¿Hasta cuándo van a actuar con impunidad nuestras autoridades sanitarias?

por José Antonio Campoy

Con la excusa de que su obligación es velar por la salud de la sociedad hay muchos altos cargos y funcionarios que no sólo abusan de sus posiciones de dominio sino que se creen inmunes y no asumen responsabilidades por sus acciones. Se saben protegidos por la maquinaria de quienes manejan el estado; jueces incluidos. Lo demuestra que ni uno sólo ha podido ser jamás llevado a los tribunales y condenado a pesar de que es sobradamente conocido que muchas de sus actuaciones han sido –y siguen siendo- no ya discutibles sino claramente delictivas, que la corrupción en el ámbito sanitario alcanza hoy proporciones de escándalo y la prevaricación es el pan nuestro de cada día en los organismos públicos. Y no pasa nada. Basta amenazar a los afectados si se mueven. “Si continúas con esa actitud te puedes encontrar con problemas serios”, se les dice a los responsables de las empresas que se quejan de las decisiones arbitrarias de las que son víctimas. “Tienes que ajustarte a los protocolos aprobados o no podrás seguir ejerciendo como médico en el sistema público” se advierte a los galenos que proponen alternativas a los ineficaces –pero muy rentables económicamente- tratamientos farmacológicos de nuestros hospitales. “En este hospital esta patología se trata como nosotros hemos decidido; si no le gusta váyase a otro” se espeta con soberbia a todo enfermo que pregunta por algún tratamiento alternativo al propuesto. “Lo que usted sugiere que hagamos no está científicamente fundamentado” se responde gratuita y falsamente a quienes proponen tratamientos no farmacológicos. “No consideramos justificado financiar el estudio que propone para valorar la eficacia de su propuesta terapéutica” se responde a los investigadores que presentan algo que pueda afectar al bolsillo de los que controlan el sistema sanitario. Y así hasta la saciedad. Todo amparado en comisiones de “expertos” nombrados siempre ¡a dedo! Porque en España el sistema dedocrático sigue imponiéndose al democrático. Todo el mundo lo  sabe… pero calla. El miedo es libre y campa de forma amplia en todos los ámbitos. Hay miedo. Mucho miedo a enfrentarse al poder, al sistema. Lo sucedido con la gripe A es un ejemplo de esa corrupción generalizada que ahora cada vez más medios denuncian cuando en su momento la consintieron con un silencio cómplice. Como pasó con la vacuna del virus del papiloma humano. Y con la gripe aviar. Y con el mal de las vacas locas. Y con el caso Bio-Bac. Y con decenas de casos más que hemos denunciado en los últimos años. Porque es un escándalo, por poner otro ejemplo, que se retiren del mercado cada año fármacos que se estuvieron vendiendo libremente largos periodos de tiempo cuando ya no se pudo seguir ocultando por más tiempo que habían provocado graves problemas de salud a millones de personas y la muerte a decenas de miles sin que jamás nadie acabe en la cárcel por ello. Ni los responsables de las empresas que los comercializaron, ni los funcionarios y altos cargos que los autorizaron sin garantías reales de su seguridad y eficacia, ni los científicos que se prestaron a hacer estudios manipulados para hacer creer que eran útiles y la relación coste-beneficio los justificaba, ni los médicos que los recetaron, ni los farmacéuticos que los vendieron, ni los responsables de los medios de comunicación que se prestaron a publicitarlos. Nadie responde por nada. Nadie tiene la culpa de nada. Es igualmente el caso de quienes permiten que a los cigarrillos se les estén agregando casi ¡tres centenares! de sustancias, muchas tóxicas, decenas de ellas demostradamente cancerígenas. Y es que ya es hora de que se entienda que la Ley antitabaco y las advertencias de que el tabaco ”perjudica seriamente la salud” o “puede matar” no han tenido nunca por objeto proteger a los consumidores sino a las compañías de tabaco ante posibles demandas. “Usted estaba advertido. Si ha contraído cáncer o padece alguna grave enfermedad por fumar la responsabilidad es suya”, alegan ahora cínicamente ante los afectados los abogados de las compañías en los tribunales. Mintiendo. Porque la inmensa mayoría de los fumadores –activos y pasivos- ignoran aún hoy que en los cigarrillos hay más de 300 sustancias químicas diferentes que se transforman ¡en unas 4.800! en el humo que procede de la combustión. Por eso como presidente de la World Association for Cancer Research (WACR) Asociación Mundial para la Investigación del Cáncer- decidí hace poco más de año y medio que era hora de que los responsables de la Administración se enfrentaran a sus responsabilidades e interpuse una querella que inicialmente se personalizó en cuatro altos cargos de los ministerios de Sanidad y Economía y Hacienda. No ya por permitir que los cigarrillos se vendan siendo puro veneno al contener alquitrán, monóxido de carbono y nicotina –que también- sino porque las empresas tabacaleras les agregan otras muchas sustancias químicas tóxicas. Sin que el público haya sido informado de ello y sin que exista una sola excusa para añadirlas a los cigarrillos. Es intolerable que haya empresas que estén introduciendo a propósito puro veneno en sus productos y las autoridades lo consientan y lo protejan legalmente.  ¿Es o no delictivo algo así? Bueno, pues para nuestros jueces parece que NO. Lea el lector el artículo que sobre ello publicamos en este número y saque sus conclusiones.