre ellas la Wellcome Trust Corporation.

Pues bien, uno de los casos que mejor ilustra los objetivos de estas fundaciones y empresas -así como el enorme poder que poseen y la compleja red de influencias que manejan- es el del AZT-Retrovir. Hablamos de un producto que fue descartado como quimioterápico en cáncer dada su enorme toxicidad y que sin embargo se presentó luego -en 1987- como “un antirretroviral capaz de frenar al VIH” que, sorprendentemente, se aprobó en un tiempo ínfimo utilizando un estudio amañado por la Wellcome constituyendo desde entonces el tratamiento primordial en el marco del montaje SIDA, responsable de numerosos problemas de salud y muertes atribuidos al nunca aislado VIH.

Pues bien, algunos de los afectados por ese producto iniciarían una batalla legal contra la Wellcome y organizaron a comienzos de los noventa la presentación de una demanda masiva a través del abogado Graham Ross -del gabinete J. Keith Park and Company- decidiendo entonces la empresa vender el 40% de la Wellcome Foundation a Glaxo, estrategia que le permitió eludir la demanda. Posteriormente Glaxo-Wellcome se fusionaría con SmithKlineBeecham dando lugar a la actual GlaxoSmithKline, la segunda mayor compañía farmacéutica del mundo tras Pfizer y a la que siguen Sanofi-Aventis, Novartis y Lilly.

Obviamente el caso del AZT-Retrovir no fue el primero -ni sería el último- en la larga lista de desmanes de la GlaxoSmithKline. Ya en 1973 se hicieron evidentes en varios países los problemas de eficacia y seguridad de un antibiótico, el Septrin, cuya prescripción abusiva contribuyó a causar graves problemas de inmunodeficiencia en homosexuales estadounidenses en los años setenta que se presentarían posteriormente como los primeros casos de SIDA. Unos años después, en la década de los ochenta, la Wellcome tendría que afrontar dos nuevos juicios, esta vez por los efectos colaterales de una vacuna contra la tosferina que iba a aprobarse para uso masivo en Reino Unido. En el primero acusada de causar daños cerebrales irreversibles a un bebé pero consiguió salir airosa por falta de pruebas; en el segundo en cambio la compañía se vio obligada a pagar una indemnización de 2,75 millones de libras.

En suma, reconvertida en GlaxoSmithKline la vieja compañía responsable del primer veneno utilizado en el ámbito del SIDA continuó vendiendo el AZT-Retrovir y desarrollando -junto a otras farmacéuticas con las que tuvo que repartirse el pastel de los antivirales- nuevos fármacos tóxicos que se han ido aprobando y administrando a millares de etiquetados como “enfermos de SIDA” o como preventivo a etiquetados como “seropositivos”, algunos de los cuales se experimentaron con niños indefensos en orfanatos con la complicidad de agencias gubernamentales estadounidenses según denunciaría el investigador Liam Scheff en la entrevista que en su día le hicimos (lea en nuestra web –www.dsalud.com– el artículo que con el título Utilizan a cientos de niños de un orfanato para experimentar fármacos con ellos apareció en el nº 133).

Con el cambio de siglo las denuncias relacionadas con fármacos de GlaxoSmithKline se multiplicarían. Basta recordar los casos de la vacuna Relenza, el aumento de casos de narcolepsia que provocó Pandemrix, el márketing ilegal de los antidepresivos Paxil y Wellbutrin, la aprobación fraudulenta de Avandia, el fallecimiento de al menos 36 bebés tras serles administrada una vacuna múltiple llamada Infanrix hexa… De todos ellos se ha informado puntualmente en esta revista por lo que no nos extenderemos pero como en algunos casos se han producido novedades recientes vamos a dar cuenta de ellas.

