Hepatitis C: una gigantesca estafa

por José Antonio Campoy

El mundo se enfrenta a nueva estafa, esta vez de mayores proporciones que las anteriores. Dos laboratorios farmacéuticos han decidido extorsionar a todos los estados afirmando haber desarrollado fármacos seguros y eficaces que se supone curan la hepatitis C en el 90-95% de los casos y en apenas dos o tres meses, aseveración que si fuera cierta sería motivo de alegría… solo que es falsa. Ninguno de los trabajos efectuados ha demostrado tal cosa. Aunque lo más vergonzoso es que aun si fuera así, si realmente lograran lo que dicen, pedir a los enfermos que quieran beneficiarse de ellos las cantidades astronómicas e injustificadas que exigen demuestra una falta de ética y humanidad que revela su verdadera catadura: la de gente sin escrúpulos ni conciencia. Y, por cierto, alguien debería averiguar quiénes están detrás de las movilizaciones ciudadanas. El primer laboratorio que apostó por chantajear a los estados fue Janssen Pharmaceutica -propiedad de la multinacional Johnson & Johnson- comercializando un producto llamado Olysio cuyo principio activo es simeprevir y cuyo tratamiento cuesta 25.000 euros. Apuntándose al negocio luego Gilead Sciences sacando Sovaldi -cuyo principio activo es el sofusbuvir- pero a un precio aun más alto: 71.200 euros (84.000 dólares) en Estados Unidos y 64.000 euros en Europa -que en España han «rebajado» a 25.000 porque es lo que nuestro Ministerio de Sanidad aceptó en agosto pasado pagar por Olysio– cuando en Egipto y la India Sovaldi va a comercializarse por ¡770! (900 dólares).Y hablamos de chantaje y estafa porque el coste de producción de ambos no llega a los 100 euros. En suma, ¿cómo puede el Gobierno de Mariano Rajoy aceptar pagar 25.000 euros por algo que cuesta fabricar 100? ¿Y cómo tiene la desfachatez de asegurar públicamente que todo paciente al que un médico se lo recete lo recibirá gratuitamente porque el estado lo abonará? ¿Se ha vuelto loco? Que tamaña sandez la propongan los políticos de la oposición puede entenderse en un ámbito como el de la política donde todo el mundo miente para llegar al poder y nadie tiene problema alguno en desdecirse de lo prometido sin ruborizarse pero que se comprometa públicamente a ello un presidente de gobierno es inadmisible. A fin de cuentas los «expertos» calculan que en España debe haber ¡900.000 personas! con hepatitis C y tratar a todos costaría la friolera de 22.500 millones de euros (900.000 x 25.000) cuando el presupuesto total para 2015 de nuestro Ministerio de Sanidad es de 1.924,5 millones. Ni siquiera podría atenderse a las 30.000 personas que según la Asociación Española de Estudios del Hígado deben ser tratadas de forma inmediata porque eso ascendería a 720 millones de euros (25.000 x 30.000). Y eso que a tales cifras habría que añadir el coste de los fármacos que deben ingerirse simultáneamente porque no se toman solos. De hecho el 14 de enero el ministerio reconocería que el coste del tratamiento combinado de Sovaldi con otro fármaco será de 43.500 euros por tratamiento. Con lo que casi se duplican las cifras antes dadas. Aunque lo más grotesco es que hablamos de fármacos no carentes de efectos secundarios que una vez más han intentado minimizarse cuya eficacia, insistimos, no está demostrada. Ningún organismo ni sociedad científica ha respaldado a día de hoy los datos y aseveraciones de ambas compañías. La propia Agencia Europea del Medicamento los considera fármacos en fase de evaluación de riesgo-beneficio. Añadiremos que la peregrina afirmación de que tan exorbitante precio lo justifica el dinero que los sistemas sanitarios van a ahorrarse al no tener que tratar a esos enfermos en los próximos años solo merece nuestro más profundo desprecio. Obviamente la aceptación de pagar tales cantidades por parte de España, Bélgica y Luxemburgo -los únicos tres países cuyos gobiernos en el momento de escribirse este texto habían aceptado ser chantajeados- ha hecho que otras multinacionales quieran su parte del pastel y hayan empezado a promocionar fármacos que aseveran ser aun mejores, curar en menos tiempo y ser más baratos. Esperpéntico. Hasta tal punto que en Estados Unidos el asunto ya ha empezado a ser investigado por el Comité de Finanzas del Senado y hay demandas judiciales en marcha. Lo singular es que ante una situación como la presente el Gobierno español está en su derecho -merced a la Declaración de Doha adoptada en la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) celebrada en Catar el 14 de noviembre de 2001- de fabricar genéricos -tanto de Sovaldi como de Olysio- y ahorrar así al estado miles de millones de euros. Luego si no lo hace y opta por pagar habría que exigir responsabilidades civiles y penales a quienes así lo decidan. En definitiva, todo indica que estamos ante nueva estafa y que una vez más nuestro ministerio ha optado por obviar que existen desde hace muchos años antivíricos potentes y mucho más baratos avalados por estudios científicos serios y rigurosos así como dispositivos electrónicos que según sus fabricantes permiten inactivar o destruir la práctica totalidad de los virus patógenos; afirmaciones ciertamente extraordinarias pero que el ministerio debería al menos comprobar. Claro que vivimos en un país donde el presidente del Consejo Asesor de Sanidad -organismo creado en 2012 para asesorar al ministro- es el presidente científico de la Fundación Pfizer!, una de las multinacionales más importantes del mundo. Sin comentarios.