Laboratorios Oikos reclama al Estado 7 millones de euros en Estrasburgo

Oikos Products Internacional-con sede en Fuengirola (Málaga)- ha interpuesto una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia) en la que reclama una indemnización de siete millones de euros por los daños y perjuicios sufridos tras la incautación y retirada del mercado -en el verano de 2002- de una veintena de sus complementos nutricionales comercializados bajo la marca Oikos. Asimismo reclama que se suspenda la ejecución de la retirada del mercado de sus complementos alimenticios inmovilizados.
La demanda fue presentada por el presidente de la empresa, Antonio López-Román, tras la inadmisión por el Tribunal Constitucional de un recurso de amparo. El laboratorio persigue además con esta iniciativa que “en justicia y por agravio comparativo” se reconozca su “derecho a comercializar libremente los productos objeto de recurso en las mismas condiciones de igualdad que sus competidores” –tanto españoles como del resto de la Unión- “sin discriminación alguna” así como “la nulidad de todos los pronunciamientos administrativos y judiciales ante la lesión de sus derechos fundamentales”.
Según la demanda la inmovilización de los productos se realizó “sin ninguna notificación previa y sin el preceptivo expediente administrativo a la empresa, sin dar la oportunidad de contradicción al administrado en los recursos de alzada y contenciosos administrativos y sin existir el riesgo grave e inminente para la salud” que exige el ordenamiento jurídico español y comunitario.
Además, según el presidente de Oikos las autoridades sanitarias atribuyeron a sus productos “arbitrariamente” y sin darle la posibilidad de recurrir en Recurso de Alzada y Contencioso Administrativo la categoría de “medicamentos” cuando –asegura- dichos productos “no se encuentran catalogados en ningún vademécum médico ni farmacéutico en España ni en ningún país de la Unión Europea ya que se comercializan como complementos alimenticios, idénticos o muy similares, incluso en grandes superficies, herboristerías, y farmacias, todos con el 7% de IVA como alimentos”.
López-Román destaca que el Ministerio de Sanidad y Consumo ya los había catalogado en los años 80 como alimentos complementarios sometiéndolos a un IVA del 7% -correspondiente a los alimentos- y no al IVA del 4% propio de los fármacos.
Así, la empresa argumenta que “pese a haber intentado acreditar que jamás debería haberse arbitrariamente adjudicado el carácter medicamentoso a sus productos retirados”, tras pedir amparo al Tribunal Contencioso-Administrativo Central nº 5 de Madrid la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, se le ha exigido lo que calificó de “una prueba diabólica” que ha vulnerado su derecho fundamental a la “presunción de inocencia” y a un proceso justo contraviniendo el derecho a un proceso equitativo, reconocido en el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos.
A juicio de López Román “los jueces se limitaron a dar por sentada la falsa premisa de que los productos enjuiciados eran medicamentos a pesar de que desde hace décadas cualquiera puede comprobar que persisten en el mercado todos ellos, si bien bajo otras denominaciones comerciales, incluida otra marca del propio laboratorio –Oikos+Vital-, sin que tengan carácter medicamentoso en España ni en ningún otro país de la Unión Europea”.
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad -entonces dirigido por Celia Villalobos– justificó en el año 2002 su actuación arguyendo falsamente que los productos incautados tenían, por su composición, “la consideración legal de medicamentos”.
El argumento de la agencia es que “contenían vitaminas y oligoelementos en dosis que excedían las cantidades diarias recomendadas (CDR) en el Real Decreto 930/92” y se comercializaban “dotados de propiedades terapéuticas y/o preventivas” y para el Ministerio de Sanidad y Consumo esasimple alegación –¡vaya disparate!- les daba sin más “la consideración legal de medicamentos”. Para Antonio López Román –como para cualquier persona con dos dedos de frente- es obvio que el argumento que emplearon entonces las autoridades sanitarias es “radicalmente falso”. Agregando que en cualquier caso esa acusación debía “necesariamente” -por ley- “haberse documentado y acreditado en el correspondiente expediente administrativo”. Lo que no se hizo.