Propuesta de Ciudadanos para censurar a los periodistas

por José Antonio Campoy

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se penalice “la difusión pública de información falsa o no contrastada sobre métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios destinados al tratamiento de enfermedades oncológicas u otras enfermedades graves potencialmente letales que alienten posibilidades de curación no sustentadas en estudios científicos contrastados ni avalados por la lex artis siempre que aboquen al paciente o pacientes al abandono de tratamientos con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de ésta”. La propuesta fue publicada en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el pasado 7 de septiembre de 2018 con el título Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sobre la pérdida de oportunidad asistencial por métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios entre los delitos contra la salud pública y la excusa es que corresponde al estado “la protección de la salud” de los ciudadanos  siendo pues los poderes públicos quienes deben “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. Ciudadanos alega que si bien los “delitos contra la salud pública” ya se encuentran regulados y tipificados en los artículos 359 a 378 del actual Código Penal en dos grandes grupos -los delitos relacionados con el comercio y los delitos de tráfico de drogas- en el primero “no existe reproche o sanción penal alguna” a la difusión pública de la “información falsa o no contrastada” en los términos antes descritos. Y apoya su iniciativa recordando que existe una sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo emitida el 23 de octubre de 2007 dictada en el recurso de casación nº 6676/2003 según la cual en el supuesto al que se refiere se privó a un paciente “de la oportunidad de anticipar un tratamiento que podía incidir favorablemente en la evolución del padecimiento aun cuando no se evitara el resultado final“. Y otra sobre lo que entiende como “pérdida de oportunidad” dictada por la misma Sala y Sección el 21 de diciembre de 2012 que dice: “La pérdida de oportunidad (…) existe en aquellos supuestos en los que es dudosa la existencia de nexo causal o concurre una evidente incertidumbre sobre la misma (…) de haberse adoptado las medidas que la buena praxis exigía era altamente probable que el daño no se hubiera producido y que las consecuencias que nos son conocidas se hubiesen podido evitar”. Y una tercera de la misma sala de 23 de enero de 2012 según la cual “la pérdida de oportunidad, que constituye un daño antijurídico, se conecta con la probabilidad de obtener un resultado distinto y más favorable para la salud y, en definitiva, para la vida”. En suma, propone introducir como delito en el Código Penal toda información sobre tratamientos o productos que los miembros de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no hayan aprobado para tratar “enfermedades oncológicas” y “otras enfermedades graves potencialmente letales” que induzca a abandonar  “tratamientos con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de esta, de uno o más pacientes”. Elemento éste que según dice “consiste en un peligro abstracto, considerando la pérdida de oportunidad terapéutica como un potencial riesgo para la vida o salud de los ciudadanos, sin exigir que se produzca finalmente un resultado de daño”. Y añade: “El sujeto activo del nuevo ilícito penal sería la persona física que realiza la conducta considerada como delito, la difusión pública de la información terapéutica falsa, mientras que el sujeto pasivo vendría integrado por la colectividad, titular del bien jurídico protegido o puesto en peligro, la salud pública”. La proposición termina sin embargo autocontradiciendo todo lo anteriormente dicho pues agrega: “Huelga decir que ningún reproche penal merecen las personas físicas que, desesperadas por el avance de su enfermedad, abandonan tratamientos con posibilidad de curación por tratamientos naturales o pseudociencias que no están avaladas e indicadas científicamente para tratar sus dolencias, producto del engaño provocado por la difusión de la información terapéutica falsa o no contrastada. Somos conscientes de la libertad de los pacientes a la hora de elegir si continuar o no un tratamiento específico pero también somos conscientes del daño que algunas personas causan a otras al ofrecer información o expectativas falsas basadas en remedios o prácticas sin evidencia científica”. Ininteligible y esperpéntico.