¿Qué hay tras la privatización de la gestión sanitaria?

Que la Sanidad es ante todo un negocio no es ya discutible. Por eso quienes viven de hacer negocios decidieron hace unos años introducirse en los sistemas sanitarios de los estados que cuentan con atención sanitaria gratuita y grandes infraestructuras y medios a fin de aprovecharlas en su propio beneficio. Una posibilidad que en España entreabrió en 1997 la Ley de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. ¿Y qué se esconde tras ella? ¿Quiénes están detrás de la operación? ¿Realmente va todo mejor cuando la gestión de un hospital es privada o en realidad los beneficios son mayores porque se despide personal y se hace trabajar a destajo a los que quedan? Además, ¿no será que el problema de despilfarro -si existe- es porque en los centros sanitarios públicos hay actualmente también muchos abusos y corruptelas? Lo analizamos.

En 1997 se aprobaría con los votos del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Convergència i Unió, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco la Ley de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud cuyo artículo único establece: «En el ámbito del Sistema Nacional de Salud (…) la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas». Y con tal base arrancó apenas dos años después el «experimento Alzira», la primera experiencia de prestación y gestión privada de un hospital español “público”-aunque de público tenía bien poco- cuyo estrepitoso fracaso no sólo no sirvió para que los responsables se replanteasen la estrategia -prueba evidente de que las motivaciones no eran las que se esgrimían públicamente- sino que se convirtió en modelo a seguir dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.

De hecho ese fracaso -sumado a las noticias sobre la nefasta experiencia en otros países, con Reino Unido a la cabeza- impulsó un movimiento ciudadano en contra de la privatización y en defensa de la sanidad pública al que poco a poco han ido sumándose sindicatos minoritarios y trabajadores sanitarios y en el que, sobre todo, destacan silencios ensordecedores y contradicciones flagrantes como en seguida veremos.

PRINCIPALES EMPRESAS

Conviene empezar explicando que en España dos grupos empresariales se reparten el grueso de las adjudicaciones que están llevando a cabo los gobiernos de las comunidades autónomas: Capio Sanidad y Ribera Salud. El primero, creado en Suecia en 1993, es líder en ese país y en España, segundo en Francia y cuarto en Reino Unido además de tener presencia en Noruega, Finlandia, Dinamarca y Alemania. En 2011 la filial española de Capio fue comprada por 900 millones de euros por CVC Partners Capital, un fondo de capital de riesgo británico. Estos fondos son grupos de inversores privados que hacen inversiones de distinto tipo, especialmente en sectores que consideran “dinámicos” como parece serlo el de la Sanidad. De hecho la facturación anual de Capio a diciembre de 2012 era de 1.200 millones de euros; claro que actualmente tiene ya 28 centros en siete comunidades autónomas. En todo caso el 80% de su negocio depende exclusivamente de un único cliente: ¡el Servicio Público Madrileño de Salud (SERMAS)!

En cuanto a Ribera Salud se trata de una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Adeslas, Bancaja (actualmente Bankia), Caja Mediterránea (actualmente Banco Sabadell), ACS Dragados y Lubasa creada para obtener la gestión del hospital de Alzira y posteriormente otros de la comunidad valenciana si bien en noviembre de 2012 Sanitas compró las participaciones de Ribera Salud en los hospitales de Torrejón y Manises. Hoy Ribera Salud está en venta y existen noticias de que Capio ha hecho una oferta por ella así que de llegar a buen puerto la operación esa empresa concentraría la práctica totalidad de la gestión privada de la sanidad pública.

Cabe añadir que otros grupos hospitalarios privados y aseguradoras con participación relevante son la ya mencionada Sanitas -que desde 1989 pertenece al grupo Bupa, la mayor aseguradora privada británica-, Adeslas -que pertenece en un 80% al fondo de capital de riesgo barcelonés Goodgrower y el resto a Caixa Catalana-, DKV Seguros -filial española de la alemana ERGO Insurance Group-, Quirón -grupo hospitalario comprado recientemente por otro fondo de capital de riesgo europeo, Doughty Hanson, que también adquirió USP– y HM Hospitales que parece interesado en las próximas privatizaciones anunciadas por la Comunidad de Madrid.

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN

El factor clave en favor de la privatización es estrictamente económico. Lo que no podía ser de otro modo puesto que hablamos de la argumentación del mercado. Y la estrategia ha sido simple: primero se preparó el terreno para desprestigiar socialmente los servicios públicos -principalmente reduciendo la inversión- para posteriormente plantear la necesidad de que las empresas privadas, que se supone gestionan de modo más rentable, se hagan cargo del trabajo. Para lo cual se insiste en que aportarán “un servicio de igual o mayor calidad con un coste inferior” puesto que tienen que competir con otras en el mercado. Además se asegura que entregar parte de la gestión a empresas privadas permitiría descargar la red pública y abaratarla. En el caso español ya durante el gobierno de UCD se mantuvieron en el Ministerio de Sanidad reuniones con aseguradoras privadas, farmacéuticas, bancos y responsables de grandes medios de comunicación siendo en ellas, según afirma la exdiputada de Izquierda Unida Ángeles Maestro, donde se planearon y financiaron las campañas de desprestigio de la sanidad pública argumentando que «es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene sus puestos asegurados frente a la competitividad y eficacia de la empresa privada». Maestro desvela también que cuando el PSOE de Felipe González consiguió su mayoría absoluta y encargó al antiguo procurador de las Cortes franquistas y Vicepresidente del Banco Central Hispano Fernando Abril Martorell la elaboración de un informe que preparara el terreno para la privatización fue precisamente ella, en su calidad de diputada, quien tuvo acceso a las conclusiones del informe y las hizo públicas «convenientemente explicadas antes de que fueran presentadas oficialmente» lo que provocó un enorme rechazo hacia el informe que finalmente no se votó en el Parlamento; a pesar de lo cual, según Maestro, «sus propuestas básicas fueron ejecutadas» poniendo algunos servicios hospitalarios -como limpieza, lavandería, cocinas y ambulancias- en manos de empresas constructoras como Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) o Dragados.

