Continúa el acoso a Laboratorios Oikos

 

El acoso del Ministerio de Sanidad y Consumo a la empresa de productos dietéticos Oikos continúa. El pasado 10 de Septiembre, cuatro días después de la rueda de prensa convocada por esa empresa en Madrid el día 6 para denunciar a nivel nacional la injusticia que se estaba cometiendo con ella, dos inspectoras de Sanidad –las mismas contra las que la empresa tiene presentadas sendas denuncias- se personaron nuevamente en las dependencias de Oikos… sólo que esta vez acompañadas de cinco policías. Y de nuevo se negaron a comunicar la resolución ministerial en virtud de la cual afirmaban estar allí actuando. Se las requirió entonces la preceptiva autorización judicial para entrar en las dependencias y alegaron que no la tenían ni la necesitaban porque lo hacían siguiendo “órdenes gubernativas”. ¿El resultado? Por una parte, la inmovilización de numerosos productos. Por otra, la presentación de una nueva denuncia por parte de la empresa contra ambas inspectoras acusadas esta vez de allanamiento de morada. Denuncia que sería ampliada contra los cinco policías que las acompañaban.
Pero recapitulemos los hechos a fin de que el lector que no ha tenido conocimiento con anterioridad de lo que aquí se narra pueda informarse adecuadamente. Esta historia dio comienzocuando el Ministerio de Sanidad y Consumo tomó hace unos meses la decisión de retirar del mercado numerosos productos naturales y dietéticos fabricados por muy diversas empresas con alegaciones, a juicio de esta revista, absolutamente peregrinas. Sólo que, intervenidos los productos de catorce empresas, le llegaría entonces el turno a Laboratorios Oikos, cuyo dueño, Antonio López Román, además de empresario es un científico de renombre con amplia formación en Estados Unidos y profesor de prestigiosas universidades tanto españolas como extranjeras. Alguien que se enteraría de que sus productos -con marcas acreditadas y conocidas- se habían retirado de la venta por llamadas telefónicas de sus proveedores y de la prensa. Es decir, sin que se le abriera expediente alguno y sin que la empresa se hubiera podido personar en él a efectuar las alegaciones que procediera. Es más, cuando escribimos estas líneas, dos meses y medio después de la presunta orden de retirada de los productos, sigue sin recibir la resolución ministerial emitida el 5 de julio en un acto de total desprecio al sistema jurídico vigente que ha ocasionado ya cuantiosísimos daños económicos a su empresa.
¿Y que se alega para retirarle –a él y a los demás empresarios afectados en el ámbito de la Dietética- sus productos del mercado? Pues que son “medicamentos” y no suplementos nutricionales… porque en los envases y/o en la información a los profesionales se alegan propiedades terapéuticas generales. Lo mismo que afirman, por poner algún ejemplo, los fabricantes de aceite de pescado o de productos lácteos en sus anuncios sin que nadie les llame la atención o se retiren sus productos de los supermercados por ello. Y es que según el Ministerio de Sanidad se pueden vender cápsulas de ajo –por poner un ejemplo- siempre que en el envase no se diga para qué sirven ni cuántas se deben tomar ni en qué ocasiones. Porque si así se hace deja de ser un “producto nutricional” y pasa a ser considerado un “medicamento”. ¡El mismo producto!  Un auténtico esperpento.
Pues bien, todo esto llevaría a Antonio López Román, en nombre de Oikos Products International S.L., a denunciar al autor de la orden, Ramón Palop Baixaull -Subdirector General de Seguridad de Medicamentos- así como a dos letradas del ministerio. Y, paralelamente, a las dos inspectoras antes mencionadas. Todo lo cual, como explicamos al principio de esta información, motivó la convocatoria de una rueda de prensa el 6 de septiembre en Madrid por parte de A. López Román y de Alberto Pérez López, éste tanto en su calidad de presidente de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO) como de director del grupo de abogados que presentó la denuncia en nombre de Oikos.
Sólo cinco días después -el 11 de septiembre- la Agencia del Medicamento recibía un auto dictado por el Juzgado Central nº 5 de lo Contencioso Administrativo de Madrid en el que se le instaba a que en el plazo máximo de 5 días remitiera al juzgado el expediente administrativo completo del caso Advirtiendo además a la agencia de las consecuencias que para la resolución “pudiera tener la indebida ausencia de notificación al interesado, la entidad Oikos”. Es decir, que el juez conminaba a la Administración a efectuar la notificación a Oikos de la resolución dictada por el Sr. Palop el 5 de julio -y que nunca llegó a entregarse- advirtiendo que la misma quedaría sin efecto si no lo hiciese. ¿Y qué cree que ocurrió entonces, amigo lector? Pues lo que ocurrió, con pleno conocimiento del mandato judicial y con posterioridad a su recepción –según nos explicaría el letrado D. Albero Pérez-, es que al día siguiente –12 de septiembre- se personaron otra vez en Oikos funcionarios de Sanidad, esta vez mandados por José Luis Marcos Merino, delegado de Salud en Málaga de la Junta de Andalucía, que acudieron también acompañados de varios policías locales con la intención de que Antonio López Román ratificara el acta levantada el 10 de septiembre, a lo que éste obviamente se negó por entender que era nula de pleno derecho, haberse realizado con manifiesta violación del domicilio social y haberse prescindido total y absolutamente de las normas procesales legalmente establecidas. Porque esa pretendida ratificación debió haberse hecho antes. Y claro, como no existía tal documento difícilmente podía incorporarlo al expediente la Agencia del Medicamento para dar cumplimiento a la resolución judicial. Y lo singular es que ni siquiera en ese momento -con pleno conocimiento de la resolución judicial, insistimos- procedieron los funcionarios a la preceptiva notificación de la resolución del 5 de julio exigida por el juez.
Hay que agregar que en el momento de escribir estas líneas, 23 de septiembre, Sanidad sigue al parecer sin cumplir con el mandato judicial y no ha remitido expediente alguno al juzgado central. Las posibles consecuencias son graves. Ello implica la continuación del procedimiento y que siga adelante la denuncia por coacciones y prevaricación presentada contra el Subdirector General del Medicamento. Y, es de suponer, la adopción en breve de la medida cautelar que permita de nuevo la comercialización de los productos retirados a Oikos.
Hay que añadir que, con independencia de todo lo hasta ahora expuesto, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de septiembre un real decreto sobre alimentos dietéticos que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico una directiva comunitaria del 2001 (ver la noticia que publicamos al respecto). Directiva que fue precisamente el motivo de la denuncia presentada también por Oikos y AINCO contra el Ministerio de Sanidad ante la Comisión Europea y que establece que, además de los productos que pueden añadirse a los alimentos dietéticos -como vitaminas, sales minerales o aminoácidos- se concede una prórroga hasta el 31 de marzo del 2004 para comercialización de todos los productos “que no se ajusten a lo establecido en el presente real de decreto”. Dicho claramente, todas las empresas que venían comercializando hasta el presente productos dietéticos, aun en el supuesto de que no se ajustasen a lo dispuesto en el nuevo real decreto, ¡tendrían derecho a seguir comercializándolos hasta el 2004. Con lo que la actuación de la Agencia del Medicamento queda aún más en entredicho.
Seguiremos informando.