Debate sobre la extracción de órganos en China

El pasado 21 de abril las comisiones parlamentarias de Salud Pública y Derechos Humanos del Parlamento Europeo celebraron una sesión conjunta centrada en la extracción de órganos en China en la que se analizó la decisión de las autoridades chinas -expresada ya en 2010 durante la Conferencia de Madrid sobre Donación y Trasplante de Órganos– de dejar de extraer órganos para trasplantes sin el consentimiento de los prisioneros ejecutados en las cárceles y campos de reclusión a partir del pasado 1 de enero. En esa misma conferencia Huang Jiefu, director entonces del Comité de Donación de Órganos de China y antiguo Viceministro de Salud, dijo que a mediados de 2014 todos los hospitales autorizados para trasplantes de órganos dejarían de utilizar los de los presos ejecutados usando solo los donados voluntariamente. Afirmación que hizo tras reconocer que más del 90% de los órganos para trasplante extraídos de donantes fallecidos procedía de presos ejecutados en China. Pues bien, Jöelle Hivonnet, funcionaria del Consejo de Europa perteneciente al área del Servicio Europeo de Acción Exterior, manifestó en la sesión del pasado mes de abril que "aunque la situación ha mejorado ligeramente el secreto sobre las cifras de la pena capital y las estadísticas sobre trasplantes de órganos hace que sea muy difícil conocer la situación actual con exactitud". Hay que recordar que China pertenece en la actualidad a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lugar que ocupará hasta 2017.

El problema de la extracción ilegal de órganos en China alcanzó dimensiones internacionales en 2006 cuando se supo que en julio de 1999 el Partido Comunista chino había puesto en marcha una operación para erradicar la práctica espiritual del grupo Falun Gong encarcelando a decenas de miles de sus seguidores a muchos de los cuales, tras ejecutarles, se les extrajeron los órganos a fin de comercializarlos. Y lo mismo sucedió con presos uigures y tibetanos según consta en la Resolución del Parlamento Europeo aprobada el 11 de diciembre de 2013 en la que se pidió a los miembros de la Unión Europea que dieran publicidad al asunto y condenaran públicamente “los abusos cometidos por China en el trasplante de órganos” solicitando una investigación completa que permitiera enjuiciar a los responsables.

La secretaria del Comité Europeo de Trasplante de Órganos y miembro del Consejo de Europa, Marta López, asegura que entre el 5% y 10% de los riñones trasplantados proceden aun hoy de transacciones ilegales de órganos y que los receptores pagan por uno hasta 160.000 dólares. El eurodiputado popular alemán Pieter Liese afirma por su parte que "hay ciudadanos europeos que viajan a China para aprovechar el comercio ilegal de órganos por lo que se trata de un problema europeo de derechos humanos". Y Beatriz Domínguez, de la Organización Nacional de Trasplantes de España, que "muchos ciudadanos europeos vuelven del extranjero con órganos obtenidos de manera ilícita de presos ejecutados y no son nunca investigados (…) porque los médicos alegan que deben respetar la confidencialidad del paciente".

Nuestros lectores habituales recordarán que esta actuación criminal la denunciamos en la revista nº 91 -correspondiente a febrero de 2007- en un amplio reportaje titulado Extraen órganos a decenas de miles de personas para trasplantárselos a quienes pagan por ellos que aún puede leerse en nuestra web –www.dsalud.com– sin que un solo medio de comunicación se hiciera eco… porque no nos creyeron. Claro que tampoco los estados de la Unión Europea han hecho al final nada porque sus intereses económicos han pesado más que las consideraciones éticas.