Por su parte, los colectivos antiprivatización enfocan sus argumentos desde lo social, desde la defensa de la Sanidad como servicio público y como derecho fundamental de los ciudadanos que podría verse en peligro de caer en manos privadas. Para empezar, los argumentos de libre competencia se ven desmentidos por un proceso de concentración -realizado mediante compras o acuerdos para asociarse- que lo que hace es conferir un mayor poder a las empresas y por tanto una mayor capacidad para imponer sus condiciones a la Administración. Por otra parte, el hecho de poner los datos sanitarios de los ciudadanos en manos privadas puede abrirles la posibilidad de establecer una selección de riesgos que podría poner en peligro la equidad de las intervenciones e, incluso, las propias intervenciones médicas si éstos reciben incentivos en función de sus resultados atendiendo a los pacientes más “rentables”.

A estos argumentos teóricos se suman otros mucho más concretos y prácticos: los resultados reales que la privatización de la gestión sanitaria está teniendo tanto en España como en el extranjero. Analicémoslo porque los detalles son clarificadores.

EL EXPERIMENTO ALZIRA

Como antes hemos señalado el proceso privatizador duro comenzó en España a raíz de la Ley 15/97 aunque esa normativa tenía un precedente en la reforma que en 1995 se hizo de la Ley sobre Ordenación Sanitaria de Cataluña mediante la cual se aceptaba el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública convirtiendo ello a esa comunidad autónoma en la pionera de un proceso de colonización de la gestión sanitaria que actualmente abarca Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Baleares, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Canarias. Por su parte, el Gobierno de la Junta de Andalucía ya llevaba años subcontratando servicios no estrictamente sanitarios.

Aún así la experiencia que serviría posteriormente de modelo a la mayoría de esas comunidades se desarrolló en la localidad valenciana de Alzira mediante una fórmula llamada “concesión administrativa sanitaria” que iba más allá de las fórmulas surgidas en Reino Unido denominadas Public Private Partnership (PPP) -o Asociación Público-Privada- y Public Finance Initiative (PFI) -o Iniciativa de Financiación Privada- ya que, con excepción de la titularidad, se cedió a Ribera Salud durante diez años la gestión completa de un hospital -construcción, equipamiento, mantenimiento, personal sanitario y no sanitario- y posteriormente su área sanitaria -más de 300.000 personas adscritas obligatoriamente a ese hospital- estableciéndose un canon por habitante y año de 204 euros.

Pues bien, el hospital se inauguró el 1 de enero de 1999 y el primer año ya cerró con pérdidas a pesar de que el gobierno del PP había engrosado el censo en 11.242 personas lo que supuso un incremento total del canon de 2,3 millones de euros. Así que para paliar las pérdidas comenzaron a ofrecerse servicios a pacientes ajenos al área sanitaria que, por supuesto, se facturaron a la Consejería. Y así un parto se facturaría en 1.202 euros y, si incluía cesárea, 2.566 euros. Dejando aparte el lamentable hecho de que ello explica por qué en ciertos hospitales de gestión privada las cifras de cesáreas son mucho más altas lo cierto es que además se produjeron numerosas denuncias debido a las “dobles listas” y a que se atendiera antes a los pacientes externos… porque se facturaban aparte.

Sin embargo a pesar de estas irregularidades y de la subida del canon a 225 euros ¡el segundo año volvió a cerrarse con pérdidas! Lo que llevó a nuevas truculencias financieras: 5 millones de euros facturados por atención a enfermos fuera del censo, un millón de euros por atención a salud mental -que ya estaba incluida en las prestaciones básicas y por tanto se estaban cobrando dos veces-, 1,7 millones de euros por atender a pacientes del censo que estaban en lista de espera… Pero nada de eso evitó que las pérdidas siguieran aumentando hasta alcanzar en 2003 los 5,24 millones de euros teniendo finalmente la Generalitat que «rescatar» el hospital; mejor dicho, rescatar a la empresa adjudicataria que había fracasado estrepitosamente. Lo de siempre: si hay beneficios se los llevan los inversores privados y si hay pérdidas se endosan a la sociedad española. Lo mismo que ha pasado ahora con los bancos y cajas sin que la inmensa mayoría de los responsables hayan sido procesados. A un anciano enfermo se le puede embargar y desahuciar dejándolo en la calle sin recursos, a un banquero no le se tocan sus bienes.

