Rafael Chacón denuncia a los jueces del Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial

 

Como nuestros lectores saben han transcurrido ya cuatro años y medio desde que el 24 de octubre del 2002 más de 300 guardias civiles, policías, funcionarios, inspectores y altos cargos del Ministerio de Sanidad ejecutaran la llamada Operación Brujo que culminó con la vergonzosa detención de 23 personas, trece de ellas médicos que fueron apresados en sus consultas y domicilios delante de sus pacientes y familiares y tratados casi como terroristas. ¡Y ni siquiera ha concluido la instrucción! Pues bien, Rafael Chacón responsable del Bio-Bac-se ha hartado y ha denunciado a los responsables de tan vergonzosa situación. La denuncia es tan fuerte, contundente y clara que hemos decidido publicarla prácticamente íntegra sin hacer comentarios ya que habla por sí sola. Fue presentada el pasado seis de Abril ante el Juzgado nº 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid) contra quienes en el Juzgado nº 2 de esa misma localidad madrileña “sean considerados responsables a lo largo de los últimos años por Violación de Derechos Fundamentales hacia mi persona ocurridos a partir de la denominada Operación Brujoen noviembre del año 2002”.
Agregando a continuación:
“Y siendo así denuncio la violación de mis siguientes derechos fundamentales:
-Violación del derecho a una Justicia ágil y efectiva.
-Violación del derecho a la Presunción de Inocencia.
-Violación del derecho a la Salud y su protección.
-Violación del derecho a la Legítima defensa por obstaculizar todas las peticiones realizadas ante ese Juzgado por mi defensa y la de los demás imputados.
Además denuncio al Juzgado nº 2 de San Lorenzo del Escorial y a quienes dentro de él sean considerados responsables a lo largo de los últimos años:
-Por dejar caducar pruebas fundamentales para la defensa -por mala intención o negligencia- causando graves perjuicios a los imputados.
-Por causar estragos en personas que estaban consumiendo el producto causando graves perjuicios a las mismas.
-Por desacato a los autos de la Audiencia Provincial de Madrid dictados por la Sección 17.
-Por posible delito de lesa humanidad.
-Por mantenerme imputado más de 1610 días sin que exista hasta la fecha escrito de acusación contra mi persona.
-Por causarme -al instruir el caso de forma tan irregular- graves daños a mi salud en forma de profunda depresión que provocó dos importantes intentos de autolisis llegando a estar en estado de coma; depresión con sus distintas variantes de la que el Juzgado tiene un amplio informe médico y que sigo padeciendo con momentos de gran agravamiento. Añadiendo a esto que tengo conocimiento de que por la misma razón se han producido graves deterioros en lo concerniente a la salud y recursos materiales en la mayoría de los imputados, algunos con resultado de muerte y otros con daños irreversibles de incapacidad permanente.
-Por uso de la Justicia con crueldad extrema y ensañamiento.
-Por hacer uso de las Fuerzas de Orden Público para incitar y presionar a los perjudicados por la Operación Brujopara que denunciaran a los imputados o al producto conocido como Bio Bac.
-Por permitir informaciones falsas por parte de las Fuerzas de Orden Público que, a día de hoy, permanecen en su página web en la que se dice, entre otras falsedades, que el producto conocido como Bio Bac se fabricaba en mi domicilio, que era un laboratorio ilegal, cuando le consta a ese juzgado que se fabricaba en los Laboratorios Iven de Madrid, imputados en la causa.
-Por causarme indefensión.
-Por no aportar copias de la documentación incautada en su momento, importante para la legítima defensa obstaculizando el ejercicio constitucional de ese derecho.
-Por violación del derecho al honor.
-Por permitir la violación de la intimidad y el domicilio durante meses con el argumento de investigar un presunto delito contra la salud pública cuando tal y como describe el Código Penal éste consiste en causar riesgo grave e inminente para la salud de persona o personas, riesgo que ni era grave ni inminente como demuestra el hecho de que la investigación duró ocho meses. Y si hubiera sido verdad que el riesgo era grave e inminente se habrían permitido por parte de dicho Juzgado deliberadamente graves perjuicios contra la población, lo que está claro no era el caso.
-Por hacer caso omiso de las declaraciones del Ministerio de Sanidad que al tercer día de la Operación Brujo manifestó públicamente la inocuidad del producto y su conocimiento de que el mismo había sido autorizado en su momento por el Ministerio de Sanidad como Fórmula Magistral y su uso a través del Seguro por más de 30.000 pacientes en distintas afecciones cursantes con necesidad de inmunomodulación.
-Por imputar y detener al abogado D. Clavero Ruiz, abogado personal del denunciante, para causarle indefensión en el momento de la imputación.
-Por detener e imputar al prestigioso microbiólogo doctor Federico Uruburu, responsable en el momento de su detención de la Colección Española de Cultivos Tipo y director del citado Departamento de la Universidad de Valencia, sin prueba alguna; persona fallecida al poco tiempo, posiblemente quebrantada en su ánimo físico y moral por las circunstancias de su detención en la Operación Brujo.
-Por tramitar una sanción administrativa que es la que hubiera podido corresponder a la comercialización alegal de un complemento dietético -si así se hubiera considerado- como un delito penal contra la salud pública.
A todo lo cual añado:
-Que el Juzgado Instructor, después de más de 1.610 días manteniéndome como imputado, no ha podido acreditar ninguna de las acusaciones que dieron lugar a la denominada Operación Brujo.
-Que el producto, como complemento dietético, está autorizado en distintos países de la Unión Europea y fuera de ésta, y que está siendo consumido en la actualidad bajo otras denominaciones pero con la misma composición por más de 20.000 personas -incluyendo España- en multitud de países y que ese consumo no se ha interrumpido en ningún momento.
-Que tengo conocimiento de que ha habido tráfico y venta del producto incautado por personal del Juzgado”.
Tal es el impresionante y durísimo texto de la denuncia. Ciertamente, lo que está acaeciendo con el Caso Bio-Bac es impropio de un estado de derecho. Nosotros sólo agregaremos que Rafael Chacón, dado su estado depresivo, intentó en efecto suicidarse dos veces llegando a estar en estado de coma en la UVI y luego internado largo tiempo en hospitales. Nuestro director, que estuvo informado siempre y acompañó a Rafael Chacón en esos momentos difíciles, optó por no publicar nada en ninguna de las dos ocasiones por entender que es mucho más importante respetar a alguien que sufre una situación como ésa que apuntarse una primicia periodística. Y, de hecho, nunca hubiéramos contado nada en la revista si él mismo no hubiese hecho público lo sucedido en esta denuncia.
Sólo nos resta añadir que la acusación final del texto es de una gravedad extrema ya que Rafael Chacón afirma que personal del Juzgado ¡se dedicó a vender parte del Bio-Bac incautado! Algo que, es verdad, a nosotros se nos había asegurado en varias ocasiones pero no quisimos publicar porque no podía demostrarse. Claro que la “prueba” de si ello fue o no así es sencilla: basta contar cuántos frascos de Bio-Bac quedan en las dependencias ministeriales, judiciales y/o policiales y comparar esa cifra con la incautada. La otra prueba de que efectivamente tuvo lugar la venta es que ese recuento no se haga jamás alegando para ello cualquier excusa. Que es lo que, a nuestro juicio, terminará pasando. Al tiempo.