Exigen al Gobierno que paralice su campaña de publicidad contra las llamadas «pseudoterapias»

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de enero el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2019 por el que va a gastarse en 118 campañas 62.851.905 euros. Once de ellas efectuadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que dirige María Luisa Carcedo que costarán 4.400.000 de euros de los que un millón se destinará a «sensibilizar a la población contra las pseudoterapias y pseudociencias» e impedir su enseñanza en la universidad además de perseguir la «publicidad engañosa». Contando el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dirigido por Pedro Duque con apenas 14.900 euros para lo mismo. Además se hará campaña para convencer a la población de «los beneficios de la vacunación» y la importancia de prevenir la infección por VIH.

Tales acciones fueron adelantadas en diciembre por Pedro Duque explicando que su departamento había elaborado junto al de Mª Luisa Carcedo un Plan para la Protección de las Personas frente a las Pseudoterapias lo que llevó al letrado Luis de Miguel Ortega a solicitar formalmente el 27 de diciembre -en su propio nombre y en el de la Asociación de Consumidores ACUS- la documentación que permite una acción de este tipo sin haber recibido respuesta alguna en el momento de redactarse esta noticia.

Pues bien, el pasado 21 de enero el mismo letrado, en representación de ACUS pero también de la Asociación Española de Médicos Integrativos (AESMI) solicitó al Comité de Recursos de la Comisión de publicidad y Comunicación Institucional del Ministerio de la Presidencia el cese de tales campañas como requisito previo a la presentación de acciones jurisdiccionales.

Según el escrito los terapeutas afectados están siendo objeto de difamación continua en los medios de comunicación mediante el abuso del término indeterminado e indeterminable de “pseudociencias” y “pseudoterapias”, términos inexistentes que no recoge ni la Real Academia de la Lengua Española. Es más, recuerda que tampoco existe consenso jurídico, técnico, médico o científico sobre su sentido y contenido y solo se emplean para «denostar, denigrar y difamar a distintos profesionales y su ejercicio profesional de una manera arbitraria e injusta».

El escrito agrega que el plan aprobado «carece de la más absoluta motivación, es irracional y desproporcionado respecto de los fines que pretende conseguir y omite el trámite de audiencia de los interesados o afectados por la campaña». Agregando: «Carece además de soporte legal o reglamentario pues no existe ninguna norma que prevea dicha campaña por lo que aparenta arbitraria».

El escrito termina advirtiendo que si en tres días no se procede a la suspensión cautelar de la campaña las asociaciones citadas impetrarán las acciones jurisdiccionales y de denuncia pública a que haya lugar.