EXPERIMENTO MORTAL

En 2007 miles de bebés de las provincias argentinas de Santiago del Estero, San Juan y Mendoza fueron utilizados en un ensayo de GlaxoSmithKline con una vacuna contra la neumonía y la otitis aguda que se comercializa como Synflorix. Y decimos que fueron utilizados porque la compañía y los responsables médicos del ensayo no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por la legalidad hasta el punto de que muchos padres aseguraron posteriormente que no sabían que sus hijos estaban participando en un ensayo. La inmensa mayoría de esas familias procedían de barrios muy pobres y de escasos recursos sociales y culturales habiendo muchas madres menores de edad y analfabetas. Lo que ocurrió fue simple: varios médicos y personal sanitario fueron a visitarlas, les mostraron un documento de consentimiento informado de veinte páginas que debían leer en unos minutos y firmar y les presentaron la vacuna de tal modo que todas pensaron que se trataba de una de las incluidas en el calendario oficial. Y en muchos casos hasta firmaron los abuelos y no los padres. Uno de ellos, Alfredo Linares, comentaría después: “Se aprovecharon de la ignorancia de muchos de nosotros y nuestros hijos se convirtieron en conejillos de indias”. Lo vergonzoso es que por cada uno de esos “consentimientos informados” los médicos y ayudantes de centros públicos de salud ubicados en los barrios humildes cobraron el equivalente a 380 euros.

¿El resultado? Catorce de aquellos bebés -presentando todos los mismos síntomas- murieron durante el año que siguió a las vacunaciones. Es más, algunas muertes las causó el retraso al atenderlos ya que los médicos del ensayo ¡tenían la exclusiva y ningún otro médico les podía atender! Así lo contaría Lucía Belén Castillo, madre de Julieta, una de las niñas fallecidas con algo más de un año: “Nunca entendí bien de qué se trataba. Creí que era una vacuna del calendario. No imaginé que era un experimento, que la vacuna la llevaría a la muerte… Un mes después pasó algo extraño. Una mañana se levantó de repente. Lloraba mucho y traté de calmarla pero cuando me acerqué ya no respiraba. La llevamos al hospital y la médica que la controlaba en el protocolo nos vio pasar y se escondió. Nunca se lo perdonaré”.

El ensayo se suspendió antes de terminar ya que algunos médicos del Hospital Eva Perón detectaron las irregularidades y lo denunciaron ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que inició una investigación confirmándolas. Uno de aquellos médicos -que tiene varias denuncias por haberse enfrentado a los doctores que desarrollaban el ensayo- comentaría al diario La Gaceta: “No les decían que era un experimento y minimizaban los riesgos de la vacuna para que la gente firmara rápido. Desde el principio desconfié. El hecho de que eligieran nuestra provincia, una de las más pobres y con mayor número de desocupados y analfabetismo del país, lo dice todo”.

Cuatro años después -en enero de 2012- la Justicia confirmaría la sanción de la ANMAT contra GlaxoSmithKline, el principal investigador –Héctor Abate– y el coordinador de los ensayos en Argentina –Miguel Tregnaghi- quienes fueron solo condenados a pagar una multa de un millón de pesos -algo menos de 180.000 euros- al ser la máxima prevista por la normativa argentina.

Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina, valoraría así la sanción: “Solo se les aplica sanciones administrativas que para las empresas no representan ninguna amenaza. Están exentas de juicio penal. Argentina sigue sin ley nacional de investigación biomédica. Y no hay figura en el Código Penal que castigue a los investigadores inmorales. GlaxoSmithKline ganará con la vacuna el valor de 100.000 multas. Y los culpables de usar a nuestros niños pobres como conejillos de indias ni siquiera pasarán por un juzgado”.
Aunque esto último aún está por ver habida cuenta de que algunas de las familias afectadas ya han comenzado su batalla legal y sus abogados se están coordinando para plantear una demanda conjunta.

Así las cosas, tanto GlaxoSmithKline como las autoridades sanitarias argentinas siguen asegurando que la vacuna es segura y está aprobada en 85 países, 27 de ellos de la Unión Europea. Así que, ¿cuántos bebés más tendrán que pagar con su vida hasta que la vacuna se retire? Y es que nos tememos que no se prohibirá a corto plazo. De hecho la hoja informativa del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría sobre Synflorix reduce las reacciones adversas a “enrojecimiento en el lugar de administración e irritabilidad” y “dolor en el lugar de la inyección”.

¿Tendrá algo que ver el hecho de que GlaxoSmithKline sea uno de los dos “patrocinadores platino” -el otro es Sanofi Pasteur MSD– de la Asociación Española de Pediatría? (puede comprobar este dato entrando en www.vacunas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1115&Itemid=319)? ¿O que los principales “colaboradores” de las Jornadas sobre Vacunas celebradas en los últimos años por esa asociación sean precisamente GlaxoSmithKline, Sanofi y Pfizer? En suma, ¿cuál es el grado de independencia de la Asociación Española de Pediatría?