Lo grotesco es que el hospital de Alcira no se recuperó entonces para su gestión pública sino que se convocó otro concurso aún más ventajoso cuya adjudicación, sorprendentemente, ¡volvió a recaer sobre la misma empresa, Ribera Salud, que acababa de hundirlo! En primer lugar el Gobierno de la comunidad valenciana “indemnizó” a la empresa con 43,9 millones a los que agregó otros 25,4 como compensación por los 6 años de contrato que faltaban; y como quiera que esto último no estaba previsto en el contrato podría inferirse que quizás fuese un premio a su “magnífica” gestión. Como además esa cantidad salió de la inversión para sanidad pública prevista para ese año ésta se vio reducida en un 40%. En suma, se convocó el nuevo concurso pero ampliando el período a 15 años con la posibilidad de renovar por otros 5 y aumentando el canon por habitante y año ¡hasta 379 euros! Aunque ahora viene lo mejor: para participar en ese nuevo concurso de tan jugosas condiciones se exigían 72 millones de euros, cantidad que ninguna empresa pudo o quiso pagar excepto Ribera Salud que, casualmente, ¡acababa de recibir 69,3 millones de la propia Generalitat!

Obviamente con esos nuevos cánones los beneficios comenzaron a fluir y en 2005 los accionistas se repartieron 1,8 millones de euros que llegarían a 2,5 en 2006 y a 3,1 en 2007. ¿Se había conseguido por fin cumplir las promesas y hacer que el negocio fuera rentable? Para los accionistas, desde luego. Pero, ¿a qué precio? Nos lo cuenta la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid basándose en datos aportados por el Comité de Empresa del hospital y el Sindicato Médico de Asistencia Pública (SIMAP): se ganó dinero porque había 258 trabajadores menos de los necesarios -de diferentes categorías- con lo que la plantilla estuvo tan sobreexplotada que la desmoralización llevó a muchos otros a aceptar de inmediato cualquier oferta laboral «decente» y marcharse. De hecho según el SIMAP «la plantilla actual trabaja al 150% para poder prestar una buena asistencia y la actividad del área quirúrgica puede llegar a duplicar el número de operaciones de otros hospitales comarcales». Según el comité de empresa el coste económico del personal imprescindible para prestar un servicio de calidad a la población ascendería a unos 5,8 millones de euros; luego ahora sabemos de dónde salían los beneficios que se embolsaban los accionistas.

UN MODELO SIN SENTIDO

Bueno, pues estos resultados -que por otra parte son un calco de lo que ya había sucedido y continúa sucediendo en otros países como veremos a continuación- no solo no desanimaron a nuestros gobernantes sino que el «formato Alzira» pronto se reprodujo en toda la comunidad valenciana: Torrevieja (2006), Denia (2009), Manises (2010) y Elche (2011). Y lo más increíble es que a pesar de que se repite hasta la saciedad el argumento de la “libre competencia” resulta que las adjudicaciones de todos esos hospitales fueron ¡a las mismas manos!, a las de Ribera Salud, que terminaría creando alianzas temporales con cuatro aseguradoras: Adeslas, Sanitas, Asisa y DKV.

Entre tanto los diversos planes de la Generalitat valenciana para privatizar íntegramente el Servicio de Salud serían rechazados por sus servicios jurídicos lo que ha empeorado la ya difícil situación de las finanzas de la comunidad que había previsto un canon de 360 millones a pagar por las empresas que hicieran uso de las instalaciones públicas, cantidad que éstas se negaron a abonar pero que la Generalitat ya había reflejado en sus cuentas como si la hubiese ingresado. Si a ello sumamos que hay dos hospitales construidos -en Liria y Gandía- sin fondos para equiparlos, que el elemento clave de la privatización es Ribera Salud -cuyos hospitales están cerrando sus cuentas con pérdidas con la única excepción del de Alzira y ya hemos visto cuál fue el “secreto” de ese «éxito»-, que los accionistas mayoritarios –Bankia y el Banco de Sabadell- quieren deshacerse de la empresa y de hecho la están vendiendo a trozos, que la Generalitat quiere renegociar -pero no puede- los contratos que firmó antes de la crisis -y ahora son insostenibles por lo que se retrasa en los pagos provocando incluso que algunos hospitales no puedan pagar las nóminas (se calcula que debe 100 millones a las gestoras)- no es extraño que las últimas declaraciones de responsables de la Consejería de Salud sean que el modelo Alzira «ya no tiene sentido».

LOS PLANES DE ESPERANZA AGUIRRE

Madrid es la otra comunidad autónoma con fuertes inversiones en gestión privada de la sanidad. En 2002 se produjo la transferencia de las competencias sanitarias y ese mismo año la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid permitiría la entrada de proveedores privados y la creación de un mercado interno. En 2003, siendo candidata a la presidencia de la comunidad, Esperanza Aguirre prometió la construcción de 50 centros de salud y 7 hospitales. Y de hecho una vez instalada en la presidencia -gracias a lo que se conoció como el «tamayazo»- plantearía un Plan de Infraestructuras sanitarias para 2004-2007 con una inversión sin precedentes de 1.100 millones de euros. De inmediato se iniciaron pues las negociaciones con ayuntamientos para la cesión de terrenos, empezando no por casualidad por el de Parla -donde se habían producido presiones ciudadanas- a fin de acallar al PSOE que ostentaba el gobierno municipal.

