por José Antonio Campoy
Constituyen amplia mayoría las personas que, con sorprendente ingenuidad, creen aun que los ministerios de Sanidad -de todos los países- se ocupan preferentemente de salvaguardar la salud de los ciudadanos. Y nada más alejado de la realidad. Los ministerios de Sanidad de todo el mundo están al servicio del poder y, por ende, de las grandes industrias. Es pues a sus dueños y controladores a quienes protegen y sirven. Que la mayor parte de la gente no sea consciente de ello es otra cosa. Pero es que vivimos en una sociedad donde en general la población vive con ideas, creencias y opiniones prestadas en lugar de propias. Lo ocurrido en el ámbito sanitario español en los últimos tiempos es una buena muestra. Analicemos por ejemplo el caso del tabaco que tanta polémica ha creado. El público recibió la noticia de que en todas las cajetillas iba a obligarse a poner la leyenda El tabaco puede matar como un triunfo de la ciudadanía cuando la verdad es que se incluyó para proteger a las tabaqueras. Para que cuando alguien acuda a un tribunal porque su salud se ha deteriorado gravemente por fumar las empresas fabricantes puedan alegar ante los jueces que tales personas estaban perfectamente advertidas. Hasta de que podían morir. Y por consiguiente no pueden alegar engaño o falta de información. Y se legisló que en los lugares públicos los fumadores estuvieran apartados de los no fumadores para evitar que éstos enfermaran y pudieran acudir a la justicia ya que con la nueva ley la responsabilidad ha pasado de las tabaqueras a los establecimientos -bares, cafeterías, restaurantes, etc.- o, en su defecto, a la Administración -central o autonómica- que legisle sobre ello. Las tabaqueras se protegen así también de las posibles demandas de fumadores pasivos. Es obvio que si la intención del Ministerio de Sanidad fuera proteger a la ciudadanía y no a las tabaqueras habría simplemente obligado a éstas a que los cigarrillos no contuvieran más que tabaco exigiéndolas que dejaran de envenenarlos con miles de sustancias tóxicas, sesenta de ellas al menos altamente cancerígenas como denunciamos en el reportaje al que dedicamos la portada de este número. Es más, ni siquiera se ha dignado a legislar el posible control de todo ese veneno que se añade al tabaco. Habrá quien alegue que el Ministerio, al menos, aprobó un decreto que obliga a los restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, hospitales, colegios, residencias, comedores de empresas, empresas de catering y similares a congelar a 20 grados bajo cero durante 24 horas los pescados que vayan a servir crudos, poco hechos, ahumados, en salazón o en escabeche a fin de evitar el contagio con el parásito anisakis pero resulta que esa medida no la promovió nuestro Ministerio: éste no hizo más que cumplir la normativa comunitaria recientemente aprobada. La realidad es que España fue denunciada hace ya años ante la Comisión de las Comunidades Europeas por el Director de Laboratorios Oikos, Antonio López Román y ninguna de las tres ministras que han estado en él desde entonces hizo nada para proteger a los ciudadanos: Celia Villalobos, Ana Pastor y Elena Salgado. Y lo mismo cabe decir de las radiaciones electromagnéticas. Toda la legislación existente se ha regulado para proteger a las compañías eléctricas y de telefonía. La actual Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, fue en ese sentido muy bien elegida. No en vano ha sido Consejera Delegada de Vallehermoso Telecom, Presidenta de 11811 Nueva Información Telefónica -filial de Telegate AG- y miembro del Consejo de Administración de Abertis Telecom. De ahí que a pesar de las numerosas advertencias en ese ámbito hechas una y otra vez por los expertos en bioelectromagnetismo no haya tomado una sola iniciativa. Allá quien crea que es «casualidad». Claro que hablamos de alguien que para luchar contra la obesidad apela a la responsabilidad del consumidor y pide a los fabricantes de pizzas y hamburguesas que no anuncien productos de «tallas grandes» pero no prohíbe los numerosos productos que contaminan y envenenan nuestros alimentos: pesticidas, conservantes, colorantes, saborizantes -como el glutamato monosódico-, aromatizantes, edulcorantes, etc. Es más, se trata de una ministra extrañamente protegida -¿acaso goza de algún tipo de inmunidad especial?- ya que hasta se permite hacer caso omiso de los requerimientos de los jueces. Dos veces la ha pedido un juzgado que su departamento se pronuncie sobre los ensayos clínicos sobre el Bio-Bac vergonzosamente incautados hace cuatro años y ni siquiera contesta. ¡Y para qué hablar de los medicamentos!, esos productos cuya eficacia para curar enfermedades, excepción hecha de los antibióticos, es lisa y llanamente nula. Especialmente en el ámbito del cáncer donde no existe un solo fármaco utilizado por los oncólogos que haya demostrado jamás en un ensayo clínico con humanos la curación de un solo caso. No existe ni uno y a pesar de ello poco menos que se obliga a los médicos a recetarlos y a los pacientes a consumirlos. Siendo además todos increíblemente caros y tóxicos. Algo que hemos repetido hasta la saciedad sin que muchas personas parezcan entenderlo. Instamos por enésima vez al Ministerio de Sanidad y a los oncólogos a que nos hagan llegar un solo ensayo de cualquier producto usado en quimioterapia que demuestre haber curado un solo caso de cáncer. ¿No alegan que hay miles de ensayos que lo demuestran? ¿Pues por qué no nos hacen llegar uno? Sólo uno. Pues porque no existen. No, los ministerios de Sanidad no están al servicio de los ciudadanos.
