Iberdrola, obligada a comprar un piso por contaminarlo electromagnéticamente

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Tras doce años de pleitos Iberdrola ha sido obligada a adquirir a precio de mercado una vivienda en Murcia porque según el fallo judicial estaba contaminada electromagnéticamente por un transformador de la compañía. Así lo determinó en su día el Juzgado de Instrucción de Primera Instancia nº 6 de Murcia, lo ratificó la Audiencia Provincial y lo avala ahora el Tribunal Supremo al rechazar el recurso de la compañía. Se trata pues de un precedente importante. José Luis Mazón, el abogado que ha conseguido ganar el caso, nos cuenta sus impresiones. 

El pasado 29 de octubre del 2008 Iberdrola se vio obligada por sentencia judicial a comprar por 329.000 euros a Francisco Hernándezy a su mujer el piso de 90 metros en el que ambos vivían hace doce años con sus dos hijos y que tuvieron que abandonar al estar electromagnéticamente contaminado. Se trata de una decisión que aporta argumentos legales a todos aquellos que se sienten perjudicados por los campos electromagnéticos emitidos por los centros de transformación y las líneas de alta tensión pero también por las antenas de telefonía. Se trata -que sepamos- de la primera sentencia a nivel mundial en la que un tribunal deja claro que una compañía eléctrica no puede contaminar electromagnéticamente una vivienda. Y en semejante logro ha tenido mucho que ver el abogado José Luis Mazón.

Claro que no hablamos de un letrado corriente. Porque se trata del mismo que en el 2004 consiguió que el Tribunal Supremo condenara a once de los doce magistrados del Tribunal Constitucional por desestimar un recurso de amparo que había presentado. Y que en el 2007 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anulara el nombramiento de dos magistrados -efectuado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial- estimando así el recurso que presentó en nombre de otro aspirante. Y quien presentó una querella nada menos que contra la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, por haber aceptado un premio dotado con 30.000 euros de una compañía aseguradora que en ese momento litigaba en él…. aunque luego no se admitiera a trámite. En suma, se trata de un abogado que ni se doblega, ni se rinde. Y que cree en la Justicia aunque no tanto en jueces y tribunales.

-Díganos, ¿qué incidencia tiene o puede tener a su juicio la sentencia sobre el caso que acaba de ganar a Iberdrola de cara al futuro de la lucha judicial en el ámbito de los campos electromagnéticos?

-La sentencia es una clara llamada de atención a las compañías eléctricas. E indica que al menos hay jueces -no todos- que están por la labor de velar en serio por la salud pública lo que me parece importante. Y sobre todo, que problemas como el de la familia de Francisco Hernández pueden solucionarse. No hay que olvidar, por otra parte, que el comportamiento de este matrimonio ha sido ejemplar, casi heroico en esta sociedad deshumanizada y egoísta. Porque podían haber vendido el piso, situado en la murciana calle de San Ignacio de Loyola, sin mencionar el asunto al posible comprador y resolver así su problema en lugar ir a juicio con todos los gastos que ello implica y los duros momentos pasados hasta conseguir que finalmente Iberdrola tuviera que “recomprarla”. Porque, encima, el piso se lo vendió a ellos una filial de la empresa en 1986.

-Usted ya ha llevado unos cuantos casos de esta índole así que tiene experiencia sobre la receptividad de los jueces en este tipo de problemas. ¿Son conscientes de lo que está ocurriendo? ¿Apoyan a los afectados?

-La mayoría, no. En España el poder judicial se doblega fácilmente ante el poder político y económico. La parte sana de la Justicia que sirve al Estado de Derecho es hoy muy pequeña. Y la gente lo sabe. Por eso en las encuestas se refleja  que la mayoría de los españoles no cree en la Justicia.

-¿A lo largo del proceso qué momentos recuerda como más duros?

-Lo duro lo ha vivido la familia que tuvo que abandonar su casa y pedir un préstamo hipotecario para sobrevivir sin saber siquiera si podrían hacer frente a las cuotas. Viviendo años con la incertidumbre de si ganarían o no porque las sentencias no siempre hacen Justicia. Han vivido unas tensiones internas enormes y en soledad. Especialmente hasta que llegaron los primeros resultados favorables.

-¿Cuál fue la estrategia de la compañía eléctrica en este caso?

-La de negar todo. Fue una oposición durísima hasta el último momento. Siguieron la estrategia clásica de todo monopolio o empresa grande. Con un comportamiento prepotente. Claro que están acostumbrados a salirse con la suya. No hubo ningún tipo de actitud negociadora. Sus representantes fueron egoístas y ególatras en la protección de los intereses de la empresa. Muy poco comprensivos con la desgracia de las personas afectadas.