Pocos meses se adjudicaban los hospitales de Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Arganda del Rey y Aranjuez, todos ellos con la modalidad de «concesión de obra pública» y además una concesión administrativa -tipo Alzira- a Capio para el hospital de Valdemoros. Bueno, pues a excepción de Capio todas las empresas adjudicatarias eran constructoras sin experiencia en el sector sanitario; y dos de ellas estaban además siendo investigadas por corrupción en casos relacionados con el PP: Hispánica S.A. y Begar Construcciones y Contratas. Capio gestiona también el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) cuyo gerente, Jorge Gómez Zamora, cesó en su cargo en marzo pasado junto al Director de Gestión y la Subdirectora de Personal por ostentar cargos directivos en una mutualidad de previsión social. Lo más grave es que ese hospital por cuya gestión paga un canon la Consejería de Sanidad y que recientemente despidió a cuatrocientos trabajadores llevaba cuatro años abonando también los sueldos de empleados no sanitarios de la concesionaria y nóminas de sanitarios de Capio según denunció el diario El País el 30 de enero de 2013.

Y, por cierto, el grupo Capio es también el accionista mayoritario de la UTE Fundación Jiménez Díaz que en 2006 firmaría un concierto con el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid ampliando hasta 400.000 los 234.975 habitantes a los que debía dar cobertura y que llegó a «tomar» los centros públicos de Pontones y Quintana sustituyendo su personal por empleados de la empresa. El País también reveló recientemente que en el centro ambulatorio de Argüelles –gestionado por esa fundación- Sanidad estuvo pagando entre 2008 y 2011 los sueldos de cien trabajadores de la empresa; más dinero público para la empresa privada y otro caso más de doble cobro. ¿Cuántos más irán saliendo a la luz?

El proceso estaba en marcha pues y para protegerlo se lanzaron campañas publicitarias con exposiciones dedicadas al Plan de Infraestructuras que deslumbrarían a la mayoría de los ciudadanos, se pactaron «cláusulas de paz» con las mesas sindicales, se aprobaron subidas de sueldo de hasta un 30% a personal médico y sanitario no facultativo así como la posibilidad de desempeñar dos puestos de trabajo en una misma jornada para lo que se eliminó la denominación de «complemento de exclusividad», se llegó a acuerdos con sociedades científicas y colegios profesionales para conseguir su silencio e, incluso, se utilizó como maniobra de distracción el llamado «Caso Leganés» prolongando intencionadamente desde la Consejería de Sanidad -en manos de Manuel Lamela, miembro del Consejo Directivo de Capio y dueño de otros dos centros sanitarios privados- el escándalo por supuestos homicidios en el servicio de urgencias del Hospital público Severo Ochoa…, actuación que en 2008 cerraría la Audiencia Provincial de Madrid.

En 2007, ya en la segunda legislatura de Esperanza Aguirre, se podría en marcha el segundo Plan de Infraestructuras Sanitarias que preveía la construcción de cuatro hospitales más -en Torrejón, Collado-Villalba, Carabanchel y Móstoles- y 55 centros de salud. Esa vez el concurso se hizo esperar dos años pero finalmente se adjudicaría ¡a Ribera Salud! Lo mismo que se le adjudicaría el Laboratorio Central de Diagnóstico Analítico acompañado de un paquete de medidas para garantizar su éxito económico ya que se les regaló el suelo público. Y es que resulta que los laboratorios de los nuevos y modernos hospitales no están equipados para realizar pruebas que requieran más allá de seis horas lo que hace que el resto -más del 80%- tenga que encargarse al laboratorio privado. De hecho como remate de la jugada se cerraron los laboratorios públicos de Coslada, Aranjuez y Vallecas justo antes de su inauguración -en junio de 2009- para asegurarse de que el nuevo laboratorio fuese un negocio redondo.

Por supuesto en todo esto no tuvo nada que ver el hecho de que en el Consejo de Administración de Ribera Salud se sienten destacados miembros del Partido Popular como Rodrigo Rato, Juan José Güemes o el ya citado Manuel Lamela.

LA MAREA BLANCA

En definitiva, los resultados de la privatización de la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid no han sido muy distintos de los de la valenciana: los contratos se firmaron igualmente en época de crecimiento económico y ahora son insostenibles pero a pesar de ello, al igual que en Valencia, se sigue adelante. De hecho el Gobierno de la comunidad madrileña ha presentado recientemente un Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario público para 2013 en el que se plantea la reprivatización de seis de estos hospitales para incluir tanto los servicios sanitarios como los no sanitarios. Por supuesto ya sabemos que lo que se garantiza es la sostenibilidad de la empresa adjudicataria; y se hace mediante turnos de trabajo ilegales en los que no se respetan los tiempos de descanso, con personal mínimo en los servicios básicos, formación deficiente y salarios y condiciones de trabajo en manos de los dueños del hospital y, por tanto, sujetos a las necesidades del mercado o, lo que es lo mismo, a la codicia de sus socios. Además en la mayoría de los casos el personal no llega por creación de nuevo empleo sino por reasignación; que primero es voluntaria y posteriormente, si no se cubre la plantilla, forzosa.

