El Tribunal Supremo rechaza el recurso de la compañía eléctrica


Iberdrola, obligada a cerrar un transformador 

El Juzgado de Primera Instancia de Murcia dictó en abril del 2001 una sentencia -que luego corroboraría la Audiencia Provincial- ordenando el cierre de un transformador de Iberdrola situado en los bajos de una vivienda a causa de los campos electromagnéticos que generaba. De acuerdo con la prueba practicada el campo magnético era permanente y superior a un microtesla llegando a alcanzar en algunas horas del día los 4 microteslas.
Los jueces determinaronen la sentencia que el campo electromagnético constituía una “inmisión” “que puede ser conceptuada-se explicaba- como ‘aquellas actividades que, desarrolladas por personas dentro del cambio de su esfera dominical o de su derecho de goce, excedan de los límites normales de tolerancia proyectando sus consecuencias sobre la propiedad de los otros, perturbando su adecuado uso y disfrute” (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de noviembre de 1998). Añadiendo que en estos casos es la empresa la que tiene que probar la inocuidad de las radiaciones. De hecho, en ella se dice textualmente lo siguiente: (…) Lo que nos hemos de plantear es la razón por la cual un ciudadano, una vez adquirida una vivienda, tenga que soportar los campos electromagnéticos que sean producidos por parte de una subestación que se encuentra debajo de la misma, campos éstos que, de conformidad con el informe pericial y según estudios recientes, producen efectos biológicos por debajo de las medidas que se encuentran en el piso en cuestión y que está por ver si tales efectos biológicos son o no perjudiciales para la salud de los humanos, generando con ello el normal y elemental desasosiego en los moradores de las viviendas donde se introducen los mismos. En tales supuestos, y de acuerdo con la doctrina anteriormente citada, es procedente la aplicación del principio de inversión en la carga de la prueba en lo que se refiere a la acreditación clara y terminante de la inocuidad de los campos magnéticos”.
Y algo muy importante: la sentencia entiende que el daño causado además no tiene por qué ser necesariamente físico. “Hay que destacar –puede leerse en ella- que si bien es cierto que no existe prueba actual de daño físico alguno no lo es menos que se puede derivar la existencia de un daño moral que viene constituido y fundamentado en el elemental y normal desasosiego e intranquilidad que surge en unas personas por la posibilidad de que en donde desarrollan los elementos más esenciales de su vida, esto es en su vivienda, se están produciendo una serie de emisiones que pudieran ser nocivas para la salud, tanto de ellos como de sus hijos. Circunstancias todas estas que tienen un difícil encaje con lo previsto tanto en el art. 15.1 de la Constitución Española (derecho a la vida y a la integridad física), 18.1 y 2 (derecho a la intimidad personal e inviolabilidad del domicilio) y art. 45.1 3 del mismo texto legal (derecho a disfrutar del medio ambiente y obligación de reparar los daños causados contra este medio ambiente)”.
El tribunal, incluso, amplió los argumentos jurídicos de la demandada: “Si bien esta normativa no ha sido alegada parece lógico considerar que a la cuestión debatida le es susceptible de aplicación la Ley General Consumidores y Usuarios (LGCU), Ley 26/1984 de 19 de Julio”. Es decir, que también en el caso de los campos electromagnéticos los posibles demandantes pueden argumentar su condición de consumidores puesto que la electricidad es un servicio y los vecinos sus consumidores. “Y si, por lo tanto, es de aplicación la LGCU -dice la sentencia-hay que significar que cuando en el art.2.1 se enumeran los derechos de los consumidores y usuarios, lo que es la indemnización por ‘los daños y los perjuicios ocasionados’aparece tan sólo en tercer lugar, por cuanto resulta que el primero de estos derechos es ‘la protección contra los riesgos que puedan afectar a la salud o seguridad’. Esta terminología es reiterada en el art.3 de la Ley 4/1996 de 14.6.96 por el que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia pero añadiendo ‘concebida aquella de forma integral, incluyendo por lo tanto los riesgos que amenacen el medio ambiente y la calidad de vida’. De este modo, el primer derecho que tiene el consumidor o usuario es el de que se adopten medidas puramente preventivas que es lo que, con carácter principal, se pide en esta demanda y que no es otra cosa que la casa esté libre de campos electromagnéticos que pudieran ser perjudiciales para la salud”.
En suma, el transformador fue cerrado una vez la sentencia, apelada por la compañía, fue ratificada -con alguna mínima corrección- por la Audiencia Provincial. Pues bien, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de rechazar el pasado 4 de octubre el recurso que presentara Iberdrola declarando firme la sentencia.
La demanda fue presentada en febrero de 1998 por Francisco Hernández Rodríguez y María Teresa González Guillén y el abogado que ha ganado el caso es José Luis Mazón. Y es justo decir que gracias al esfuerzo y tesón de los primeros y a la profesionalidad del segundo así como a la independencia de los jueces que en este caso han dictado las sentencias es evidente que los abusos de las compañías de electricidad y telefonía en España van a acabarse. Basta con que los ciudadanos ejerzan sus derechos y las autoridades cumplan con su obligación. Nos congratulamos.