GlaxoSmithKline, condenada a pagar ¡2.400 millones de euros!

La multinacionalGlaxoSmithKline (GSK) aceptó en julio pasado pagar ¡2.400 millones de euros! (3.000 millones de dólares) para no tener que responder ante los tribunales de promover de forma ilegal durante años para fines no aprobados por la FDA dos de sus antidepresivos –Paxil y Wellbutrin- así como por ocultar los riesgos de su antidiabético Avandia y facturar al estado con sobreprecios.

La farmacéutica ha reconocido haber pagado a médicos para que promovieran el consumo de Paxil entre niños y adolescentes a pesar de que la compañía tenía “suficientes evidencias” de que ese fármaco no sólo no les beneficiaba sino que les perjudicaba llegándoles a provocar, entre otros graves efectos negativos, pensamientos suicidas. Y para que recetaran su antidepresivo Wellbutrin para tratar la obesidad y la disfunción sexual. GlaxoSmithKline ha reconocido asimismo que para promocionar Avandia -su popular medicamento contra la diabetes- hizo afirmaciones falsas sobre su eficacia y seguridad ocultando el riesgo que suponía consumirlo y que llevó a su retirada en Europa (aunque vergonzosamente se siguiera vendiendo con restricciones en Estados Unidos).
El doctor Sidney Wolfe, Director de Grupo de Investigación sobre Salud de Public Citizen -la organización de consumidores más importante de Estados Unidos-, declararía al conocer la noticia que este tipo de acuerdos de las multinacionales con el poder político lo único que hacen es animar a la industria a continuar con sus prácticas delictivas porque los responsables de estas tropelías nunca son procesados judicialmente y además se gana mucho dinero con ello a pesar de las cuantiosas multas que pagan. GlaxoSmithKline, por ejemplo, ya ha pagado 4.500 millones de dólares en multas entre 1991 y 2010. De ahí que Sidney Wolfe afirme ya sin tapujos: “Mientras no se impongan sanciones más significativas y los directivos de esas empresas no se enfrenten a la posibilidad de ir a la cárcel las farmacéuticas seguirán defraudando al estado y poniendo las vidas de las personas en peligro”.
De hecho en 2009 la multinacional Pfizer aceptó pagar 1.800 millones de euros para no ser llevada ante los tribunales por promocionar fraudulentamente 13 medicamentos. Y Eli Lilly abonó 1.100 millones de euros por razones similares. Es más, en mayo pasado la multinacional Abbott llegó a un acuerdo similar y aceptó abonar 1.225 millones de euros por haber pagado durante diez años a médicos para que recetaran un anticonvulsivo –aprobado solo para la epilepsia y el trastorno bipolar- para tratar la agitación en ancianos con demencia senil. Y por si fuera poco la FDA investiga en estos momentos a Roche, acusada de haber ocultado que sus productos han causado la muerte de más de 15.000 personas ¡sólo en Estados Unidos! Y no son más que unos cuantos casos entre muchos otros.
Lo grotesco es que decenas de miles de españoles han consumido esos productos siendo víctimas de todo tipo de efectos secundarios sin que nuestros gobiernos muevan un dedo para protegerles o exigir al menos a las multinacionales que cuando menos paguen aquí lo mismo que en Estados Unidos. ¿La razón? Que buena parte de nuestros representantes políticos están al servicio de la gran industria farmacéutica y no de los ciudadanos. Ésa es la dura y asquerosa verdad.