Anulado el decreto que reguló la práctica de las terapias alternativas en Cataluña

 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el decreto que el Gobierno catalán aprobó hace dos años a iniciativa de la consejera socialista Marina Geli regulando la práctica de algunas de las llamadas medicinas alternativas en esa comunidad aceptando el recurso del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos por considerar que ello es competencia exclusiva del estado. Los colegios de médicos alegaban además que ese decreto -que contaba con el apoyo del Colegio de Psicólogos de Cataluña y de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Terapias Naturales de Cataluña- “permitía que quienes no son profesionales sanitarios pudieran ejercer una profesión sanitaria con la simple acreditación de una formación que viene a sustituir a la formación reglada del Estado”.
El decreto anulado establecía tres categorías de terapias naturales: las de criterio naturista -la Naturopatía y la Naturopatía con criterio homeopático-, las de Acupuntura y Terapia Tradicional China y las llamadas terapias y técnicas manuales (Kinesiología, Osteopatía, Shiatsu, Reflexología podal, Espinología, Drenaje linfático, Quiromasaje, Diafreoterapia y Liberación holística de estrés con técnicas de Kinesiología. El decreto ponía asimismo a los profesionales que realizan estas prácticas bajo el control directo de un Instituto de Estudios de la Salud al que se facultó para expender los títulos acreditativos y las licencias de los centros.
Entre sus conclusiones la sentencia destaca que “la legislación básica no padece la falta de regulación en que se sustenta la competencia autonómica para la ordenación de las terapias no convencionales sino que prevé indiferenciadamente que las actividades sanitarias sólo puedan ser ejercitadas por los profesionales sanitarios en los establecimientos sanitarios reconocidos de manera que es disconforme con el ordenamiento jurídico el decreto que quiere reconocer el ejercicio de actividades materialmente sanitarias a profesionales no sanitarios en establecimientos no sanitarios”.
Cabe añadir que el tribunal estaba integrado por los magistrados Emilio Berlanga, Javier Aguayo, María Mercedes Delgado, Núria Clèries y María Pilar Rovira pero el fallo no fue unánime ya que estas dos últimas formularon en voto particular su desacuerdo. Y ello porque según estas dos magistradas el decreto no regulaba un título académico sino administrativo. “Nuestra discrepancia se centra en el alcance de la legislación básica existente. En general entendemos que el decreto, con la finalidad de proteger la salud pública, ha regulado una realidad sobre la que, hoy por hoy, el Estado no ha dictado la legislación básica al respecto”.Añadiendo: “La cuestión es que se está ejerciendo un tipo de terapias naturales por personal sin ninguna titulación y sin ningún tipo de control administrativo y el decreto pretende hacer frente a esta situación”.
Y tienen toda la razón. La afirmación de los tres magistrados que dicen que sí están legalmente contemplados todos los supuestos que pretendía regular el decreto –que a nosotros nos pareció enormemente desafortunado y así lo manifestamos en su día en la revista- es manifiestamente falsa y demuestra que esos tres magistrados han emitido un fallo por razones puramente políticas. Su intención ha sido claramente la de asegurar la exclusividad de todo tratamiento de salud a los médicos dando a todos ellos el calificativo de “sanitario”. Sin tener en cuenta siquiera que la inmensa mayoría de los médicos -afortunadamente no todos- no sólo no saben nada de tales terapias y métodos sino que no quieren conocerlas ni practicarlas.
En suma, con tan bochornosa sentencia se ha vuelto a dejar en el limbo jurídico a miles de profesionales. Y al sector más confuso que nunca. Especialmente porque ningún partido político se ha atrevido en décadas –a pesar sus múltiples promesas- a afrontar la regulación de las llamadas medicinas alternativas o complementarias ya que tienen miedo a la reacción de las multinacionales de la industria farmacéutica con las que tan bien se llevan todos. Aun cuando tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea han instado a los gobiernos europeos varias veces a que las regulen.