¿Y hasta qué punto la postura recalcitrante del Gobierno español negándose a modificar la obsoleta normativa actual sobre radiaciones electromagnéticas cuando en otros países europeos sí se ha hecho da alas a las compañías eléctricas y de telefonía?

-El comportamiento de los responsables de la Administración Pública española es absolutamente corrupto en el sentido de que defienden siempre de manera prioritaria los intereses de las grandes compañías. No es cierto que sirvan al interés general sino al de grupos particulares potentes aunque ello vaya en detrimento de la salud pública. Recordemos el caso de Jairo,el niño que murió en Gandía porque a los pocos meses de instalarse un transformador debajo de su dormitorio le apareció un cáncer cerebral (el lector puede leer en nuestra web –www.dsalud.com– el reportaje que publicamos sobre este drama en el nº 101 de la revista). Casos como ése demuestran que en vez de velar por la protección de la salud de los niños la Administración vela antes por los intereses de los poderosos.

-Sabemos que usted también lleva ese caso. ¿En qué situación se encuentra?

-Pendiente de resolución en la Audiencia Nacional. Verá, en su momento decidimos presentar la demanda contra la persona que puso el transformador. Y luego la ampliamos al Estado porque entendemos que es la Administración la que tiene por ley que dictar las normas que permiten proteger la salud de la población. Obviamente en este caso estamos dispuestos a llevar el asunto hasta Estrasburgo si no se hace Justicia.

-Volviendo al motivo de esta entrevista, la pena es que el Tribunal Supremo no haya entrado en el fondo de la cuestión y se haya limitado a rechazar el recurso de Iberdrola. Porque si lo hubiera hecho y hubiera ratificado expresamente las alegaciones de los jueces que vieron el caso anteriormente hubiera supuesto un precedente enorme.

-Cierto. Habría significado que los jueces de primera y segunda instancia no podrían desatender las demandas de los vecinos en situaciones análogas. Pero no han entrado en el fondo. Y no porque no hayan querido sino porque lo imponía la dinámica procesal del caso. El asunto no rebasaba la cuantía que el Tribunal Supremo exige para examinar un recurso de casación. No podía hacer otra cosa.

-¿Y no habrá sido precisamente ésa la estrategia de Iberdrola? ¿No habrán recurrido precisamente como lo hicieron para que el Supremo no se pronunciara sobre el fondo del asunto?

-Muy posiblemente.

-¿Y cómo pueden otros afectados hacer uso de las sentencias de este caso?

-Las sentencias se pueden invocar como precedente legal pero Iberdrola -y cualquier otra compañía eléctrica- alegará seguramente que hay otros fallos discrepantes aunque se trate de casos que no hayan llegado tampoco al Supremo. En todo caso las dos sentencias de las que hablamos dejan claro algo novedoso: que la existencia de campos electromagnéticos no deseados en un lugar habitado implica una intromisión ilegítima del domicilio y, por tanto, una trasgresión de la inviolabilidad del mismo, derecho fundamental consagrado por la Constitución. Porque las personas afectadas por tales radiaciones no las han autorizado ni consentido expresamente. Y hoy existe a nivel científico si no la certeza sí al menos la sospecha fundada –cada vez más fundada y extendida- de que las radiaciones electromagnéticas pueden afectar gravemente la salud por lo que procede aplicar el llamado Principio de Precaución. Ambas sentencias han abierto pues una nueva puerta.

DEMASIADA INJUSTICIA EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Para un abogado debe resultar frustrante que la industria pida una y otra vez en los tribunales “evidencias” de la peligrosidad de las radiaciones en lugar de proporcionar evidencias de su inocuidad y que los jueces les apoyen. Ni siquiera basta con demostrar, como pasó en Majadahonda, que decenas de personas hayan muerto masivamente -en casi todos los casos por cáncer o infartos de miocardio- alrededor de una antena de Telefónica y un centro de trasformación de Iberdrola. Se alega que eso no demuestra nada, que pueden haber estado por ejemplo bebiendo agua contaminada y deberse todo a eso. Les da igual que las muertes se circunscriban a un diámetro de medio centenar de metros alrededor de esas dos fuentes de emisión electromagnética. Para ellos jamás hay “evidencia” de nada. Y los tribunales les apoyan.

