La Audiencia Provincial de Madrid anula la condena del amianto contra Uralita

La sentencia que condenó a Uralita a pagar 3,9 millones de euros a 45 vecinos de los municipios barceloneses de Cerdanyola y Ripollet que enfermaron gravemente -padecen placas pleurales- a causa de las fibras de amianto que se desprendían de la fábrica al elaborar su fibrocemento ha sido revocada por la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid alegando que los hechos ¡habían prescrito! Y obliga a los afectados -que van a recurrir ante el Supremo- a devolver el dinero antes del 5 de septiembre.
Las personas afectadas no trabajaban en la fábrica y enfermaron simplemente porque vivían a unos kilómetros de la misma pero la compañía siempre ha alegado que ella cumplía con la normativa. Lo que de ser cierto demuestra que la legislación era ineficaz y, como pasa siempre, desde la Administración se protege siempre los intereses de las empresas antes que los de las personas.
Esta sentencia –y miles más similares- vuelve a poner en solfa las normas legales de prescripción de los delitos que rige en España. Es hora de que eso se cambie de una vez. Los españoles estamos hartos de que a infinidad de delincuentes de guante blanco les salgan gratis sus fechorías. Como estamos hartos de que los jueces suelan ponerse siempre al lado del poder político y económico. Lo que acaece porque en España la Justicia está absolutamente politizada.