A partir de enero de 2020 el clorpirifós estará prohibido en la Unión Europea

El clorpirifós, insecticida organofosforado muy utilizado en agricultura que se aprobó en 1965 -hace pues 54 años- por considerarse seguro y empezó a comercializar Dow Chemical Company bajo los nombres comerciales de Dursban y Lorsban va a prohibirse en la Unión Europea a partir de enero del año que viene; mientras podrá seguir envenenando legalmente a quienes entren en contacto con él. Se trata de un producto muy tóxico que inhibe la acetilcolinesterasa causando envenenamiento por colapso del sistema nervioso de muchos insectos y se usa además para tratar jardines y parques. De hecho su uso en agricultura está ya prohibido en ocho países europeos entre los que se encuentran Alemania, Dinamarca y Suecia pero no España donde se usa masivamente sobre todo en los cultivos de limones, naranjas, mandarinas, plátanos,  olivas, puerros y acelgas. E igualmente se usa en muchos otros países que venden sus alimentos en España como Marruecos, Egipto o China. Ha dado igual que esté ampliamente constatada su peligrosidad por numerosos estudios científicos y que afecte especialmente los  niños ya que se ha asociado a dificultades en el desarrollo de la corteza cerebral de los recién nacidos, al déficit de atención e hiperactividad, al autismo, a una merma del nivel intelectual, a alteraciones de la hormona tiroidea, a disrupciones en el sistema nervioso, a obesidad, a infertilidad, a pérdida de memoria y a parkinson, entre otras muchas enfermedades. Algo que nuestra revista viene denunciando desde hace años. Ya en verano de 2011 explicamos -en el nº 140- que nadie debería ingerir alimentos tratados con organofosforados como el clorpirifós tras el estudio efectuado en la Escuela de Medicina Mount Sinaí de Nueva York que acababa de publicarse en Environmental Health Perspectives tras analizar la orina de más de 400 mujeres que estaban en los últimos tres meses de embarazo y estudiar luego a sus hijos cuando tenían 1, 2 y entre 6 y 9 años. El peligro de los organofosforados fue igualmente denunciado en esa época por otro grupo de investigadores de la Universidad de California tras estudiar a 327 niños de 7 años y por un tercer grupo del Centro de Salud Ambiental de la Universidad de Columbia. En el nº 199 -correspondiente a diciembre de 2016- nos hicimos también eco de la denuncia que acababa de hacer Ecologistas en Acción mediante un informe titulado Directo a tus hormonas elaborado por Dolores Romano Mozo y Kistiñe García según el cual habían detectado en los alimentos españoles 33 plaguicidas que están expresamente prohibidos por el Reglamento Europeo de Plaguicidas -entre ellos el clorpirifós- dada su capacidad para alterar el sistema hormonal y haberse relacionado con graves daños como malformaciones, diabetes y cánceres de mama, tiroides y testículos. Es más, se afirmaba en él que en España hay al menos 53 sustancias legales presentes en muchos alimentos a pesar de que pueden alterar el sistema hormonal. Y hace apenas un año -en el nº 217- contamos que la Union of Concerned Scientits –organización estadounidense de científicos de muy diferentes disciplinas- acababa de publicar una Guía de la desinformación, documento que da cuenta de las estrategias que utilizan algunas corporaciones industriales para que ni los ciudadanos ni sus representantes sepan la negativa repercusión que sus productos tienen en la salud. Texto en el que explicamos que el 27 de junio de 2017 la Academia Estadounidense de Pediatría y el Environmental Working Group EWG acababan de enviar al responsable de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense Scott Pruitt una carta protestando por la decisión de levantar la prohibición del clorpirifós establecida en el 2000 por la administración de Barak Obama  que se usa ​​allí sobre todo en los cultivos de maíz, soja, árboles frutales, nueces, coles de bruselas y brócoli, entre otros alimentos. Carta en la que denunciaban que la Agencia de Protección Ambiental había actuado obviando sus propias investigaciones y se preguntaban si la decisión no tendría que ver con el hecho de que Dow Chemical había «donado» un millón de dólares para financiar la campaña de Donald Trump desvelando además que luego «su Presidente y Consejero Delegado, Andrew Liveris, fue asesor clave de la Administración Trump encabezando el American Manufacturing Council». Y agregarían: «Dow Chemical se gastó en 2016 más de 13,6 millones en cabildeo y más de 5,2 millones en el primer trimestre de 2017 trabajando con la Agencia de Protección Ambiental, la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso en diversas actuaciones políticas, incluida la regulación del clorpirifós. Además en junio se desveló que Pruitt se había reunido con el CEO de Dow Chemical antes de tomar la decisión de permitir el uso continuo de clorpirifos en todo Estados Unidos”. ¿Va entendiendo el lector cómo un producto manifiestamente tóxico puede haber estado envenenando legalmente a cientos de millones de personas durante décadas?

 

Jose Antonio Campoy
Director