Sin embargo las maniobras de distracción, los ocultamientos, las campañas de manipulación y la compra de silencios cómplices no impidieron que surgiese un movimiento ciudadano contra esas medidas en las comunidades autónomas afectadas que posteriormente se fueron organizando -en 2012 crearían la RAAS, Red Autogestionada Anti-Privatización de la Sanidad– y coordinando con otras organizaciones sociales y sindicatos minoritarios y de ámbito regional porque los grandes sindicatos estatales se han mantenido en silencio -caso de UGT– o se han pronunciado directamente a favor de las privatizaciones; como CCOO y los sindicatos corporativos de Medicina y Enfermería.

El silencio también ha sido la actitud de los colegios profesionales y las “sociedades científicas” que, como es sabido, reciben suculenta financiación de las multinacionales farmacéuticas. Caso aparte lo constituye la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, subvencionada por el ministerio y las consejerías de salud de las comunidades autónomas, que se ha caracterizado por la denuncia selectiva de las privatizaciones del PP callando las del PSOE. Por último, en lo que se refiere a las posiciones adoptadas por los partidos políticos PP, PSOE, CiU, CC y PNV aprobaron como ya dijimos la Ley 15/97 que abrió la puerta a la privatización. El PP está aplicándola a fondo en las comunidades en las que gobierna pero el PSOE no se ha quedado atrás; en Baleares incluso con el apoyo de Izquierda Unida. El pesebre estatal da para mucho.

PANORAMA INTERNACIONAL

La creciente privatización de la gestión de sistemas de salud públicos no es un fenómeno aislado pero para comprenderlo en toda su extensión debemos situarla en el contexto general de políticas de recortes presupuestarios en temas sociales -con la excusa de la «reducción del déficit»-, liquidación de derechos laborales y privatización de los servicios públicos en general… no sólo en España sino en todo el mundo como consecuencia de la evolución del capitalismo en su etapa de globalización en la que instituciones como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) funcionan como instrumentos económicos al servicio de las élites económicas y financieras organizadas mediante entidades de poder global -como el Real Instituto de Asuntos Internacionales, el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral– que periódicamente se reúnen para planificar el curso de acontecimientos de gran alcance, establecer estrategias conjuntas, trazar dinámicas de influencia, impulsar o bloquear procesos políticos, sociales o económicos y, en definitiva, decidir lo que va a ocurrir en el mundo de tal modo que ellos sigan donde están.

En lo que se refiere al tema concreto de este artículo -la privatización sanitaria- existen ya amplios y concluyentes estudios sobre sus nefastas consecuencias para la salud y la atención sanitaria de los ciudadanos. El periodista y activista John Lister, creador de la red London Health Emergency, mostraría una panorámica general del fracaso de los principales modelos de gestión privada en Preguntas equivocadas, respuestas equivocadas: la agenda mundial de la reforma neoliberal. De hecho la aleccionadora experiencia en Reino Unido ha motivado numerosos análisis, entre ellos el de Mark Hellowelly y Allyson Pollock titulado Financiación privada y déficit público: informe sobre el coste de las PFI y su impacto en los servicios sanitarios de Inglaterra y el de ¿Por el bien de los pacientes? El impacto de la creación de un mercado en la provisión del Sistema Nacional de Salud en Inglaterra elaborado por UNISON, sindicato de trabajadores del Reino Unido.

Por su parte la Dra. Delia Álvarez Edo mostraría en Apuntes sobre la experiencia internacional de privatización de servicios sanitarios cómo la mayoría de los gobiernos que iniciaron la privatización se han visto obligados a dar marcha atrás de una forma u otra; así, Suecia aprobaría en 2006 una ley estatal para cortar la privatización gracias a la oposición del movimiento ciudadano; en Nueva Zelanda el primer intento privatizador data de 1984 y se encontró con la oposición del 90% de la población y aunque hubo un nuevo intento en 1993 apenas cuatro años después la presión popular volvió a obligarles a renunciar.

Las deficiencias se acumulan también en otros países: un informe elaborado por Natalie Mehra -directora de la Ontario Health Coalition- sobre cien proyectos PFI en Canadá, Reino Unido y Australia evidencia sobrecostes, proyectos defectuosos, fallos de diseño, secretismo, recorte de camas, retrasos, cálculos coste-beneficios erróneos, reducción en servicios y prestaciones, demandas, litigios legales y problemas financieros que en algunos casos han llevado al abandono de los proyectos y en otros a rescates con fondos públicos… con lo que se puede decir que lo que en realidad mantiene en pie a las empresas es la corrupción.

Añadiremos que en los países en desarrollo el proceso privatizador lo impulsan organismos financieros internacionales que preparan el terreno a los inversores obligando a los gobiernos a adoptar planes de ajuste que dejan a las poblaciones en el más absoluto desamparo. En Zimbawe por ejemplo el FMI y el BM «asesoraron» en 1988 al Gobierno para que el gasto en salud se recortase a más de la mitad y se introdujeran tarifas a los usuarios; y en Ecuador un documento del BM del año 2000 titulado Country Assistance Strategy proponía recortar el gasto de salud a la mitad del nivel de 1995; o, lo que es lo mismo, a 71$ por persona cuando el promedio de la OCDE está en 1.800.

