La Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial

Por no entregar la documentación que justifica las medidas del Gobierno ante la pandemia

La Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fue denunciada el pasado 12 de mayo ante el Consejo General del Poder Judicial por no hacer entrega al letrado español Luis de Miguel Ortega de la documentación que le entregó el Gobierno para justificar las medidas que ha adoptado ante la pandemia que dicen asola España. Como en día publicamos la sala ordenó el 2 de abril al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica -a instancias del abogado citado- que entregase TODA la documentación, informes y testimonios que dieron lugar a los decretos-ley, reales decretos legislativos y órdenes ministeriales emitidos con motivo de la crisis del coronavirus con los que se han justificado la alerta, el confinamiento de la población y demás medidas adoptadas. Pues bien, el Gobierno así lo hizo pero la sala del Supremo no ha pasado esa documentación -para poder ser analizada- al propio abogado que la reclamó quien se ha visto obligado a denunciarlo ante el Consejo General del Poder Judicial. La entrega del expediente se le reclamó al Letrado de la Administración de Justicia pero seguía sin entregarla el 12 de mayo y de ahí la denuncia.

Luis de Miguel Ortega ha denunciado asimismo que tampoco se le ha entregado el expediente que se le debió haber hecho llegar el 11 de mayo sobre su petición de información sobre las fumigaciones efectuadas en España para combatir el supuesto SARS-CoV-2 que dicen ha causado la Covid-19.

El escrito ante el Consejo General del Poder Judicial termina diciendo: «Entendemos que en ambos casos se producen dilaciones inaceptables y una patente merma del derecho a la tutela judicial efectiva de la que se debe deducir responsabilidad patrimonial y disciplinaria. Quedamos pendientes de que ese consejo general tome medidas para evitar la persistencia de este comportamiento antijurídico de la Sala Tercera».