Acciones jurídicas contra las compañías eléctricas y de telefonía 

 

El pasado mes animamos en nuestro editorial a quienes viven cerca de torres de alta tensión, centros de transformación y antenas de telefonía a denunciar ese hecho en los juzgadosporque la manida argumentación de que no hay evidencias científicas de su peligrosidad ha dejado de ser válida hoy: jurídicamente han de ser las compañías de electricidad y telefonía las que aporten la “carga de la prueba”, las que demuestren científicamente su inocuidad y que las radiaciones y campos electromagnéticos no afectan a la salud. ¡Algo que no han podido hacer jamás! E insistimos en que así lo determina el Tribunal Europeo de Justicia y los jueces españoles que han emitido las más recientes sentencias sobre ello en nuestro país. En todos los casos mencionados basta que alguien demuestre tener problemas de salud que no puedan objetivamente achacarse a causa conocida alguna y estar sometido a una fuente de radiación electromagnética para que deba aplicarse en su caso el Principio de Precaución. Sólo la desidia y complicidad de las autoridades locales, provinciales y nacionales -plenamente informadas y conscientes de lo que está pasando pero decididas a proteger a toda costa a las empresas del sector en aras de un mal entendido e injustificado desarrollismo- ha llevado a los ciudadanos a no dejarnos otra opción que inundar los juzgados de denuncias. Pues bien, tal como prometimos el mes que viene les explicaremos qué deben hacer exactamente.