AVANDIA: EL MEDICAMENTO “SEGURO”… QUE MATA

El mismo año se produjo asimismo un giro inesperado en el caso Avandia. Como ya relatamos en esta revista (lea en nuestra web –www.dsalud.com– el artículo que con el título Avandia, fármaco muy usado en enfermos de diabetes, acusado de provocar ataques al corazón) una serie de estudios comenzaron a poner en evidencia que GlaxoSmithKline utilizó un ensayo llamado Adopt -realizado por cuatro científicos empleados suyos y siete colaboradores a los que venía pagando subvenciones y ponencias- para ocultar los efectos secundarios graves de su fármaco para la diabetes tipo II e incluso -como se puso de manifiesto durante una investigación del Senado- que había intimidado a un investigador médico de la Universidad de Carolina del Norte (EEUU). Pues bien, uno de esos estudios -el liderado por el prestigioso cardiólogo de Cleveland Steven E. Nissen– debía haber servido como base para detener la comercialización de Avandia dadas las contundentes conclusiones a las que su equipo había llegado: que Avandia aumenta en un 43% el riesgo de ataques al corazón y en un 64% las muertes por problemas cardíacos.

Desgraciadamente los autores enviaron sus conclusiones al New England Journal of Medicine que la sometió a su habitual proceso de peer review -es decir, de revisión por parte de otros especialistas- uno de los cuales, el profesor de la Universidad de Texas Steven M. Haffner, había colaborado en el experimento Adopt y filtró el artículo a GlaxoSmithKline. Es preciso tener presente que Avandia era uno de los productos “estrella” de GlaxoSmithKline y que había mucho dinero en juego. Concretamente las ventas de 2006 ascendían ¡a 2.250 millones de euros! calculándose que lo consume uno de cada seiscientos habitantes en los países industrializados. En España la cifra asciende a 80.000 personas. La empresa tuvo tiempo así de preparar una respuesta contundente antes de que el artículo se publicara. Incluso montaron otro ensayo con un empleado de la compañía y siete asesores habituales. Como resultado el propio New England Journal of Medicine exigió a Nissen y a su equipo que cambiaran su artículo de forma que no se dijera en él nada definitivo y concluyente… lo que dio otros tres años a GlaxoSmithKline para seguir vendiendo un producto que los pacientes continuaron tomando. Muchos enfermando y muriendo.

Hasta que en septiembre de 2010 la Food and Drug Administration (FDA), tras un informe de investigación interna que desveló irregularidades en los ensayos de la compañía, anunció restricciones al uso y comercialización de Avandia. La Agencia Europea del Medicamento, por su parte, optaría por “recomendar” su retirada total del mercado. Bueno, pues aún así, cuando ya se conocía la restricción de la FDA y la decisión europea de retirarlo del mercado debido a los ensayos amañados por la compañía, Rafael Ortega, Director Médico de GlaxoSmithKline en España, continuaba defendiéndolo: “Mantenemos que es seguro y eficaz y que la evidencia demuestra que no incrementa el riesgo de infarto ni de accidentes cardiovasculares”. Patético.

FRAUDE Y CORRUPCIÓN

El Código Internacional de Ética Médica -adoptado por la III Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en Londres celebrada en octubre de 1949 que se actualizó en 1983- dice: “El médico no debe permitir que motivos de ganancia influyan en el ejercicio libre e independiente de su juicio profesional respecto a sus pacientes”. Una admirable declaración de intenciones que, como bien saben nuestros lectores habituales, es muy diferente de la realidad. Por eso las multinacionales farmacéuticas destinan a lo que cínicamente denominan “promoción” una parte considerable de sus beneficios. Según la plataforma No Gracias el 31%, casi el doble de lo que gastan en investigar. Dinero que se traduce en fondos para investigación y equipamiento para hospitales pero también en regalos de todo tipo, viajes e, incluso, dinero en efectivo. A título de ejemplo: la cadena TELE 5 entrevistó en 2008 a un visitador médico que afirmaba haber llegado a pagar 24.000 euros a un doctor para que recetara sus productos y que esos acuerdos se controlan con un software colocado en las farmacias.

