por José Antonio Campoy
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España se gastó en 2016 más de 21.000 millones de euros en 15.049 medicamentos -de los que 12.268 se dispensan en farmacias y 2.781 solo en hospitales- a pesar de que la gran mayoría son meramente sintomáticos cuando no manifiestamente ineficaces además de tóxicos. De hecho la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que solo una pequeña parte de los miles de fármacos que se comercializan en el mundo son «esenciales»; concretamente 433 según la lista difundida en junio de 2017. Y siendo así, ¿por qué despilfarra tanto dinero el ministerio, máxime cuando adopta esas decisiones de forma opaca y pagando a menudo por ellos precios excesivos según denunció en 2016 la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), organización que integra a 12 sociedades científicas y tiene más de 3.000 asociados? Pues porque el Comité Asesor cuya creación se acordó mediante ley en 2012 para garantizar la ética de la compra de fármacos y productos sanitarios y asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud ¡sigue sin constituirse cinco años después! Se trata de una situación vergonzosa denunciada ya hace tiempo por el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que el ministerio sigue sin afrontar a pesar de su urgencia y de que la mayor parte de los fármacos que financia son solo paliativos y encima tóxicos. De hecho según el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses en España se intoxican gravemente cada año unas 80.000 personas, más de la mitad por fármacos; siendo los ansiolíticos, antidepresivos, antitusivos y antiasmáticos los que más casos provocan. Bueno, pues aun así el ministerio solo pone trabas a los productos homeopáticos cuando son inocuos sumándose a la lamentable campaña contra ellos de la Organización Médica Colegial (OMC), recibida con una contundente respuesta por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) que el pasado 1 de diciembre de 2017 emitió un comunicado defendiendo su eficacia y legalidad y recordando que «su prescripción y dispensación es legal y obligada». Es más, la propia Comisión Europea anunció apenas seis días después -el 7 de diciembre- la apertura de un expediente sancionador a España por restringir la entrada de medicamentos homeopáticos desde otros países de la Unión al vulnerar ello la libre circulación de mercancías y la directiva sobre medicamentos de uso humano; dando al Gobierno dos meses para rectificar. Evidentemente no cabe esperar nada de un ministerio que siempre ha estado al servicio de la industria y no de los ciudadanos. Lo demuestra su inacción y silencio cómplice ante numerosos hechos vergonzosos. Quien esto suscribe, por ejemplo, ha presentado en los últimos meses ante el ministerio varios escritos documentados -enviados por burofax con acuse de recibo y certificación de contenido- en los que entre otras cosas denuncio el despilfarro estatal en fármacos cuando está constatado que la mayoría de ellos no caduca en décadas aunque los fabricantes les pongan fecha de caducidad. Como he denunciado que solo un 11% de los 3.000 protocolos médicos que se utilizan en hospitales y clínicas son claramente beneficiosos según el British Medical Journal. De hecho en el mundo occidental los tratamientos médicos son ya la primera causa directa de muerte; fundamentalmente por errores de prescripción, los efectos iatrogénicos de los fármacos, las infecciones adquiridas en los hospitales, las operaciones quirúrgicas innecesarias y la falta de conocimiento, formación y experiencia de los profesionales sanitarios. Y es que el 64% de los efectos adversos de los tratamientos farmacológicos se omiten de forma deliberada en los estudios que publican las revistas científicas; se recogen en los borradores preliminares pero no se incluyen en las versiones que se publican según denunció a mediados de 2016 un equipo de investigadores de la Universidad de York dirigido por la doctora Su Golder. Luego los médicos los están prescribiendo sin saber todas sus interacciones, contraindicaciones y efectos adversos al ser incompleta la información que reciben sobre ellos. Médicos, por otra parte, que es imposible puedan leerse siquiera los prospectos de los más de 15.000 fármacos que el estado financia. Asimismo he denunciado ante el ministerio dos hechos de inusitada gravedad: el primero, que en España mueren por «enfermedades» más de 400.000 personas al año según los datos del Instituto Nacional de Estadística -en 2015, último año publicado, exactamente 407.489- habiendo aumentado esa cifra casi un 25% en los últimos 15 años ya que en 2000 fueron 304.850. Es decir, 102.639 muertes más en 15 años. Luego en la curación de enfermedades la Medicina no ha avanzado prácticamente NADA. Ni siquiera en la prevención y curación del cáncer pues según el citado instituto entre 2000 y 2015 las muertes por esta patología han pasado de 95.072 a 111.381. Termino estas líneas con un dato aterrador: la OMS reconoció en noviembre pasado que en el mundo hay ya ¡más de mil millones de discapacitados! Y eso demuestra que la población está siendo masivamente intoxicada.
