Dudas razonables

Evidentemente lo acaecido ha puesto encima de la mesa algunas cuestiones sobre las que hemos consultado a Javier Martín, abogado de Pajares & Asociados Abogados, especializado en temas de salud.

-Díganos, ¿pueden legalmente unos padres negarse a recibir el tratamiento que se les propone para un hijo?

-Los padres ostentan la representación legal de los hijos menores; ejercen lo que se llama “patria potestad”. Y si consideran que un tratamiento, una consulta u otro centro hospitalario les parece más adecuado están en su derecho de decidir. Y no tienen obligación ni de explicar sus razones ni de comunicar su decisión a ninguna autoridad hospitalaria, sanitaria o judicial. Basta si el niño está internado en un hospital con que soliciten el alta voluntaria. Teniendo los responsables del hospital la obligación legal de facilitar al máximo ese trámite. Así lo dictan diferentes preceptos normativos, el más importante de ellos la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Aunque también está reflejado en las normativas internas de los diferentes centros sanitarios y en el Código de Deontología Médica.

En nuestro país cualquier padre puede solicitar el alta voluntaria en el centro en el que su hijo esté siendo tratado para buscar otros tratamientos en otros centros, sean éstos públicos o privados. Debo matizar no obstante que para que el centro permita el alta voluntaria y no pueda oponerse al cambio de centro o tratamiento la ley exige que exista un tratamiento alternativo que se considere válido.

-Luego no deben justificar detalladamente sus razones….

-No. Ostentan la patria potestad y no tienen obligación de explicar o justificar ante los médicos que estén tratando a su hijo por qué han adoptado esa decisión. Ni aportar documentación científica alguna que avale el tratamiento alternativo escogido. Es más, quien sí tiene obligación de informar a los padres de todas las posibilidades alternativas de tratamiento a su alcance son los médicos y responsables del centro en el que están. Así queda establecido en la ley antes citada. Solo hay una excepción a esta norma: que de forma objetiva pueda demostrarse que los padres, con su decisión, están poniendo en gravemente en peligro la salud y vida del hijo. Y eso deben demostrarlo los que lo afirmen.

-Luego la patria potestad solo puede retirarla un juez y si los médicos demuestran que ese peligro existe…

-En efecto. En el caso de Ashya los médicos que le trataban consideraron que la decisión de los padres de dejar su hospital ponía en riesgo la salud y vida del niño y así lo se dijeron a la policía que acudió al juzgado cuyo responsable optó ordenar su detención y estudiar el caso. Privándoles paralelamente de la patria potestad por entender que según lo que afirmaban los médicos los padres habrían incumplido su deber de protección y el menor podía estar en situación de desamparo. En el caso de España así lo establecen los artículos 170 y 172 del Código Civil.

En este caso es evidente que la opinión de los médicos fue determinante para el juez que, normalmente y en todo el mundo, entienden siempre como más adecuado el tratamiento “oficial”; aunque la realidad pueda no ser ésa. De ahí que cuando alguien opta para un hijo por un tratamiento de los considerados “alternativos” o “complementarios” y se encuentra en situación similar ante un juez se arriesga a perder la patria potestad. Los jueces amparan en general los tratamientos considerados “oficiales” aunque en realidad tal cosa no existe. Especialmente en patologías degenerativas como el cáncer y en las enfermedades denominadas “raras”. Porque ningún tratamiento oficial garantiza la curación. La mayoría son sólo meramente paliativos y causa de graves efectos secundarios.

Lo irónico es que en este caso los padres de Ashya optaron por un tratamiento novedoso que se está aplicando legalmente en la propia Unión Europea y está “bendecido” oficialmente como es la Terapia de Protones. Es decir, se les detuvo por optar para su hijo por un tratamiento convencional, completamente ortodoxo, que se aplica legalmente en Europa. Por tanto ahora la familia tiene la opción legal de pedir responsabilidades por lo sucedido a los médicos que les denunciaron…