Los jueces siguen protegiendo a las compañías de telefonía en lugar de a los ciudadanos

La Federación de Vecinos de Leganés ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de suspender cautelarmente la aplicación de la ordenanza municipal aprobada en el 2009 por ese ayuntamiento que limitaba los niveles de exposición radioeléctrica a 0’1 µ/cm² y que recurrieron las operadoras de telefonía móvil Vodafone, France Telecom y Telefónica.
Suspensión cautelar que no se justifica en modo alguno porque debería primar la salud y la vida de las personas sobre los intereses económicos de esas multinacionales y aplicarse el Principio de Precaución. Además, sencillamente, lo alegado por esas empresas es incierto e inasumible. De hecho en el recurso ahora presentado el abogado Agustín Bocos incluye un reciente informe de la Universidad Politécnica de Madrid que demuestra que el límite de 0’1 µ/cm² de exposición a radiaciones electromagnéticas recomendado en la Declaración de Salzburgo y en el Informe Bioiniciativa como razonable para evitar problemas de salud es suficiente para garantizar la cobertura de las comunicaciones. Por lo que resulta aún más incomprensible que se siga manteniendo en nuestro país el límite de 450 µ/cm², muy por encima de lo recomendado por los investigadores independientes.
La ordenanza estuvo en vigor sólo dos o tres meses –señala Agustín Bocos-pero fue suficiente para que la Universidad Politécnica realizará mediciones en tiempo real de las emisiones a fin de confirmar que se cumplía la normativa por lo que aportamos un informe sellado por la misma que confirma que en ningún momento durante ese tiempo y antes de la entrada en vigor de la suspensión se superaron los límites de 0’1 µ/cm² en todo el término municipal de Leganés”.
Las operadoras habían alegado en su recurso que el 60% del municipio de Leganés se iba a aquedar sin cobertura poniéndose en riesgo los servicios de emergencia del 112. “Y sin embargo –nos aseguraría Agustín Bocos- desde que se aprobó la ordenanza hasta que se aprobó el auto con la medida cautelar no hubo ni una sola queja, ningún ciudadano alegó que se hubiera quedado sin cobertura y mucho menos que hubiera tenido problema alguno para comunicarse con los servicios de Urgencia. Y eso que las operadoras tenían bastante fácil el haber presentado una lista de reclamaciones de sus propios clientes demostrando que en esas fechas se habían quedado sin cobertura. Bueno, pues a pesar de ello el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un auto a mi juicio increíble y sin ningún tipo de fundamento -dicho sea con todos los respetos-, decidió dar la razón a las operadoras sin la más mínima base para decretar la suspensión cautelar de la ordenanza”.
Y es que en Leganés no hubo ningún problema de cobertura como tampoco lo hay en Castilla La Mancha -donde el límite está en vigor- ni en Salzburgo -donde se estableció el límite de 0’1 µ/cm² como lo más recomendable-. “En ninguna de las zonas geográficas del mundo donde se han instalado normas más restrictivas –señala por su parte Ceferino Maeztu, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid- se han producido denuncias específicas de falta de cobertura. Ni siquiera en Nueva Zelanda donde el nivel permitido es de 0, 01, o en Nueva Gales del Sur (Australia) donde el límite es de 0’001 µ/cm². De hecho nuestras medidas demuestran lo contrario: que esos límites no están poniendo en riesgo ni la cobertura ni el uso de estos sistemas de comunicación. Como científico e investigador tengo claro que seguir negando la evidencia de mantener los actuales límites asumiendo graves riesgos para la salud sólo puede explicarse por razones comerciales porque desde el punto de vista científico hay suficientes pruebas para empezar a regular de otra manera”.
En suma, defender los actuales límites radioeléctricos establecidos en España cuando son ¡4.500 veces! superiores a lo recomendado por los expertos independientes a pesar de que no es necesario, de sus advertencias de que hay riesgo para la salud y de que la propia OMS ha reconocido ya que las radiaciones electromagnéticas del espacio radioeléctrico son potencialmente cancerígenas sólo puede explicarse porque existe una clara connivencia entre personas influyentes de la Administración y las operadoras que algunos jueces amparan.