Novartis se niega a que el ministerio de Sanidad justifique por qué se financia el Kymriah

Un tratamiento con él cuesta 320.000 euros

En noviembre de 2018 el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social aprobó financiar un producto de la multinacional Novartis llamado Kymriah fijando su precio en 320.000 euros (ha leído bien, no es una broma). Se trata de un tratamiento inmunocelular que contiene Tisagenlecleucel y consiste en células T autólogas modificadas genéticamente ex vivo utilizando un vector lentiviral que codifica un receptor de antígeno quimérico anti‑CD19 (CAR por sus siglas en inglés). Y está indicado en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) de células B refractaria en recaída post-trasplante o en segunda o posterior recaída en pacientes pediátricos y adultos jóvenes de hasta 25 años así como en el linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) en recaída o refractario tras dos o más líneas de tratamiento sistémico en pacientes adultos. Algo que por supuesto no cura esas enfermedades -ningún fármaco oncológico lo hace- y está plagado de efectos secundarios negativos.

Pues bien, aquella aprobación inicial de financiación se rechazó finalmente el pasado mes de noviembre -un año después- por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos que, sin embargo, modificó su decisión apenas dos semanas más tarde con la peregrina excusa de que la compañía había accedido a que la financiación del fármaco se sometiera al nuevo modelo denominado «pago por resultados» según el cual solo se cobra el total del precio si el producto cumple con lo establecido en los ensayos clínicos. Es decir, que si un producto oncológico afirma lograr una supervivencia «extra» en los pacientes de dos o tres meses -porque curar no cura ninguno-, algo a menudo muy subjetivo y que depende de muchos factores, entonces lo paga el estado. Pues bien, en este caso Novartis aceptó un pago de «solo» 180.000 euros quedando el resto pendiente de los resultados a los 18 meses.

Ante tamaño disparate -el precio es injustificable- la Plataforma No Es Sano -que integran varias entidades entre las que están la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) y las asociaciones de consumidores OCU y CECU- pidió en diciembre de 2018 documentos y explicaciones al ministerio sobre «los criterios terapéuticos y económicos que justificaron su aprobación». La respuesta -obligatoria- se recibió en enero pero fue -según sus propias palabras- «genérica e incompleta» así que la plataforma recurrió al Consejo de Transparencia, órgano que entendió que su petición era ajustada a derecho y debía pues entregárseles todo lo pedido por ser «de interés público». Una decisión que Novartis ha decidido recurrir ante los tribunales para evitar que el ministerio haga públicos tales criterios y documentos alegando que eso entra en conflicto con sus derechos.

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