-El poder corrompe. Y los jueces no se libran de ello. Mire, la gran industria es sumamente codiciosa. Está deshumanizada. Sólo le importan los beneficios. Y ante hechos como los que denunciamos lo que hacen es procurar que no se hable de ello –se gastan suficiente dinero en publicidad en todos los grandes medios de comunicación como para conseguirlo- y no tienen reparo alguno en alquilar las conciencias de peritos e investigadores “independientes” de “prestigio” para que firmen estudios en los que se diga que no hay evidencia de la peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas. Y todo esto no cambiará mientras las sociedades no se movilicen, los políticos no entiendan que ellos están igual de expuestos que los demás o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervenga y siente doctrina protegiendo de una vez los derechos individuales de los ciudadanos. Eso no acaecerá nunca por iniciativa de la propia industria. Al menos de la española que en ese aspecto es cavernícola.

-¿Y cómo es posible que un David con peritos de andar por casa –y lo decimos en tono cariñoso- haya vencido a la batería de super-reputados abogados, catedráticos e investigadores de Iberdrola?

-Yo creo –nos dice sonriendo- que la Justicia Cósmica también existe. Y que de vez en cuando se manifiesta cuando se trata de apoyar una buena causa. Porque yo nunca pensé que este caso se fuera a ganar, ni en Murcia ni en el Supremo. Pensaba que en el mejor de los casos habría que llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para lograr algo.

-¿Y esta sentencia no le anima creer un poco más en nuestro sistema judicial?

-Yo soy un apasionado de la Justicia. Creo en la Justicia. Pero para mí la Justicia es el imperio de la Razón y la Ley. En lo que no creo es en los tribunales de Justicia porque he comprobado que en ellos se imparte muy poca Justicia. Es más, hay muchísima injusticia. Es increíble la cantidad de jueces que no aplican las leyes con criterio de racionalidad sino que tienden a hacer lo que les place o, sin más, a dar la razón al más poderoso o pudiente. Creo pues en la Justicia con mayúsculas pero no en nuestros tribunales. Y es evidente que hay honrosas excepciones porque como decía Cervantestampoco hay libro tan malo que no contenga algo bueno. No hay Justicia tan mala que no tenga también su cuota de buenos y correctos jueces.

-De hecho resulta no ya triste sino indignante que en casos similares al que nos ocupa haya habido jueces que fallaran contra los afectados o, lo que es aún más grave, que ni siquiera admitieran la demanda.

-Algunos pensarán que si yo he ganado este caso es porque soy mejor abogado que otros pero no se trata de eso. En realidad todo depende de la coyuntura. Por eso siempre hay que seguir luchando. ¿Qué se pierde un caso de forma manifiestamente injusta? Pues adelante con él. Hasta llevarlo al Constitucional y si es necesario al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

-¿Tiene usted realmente más fe en esos dos órganos o lo dice porque para seguir no queda más remedio que creer en algo?

-La verdad es que nuestro Tribunal Constitucional ha sido lamentablemente deformado. Es más, a veces actúa con criterios claramente inconstitucionales, particularmente en los recursos de amparo. Sí, puede ser una cuestión de fe pero ya le digo que yo creo en la Justicia aunque muchos jueces se empecinen en que la pierda.

-¿Y qué mensaje mandaría hoy a los jueces sabiendo que cada vez va a haber más demandas de este tipo?

-Que si se estudian los fundamentos de la sentencia de Francisco Hernández y de otras que se han producido  verán que hay herramientas jurídicas para proteger a los vecinos. Y que nadie está libre de sufrir este problema, especialmente si se vive en grandes núcleos urbanos. Por tanto cualquier día le puede tocar a él o a su familia. Y ya veremos cómo empiezan a reaccionar cuando vean a sus hijos en una situación de riesgo como la que comentamos.

MURCIA: UNA SENTENCIA VALIENTE Y PIONERA

Cabe recordar que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Murcia dictada en abril del 2001, posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial y finalmente ejecutada por el Tribunal Supremo al no admitir el recurso de casación de Iberdrola obligando así a la compañía a comprar el piso de los demandantes deja bien claro que se trata de una “inmisión” y que es la empresa la que tiene que probar la inocuidad de las radiaciones más allá de toda duda y con independencia de la reglamentación en vigor. Es de hecho en este punto donde la sentencia de Murcia fue pionera y concluyente en las argumentaciones que posteriormente ratificó la Audiencia Provincial: “(…) Lo que nos hemos de plantear es la razón por la cual un ciudadano, una vez adquirida una vivienda, tenga que soportar los campos electromagnéticos que sean producidos por parte de una subestación que se encuentra debajo de la misma, campos éstos que de conformidad con el informe pericial y según estudios recientes producen efectos biológicos por debajo de las medidas que se encuentran en el piso en cuestión y que está por ver si tales efectos biológicos son o no perjudiciales para la salud de los humanos, generando con ello el normal y elemental desasosiego en los moradores de las viviendas donde se introducen los mismos. En tales supuestos, y de acuerdo con la doctrina anteriormente citada, es procedente la aplicación del principio de inversión en la carga de la prueba en lo que se refiere a la acreditación clara y terminante de la inocuidad de los campos magnéticos(el subrayado es nuestro).

