por José Antonio Campoy
Que la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Carmen Montón Giménez se viera obligada a dimitir en septiembre pasado -antes de estar 100 días al frente de su cargo- por haber plagiado descaradamente parte de un trabajo universitario de fin de máster y graves irregularidades en sus notas provocó un terremoto político cuyas consecuencias reales están por ver al haber salpicado a los dos principales líderes de España: Pedro Sánchez y Pablo Casado. Veremos qué dicen nuestros tribunales al respecto si terminan teniendo que dilucidar sobre ello pero lo cierto es que este caso -como antes el de la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes– revela dos cosas fundamentales: la falta de rigor y seriedad de algunas de nuestras universidades y la falta de ética de muchos de nuestros representantes políticos. Porque la mera alegación de que ellos no son «responsables» de que se les de «trato de favor» ya les descalifica. Es más, Carmen Montón tuvo la caradura de decir que ella no había cometido «ninguna irregularidad» cuando lo que ha cometido es un delito. Porque eso es lo que determinan las numerosas leyes que violó; entre ellas el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que regularizó y armonizó las disposiciones legales vigentes sobre esta materia así como la Ley 23/2006 de 7 de julio por la que se modificó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, la Convención Universal de Ginebra sobre los derechos de autor de 6 de septiembre de 1952 revisada en París el 24 de julio de 1971 y ratificada por España el 7 de marzo de 1974, el Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 revisado en París el 24 de julio de 1971 y ratificado por España el 2 de julio de 1973, la Ley 5/1998 de 6 de marzo de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos y el Real Decreto 1434/1992 de 27 de noviembre. Claro que la gran mayoría de nuestra clase política miente sin el más mínimo reparo. Pedro Sánchez llegó a afirmar en el mismo seno del Congreso de los Diputados que su tesis doctoral estaba en Internet accesible para cualquier persona ¡sabiendo que era falso! De hecho procedió a pedir a la universidad que fuera así al día siguiente. En cuanto a la sustituta de Carmen Montón, María Luisa Carcedo, Secretaria Ejecutiva de Sanidad del PSOE al ser nombrada, es asimismo Licenciada en Medicina y coincide en algo importante con todos sus antecesores en el cargo: tampoco quiere regular el sector de las medicinas complementarias y alternativas ni integrarlas en el sistema nacional de salud a pesar de las constantes y reiteradas peticiones en ese sentido de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los actuales dirigentes de la Organización Médica Colegial (OMC) pueden pues estar tranquilos: todo indica que el Ministerio de Sanidad seguirá haciéndoles el juego. Los médicos que las practican, en cambio, siguen teniendo motivos para estar preocupados. Lo mismo que todos quienes las ejercen no siendo licenciados en Medicina porque todo indica que van a seguir -vergonzosamente- en el actual limbo legal.