CÓMO AFECTA TODO ESTO A LOS CIUDADANOS

Recapitulando, estas son las principales consecuencias detectadas hasta el momento en los lugares en los que se privatizó la gestión sanitaria hace al menos diez años:

Pérdida de control público. La poca participación ciudadana que admiten los sistemas públicos -al menos en teoría y sobre el papel- desaparece totalmente en los centros de gestión privada donde los trabajadores quedan en muchos casos sometidos a las condiciones impuestas por los gestores; además impera una falta absoluta de transparencia en las cuentas pues en muchos casos el supuesto control y evaluación se le encarga a su vez a otras empresas privadas que operan con total opacidad.

No mejora la eficiencia. Y es que no hay menores costes a igual calidad; antes bien lo que demuestra la experiencia es que hay mayores costes y menos calidad. Y no sólo se gasta más sino que parte del dinero de la atención a los pacientes se desvía a gastos administrativos (en Estados Unidos por ejemplo esto supone un 25% del total). Veamos dos ejemplos clarificadores: un estudio realizado por CSIT Unión Profesional demuestra que una cama en un hospital de gestión privada cuesta 1.660 euros diarios de promedio siendo en uno de gestión pública un 74% más barato: 955 euros diarios de promedio. El segundo ejemplo es igual de sangrante: el ya mencionado Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, construido por una empresa privada, costó a los madrileños 1.200 millones de euros mientras el de Asturias, construido por la empresa pública CISPASA y que tiene 200 camas más tendrá un coste de ¡400 millones! ¿Se entiende ahora cómo se enriquecen algunos sin esfuerzo?

Existe mayor riesgo para los pacientes. Los indicadores sanitarios son peores debido principalmente a las condiciones de trabajo, a las intervenciones injustificadas que se hacen para aumentar la facturación y la existencia de «incentivos» para conseguir mayores beneficios; es decir, a los sobresueldos que se pagan a los médicos para que los pacientes generen el menor gasto posible.

Los índices de morbilidad son más altos. Lo demuestran numerosos estudios. Un metaanálisis realizado por P. J. Devereaux y publicado en 2002 en el Canadian Medical Association Journal -en el que se revisaron quince estudios con la participación de 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes adultos- demostró que los hospitales con ánimo de lucro se asocian con un mayor riesgo de muerte respecto a los no lucrativos; concretamente un 2%, porcentaje equiparable a la mortalidad por accidente de tráfico en Canadá. Por otra parte, y sobre una muestra de 1.642.000 recién nacidos ingresados en 243 hospitales, hay un incremento de la mortalidad del 9,5% en los lucrativos con respecto a los no lucrativos.

Se seleccionan los riesgos. No se asumen los servicios más costosos y menos rentables –quemados o trasplantes por ejemplo- y los pacientes se derivan a otros centros públicos, bien evitando su ingreso, bien dando altas prematuras.

Corrupción manifiesta. ¿Alguien cree en serio que todos estos negocios se hacen “por el bien de los ciudadanos”? Porque las conexiones entre responsables políticos, consejos directivos, asesorías, consejos de administración de empresas, trafico de influencias y el fenómeno de las “puertas giratorias” son tan evidentes como escandalosos (véase el recuadro adjunto) y vienen a sumarse a la corrupción ya existente en el sistema público. Un ejemplo extraído del país pionero en privatización sanitaria: en un informe del Comité de Cuentas de la Cámara de los Lores sobre la gestión privada de la Sanidad inglesa correspondiente al período 1997-98 se reconocería que los médicos de Atención Primaria habían falsificado los datos y añadido ¡dos millones de pacientes inexistentes! a las listas para así obtener más dinero. Y es que en términos generales el concepto de «incentivo» esconde prácticas perversas: “resolver” problemas en Urgencias para evitar ingresos, derivación de pacientes no rentables a hospitales públicos, dobles listas de espera según se cobre un canon fijo por habitante o se facture cada acto médico, incremento exorbitante de pruebas innecesarias y una interminable lista de irregularidades más.

¿ES EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD UN SERVICIO PÚBLICO?

Llegados a este punto y reconociendo la catastrófica situación a la que conduce entregar el sistema sanitario público a la gestión privada surge una pregunta: ¿podemos plantear el problema en los términos que lo hace el movimiento antiprivatización? Es decir, ¿es correcto identificar sin más la gestión privada con intereses económicos y la gestión pública con un servicio a los ciudadanos? Pues la cuestión no es simple pero si profundizamos en el problema nos encontraremos con que la privatización de la gestión sanitaria -o de partes de ella- no convierte un servicio bueno en uno malo sino un servicio malo en otro peor. Más aún, la privatización de la gestión es un paso más, no carente de coherencia, una segunda privatización ya que de hecho, estrictamente hablando, no sería correcto calificar de servicio público al Sistema Nacional de Salud.