La sentencia manifiesta además algo importante: que el daño causado no sólo tiene que ser necesariamente físico. “Hay que destacar –se dice en ella- que si bien es cierto que no existe prueba actual de daño físico alguno no lo es menos que se puede derivar la existencia de un daño moral que viene constituido y fundamentado en el elemental y normal desasosiego e intranquilidad que surge en unas personas por la posibilidad de que donde se desarrollan los elementos más esenciales de su vida -esto es, en su vivienda- se están produciendo una serie de emisiones que pudieran ser nocivas para la salud tanto de ellos como de sus hijos. Circunstancias todas éstas que tienen un difícil encaje con lo previsto tanto en el art. 15.1 de la Constitución Española (derecho a la vida y a la integridad física), 18.1 y 2 (derecho a la intimidad personal e inviolabilidad del domicilio) y art. 45.1 3 del mismo texto legal (derecho a disfrutar del medio ambiente y obligación de reparar los daños causados contra este medio ambiente)”.

Y aún hay más. La Audiencia amplió en su sentencia estos argumentos jurídicos afirmando que aunque los demandantes no lo alegaron“parece lógico considerar que a la cuestión debatida le es susceptible de aplicación la Ley General de Consumidores y Usuarios (LGCU), Ley 26/1984 de 19 de Julio” según la cual  todo consumidor o usuario “tiene derecho a que se adopten medidas puramente preventivas que es lo que con carácter principal se pide en esta demanda y que no es otra cosa que la casa esté libre de campos electromagnéticos que pudieran ser perjudiciales para la salud”.

UN MATRIMONIO EJEMPLAR

Aunque es evidente no podemos dejar de resaltar que el importante precedente legal que han supuesto las sentencias comentadas no hubiera sido posible sin la tenacidad de Francisco Hernándezy su mujer, los propietarios afectados que en vez de guardar silencio, vender el piso y pasar a otro el muerto –es decir, el transformador- decidieron luchar por lo que creyeron justo. Él, Francisco, es periodista pero reconoce que cuando todo este asunto surgió no tenía ni idea del impacto sobre la salud de los campos electromagnéticos.

-Hace doce años nosotros no teníamos los conocimientos que tenemos ahora. Ni habíamos oído hablar de los perjuicios de los campos electromagnéticos. Es más, ni siquiera sabíamos que debajo de nuestra casa había un centro de trasformación así que en ningún momento lo relacionamos con los problemas de salud que sufríamos. Sabíamos que estábamos siempre enfermos, que nos sentíamos mal en casa, que no podíamos dormir, que los chiquillos enfermaban cada quince días saliendo de una enfermedad para entrar en otra… pero nunca lo asociamos con el trasformador. Lo que sí habíamos notado es que en verano, cuando nos íbamos a la playa, se solucionaban los problemas. De hecho supe de la existencia del centro de transformación de manera fortuita, a causa de un escape de agua. Un día de verano de 1996 estaba solo en casa duchándome cuando de repente noté que aporreaban la puerta de casa con gritos de “salgan, salgan, se van a electrocutar”. Salí, bajé con los empleados de la compañía eléctrica que me habían avisado y entonces puede ver que el agua de mi baño estaba cayendo sobre un local grande donde había varios transformadores que ocupaban prácticamente la totalidad del bajo de mi vivienda, situada en el primer piso. Así fue como me enteré de la existencia del centro de trasformación pero la verdad es que ni aún así me preocupé por los campos electromagnéticos. Lo único que pregunté era si era legal que debajo de un cuarto de baño hubiera una instalación eléctrica. Esa fue mi única preocupación.

-¿Y cómo asoció lo que les pasaba a ustedes con los campos electromagnéticos del transformador?