El escándalo de los sobornos alcanza hoy de hecho tales proporciones que en diferentes momentos tres de las más influyentes revistas científicas han publicado artículos o editoriales denunciándolo. Así, el New England Journal of Medicine publicaba en su número de abril de 2007 un estudio que analizaba las relaciones financieras entre médicos y la industria concluyendo que “son habituales”. Por su parte, el British Medical Journal, en junio de 2008, se refería a una vendedora de compañías farmacéuticas – GlaxoSmithKline entre ellas- llamada Kimberly Elliott quien declaró que “los líderes clave de opinión, médicos veteranos, son para nosotros vendedores”; añadiendo que pagaba a esos médicos 2.500 dólares por una sola conferencia basada en diapositivas que suministraba la propia compañía. “Algunos pueden ganar más de 25.000 dólares al año en honorarios de asesoramiento”, explicaría.

Y hay más: nada menos que la Editora-Jefe del Journal of American Medical Association -asociación que recibe diez millones de dólares cada año de las farmacéuticas- escribía en 2008 estas contundentes palabras: “La profesión médica, en todos sus aspectos -clínico, educativo e investigador-, está claramente influida por la industria farmacéutica. Y es así porque los médicos lo han permitido. Es hora de acabar con ello”.
Lamentablemente no ha sido así; al contrario, esa influencia ha crecido y los casos de soborno y corrupción no cesan de aparecer en los medios de comunicación destacando en los últimos años precisamente los escándalos y denuncias acumuladas por GlaxoSmithKline.

Ya en 2003 la fiscalía del estado de Nueva York demandó a GlaxoSmithKline por los descuentos que hacía a médicos y farmacéuticos que recetaban sus productos y se embolsaban la diferencia uniéndose así a otros cinco estados que habían promovido acciones legales contra la compañía por ese motivo.

Y al año siguiente la fiscalía de Verona y la policía tributaria del Veneto en Italia cerraron la operación denominada Giove que durante más de dos años había investigado acuerdos fraudulentos entre médicos y la industria -denominado en Italia comparaggio– que incluía los ya habituales regalos, viajes y dinero. La operación se inició cuando la policía fiscal detectó una cantidad enorme de dinero supuestamente destinada a promoción: ¡cien millones de euros en un sólo año! Y nada menos que 4.440 médicos y 135 directivos y empleados de GlaxoSmithKline fueron acusados de fraude, corrupción y asociación para delinquir.

Posteriormente surgirían nuevos casos en Lazio, Lombardía y Toscana en los que al parecer estarían implicadas otras farmacéuticas: Pfizer, SigmaTau, Sanofi y la italiana Menarini. Y es que en palabras del Director del Instituto Italiano de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri, Silvio Garattini, “estos delitos deben ser muy generalizados desde el momento en que las multinacionales farmacéuticas gastan en promoción hasta el 30% de su facturación y los llamados informadores científicos, cuya misión consiste en aumentar las ventas de medicinas, son más de 30.000”.

El caso más llamativo -por la cantidad de dinero involucrada- salió a la luz en cualquier caso en julio de 2012 y se refería a la promoción ilegal que GlaxoSmithKline hizo de los antidepresivos Paxil y Wellbutrín. Y es que dirigir su publicidad a jóvenes con el mensaje de que con ellos podrían perder peso o corregir disfunciones sexuales le ha costado a la empresa una multa equivalente a ¡2.400 millones de euros! Todo un récord en lo que el Gobierno estadounidense ha denominado “el mayor fraude sanitario de la historia del país”.

Y no estamos dando más que algunos datos que el lector puede completar leyendo algunos de los numerosos artículos que en esta revista se han publicado ya como los aparecidos con los títulos La corrupción del sistema sanitario, La credibilidad de la industria farmacéutica, bajo mínimos, Las multinacionales farmacéuticas controlan gran parte de las asociaciones de enfermos, Los laboratorios farmacéuticos y el espionaje, De cómo los laboratorios convencen a los médicos para que receten sus productos, Crean un complejo entramado para manipular a médicos y enfermos, Miguel Jara: “En el ámbito sanitario se ha institucionalizado la compra de voluntades”, Federico Relimpio Astolfi: “La industria se aprovecha de la fragilidad de los médicos en el sistema sanitario público” en los números 50, 75, 80, 90, 96, 113, 139 y 148 respectivamente.

