Ridículo judicial en el Caso Bio-Bac


El actual titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de San Lorenzo de El Escorial, Miguel Ángel Aguilera, ha decidido por fin –¡a petición del propio fiscal!- el sobreseeimiento de todas las actuaciones abiertas contra los médicos y demás profesionales de la salud -salvo en un caso- que fueron detenidos en la llamada Operación Brujo el 24 de octubre del 2002. La fase de instrucción -a falta de que se sustancien algunas diligencias menores- se ha dado por cerrada ¡más de seis años después! Porque tal y como esta revista ha mantenido de forma rotunda durante todo este tiempo no se ha encontrado ni un solo delito que imputarles. Lo que implica que su detención no se ajustaba a derecho y las acusaciones eran falsas. Solo que para reconocer eso han hecho falta ¡74 meses! Es más, el fiscal ha solicitado que se sobresean igualmente las actuaciones contra el abogado de Rafael Chacón –al que, como en su día denunciamos, todo apunta que se detuvo exclusivamente para intentar dejarle confuso además de indefenso- y contra dos de los miembros de Chacón Farmacéutica e IVEM por las mismas razones esperándose que el juez así lo acepte (si no lo ha hecho ya). El fiscal mantiene en cambio las acusaciones de “delito contra la salud pública” y “publicidad engañosa” contra Rafael Chacón, su secretaria, el médico que más colaboró en la investigación clínica y difusión del Bio-Bac, el biólogo que supervisaba la fabricación del producto y el director del laboratorio fabricante contratado por Chacón (porque lo de que el producto se elaboraba de forma chapucera sin garantías sanitarias no fue sino una más de las muchas mentiras difundidas en este caso). En el momento de cerrar este número se ignoraba la decisión del juez al respecto pero nos sorprendería mucho que tal juicio llegue a celebrarse. Nuestros lectores habituales saben que hemos pronosticado varias veces que a nuestro entender no va a celebrarse nunca porque saldría toda la podredumbre a la luz pública y, por consiguiente, el caso se terminaría sobreseyendo. Y los hechos empiezan a darnos la razón: la mayor parte de los imputados no van a ser ya juzgados. Se han sobreseído todas las actuaciones contra ellos. Como dijimos. Además los expertos a los que hemos consultado piensan que, haya o no juicio, todos ellos serán antes o después absueltos porque sobre el presunto “delito contra la salud pública” ya se ha pronunciado dos veces la Audiencia Provincial de Madrid. El primer auto lo emitió el 28 de julio del 2003; el segundo el 22 de enero del 2008. Y en ambos se denegó la solicitud del juzgado de El Escorial de que se hiciese cargo del asunto la Audiencia Provincial de Madrid. Las razones de ésta son contundentes: en la instrucción no se ha demostrado ni que consumir Bio-Bac sea peligroso para la salud ni que haya habido afectados por consumirlo. No hay –afirmó textualmente- “ni indicios” -no ya pruebas- “de que sea una sustancia perjudicial para la salud o la vida". Agregando rotunda: “No hubo efectos ni afectados”. Y por si fuera poco agregaría que tampoco se ha acreditado que paciente alguno -como afirmaba el fiscal- hubiera resultado perjudicado por habérsele instado a dejar los tratamientos convencionales. Es más, los jueces de la Audiencia dejan claro en sus autos que ningún enfermo abandonó -ni por prescripción ni por consejo médico- los tratamientos convencionales. Y recriminan abiertamente al fiscal que no hubiera aportado ningún dato nuevo a los presentados la primera vez “lo que –afirman textualmente los jueces en su rapapolvo- resulta de todo punto inadmisible. No es posible un nuevo pronunciamiento de lo ya resuelto cuando los elementos de juicio son los mismos vulnerando así el principio de seguridad jurídica y de invariabilidad de las resoluciones jurídicas firmes". No olvidemos tampoco que la Audiencia Provincial de Madrid ya había desmontado en su primer auto la falacia de que los detenidos constituían una presunta “banda armada”. De hecho la mayoría ni se conocían. “No hay datos específicos –dictaminaron los jueces con rotundidad- que indiquen un organigrama asociativo”. Que el fiscal de El Escorial mantenga pues aún –veremos qué dice el juez- que ha podido existir “delito contra la salud pública” nos parece sin más esperpéntico. Y sobre el posible delito de “publicidad engañosa” no vamos ni a pronunciarnos porque el Bio-Bac en esa época no tenía indicaciones terapéuticas y además no se anunciaba en ningún medio (¿o va a pretender quizás el fiscal hacer creer que el hecho de dar a conocer los ensayos clínicos realizados sobre el producto puede considerarse “publicidad”?). En suma, afirmamos por enésima vez que ni hay ni ha habido nunca “caso”. La llamada Operación Brujo que se perpetró movilizando casi 300 funcionarios, policías y guardias civiles en un gigantesco operativo a nivel nacional de tal magnitud que no se recuerda ni con motivo de las más grandes operaciones antiterroristas fue un montaje. Y empieza a corroborarse que fue así ¡más de seis años después! El ridículo es además tal que en España se está juzgando un producto que hoy se vende libremente –aunque sea con otros nombres como el de Renoven – en toda Europa y gran parte del mundo. Lo que se hizo para demostrar que las razones de que el Bio-Bac no se aprobara eran exclusivamente políticas. Porque de hecho, bajo otros nombres comerciales para evitar interferencias pero con las mismas especificaciones, terminaría siendo aprobado como complemento dietético o alimentario en varios países europeos. Así pues, ¿qué va a hacer el juez? ¿Perseguir penalmente un producto que hoy se puede comprar en Madrid o Portugal, Bélgica o Eslovaquia? Permítanos el lector que le invitemos a leer la información que publicamos en la sección de Noticias de este mismo número y los numerosos artículos que hemos publicado sobre el tema en nuestra web – www.dsalud.com – donde los hemos agrupados en un apartado propio titulado Caso Bio-Bac. Les aseguramos que merece la pena. Si lo hace entenderá hasta qué punto este caso permite hablar de ridículo judicial. Y luego nos piden que confiemos en la Justicia…


José Antonio Campoy