-Porque todo esto coincidió con la línea de alta tensión que iba a cruzar el estrecho de Gibraltar. Los colectivos ecologistas llevaron a cabo protestas en Tarifa denunciando que los campos electromagnéticos bajo el agua podían afectar a la vida marina. Fue entonces cuando, sorprendido por ese comentario, decidí ponerme en contacto con quienes en España estaban estudiando ya entonces los efectos de las radiaciones electromagnéticas. Y me fui a Madrid, a la Universidad de Alcalá de Henares, donde contacté con el profesor José Luis Bardasano así como con Raúl de la Rosa, un geobiólogo con mucha experiencia en estos temas. Así empezó nuestro calvario. Porque cuanto más íbamos sabiendo, más íbamos asociando. El punto de inflexión llegó al mes o así del percance cuando un amigo arquitecto se trajo un medidor y observamos que en la nuestra los valores de radiación eran diez veces superiores a los de otras casas. En ese mismo instante mi mujer y yo optamos por salir inmediatamente de casa con lo puesto y nos alojamos con los niños en casa de mis suegros donde estuvimos viviendo un año, el tiempo que tardamos en preparar la demanda con José Luis Mazón.

-¿Y el resto de los vecinos no se solidarizó con usted?

-Desgraciadamente no ya que ellos no tenían el problema. La radiación de un centro de transformación es muy intensa en un espacio muy corto -digamos de unos 50 metros- pero a partir de esa distancia decrece rápidamente por lo que si en el primer piso el campo alcanza los 2.500 nanoteslas de radiación en el segundo apenas llega a 300 o 400. Yo mismo les tranquilicé. El problema lo teníamos nosotros solos y, en cierta medida, el vecino de al lado que, por cierto, ha muerto este año de cáncer. Era médico pero ni se marchó ni inició acciones legales. Se limitó a no usar habitualmente la habitación más cercana al centro de trasformación que pasó a utilizar como sala de espera. Lo que hicieron mis otros vecinos fue algo más simple y humano: vender los pisos y marcharse. Pocos vecinos quedan aún allí de aquella etapa.

-Hasta que doce años después han visto ustedes recompensada su determinación…

-Sí. Y ojalá nuestra lucha sirva a otras personas. Es la única satisfacción real que nos quedaría tras el calvario que hemos pasado. De hecho nos consta que algunas familias, aduciendo nuestra sentencia, han conseguido que les aíslen el transformador y otras que se lo quiten. La sentencia en nuestro caso establecía que se apantallase el centro hasta que el nivel de radiación en la vivienda fuera de cero y si técnicamente eso no fuese posible se nos resarciese con una vivienda de las mismas características en la misma zona y exenta de radiación. Y si eso tampoco fuese posible que la compañía procediese a la adquisición de la vivienda. Lo que finalmente ha sucedido.

-¿Tras su experiencia han quedado ustedes vinculados a la lucha contra los campos electromagnéticos?

Hubo un momento, en los primeros cinco o seis años, en que no solamente nos vimos involucrados sino que sentimos que era nuestra obligación. En ese tiempo conocimos algunos casos sangrantes, de personas que llevaban enfermas toda su vida y se dieron cuenta de la razón gracias a que habían leído nuestro problema en la prensa. Recuerdo el caso de una señora mayor de Murcia, dueña de un estanco, que se pasó 30 años con dolores y sintiéndose mal porque detrás suyo, tras el mostrador en el que atendía, había un trasformador. Estuvo constantemente expuesta a los campos electromagnéticos sin saber lo que éstos provocaban. Es sólo un ejemplo pero hay muchos más. Verá, yo tengo un aparato para medir la intensidad de los campos y un día lo dejé encendido cuando paseaba por la calle. Bueno, pues me asusté. De verdad, es increíble lo que uno puede encontrarse en las ciudades. ¡Hay líneas de alta tensión escondidas por todas partes! Yo creo que no las soterran a suficiente profundidad. Y he encontrado ese problema en todo tipo de lugares. Hasta atravesando el patio de una guardería. Es inconcebible lo que se está permitiendo.

-Al menos hoy estarán ustedes más tranquilos…

-Vivimos en un piso alto. Así que lo único que me preocupan ahora son las antenas de telefonía. Otro grave problema del que tampoco nadie quiere hablar…

Terminamos. Doce de años de calvario han tenido en este caso un final relativamente feliz. Gracias a un abogado honesto y tenaz –José Luis Mazón-, un juez que antepuso a otras consideraciones su deber de proteger la salud de las personas  –José Moreno Hellín, Magistrado Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Murcia- y tres jueces de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia –Carlos Moreno MillánFrancisco José Carrillo y José Miguel Sánchez– que no sólo apoyaron la sentencia de su compañero sino que la complementaron. Lo que demuestra que a pesar de todo también existen jueces que creen en la Justicia.

Sonia Barahona

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Enero 2009
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