¡Los documentos incautados en el caso Bio-Bac no aparecen!

Denuncia de Rafael Chacón ante el Consejo General del Poder Judicial.

Rafael Chacón, responsable del famoso Bio-Bac, presentó el pasado jueves 23 de noviembre una Queja-Denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial porque más de dos años después de haber sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid del delito contra la salud pública del que se le acusaba -en sentencia firme del 22 de junio de 2015- y solicitar desde entonces de forma reiterada que se le devolvieran todos los documentos incautados -entre ellos numerosos estudios científicos, análisis y ensayos clínicos- no ha logrado que se le entreguen y, lo que es más esperpéntico, no parece saberse dónde están.

La devolución se solicitó por escrito inicialmente en el Juzgado de Ejecuciones Penales nº 12 de Madrid el 12 de noviembre de 2015 pero el juzgado no respondió. El abogado de Rafael Chacón, Francisco Javier Álvarez Toledo –letrado del bufete del exMinistro de Sanidad Enrique Sánchez de León- acudió entonces personalmente a él -el 30 de septiembre de 2016- logrando que la Letrada de la Administración de Justicia del mismo dictara una Diligencia de Ordenación para que se entregase a Rafael Chacón la documentación solicitada. Pues bien, llegada la fecha acordada el Juzgado de Ejecuciones Penales nº 12 se limitó a entregar una sola caja que contenía las firmas que la Asociación de Consumidores del Bio-Bac obtuvo exigiendo que se permitiese de nuevo la comercialización del producto ¡alegando que no obraba en su poder nada más y que el resto “podría estar” en el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid que es donde se celebró el juicio oral! Así que el 15 de noviembre de 2016 los representantes legales de Chacón se personaron ante ese juzgado para solicitar la devolución de los documentos recordando que la última vez que la vieron se encontraba en al menos una docena de pallets en diversos trasteros de la mercantil Bluespace radicada en Leganés. Ajuntandola relación completa de los mismos obrante en autos.

Pues bien, el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid “ni siquiera se dignó en contestar” según el abogado Francisco Javier Álvarez Toledo por lo que el 17 de marzo de 2017 se reiteró por escrito la petición. Y el juzgado, de nuevo, se negó a contestar u ordenar que se devolvieran esos documentos; al menos a los abogados de Chacón no les consta que así se hiciera.

Ante tan inexplicable e injustificado silencio volvería a solicitarse por escrito por tercera vez el 6 de junio de 2017 y transcurrido otro mes sin respuesta el procurador Álvaro Romay Pérez acudió personalmente al Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid para saber qué pasaba respondiéndole el personal del mismo que las numerosas cajas de la documentación estuvieron allí durante la celebración del juicio oral pero que luego ¡se habían remitido al Juzgado nº 12 de Ejecuciones Penales! que niega tenerlos

Ante tal esperpento la denuncia ahora presentada por Rafael Chacón ante el Consejo General del Poder Judicial dice textualmente en su punto décimo: “El hecho cierto es que YA HAN TRANSCURRIDO MÁS DE DOS AÑOS DESDE QUE LA SENTENCIA ES FIRME Y, POR ENDE, DESDE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ME TENDRÍA QUE HABER DEVUELTO TODOS LOS ESTUDIOS, ANÁLISIS Y ENSAYOS CIENTÍFICOS -TANTO PRECLÍNICOS COMO CLÍNICOS, SUFRAGADOS POR MI- Y NO LO HA HECHO. Y lo peor no es eso, SINO QUE NI SIQUIERA NINGÚN JUZGADO SABE DÓNDE SE ENCUENTRAN. Para el caso de que la Administración de Justicia haya extraviado toda la documentación que constaba como piezas de convicción en el procedimiento penal referido quisiera indicarles que el perjuicio causado es extraordinario ya que:

  1. a) El coste económico de cada estudio, análisis y ensayo es muy elevado con lo que los perjuicios económicos son más que evidentes.
  2. b) Las investigaciones científicas acerca del producto son tan importantes y de tal utilidad médica que su pérdida supondría dar al traste con más de treinta años de investigación” (las mayúsculas y negritas aparecen tal cual en el escrito de queja/denuncia en este párrafo y en el resto de los que se citarán a continuación).

