Denunciadas las autoridades sanitarias británicas por extraer ilegalmente órganos

 

Los familiares de las 2.150 personas a las que se les extrajeron órganos sin pedir permiso tras morir en hospitales de la Seguridad Social británica han llevado por fin a las autoridades sanitarias ante los tribunales. Esta práctica se hacía al parecer de forma habitual y ha sido erradicada tras ser denunciada públicamente.
Los familiares han rechazado la compensación de 1.600 euros por persona que se les ofreció en el convencimiento de que si los jueces les dan la razón la Seguridad Social podría verse obligada a pagar una cantidad millonaria.
El abogado que representa a 1.500 de esas familias explicó que no sólo buscan la compensación económica adecuada al daño sufrido sino además dejar claro que lo que se hizo era ilegal y hay que  exigir responsabilidades a los culpables.