La Guardia Civil firma un acuerdo de colaboración con empresas tabaqueras

Que "fumar mata" se lo exigieron poner en las cajetillas las autoridades sanitarias a las empresas tabaqueras -entre otras advertencias sobre los riesgos para la salud y la vida- en lugar de prohibir directamente su venta como debieron haber hecho. A fin de cuentas hablamos de una industria que ha llevado -y sigue llevando- a la muerte a decenas de millones de personas. Está científica y judicialmente probado aunque todos sus dirigentes sigan libres porque nadie ha querido procesarlos; a fin de cuentas se calcula que en España mueren por causa del tabaco 160 personas al día.

Pues bien, alguien en nombre de la Guardia Civil ha tenido la osadía de firmar -en octubre de 2015- con las empresas tabaqueras Philip Morris, Altadis y Cetarsa un acuerdo de colaboración para evitar "el contrabando de tabaco" donando éstas cámaras acuáticas, sistemas de visión nocturna, escáneres y otro material vulnerando así el Convenio marco de la OMS para el control del tabaco y otras disposiciones legales. Así lo han denunciado públicamente representantes de la Organización Médica Colegial (OMC), el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), la iniciativa ciudadana “Por qué nosotros Sí” para el avance de la Ley de Tabaco (XQNS) y el Centro para el Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología durante la jornada El control del tabaco en la nueva agenda política celebrada recientemente en nuestro país.

Y es que el convenio de la OMS explicita que los gobiernos deben impedir que entes u organismos públicos -y la Guardia Civil lo es- acepte contribuciones políticas, sociales, financieras, educativas, comunitarias o de otra clase por parte de la industria tabaquera o de quienes trabajan para promover sus intereses (salvo si se trata de compensaciones debidas a arreglos jurídicos o acuerdos establecidos por ley o jurídicamente vinculantes y de obligado cumplimiento). Hasta el British Medical Journal ha dedicado un duro editorial a este caso afirmando que “la policía española permite que Philip Morris aparezca como la solución del contrabando de tabaco y no como la causa de este problema”.

Las organizaciones citadas han enviado por ello una carta al presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy para que se anule el acuerdo; es más, exigen que se publiquen los textos íntegros y las actas de todos los convenios firmados en España por entidades públicas con la industria del tabaco o sus grupos de presión (como la llamada Mesa del Tabaco). De hecho Philip Morris Spain tiene incluso acuerdos con universidades públicas.

Y es que el dinero lo corrompe todo.