Iniciativa del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea


Piden que se condene a España por prohibir los productos a base de plantas 

Jan Mazák,Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), ha pedido que se condene a España por prohibir de manera sistemática la importación de determinados productos a base de plantas procedentes de otros estados miembros y violar la libre circulación de mercancías. La denuncia la hizo la propia Comisión Europea en el 2004 tras recibir varios escritos de importadores españoles que explicaban que España les impedía comercializar productos aprobados en otros estados porque aquí se considera automáticamente “medicamento” todo producto que lleve una planta que no figure en la lista elaborada por el Ministerio de Sanidad español en 1973 (luego rectificada en el 1976) o que alegue propiedades terapéuticas. El Abogado General entiende que la interpretación que se hace en España de lo que es un “medicamento” es “desproporcionada” haciendo hincapié en que la mayoría de esos productos no representan peligro real para la salud. Por otra parte, prohibir productos aprobados en otros estados de la Unión es ilegal y la decisión de España es por tanto un “obstáculo injustificado”. En suma, para Mazák está claro que nuestros representantes sanitarios han actuado ilegalmente y pide que se condene por ello a España. Obviamente la opinión del Abogado General no vincula al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo que es necesario que los jueces dicten ahora su resolución. Habrá pues que esperar pero todo indica que España será condenada. ¿Por qué? Pues porque como ya explicamos en el nº 103 en el reportaje Los productos alimenticios, dietéticos, fitoterápicos y ortomoleculares no son “medicamentos l Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dictó una sentencia en la que dejó bien claro que el hecho de que un producto -alimenticio, dietético, fitoterápico u ortomolecular- produzca efectos fisiológicos y se comercialice en forma de pastillas, cápsulas o ampollas no lo convierte sin más en un medicamento que requiere ser aprobado. Y condenó al Gobierno alemán por obstaculizar la venta de un producto de extracto de ajo con tal argumentación añadiendo además que no se pueden alegar de forma genérica “posibles riesgos para la salud” para impedir la venta de algo: hay que justificarlo científicamente. Asimismodeterminó que el hecho de que un producto se comercialice en forma de pastillas, cápsulas o ampollas no lo convierte sin más en un “medicamento”.
 “Las empresas españolas dedicadas a la elaboración de complementos alimenticios, dietéticos, fitoterápicos y ortomoleculares –explicamos ya en aquel artículo- han vivido pendientes del arbitrio de las autoridades sanitarias, dispuestas a retirar del mercado muchos de tales productos de manera caprichosa –en unos sitios sí, en otros no; unas marcas sí, otras no-, actuando a menudo de forma ignominiosa –enviaban a las fuerzas de seguridad sin que éstas hayan tenido nunca reparo en hacerlo públicamente y no de manera discreta como exige la ley al punto de que llegaron a cachear a muchos empleados como si fueran delincuentes- y todo ello con una excusa–que no razón- denunciada hasta la saciedad en esta revista: alegar que aportan algún beneficio para la salud. Porque según las autoridades sanitarias europeas -incluidas las españolas- decir en un prospecto o en una etiqueta que un alimento, una planta o un complejo vitamínico mejora la salud es ilegal ya que tal cosa sólo pueden alegarla los medicamentos. Y si un fabricante vende cápsulas de ajo y dice que ese bulbo es antibacteriano –lo que todo el mundo sabe y está constatado- su producto pasa a ser considerado medicamento y como no ha pedido su aprobación como tal es ilegal y debe retirarse del mercado. Tal sinsentido, tamaña aberración, ha llevado durante años a actuaciones claramente delictivas tanto por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo como de las distintas consejerías autonómicas que en su momento justificaron sus actuaciones diciendo que lo hicieron para ‘proteger a los ciudadanos’. Con lo que varias empresas españolas fueron conducidas al borde del precipicio económico -cuando no arrojadas directamente a él- mientras esperaban la resolución en los tribunales de los recursos presentados contra las requisas de sus productos en almacenes y herbolarios,