¡Inundemos los juzgados de denuncias!

por José Antonio Campoy

Las compañías tabaqueras se pasaron décadas asegurando -ante la complicidad genocida de buena parte de la clase científica, política, judicial y periodística- que no había «evidencias científicas» de la relación directa entre enfermedad alguna y el consumo de tabaco. Hoy tal falacia hace sonreír a mucha gente que olvida con facilidad el sufrimiento de los cientos de millones de personas cuya salud se quebró -en muchos casos llevándoles a una muerte prematura- porque fue vilmente engañada. Es más, durante décadas los grandes fabricantes de cigarrillos se han permitido añadir decenas de sustancias adictivas y cancerígenas al tabaco sin que la Justicia les haya procesado. Han gozado -y siguen gozando- de impunidad para llevar a la gente a la muerte. Los gobiernos saben que el tabaco «puede matar» -así se obliga a decirlo ya en las cajetillas- pero siguen permitiendo no sólo su comercialización sino que se sigan añadiendo a los cigarrillos productos altamente tóxicos sin hacer nada por impedirlo. Y otro tanto pasa con las radiaciones y campos electromagnéticos. Que a estas alturas haya aún torres de alta tensión y centros de transformación cerca de edificios habitados es intolerable. Porque la manida argumentación de que no hay evidencias científicas de su peligrosidad ha dejado de ser válida hoy: jurídicamente han de ser las compañías de electricidad las que demuestren su inocuidad. Deben ser ellas las que demuestren que las radiaciones y campos electromagnéticos no afectan a la salud. ¡Algo que no han podido hacer jamás! Y otro tanto ocurre con las operadoras de telefonía. Deben ser ellas las que demuestren que los teléfonos móviles y las antenas de telefonía no son perjudiciales para la salud. Lo dice el Parlamento Europeo. Lo dice el Tribunal Europeo de Justicia. Y lo dicen los jueces que han emitido las más recientes sentencias sobre ello en nuestro país. En todos los casos mencionados basta que alguien demuestre tener problemas de salud que no puedan objetivamente achacarse a causa conocida alguna y estar sometido a una fuente de radiación electromagnética para que deba aplicarse en su caso el Principio de Precaución. Una decisión inteligente por parte de los jueces porque son cada vez más los expertos que nos advierten del riesgo al que estamos sometidos y porque los casos que empiezan a conocerse son contundentes. En este mismo número contamos cómo en menos de 50 metros alrededor de una antena de telefonía y un centro de transformación ubicados en Majadahonda han muerto en los últimos años ¡más de 60 personas! por cáncer y accidentes cardiovasculares. Cuarenta y cinco de ellas -perfectamente identificadas- en sólo cinco edificios. Ante la desidia y complicidad de las autoridades locales, provinciales y nacionales, plenamente informadas y conscientes de lo que está pasando pero decididas a proteger a toda costa a las empresas del sector en aras de un mal entendido e injustificado desarrollismo. Es obvio pues que a los ciudadanos no nos han dejado otra opción que inundar los juzgados de denuncias. Y desde estas líneas animamos a los lectores a que lo hagan, a que nos ayuden a cambiar el actual estado de cosas. En próximos números les explicaremos cómo. Ha llegado, en suma, el momento de que nuestras denuncias periodísticas las traslademos además a los tribunales. En éste y en otros muchos ámbitos. Y exigiendo no ya responsabilidades políticas sino civiles y penales. Ayúdennos a acabar con la actual impunidad.