Porque si por servicio público entendemos la prestación de un servicio a los ciudadanos por parte de la Administración en el que el objetivo sea la necesidad o el derecho de los ciudadanos y sin que la propia Administración ni ninguna otra entidad o persona obtenga un beneficio particular parece muy claro que ni el Sistema Nacional de Salud español ni la inmensa mayoría -por no decir todos los sistemas sanitarios del mundo- pueden considerarse un “servicio público” ya que desde su mismo origen nacieron impulsados por intereses económicos de quienes estaban creando el actual imperio de multinacionales de la farmacia que continúa modelando decisivamente las políticas sanitarias de todo el mundo.

No debemos olvidar que, por debajo de cifras, deudas, nóminas, presupuestos, titulaciones, transacciones, equipamiento, horarios, turnos, etc., lo que subyace, los cimientos, la raíz es una determinada concepción de la salud y de la medicina. Y el debate fundamental es precisamente el que atañe a esa concepción porque condiciona todo lo demás. Es precisamente ese hecho el responsable decisivo de que los sistemas sanitarios fracasen estrepitosamente, no solo en lo económico -que también- sino en lo que debería ser su objetivo fundamental: la salud y el bienestar de la población. Por el contrario, cada vez hay más enfermedades, más enfermos y una mayor degradación ecológica, social, educativa y biológica. Y es que las características de la actual concepción de la salud son:

Mecanicismo y especialización. Es decir, se parte de la errónea idea de que todo ser vivo -y en particular el ser humano- es similar a una máquina que puede dividirse en partes. Una visión simplista y falsa que ignora el hecho de que en los seres vivos el todo es mucho más que la simple suma de las partes y que hace que la medicina moderna se centre en acallar síntomas sin comprender el origen de los problemas de salud al estar incapacitada para tratarlos de forma global.

Autoritarismo y paternalismo. Los médicos ejercen su autoridad como intermediarios entre la industria y los pacientes que la aceptan y obedecen delegando así en ellos la responsabilidad sobre su salud. Un tremendo error.

La medicina oculta problemas sociales y en lugar de analizar el verdadero origen de los problemas de salud ha optado por atribuirlos a parásitos, hongos, bacterias, virus o genes «culpables»… lo que sólo favorece el negocio farmacéutico. Y,

Se trata de una concepción obsoleta a nivel científico ya que los elementos claves en los que se basa han sido superados hace años y únicamente se mantienen vigentes por los intereses y el poder de quienes se benefician de ella provocando graves daños que están acumulándose desde hace generaciones.

Cabe agregar que lo decisivo en todo caso, lo que convierte en una burla que se siga hablando de la Sanidad como servicio público, es el hecho de que todo esto se mantenga gracias al control que ejerce la industria farmacéutica sobre la información, la formación, la investigación y las políticas sanitarias cuyos pormenores hemos explicado con detalle en esta revista (lea el lector en nuestra web –www.dsalud.com– el artículo que con el título Inevitable colapso del sistema sanitario publicamos en el nº 150).

Esa influencia decisiva no sólo llega a las grandes instituciones y organismos internacionales sino a los profesionales sanitarios, especialmente a los médicos y sobre todo a aquellos que tienen responsabilidades directivas en los hospitales y centros sanitarios públicos. Así lo expresa la Plataforma No Gracias en su manifiesto: «La industria financia la formación profesional, un espacio ‘abandonado’ frívolamente por la Administración pública, con cursos, congresos, viajes, comidas, ponentes… y evidentemente no a coste cero. Los centros sanitarios abren sus puertas a los visitadores que con obsequios de mayor o me­­nor cuantía (presentados como `oportunidades educativas´) generan una cultura de patrocinio que afecta a la autonomía profesional y a la racionalidad de la prescripciónLa inversión de la industria en marketing es enorme (31% del total) comparada con el 14% que dedica a investigación (…) La industria paga más del 90% de la formación continuada, establece la agenda, paga a los ponentes… y eso es sin duda marketing. Los pacientes también son parte del entramado con subvenciones a sus asociaciones y a la edición de revistas y libros» (la negrita y el subrayado son nuestros).

Y es que el escándalo de los sobornos ha alcanzado tales proporciones que tres de las más prestigiosas revistas científicas -nada sospechosas de parcialidad puesto que son en gran parte financiadas por las multinacionales farmacéuticas- han publicado artículos contundentes denunciando la situación. Concretamente el New England Journal of Medicine (NEJM), el British Medical Journal (BMJ) y el Journal of American Medical Association (JAMA). Este último con un clarificador editorial en el que Catherine D. DeAngelis, editora jefe, afirma: «La profesión médica, en todos sus aspectos -clínico, educativo e investigador-, ha sido inundada por una profunda influencia de la industria médica y farmacéutica. Esto ha ocurrido porque los médicos han permitido que ocurra y es hora de parar» (de nuevo la negrita y el subrayado son nuestros).

Por su parte Kimberly Elliott, excomercial de las farmacéuticas Squibb, SmithKline, Beecham y Novartis, declararía al British Medical Journal: «Los líderes clave de opinión (médicos veteranos) son para nosotros vendedores. Y añadiría: «Pagaba a esos respetables doctores 2.500 dólares por una sola conferencia que se basaba en diapositivas suministradas por la compañía (…) Algunos médicos llegan a ganar más de 25.000 dólares al año solo por sus honorarios de asesoramiento».

