Entre el 65% y el 89% de los protocolos médicos desaparecerán del sistema público

Además se podrá llevar a los tribunales a rectores, decanos y profesores universitarios

Entre el 65% y el 89% de los protocolos que se utilizan actualmente por los médicos en los hospitales y clínicas desaparecerán del sistema público. Y además muchos rectores, decanos y profesores universitarios podrán ser llevados a los tribunales por fraude, estafa e incluso delito contra la salud pública. Así se desprendió al menos de la rueda de prensa conjunta ofrecida en noviembre pasado por la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social María Luisa Carcedo y el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades Pedro Duque al afirmar que en el sistema nacional de salud no podrá ejercerse ninguna “pseudoterapia”, palabra con la que definen a toda aquella que no cuenta con “aval científico” cuando no existe un solo organismo en el mundo que se encargue de tal cosa.

De hecho la medicina convencional no es una ciencia y, por tanto, no puede hablarse de “medicina científica”. Lo que la avala es lo que se conoce en todos los organismos sanitarios –Organización Mundial de la Salud (OMS) incluida-, en las sociedades científicas y en las revistas revisadas por pares como “medicina basada en la evidencia clínica“. Tal es el parámetro internacional que se reconoce para dotar de credibilidad a una terapia, protocolo o fármaco.

Así lo denunció nuestra revista el pasado 15 de noviembre a través de su servicio de noticias –Medical News llegando a más de 45.000 personas entre las que hay más de 4.000 periodistas y numerosos diputados y senadores. Y lo hizo agregando algo ya sabido por nuestros lectores habituales: que según el British Medical Journal –revista médica semanal de la Asociación Médica Británica– solo el 11% de los tratamientos médicos convencionales que se utilizan son claramente beneficiosos, el 24% pueden ser “algo” beneficiosos, el 7% están entre beneficiosos y dañinos, el 5% es poco probable que sean beneficiosos y el 3% que pueden ser ineficaces y/o dañinos. Del otro 50% no se sabe ¡nada!

En cuanto a las disciplinas no convencionales cuya presencia en los hospitales públicos así como su enseñanza quieren prohibirse por carecer del inexistente “aval científico” que se propugna se trata de una decisión que abre la puerta a que pueda llevarse a los tribunales a numerosos rectores, decanos y profesores universitarios pues a fin de cuentas han estado durante muchos años impartiendo enseñanzas y dando títulos académicos oficiales a miles de personas -la inmensa mayoría médicos- que si ahora se consideran carentes del más mínimo rigor académico y científico constituyen sin más un fraude, una auténtica estafa por lo que hay que procesar judicialmente a los responsables. Teniendo todos quienes pagaron por ello derecho a ser indemnizados.

Es más, los pacientes tratados por éstos tienen asimismo derecho a querellarse contra quienes otorgaron títulos fraudulentos sobre disciplinas que no servirían para nada a las que se sometieron creyendo que al estar avalados por universidades públicas eran eficaces. Cientos de miles de enfermos tratados con ellas que estarán igualmente en su derecho de querellarse acusando paralelamente a los responsables de haber perpetrado un claro delito contra la salud pública.

Como estarán en el mismo derecho de hacerlo todos los profesionales de la salud -médicos y no médicos- a los que se ha calumniado, injuriado y difamado por ejercerlas en el convencimiento de que lo que hacían era legal y eficaz. A fin de cuentas la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado ya en varias ocasiones a los gobiernos de las naciones miembros -la última vez en 2014- a que incorporen en sus sistemas sanitarios las medicinas tradicionales, complementarias y alternativas “cuanto antes“. Disciplinas entre las que la OMS incluye de forma expresa -que no exclusiva- la Medicina Tradicional China -y por ende la Acupuntura-, la Homeopatía, el Ayurveda, la Naturopatía, la Quiropráctica, la Osteopatía, el Unani, el Tai-Chi, el Shiatsu, la Hipnosis, la Meditación, el Yoga y el Qigong, entre otras que cita en sus documentos. Y no solo a incorporarlas a los sistemas sanitarios sino a que se regule su enseñanza y ejercicio profesional a fin de lograr “la mayor evidencia posible de la idoneidad de esos tratamientos con criterios de seguridad, eficacia y calidad”.

MedicalNews añadiría en su nota que la manipulación es hoy tal que a principios de noviembre la inmensa mayoría de los medios de comunicación desinformaron a la sociedad diciendo que “el ministerio había ordenado la retirada de miles de medicamentos homeopáticos de las farmacias” cuando lo que había hecho en realidad es registrar como medicamentos 2.008 productos homeopáticos. Los que representan el 90% de las ventas siendo los propios fabricantes y no el ministerio los que optaron por no registrar otros pudiendo legalmente hacerlo. Luego no es que el ministerio no retirara 4.000 productos homeopáticos, es que no retiró ni uno solo. Además quien se vio forzada a hacer ese registro fue la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios porque así lo exigían las normas europeas. En suma, el decreto aprobado el pasado 29 de octubre y publicado en el BOE lo que hace es dar a los productos homeopáticos la categoría definitiva de medicamentos pues hasta ese momento su legalidad aparecía en una disposición transitoria.

MedicalNews agregaría que la actitud de los dos ministros sobre la Homeopatía es además inexplicable porque la Comisión Europea ya ha respondido al Gobierno de Pedro Sánchez TRES VECES EN UN AÑO -la última el pasado uno de octubre- que no va a revisar el marco actual sobre la Homeopatía ni va a admitir iniciativa alguna para prohibirla o impedir que se siga vendiendo en farmacias.

En cuanto a la preocupación de los ministros de Sanidad y Ciencia por lo que los medios de comunicación independientes publican sobre salud y medicina manifestando que deberían solo basarse en “fuentes de información rigurosa y veraz“-es decir, en las “verdades oficiales”- MedicalNews se preguntaba si el Gobierno socialista busca imponer la censura periodística en el ámbito de la salud apoyando así la iniciativa de Ciudadanos cuyo grupo parlamentario presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se penalice “la difusión pública de información falsa o no contrastada sobre métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios destinados al tratamiento de enfermedades oncológicas u otras enfermedades graves potencialmente letales que alienten posibilidades de curación no sustentadas en estudios científicos contrastados ni avalados por la lex artis siempre que aboquen al paciente o pacientes al abandono de tratamientos con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de ésta”. La propuesta fue publicada en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el pasado 7 de septiembre de 2018 con el título Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sobre la pérdida de oportunidad asistencial por métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios entre los delitos contra la salud pública y la excusa es que corresponde al estado “la protección de la salud” de los ciudadanos siendo pues los poderes públicos quienes deben “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

Ciudadanos alega en su propuesta que si bien los “delitos contra la salud pública” ya se encuentran regulados y tipificados en los artículos 359 a 378 del actual Código Penal en dos grandes grupos -los delitos relacionados con el comercio y los delitos de tráfico de drogas- en el primero “no existe reproche o sanción penal alguna” a la difusión pública de la “información falsa o no contrastada” en los términos antes descritos.

Medical News terminó su nota adelantando lo que en el pasado número de la revista desveló la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, quien asegura que en los 22 años de existencia de la asociación no han recibido ni una sola denuncia contra profesionales de las medicinas complementarias y alternativas y sí decenas de miles contra médicos convencionales por negligencias. Solo en 2017 13.983 denuncias, 781 de ellas con resultado de muerte.