CHINA: UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA EL FRAUDE

Pero volvamos a la actualidad. Porque si grave es lo ya contado más lo es aún lo sucedido recientemente en China donde no sólo GlaxoSmithKline sino todas las compañías farmacéuticas pueden verse obligadas a replantearse muy en serio su política de ventas. Y es que el nuevo presidente de la República, Xi Jinping, acaba de tomar medidas contra la corrupción que han comenzado a tomar forma e incluyen el ámbito sanitario. Resulta que en China -país caracterizado durante largo tiempo por la falta de inversión en Sanidad tanto en infraestructuras como en salarios- los médicos han buscado tradicionalmente formas de complementar su sueldo –es el caso del dinero que las familias les daban por consejos de salud preventivos y se entregaban en un hongbao o sobre rojo– por lo que han sido siempre propensos a aceptar “complementos” y, por tanto, a escuchar los “cantos de sirena” habituales de las farmacéuticas. Pues bien, el nuevo Gobierno chino parece dispuesto a acabar también con ello y el pasado 17 de julio la Administración de Alimentos y Medicamentos de China (CFDA) anunció que iniciaba la investigación de una serie de empresas -extranjeras y locales- del sector farmacéutico sospechosas de llevar a cabo prácticas ilegales de marketing, publicidad y distribución de sus productos. En pocos meses los objetivos de esa investigación han sido Pfizer, Sanofi, Bayer, Novartis, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Eli Lilly y, por supuesto, GlaxoSmithKline que tiene en China cinco fabricas, un centro de investigación y 7.000 empleados. En el caso de esta última las operaciones del Ministerio de Seguridad pública chino han comenzado ya. De hecho, cuatro directivos de GlaxoSmithKline han sido ya detenidos y un quinto tiene prohibido abandonar el país. Según fuentes gubernamentales todos ellos han confesado haber sobornado a autoridades del Gobierno, a dirigentes de asociaciones médicas y a responsables de hospitales así como a otros médicos con el fin de incrementar los precios de sus productos. Explicando que la cantidad destinada por GlaxoSmithKline a “sobornos” podría ascender a tres mil millones de yuanes (unos 372 millones de euros). La compañía ha sido asimismo acusada de inflar costes y evadir impuestos.

Bueno, pues la empresa ha pretendido aún hacer creer que los supuestos delitos, de existir, habrían sido iniciativa personal de algunos empleados por lo que ha anunciando su propia investigación interna. La agencia oficial de noticias china Xinhua informaría por su parte de que según se desprende de los interrogatorios se trató de una operación organizada por la propia empresa. Y es que Huang Hong, Director General de GlaxoSmithKline en China, habría declarado que la central en Reino Unido les obligaba a conseguir un crecimiento anual de las ventas de hasta el 25%, ocho puntos porcentuales por encima de la media en el sector en China. Añadiendo: “Con objetivos tan poco razonables si no tomábamos medidas ilegales era muy difícil lograr un crecimiento de ventas tan alto”. Hong también ha reconocido que habían montado un equipo especialmente dedicado a mantener relaciones con responsables claves en los hospitales -que son los principales compradores de medicamentos- y que el presupuesto anual de ese equipo se acercaba a los diez millones de yuanes (aproximadamente un millón doscientos cincuenta mil euros).

Está por ver cómo acaba el proceso judicial pero la mayoría de los analistas aseguran que los negocios en este sector nunca volverán a ser como antes… al menos en China. Lo que no parece probable es que una decisión similar a la del Gobierno chino vaya a adoptarse en otros países, especialmente en Estados Unidos y Europa donde las multinacionales farmacéuticas tienen testaferros e infiltrados a sueldo en multitud de cargos públicos.

Terminamos indicando que durante la preparación de este reportaje contactamos con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos cuyo portavoz en Bilbao, Javier Hidalgo, se comprometió a ofrecernos amplia información sobre la multinacional pero finalmente se limitaría a remitirnos ¡a la propia web de GlaxoSmithKline!

Jesús García Blanca

 

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Noviembre 2013
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