Una muestra reciente y llamativa de la enorme influencia de la industria farmacéutica es la aprobación durante la X Asamblea Federal de Izquierda Unida de la vergonzosa Resolución de rechazo a la Homeopatía y las terapias pseudocientíficas presentada por un pseudoescéptico infiltrado y que si no ha sido directamente redactada por algún asesor de las multinacionales farmacéuticas es seguro que habrá alegrado el día a sus consejos de dirección cuando leyeron la noticia.

En suma, una mala gestión pública se soluciona con una buena gestión pública. Aunque solo gestionando adecuadamente los recursos no se va a solucionar el problema. Es preciso cuestionar todo el modelo médico-sanitario; empezando por establecer como objetivo prioritario la salud de las personas y no los intereses económicos de las multinacionales. Solo que para ello no basta con introducir éstas o aquéllas «medicinas alternativas,» también significativamente denominadas «complementarias». De hecho muchas veces esas técnicas también refuerzan la dependencia de las personas, tanto o más que los fármacos. Se trata más bien de impulsar una visión holística de la salud en la que se tengan en cuenta las interrelaciones entre lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual así como la relación con el entorno. Se trata de promover la autogestión a todos los niveles y dar una formación independiente a los profesionales para que se pongan del lado de la gente y no de la industria y puedan asesorar así de modo independiente a los responsables políticos. Solo así las “políticas sanitarias” se basarán en una adecuada educación para la salud lo que sin duda reduciría drásticamente lo que hoy constituye el grueso del negocio de las multinacionales: la dependencia de tratamientos y la tecnología.

Jesús García Blanca
Recuadro:


Conexiones políticas, intereses cruzados y corrupción

RODRIGO RATO
Ministro de Economía (1996-2000), Vicepresidente 2º (1996-2003) y Vicepresidente 1º (2003-2004) del Gobierno de José María Aznar.
Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) (2004-2007).
Presidente de Caja Madrid.
Presidente de Bankia.
Accionista de Capio Sanidad.

Mª DOLORES DE COSPEDAL
Presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha.
Secretaria General del Partido Popular.
Presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Hermana de Rosario Cospedal, presidenta de Genómica (Zeltia).

BERNAT SORIA
Ministro de Sanidad y Consumo (2007-2009) del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sustituyó a Elena Salgado porque ésta no contaba con el favor de las farmacéuticas.
Promovió la peligrosa e inútil vacuna contra el cáncer de cuello de útero de Merck y GlaxoSmithKline.
Realizó un informe para la farmacéutica Abbot sobre las «carencias» del Sistema Nacional de Salud y el papel de la industria farmacéutica para asegurar su «sostenibilidad».

TRINIDAD JIMÉNEZ
Ministra de Sanidad y Consumo (2209-2011).
Miembro de la Comisión Trilateral fundada por Rockefeller.

MANUEL LAMELA
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (2003-2007).
Miembro del Consejo Directivo de Capio Sanidad.
Creador de Madrid Centro Médico y Madrid Medical Destination.

JUAN JOSÉ GÜEMES
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (2007-2010)
Tuvo que dimitir como Consejero de Unilabs, propiedad de Capio, a la que adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales.

JOSÉ IGNACIO ECHANIZ
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (1999-2003).
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha (desde 2011).
Hermano de Teresa Echaniz, subdirectora de investigación de Capio Sanidad.

NICOLÁS REDONDO TERREROS
Consejero de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa que gestiona el Hospital de Arganda.

ANTONIO BURGUEÑO CARBONELL
Director General de Hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Director Médico de Adeslas.
Su hijo, Antonio Burgueño Jerez, es Jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de Ribera Salud.

Cabe añadir que José María Aznar, Mariano Rajoy, Mª Dolores de Cospedal, Ana Mato, Javier Fernández Lasquetty, Ana Pastor, Manuel Lamela, Ángel Acebes, Ricardo Zaplana, José Manuel Romay Beccaria y Alicia Sanchez Camacho son patronos de FAES, fundación defensora de la privatización de la Sanidad. Algunos pertenecen además a los Consejos de Administración de Bankia así como a fundaciones de la industria sanitaria privada.


Más información

-Comparativa detallada de cifras público-privado del Instituto Nacional de Estadística:
www.asociacionfacultativos.com/images/comunicados/comparacion.pdf

Documento detallado con empresas, fondos de capital de riesgo y aseguradoras:
www.asociacionfacultativos.com/images/comunicados/actores.pdf

Organizaciones anti-privatización:
www.casmadrid.org/index.php?idsecc=enlaces

-Posición de partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales y sociedades en el proceso privatizador:
www.casmadrid.org/docStatic/hablando_claro_quien_es_quien_en_la_privatizacion_sanidad.pdf

Situación internacional:

-Reino Unido: www.casmadrid.org/docStatic/pago_por_resultados.pdf

-Francia: www.casmadrid.org/docStatic/francia_medicos_lucha.pdf

-Canadá: www.casmadrid.org/docStatic/beneficio_no_panacea.pdf

-México: www.casmadrid.org/docStatic/mexico_pfi.pdf

 

Este reportaje aparece en
159
Abril 2013
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