Rafael Chacón solicita por todo ello que el Consejo General del Poder Judicial valore si ha habido actuaciones susceptibles de ser sancionadas disciplinariamente agregando que lo acaecido “no es de recibo” y que “la imagen que ambos Juzgados están dando puede ser calificada de lamentable por cuanto que ninguno es capaz de informarme dónde se encuentran las piezas de convicción cuando éstos son órganos custodios de las mismas. Obviamente, esta actuación denota una absoluta falta de responsabilidad en el servicio público que ofrecen los responsables de las referidas sedes judiciales lo que a todas luces debe calificarse de intolerable”.

Chacón agrega luego en su escrito lo siguiente: “El hecho cierto es que yo, como persona que ha sido ABSUELTA DE UN DELITO QUE NO COMETÍ y por el que ME DETUVIERON ENTRANDO EN MI VIVIENDA LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO SI DEL RESPONSABLE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL SE TRATARA TENGO DERECHO A QUE ME SEA DEVUELTA TODA LA DOCUMENTACIÓN INCAUTADA EN EL REGISTRO DE MI VIVIENDA por cuanto que la misma constituye años y años de investigación científica de mi familia.

Y añade: “Pero no sólo los Juzgados referenciados NO HAN SIDO CAPACES DE DEVOLVERME LA DOCUMENTACIÓN DE MI PROPIEDAD PORQUE DESCONOCEN SU PARADERO SINO QUE NO HAN MOSTRADO INTERÉS ALGUNO EN SOLUCIONAR ESTA SITUACIÓN. Han despreciado mi preocupación por recuperar la documentación científica al no llevar a cabo actuación alguna tendente a esclarecer el paradero de toda la documentación; y recordemos que estamos hablando de más de una decena de pallets embalados hasta arriba”.

Rafael Chacón agrega: “Parece evidente que nadie está exento de cometer errores y, por tanto, debemos ser comprensivos ante las personas que los cometen. Pero lo que es intolerable es que, además de soportar las consecuencias de dichos errores (siendo muy generosos el calificar de “error” al transcurso de más de dos años sin que se me haya devuelto aún la documentación científica de mi propiedad y sin que ningún Juzgado tenga conocimiento de su paradero) tengamos que sufrir la desidia, desdén o desinterés de los funcionarios públicos que los cometen en subsanar los mismos lo antes posible para que al administrado se le causen los menores perjuicios posibles. Si una vez que ambos Juzgados conocen este problema -por honestidad profesional y por vocación de servicio público en aras a no causar más perjuicio con su actuación al administrado- deberían proyectar un comportamiento proactivo para averiguar dónde se encuentran las piezas de convicción y una vez halladas informar al administrado para ir a recogerlas y no a la inversa: estar el administrador reiterando una y otra vez que el Juzgado haga su trabajo de manera diligente, y devuelva las piezas de convicción”.

De ahí que concluya su denuncia diciendo: “Entiendo que existen motivos más que suficientes para justificar esta queja-denuncia -que interpongo mediante el presente escrito- así como también mi malestar y mi enfado por sentirme humillado por el trato recibido de las sedes judiciales referidas. (…) Entiendo que esta imagen que está transmitiendo la Administración de Justicia, a través de las dos sedes judiciales referidas, no es el adecuado en un Estado de Derecho”.

El escrito termina pidiendo al Consejo General del Poder Judicial que averigüe dónde está la documentación que reclama y le sea devuelta y que valore si la actuación de los responsables del Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid y del Juzgado de Ejecuciones Penales nº 12 de Madrid se ha hecho “con la debida diligencia o si, por el contrario, existe algún tipo de responsabilidad al constituir sus actuaciones u omisiones un factor determinante para que, pese a transcurrir más de dos años desde la firmeza de la sentencia, aún hoy no se me hayan devuelto las piezas de convicción y, lo que es más grave, ni siquiera tengan idea de su paradero, lo que me está causando un enorme perjuicio”.