No hay

por José Antonio Campoy

Ha hecho falta que unos cuantos periodistas que trabajan en las cadenas de televisión -la mayoría pillando desprevenidos a sus superiores- se hagan eco conjuntamente de la dramática situación que viven los niños que han enfermado de cáncer en el Colegio García Quintana de Valladolid -situado a 100 metros de un edificio en cuya azotea hay instaladas 36 antenas de radiotelefonía- para que las denuncias que desde hace años venimos publicando algunos sobre el peligro que para la salud tienen las ondas y campos electromagnéticos de los aparatos de la moderna tecnología lleguen de forma masiva a la población. Nunca fueron suficientes los detallados informes que, entre otros contados profesionales, quien suscribe ha publicado en ésta y otras publicaciones. Siempre se nos «contestó» -y se sigue haciendo- con la manida cantinela de que «no hay evidencias científicas» que demuestren tal cosa. Pues bien, quienes tal afirman faltan a la verdad. En este número y en otros posteriores vamos a dar suficientes pruebas de ello. Sí hay «evidencias científicas» de que las ondas y campos electromagnéticos generados por las torres de alta tensión y diversos aparatos así como por las antenas, repetidoras e, incluso, los propios teléfonos móviles pueden ser dañinos para la salud de los seres vivos. Va siendo ya hora de que a quienes desde sus cargos públicos no dicen lo que saben -igual que a quienes lo hacen desde las empresas implicadas- se les empiece a pedir responsabilidades personales. Y no sólo políticas. Lo mismo que a quienes censuran las informaciones en los medios públicos para proteger intereses particulares. Veremos si el reportaje elaborado por la segunda cadena de RTVE sobre este tema -que ha costado varias semanas y más de diez millones de pesetas- termina emitiéndose (estaba previsto hacerlo en Enero) o si Pedro Erquicia tiene que aguantarse y ver cómo el programa queda definitivamente censurado, como en el momento de escribir estas líneas todo parece indicar. Porque en este país de presunta libertad informativa, la censura en RTVE -que tanto se criticó con razón cuando la ejercieron los socialistas- sigue vigente con este gobierno. Aunque lo más kafkiano de toda esta situación es la sutil táctica de las compañías eléctricas y de telefonía -con la complicidad de la Administración- de «orientar» el debate sobre el «no hay evidencias científicas». No entremos en esa trampa que tan buen resultado dio durante décadas a las compañías tabaqueras. Hay que cambiar el signo del debate. Exijamos que las compañías implicadas, los gobiernos y las organizaciones internacionales nos den «evidencias científicas» de su inocuidad. Y, de lo contrario, que se actúe en consecuencia. Porque si el caso de Valladolid fuera excepcional podría discutirse sobre otras posibles causas. Sin embargo, no es así: hay centenares -si no miles- de casos de cáncer en todo el mundo relacionados con esos aparatos. Luego si algunos «expertos» -¿quién los designa?- no «encuentran» la «evidencia científica» de esa «relación» es porque sus conocimientos son más bien escasos. O, lisa y llanamente, mienten.