La inevitable judicialización de la sanidad


La voracidad de la gran industria farmacéutica -que fue la que nos condujo, no lo olvidemos, a la II Guerra Mundial- la ha vuelto a llevar a introducirse en los partidos políticos, los parlamentos, los gobiernos, los organismos internacionales y la judicatura. Y de hecho es la que regula y dicta ya las normas sanitarias asegurándose de que nadie pueda impedirlo mediante el control -en lo que respecta a nuestro espacio vital- de buena parte de la Agencia Europea del Medicamento, del propio Parlamento y hasta del Tribunal de Justicia de las Comunidades. Contando incluso con piezas claves en la Comisión Europea. Sólo así se entiende el uso y abuso que ejercen en el ámbito de la salud algo que, por otra parte, sería imposible sin el control de los médicos y demás profesionales sanitarios, las instituciones colegiales, las facultades de Medicina, las agrupaciones profesionales y hasta gran parte de las asociaciones de enfermos. Y, por supuesto, de los grandes medios de comunicación de masas. Lo hemos denunciado reiterada y ampliamente en la revista. Sin embargo, siendo ese control férreo y amplio no alcanza en modo alguno a todos. Porque no todo el mundo alquila o vende su conciencia aunque quienes sí están dispuestos a hacerlo crean lo contrario. En todas las instituciones mencionadas hay aún personas honestas que se rigen por la ética y cuyo nivel de conciencia es afortunadamente elevado. Y eso nos hace confiar en que quienes creen tener todo controlado pueden estar muy equivocados. Es más, estamos persuadidos de que hay cada vez más gente concienciada de lo que realmente pasa en el planeta dispuesta a luchar por impedirlo. Y personas que creen que la respuesta está en los tribunales porque aunque en las cúpulas de las distintas judicaturas existe también una notable corrupción son muchos los jueces que siguen siendo independientes y creen en la Justicia con mayúsculas. Por eso han decidido judicializar la Sanidad. Es decir, inundar los juzgados de denuncias. ¿En base a qué? Muy sencillo: argumentando que los derechos fundamentales de las personas son inviolables y que toda norma que pretenda restringirlos o violentarlos es nula de pleno derecho. Y que ninguna norma que regule una actividad puede obviar o violentar esos derechos. Hay quienes piensan que los jueces difícilmente podrán protegernos en aquellos casos en que las leyes se han aprobado para proteger a las grandes empresas ya que a éstas las suele amparar el poder político pero incluso en tales ocasiones puede ganarse la batalla. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, acaba de dar una inesperada lección a los ministerios de Sanidad comunitarios al dictar una sentencia en la que deja bien claro que el hecho de que un producto alimenticio, dietético, fitoterápico u ortomolecular produzca efectos fisiológicos y se comercialice en forma de pastillas, cápsulas o ampollas no lo convierte sin más en un medicamento que requiere ser aprobado. Y aún más importante: deja bien claro a los gobiernos que no pueden retirar productos -o no aprobarlos- alegando de forma genérica la existencia de "posibles riesgos para la salud" sino que tendrán en cada caso que avalar científicamente esa afirmación. Y es que, como muchas veces hemos mantenido en la revista, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que no se puede calificar de medicamento un producto natural o un complemento por el simple hecho de que produzca efectos fisiológicos. Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado por segunda vez el intento del Juzgado nº 2 de San Lorenzo de El Escorial de remitir de nuevo el Caso Bio-Bac a la Audiencia Nacional porque ni ha acreditado que existiese delito penal, ni que los detenidos integraran banda alguna -como gratuita y falsamente se dijo-, ni que haya afectados por ingerir el producto, ni que la muerte de un solo consumidor se debiese al supuesto "abandono de los tratamientos convencionales", inexistente "delito" por otra parte "inventado" por los abogados del Estado. Por lo que todo indica que el caso será sobreseído y quienes deban responder ante la Justicia sean finalmente los altos cargos del Ministerio de Sanidad y Consumo implicados en este escándalo político, jurídico y mediático. Y cada vez hay más agrupaciones y personas dispuestas a acudir a la Justicia. Llevamos tiempo avisándolo: la batalla de la salud se va a terminar librando en los tribunales. En los próximos años los juzgados europeos van a llenarse de denuncias. Y muchos médicos, farmacéuticos, empresarios, políticos y periodistas van a tener que explicarse… ante los jueces. Al tiempo.


José Antonio Campoy