La Generalitat se niega a cerrar su falsa denuncia contra Josep Pamies

Como nuestros lectores habituales recordarán la Fiscalía de Lleida decidió el 19 de julio de 2019 archivar la investigación sobre Josep Pàmies abierta a instancias de la entonces Ministra de Sanidad María Luisa Carcedo por promocionar el uso del clorito de sodio (MMS) para tratar varias patologías ya que no apreció delito contra la salud pública como se le achacaba. La exministra interpuso la denuncia cuando un autodenominado Comité para la Promoción y Apoyo de la Mujer Autista (Cepama) entregó en Sanidad 136.000 firmas para que se actuara contra él al confundir esa asociación el clorito de sodio con el hipoclorito de sodio (lejía).

Pues bien, a raíz de aquello el abogado Luis de Miguel Ortega exigió a la Consejería de Sanidad de la Generalitat -en nombre de Josep Pamies y de la asociación Dulce Revolución- que se cerrara además el expediente civil por el que injustificadamente se pedían 600.000 euros de multa al primero y 90.000 a la entidad ya que los plazos para recurrir habían transcurrido pero ésta, en un alarde de prepotencia e ilegalidad, se niega a hacerlo. Y se niega a pesar de que una vez los demandados tuvieron acceso al presunto expediente de «alerta» sobre el MMS se encontraron con que en realidad no se había hecho ni la más mínima comprobación ni análisis alguno y que ni siquiera había testimonios: no había ¡NADA! Se trataba de una «alerta» ficticia que no se basaba legamente en nada y de ahí que se exigiera su inmediata nulidad. A fin de cuentas la Generalitat -y así se recoge en el escrito de demanda- no justificó la supuesta infracción -efectuar  promoción, publicidad o información destinada al público de productos o preparados con fines  medicinales-, basó sus alegaciones invocando la Ley del Medicamento en lugar de la Ley General de Sanidad e intentó limitar los derechos fundamentales de expresión, información, reunión o asociación apoyándose en ambas lo que es un disparate jurídico. Por si fuera poco hubo falta de tipicidad ya que el MMS no es un medicamento ilegal sino un remedio casero que además ni Josep Pàmies ni Dulce Revolución venden, falta de culpabilidad y falta de proporcionalidad.

Para Luis de Miguel Ortega el hecho de que la Generalitat se niegue a cerrar el procedimiento dándolo por nulo indica  una «conducta negligente y abusiva» que se une a la constante denegación de pruebas y trámites que sufrieron los acusados durante todo el proceso provocándoles una clara indefensión jurídica.